Atenco: recorriendo Territorio e Historia

ante el proyecto del Aeropuerto

Por: momo

El pasado 27 de Diciembre de 2007 se dio a conocer en los principales medios de comunicación la noticia de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se construirá en 9 mil hectáreas que pertenecen al gobierno federal en Texcoco.La inversión mínima que se plantea para la totalidad del proyecto es de 8 mil millones de pesos, sin embargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se especifica que en 2008 se destinarán 200 millones de pesos tan solo a los estudios del aeropuerto en la zona centro del país.Ante este aviso las comunidades de San Salvador Atenco se preguntan: ¿y las 9 mil hectáreas de donde las van a tomar?

• Territorio e identidad
• Tokada por la libertad

Es así que las comunidades que conforman Atenco se han vuelto a reunir para discutir y tomar acuerdos que los lleven a acciones para evitar este “nuevo despojo”, acciones como las del ultimo mes, en los que han realizado recorridos por las tierras que forman Atenco para reconocer su territorio y sus linderos y el Foro del pasado 24 de febrero llamado:

”En defensa de nuestras raíces e identidad de nuestros pueblos.

”El 10 de febrero en un recorrido por las extensas tierras que compone Atenco una integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos comento:

“Se dice que las 9 mil hectáreas para el proyecto aeroportuario son propiedad Federal, pero resulta que en un articulo de la Ley Agraria, nos dice que todo ejido, pertenece y es propiedad federal, por lo tanto el ejido aunque es ejido y esta en manos de los campesinos o de los comuneros, es propiedad federal .

Basándose en esa ambigüedad de que los ejidos son también zona federal se va a querer apropiar de estas tierras, obviamente no va a expropiar por que no se puede expropiar dos veces por la misma causa, entonces van a querer hacerlo por el método de la compra individual que junto con el cambio de uso de suelo ayudaría a la compra individual de los terrenos de los ejidos.

El proyecto del Aeropuerto como otras experiencias en diferentes partes del mundo conlleva a desarrollos de zonas habitacionales, hoteles, centros comerciales, bancos, oficinas, etc. ante este “desarrollo” el FPDT dice:

"Vendría a dejar sin el recurso del agua a las comunidades, todo este recurso se centraría en las unidades habitacionales porque finalmente es su negocio y como las comunidades no representan un negocio, las van a dejar sin este recurso, le van a dar prioridad a la gente que esta pagando mensualmente su departamento o su casa”.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿Cómo apropiarse de estas tierras?"

Comprándole a los ejidatarios de manera individual, se viene el despojo y la mancha urbana se volcaría salvajemente a nuestras comunidades, eso es indudable y el aeropuerto forma parte de ese salvajismo que quieren hacer contra nosotros.

Es falso que sea en zona federal; es en zona del pueblo de México y del pueblo de Atenco, un pueblo que ha construido historia, que ha defendido su identidad, que ha defendido la vida misma.

9 mil hectáreas es poco para un proyecto de aeropuerto y si están en el limite de los terrenos ejidales de Atenco se van a venir para acá, hasta que acaben con nuestras comunidades; vienen las carreteras, van a querer pasar entre las comunidades, las van a partir, las van a desintegrar para que pasen las vialidades, un aeropuerto viene con vialidades, vienen con todo lo que implica alrededor: hoteles, centros comerciales, unidades habitacionales, bancos, etc".

Reconociendo Territorio e Historia.

“Nosotros decimos que somos los dueños ancestrales de estas tierras y de lo que hay en ellas y efectivamente el recurso del agua nos pertenece por ser los dueños ancestrales, es importante reconocer esta área, decimos que la zona federal y la zona ejidal no son diferentes y que la zona federal es parte también de nuestro territorio porque es el territorio de México y también forma parte de la historia de México, no la formo otra nación, no la formaron otros mexicanos , fuimos los mismos y forma parte de nuestra historia de Atenco, de la historia de Texcoco inclusive, porque era territorio de Netzahualcóyotl y forma parte de la construcción de la gran Tenoxtitlan, eso no lo podemos olvidar, por eso reconocemos a la zona federal como parte de nuestro pueblo por que ahí se construyo una nación.

