Juez resolvió con grave parcialidad: Prodh
De la Redacción
México DF, 1 sep 08 (CIMAC).- Aunque Patricia Romero Hernández, su padre y su hijo, aprehendidos durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, obtuvieron su libertad bajo caución, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) insistió en que su sentencia debió ser absolutoria.
En un comunicado, el Prodh sostuvo lo anterior ya que las detenciones de Patricia y su familia se realizaron en el marco de la actuación del Estado contra un movimiento que planteaba demandas legítimas y mediante un uso excesivo de la fuerza por parte de los policías.
El organismo defensor de los derechos humanos consideró un hecho grave la parcialidad con la que el juez resolvió la causa entablada contra la familia Romero. “Con su actuación confirma la falta de independencia de las instancias de procuración y administración de justicia del Estado de México, donde se ha hecho, en reiteradas ocasiones, un uso faccioso del sistema de justicia frente a las demandas y protestas de la sociedad”.
Por ello, hizo un llamado a la sociedad civil a no dejar de exigir justicia para las víctimas de estos hechos así como la libertad para quienes continúan presos.
El Prodh, coadyuvante en el caso de las mujeres violadas por policías de los tres órdenes de gobierno durante los operativos de 2006, quienes denunciaron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevimtra), entre ellas Patricia Romero, lamentó que a la fecha las mujeres no hayan obtenido justicia ni se haya consignado a los responsables de estos abusos.
DESISTEN APELAR SENTENCIA
Patricia y su familia permanecieron dos años tres meses en prisión después de que fueron detenidos el 3 de mayo de 2006, en su negocio ubicado en el mercado “Belisario Domínguez” en Texcoco.
María Patricia Romero enfrentó un proceso ante el Juzgado Tercero de lo Penal de Texcoco, Estado de México, acusada de los delitos de lesiones y portación de armas, mientras que su padre, Raúl Romero Macías y su hijo Arturo Sánchez Romero, detenidos también en el operativo de mayo de 2006, fueron acusados de lesiones, ultrajes a la autoridad y portación de arma prohibida.
El 3 de mayo de 2006, María Patricia Romero y sus familiares fueron detenidos y trasladados a la Subprocuraduría de Texcoco, después a la Procuraduría del mismo municipio y finalmente al Centro de Readaptación Social Almoloya de Juárez conocido como “Santiaguito”, en donde personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la revisó a ella y ante quien denunció los hechos de los cuales había sido víctima.
Después de que peritos de la CNDH le aplicaran el protocolo de Estambul, se concluyó que Patricia Romero había sido torturada física y psicológicamente por los policías municipales y estatales, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 21 de agosto, el juez tercero de primera instancia en Texcoco, Albino Chávez Hernández dictó la sentencia condenatoria a María Patricia Romero Hernández por los delitos de ultraje y portación de armas sentenciándola a 4 años de prisión, sustituibles por 175 días de salario mínimo, y al pago de una multa de 205 días de salario mínimo.
A Arturo Sánchez Romero (su hijo) por los delitos de lesiones y ultrajes le impuso una multa de 188 días de salario mínimo y una pena de 3 años y 4 meses de prisión, sustituibles por 81 días de salario mínimo; mientras que a su padre, el señor Raúl Romero Macías por los delitos de lesiones y ultraje, una multa de 210 días de salario mínimo y 3 años 8 meses 7días de prisión, sustituibles por 81 días de salario mínimo.
En total, dijo Diana Martínez Medrano a Cimacnoticias (22 agosto 08), establecieron un monto por 53 mil 40 pesos por cada uno.
El viernes 29 de agosto, después del anuncio de su libertad bajo caución, Patricia y su familia tuvieron la oportunidad de apelar la sentencia, ya que el Código Penal del Estado de México establece 5 días para inconformarse con la sentencia, pero decidieron no hacerlo, al igual que el Ministerio Público, ya que ello implicaría permanecer alrededor de cuatro meses más en el penal, mientras la segunda instancia resolvía si era procedente o no.
Mientras tanto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco ha hecho un llamado a la sociedad civil a manifestarse el próximo 3 de septiembre en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM, contra las sentencias dictadas a Ignacio del Valle, líder de esta organización, y contra otros presos políticos. Exigirán también su libertad inmediata y el castigo a los verdaderos responsables.
