Extracto de la ponencia de R. Aída Hernández presentada en el Foro Itinerante Mujeres, Violencia e Impunidad: Diálogos entre la Academia y la Sociedad Civil
El primer año de gobierno del presidente Felipe Calderón se ha caracterizado por la militarización de las principales regiones indígenas del país y la continuidad de una política de criminalización de los movimientos sociales, que en nombre de la “paz social” ha justificado la violencia de Estado y la represión. El llamado “multiculturalismo neoliberal” que caracterizó a la administración de Vicente Fox mediante la apropiación y trivialización de las demandas de los pueblos indígenas, está siendo sustituido por un neo-conservadurismo que trata a los indígenas organizados como delincuentes y que ha sustituido la retórica en torno al reconocimiento cultural, por un discurso desarrollista en contra de la pobreza.
Lunes 29 de septiembre de 2008
En este nuevo contexto, las mujeres indígenas y campesinas están sufriendo de manera específica las consecuencias de la militarización del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en aquellas regiones en donde existen antecedentes de organización indígena y campesina. La violación de una anciana náhuatl de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, por parte de cuatro efectivos del ejército el 25 de febrero de este año [2007] en Soledad Atzompa, Veracruz, zona de influencia de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, no es un caso aislado. Según reportes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las fuerzas armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca (precisamente donde hay una gran efervescencia organizativa). Lo paradigmático de este caso es que ha puesto en evidencia una vez más el racismo y el sexismo de los grupos de poder y la red de complicidades que posibilita y perpetúa la impunidad en México. A pesar de que Ernestina Ascencio denunció a sus violadores antes de morir y quince personas, entre familiares, autoridades comunitarias y médicos legistas, escucharon esta denuncia y dieron fe de los estragos que la violación tumultuaria dejó en el cuerpo de la anciana náhuatl, el presidente Felipe Calderón, negó la veracidad de esta denuncia, sin tener ningún informe médico o legista que fundamentara su versión de “muerte por gastritis”. Como en los viejos tiempos de las monarquías, la palabra del “Supremo” fue suficiente para desmentir el certificado de defunción del doctor, Juan Pablo Mendizábal, las necropsias firmadas por tres médicos legistas, el dictamen del procurador estatal de Justicia de Veracruz, Miguel Mina Rodríguez, y el propio testimonio de la víctima. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, instancias creadas supuestamente para defender los derechos de los ciudadanos, hicieron eco a la versión oficial. María del Rocío García Gaytan, presidenta de INMUJERES, descalificó las últimas palabras de Ernestina Ascencio Rosario, ya que estas fueron en náhuatl y la mujer estaba moribunda.
…Más que de casos aislados cometidos, por enfermos mentales, estas cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como estrategia contrainsurgente y como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento indígena. Si en el pasado sus cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto hegemónico de nación que sigue excluyendo a los pueblos indios.
Dentro de esta lucha por la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos y por el autogobierno, las mujeres han tenido una importante participación.
… La participación de las mujeres tanto en el movimiento zapatista como en movimientos campesinos y magisteriales, como los de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el “peligro desestabilizador” los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres organizadas. Para los sectores más conservadores de la sociedad mestiza e indígena, la existencia de mujeres organizadas en alguna comunidad o región se ha convertido casi en un sinónimo de radicalismo político. Las mujeres campesinas e indígenas organizadas se han transformado en un símbolo de resistencia y subversión, por lo que han sido el centro de la violencia política. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la criminalización de los movimientos sociales para desarticular a sus organizaciones y encarcelar a sus líderes y de la violencia sexual para sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas.
Análisis de género en otras regiones militarizadas como el de Diana Nelson en Guatemala, Davida Wood en Palestina o Dette Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumentaliza como forma de demostrar poder y dominación sobre el enemigo. Chiapas, Atenco, Guerrero y ahora Oaxaca no han sido una excepción, la militarización y la paramilitarización han afectado de manera específica a las mujeres en esta guerra sucia no declarada. Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del Estado mexicano “Se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales, en los que la ineficacia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas era considerada como un símbolo de debilidad del enemigo” (cf. Denich 1994:16, traducción mía).
La violación sexual se ha convertido pues, en una amenaza latente contra cualquier mujer organizada o cuya familia se identifique con algún movimiento social antisistémico. El “castigo” a las simpatizantes zapatistas o las mujeres de Atenco por romper con sus roles tradicionales de género y cuestionar las estructuras de poder prevalecientes, es un mensaje para todas aquellas mujeres que se han atrevido a levantar sus voces en los espacios públicos…