El lago de Texcoco a propósito se fue secando para en el futuro hacer este proyecto, un proyecto que no beneficia al pueblo, sino que beneficia a los inversionistas, a los dueños del dinero, nosotros no tenemos dinero pero si queremos a nuestra historia, la queremos de tal forma que la queremos seguir defendiendo, no solamente como venir a reconocer nuestro territorio, sino ha venir a reconocer nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura y la vida misma de nosotros”.

Lo que no se ve: los proyectos alternativos.

“Esta zona la estamos manteniendo con proyectos de agricultura, queremos plantar arboles, porque esta zona apoya al Distrito Federal con oxigeno, pero nos preocupa la zona que ya esta seca, se esta volviendo un desierto, ya no va haber agua potable y no solo a Atenco le va a afectar sino a todos.

Ese aeropuerto es un exterminio de ganado, todavía tenemos engorda de novillos, aquí se cultiva maíz, avena, trigo y cereales que resisten a las sales, nosotros de lo que hablamos es de trabajo, de proyectos al campo, acabamos de cosechar el maíz, ya tenemos maquinaria para cosechar, estamos actualizados.

Toda esta zona es de cultivos y no vamos a dejar de cultivarlas, esa es la postura de los campesinos de Atenco”.

Y tan es la postura de los pobladores de Atenco que el pasado 24 de febrero de 2008 se reunieron comunidades vecinas de Atenco y de Texcoco para participar en el “Foro en defensa de nuestras raíces e identidad de nuestros pueblos”. Allí también se dieron cita, integrantes de mas de 20 organizaciones y colectivos que demostraron su solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Se presentaron ponencias acerca de las de la Identidad y de las raíces en las que se remarca el valor que tienen como pueblos originarios de Texcoco.

Una profesora de Chapingo dijo: “quieren arrancar nuestra memoria colectiva. Atenco se ha convertido en un espacio de simbolismo, en un ejemplo de lucha y dignidad, un espacio territorial único”.

Tomó la palabra Javier del Valle que es el representante del Comisariado Ejidal y el secretario Antonio Ramírez mostrando la postura de los ejidatarios: “fuimos electos por la Asamblea y estamos en la postura de no negociar ni un solo centímetro del Ejido de San Salvador Atenco, hemos tenido presiones, nos han amenazado pero no nos vamos a intimidar”.

Ya en la parte final de este Foro se leyó el posicionamiento político del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el que entre otras cosas menciona:“Durante los días 27 y 28 del mes de diciembre del 2007, apareció una nota en la prensa escrita anunciando la reactivación del proyecto aeroportuario en la zona de Texcoco, posteriormente se anuncia en el periódico El Universal la construcción del aeropuerto en la zona federal que cuenta con 9000 hectáreas, remarcando que no se tocaran los ejidos de Atenco.

A nosotros nos queda claro que este proyecto aeroportuario nunca dejó de trabajarse, desde que logramos con nuestra lucha la derogación del decreto expropiatorio estábamos conscientes de que el gobierno no quitó el dedo del renglón y de que en algún momento buscarían reactivar lo que no pudieron lograr.

Sabemos que el proyecto del aeropuerto no ha dejado de trabajarse, pero los gobiernos han intentado otra estrategia: construyendo vialidades, centros comerciales y complejos habitacionales que representan una amenaza para nuestras comunidades pues implican el despojo y la desaparición de formas de organización ancestrales de nuestros pueblos…y hará aún más escaso el abasto de agua para nuestro consumo y para el riego de nuestros cultivos.

A partir de este contexto, las comunidades que conformamos el FPDT, las organizaciones sociales y el pueblo de México, NO aceptamos el despojo de nuestras tierras, nuestra historia, nuestras raíces e identidad, decimos: No QUEREMOS SU AEROPUERTO EN NUESTRAS TIERRAS con la misma fuerza y conciencia de hace 7 años.