08/LGL/GG/CV
De la Redacción
México DF, 1 sep 08 (CIMAC).- Aunque Patricia Romero Hernández, su padre y su hijo, aprehendidos durante los operativos policíacos de San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, obtuvieron su libertad bajo caución, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) insistió en que su sentencia debió ser absolutoria.
En un comunicado, el Prodh sostuvo lo anterior ya que las detenciones de Patricia y su familia se realizaron en el marco de la actuación del Estado contra un movimiento que planteaba demandas legítimas y mediante un uso excesivo de la fuerza por parte de los policías.
El organismo defensor de los derechos humanos consideró un hecho grave la parcialidad con la que el juez resolvió la causa entablada contra la familia Romero. “Con su actuación confirma la falta de independencia de las instancias de procuración y administración de justicia del Estado de México, donde se ha hecho, en reiteradas ocasiones, un uso faccioso del sistema de justicia frente a las demandas y protestas de la sociedad”.
Por ello, hizo un llamado a la sociedad civil a no dejar de exigir justicia para las víctimas de estos hechos así como la libertad para quienes continúan presos.
El Prodh, coadyuvante en el caso de las mujeres violadas por policías de los tres órdenes de gobierno durante los operativos de 2006, quienes denunciaron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevimtra), entre ellas Patricia Romero, lamentó que a la fecha las mujeres no hayan obtenido justicia ni se haya consignado a los responsables de estos abusos.
DESISTEN APELAR SENTENCIA
Patricia y su familia permanecieron dos años tres meses en prisión después de que fueron detenidos el 3 de mayo de 2006, en su negocio ubicado en el mercado “Belisario Domínguez” en Texcoco.
María Patricia Romero enfrentó un proceso ante el Juzgado Tercero de lo Penal de Texcoco, Estado de México, acusada de los delitos de lesiones y portación de armas, mientras que su padre, Raúl Romero Macías y su hijo Arturo Sánchez Romero, detenidos también en el operativo de mayo de 2006, fueron acusados de lesiones, ultrajes a la autoridad y portación de arma prohibida.
El 3 de mayo de 2006, María Patricia Romero y sus familiares fueron detenidos y trasladados a la Subprocuraduría de Texcoco, después a la Procuraduría del mismo municipio y finalmente al Centro de Readaptación Social Almoloya de Juárez conocido como “Santiaguito”, en donde personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la revisó a ella y ante quien denunció los hechos de los cuales había sido víctima.
Después de que peritos de la CNDH le aplicaran el protocolo de Estambul, se concluyó que Patricia Romero había sido torturada física y psicológicamente por los policías municipales y estatales, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 21 de agosto, el juez tercero de primera instancia en Texcoco, Albino Chávez Hernández dictó la sentencia condenatoria a María Patricia Romero Hernández por los delitos de ultraje y portación de armas sentenciándola a 4 años de prisión, sustituibles por 175 días de salario mínimo, y al pago de una multa de 205 días de salario mínimo.
A Arturo Sánchez Romero (su hijo) por los delitos de lesiones y ultrajes le impuso una multa de 188 días de salario mínimo y una pena de 3 años y 4 meses de prisión, sustituibles por 81 días de salario mínimo; mientras que a su padre, el señor Raúl Romero Macías por los delitos de lesiones y ultraje, una multa de 210 días de salario mínimo y 3 años 8 meses 7días de prisión, sustituibles por 81 días de salario mínimo.
En total, dijo Diana Martínez Medrano a Cimacnoticias (22 agosto 08), establecieron un monto por 53 mil 40 pesos por cada uno.
El viernes 29 de agosto, después del anuncio de su libertad bajo caución, Patricia y su familia tuvieron la oportunidad de apelar la sentencia, ya que el Código Penal del Estado de México establece 5 días para inconformarse con la sentencia, pero decidieron no hacerlo, al igual que el Ministerio Público, ya que ello implicaría permanecer alrededor de cuatro meses más en el penal, mientras la segunda instancia resolvía si era procedente o no.
Mientras tanto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco ha hecho un llamado a la sociedad civil a manifestarse el próximo 3 de septiembre en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM, contra las sentencias dictadas a Ignacio del Valle, líder de esta organización, y contra otros presos políticos. Exigirán también su libertad inmediata y el castigo a los verdaderos responsables.
08/LGL/GG/CV