Exigimos el respeto a nuestros pueblos, queremos que nos dejen decidir con libertad, qué queremos y cómo queremos vivir”.

Así , en el futuro se realizarán diversas actividades en las cuales el llamado es nuevamente a la defensa de la tierra, claro, a la par de la lucha por la libertad de los 19 presos políticos.

Foro en Defensa de Nuestras Raíces e Identidad

Foro en Defensa de Nuestras Raíces e Identidad realizado en Atenco el día 24 de febrero

Esperan sentencia 148 atenquenses

Israel Dávila (Corresponsal)

Toluca, Mex,. 28 de febrero. El juzgado primero penal de Texcoco cerró la instrucción del proceso radicado en la causa 54/07, en contra de 142 personas involucradas en los hechos violentos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco a principios de mayo de 2006, por lo que el juez Juan Alberto Cervantes Flores emitirá su sentencia en las próximas semanas.

No obstante, el proceso por esta causa penal sigue abierto en contra de seis implicados –todos en libertad bajo las reservas de ley–, quienes siguen desahogando pruebas para demostrar su inocencia, o bien han promovido amparos.

De las 174 personas a quienes se instruyó el proceso por ataques a las vías de comunicación y secuestro, sólo 148 esperan sentencia, que bien puede ser absolutoria.

Felipe Álvarez, uno de los dirigentes del movimiento atenquense, fue exculpado por la confrontación entre policías y civiles el 3 y 4 de mayo, pero seguirá preso para purgar una condena de 67 años y medio de prisión por el secuestro de un funcionario estatal en abril de 2006.

Estado policiaco - Ahumada

Rayuela - La Jornada

Ojalá, señores diputados, no lleguen a lamentar que a algún familiar, amigo o conocido, o a ustedes mismos, le apliquen las medidas persecutorias que tan a la ligera acaban de aprobar.

Hacia un Estado policiaco

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer, con 462 votos en favor, seis en contra y dos abstenciones, el controvertido proyecto de reformas constitucionales en materia judicial –conocida popularmente como ley Gestapo–, que incluye disposiciones severamente criticadas por organismos defensores de los derechos humanos y por otros sectores de la sociedad, como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos, el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos, y la inclusión de la figura del arraigo –que podrá ser hasta por 80 días– en el marco constitucional.

Por fortuna logró evitarse la supresión de las modificaciones al artículo 16 de la Constitución, mediante las cuales se autorizaba el allanamiento de domicilios por las policías, sin orden judicial de por medio, por más que el fracaso de esa adulteración aberrante del marco legal no obedeció a un espíritu de respeto a las garantías individuales, sino a una lógica pragmática de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), quienes, ante la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), decidieron eliminarla para alcanzar los dos tercios de la votación necesarios para la aprobación del proyecto en su conjunto.

Así, aunque se eliminó el allanamiento injustificado de los domicilios, se mantuvieron intactas otras disposiciones violatorias a los derechos humanos, entre las que destacan la facultad que, en lo sucesivo, tendrán las policías para realizar detenciones discrecionales y arbitrarias, así como la inclusión del arraigo en el marco legal vigente, que rompen con el principio constitucional de presunción de inocencia, abren un amplio margen para el atropello de las libertades ciudadanas y colocan a la población en su conjunto en un estado de indefensión ante la autoridad.

El combate al crimen es una de las responsabilidades irrenunciables del gobierno y, para realizarla, éste debe contar con instrumentos jurídicos adecuados y eficaces, pero no lesivos para las garantías individuales. Esto no es cosa menor en el contexto de un país en el que los derechos humanos son violentados en forma cotidiana y en el que el gobierno ha exhibido constante indiferencia al respecto. Como botón de muestra ha de recordarse que, durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que “en México no hay mayor amenaza a los derechos humanos que la que representa el crimen organizado”, como si fueran menores los atropellos que cometen las propias fuerzas públicas y que han mostrado un claro incremento en esta administración y en la pasada.

Por otra parte, la reforma judicial exhibe una terrible insensibilidad ante las causas profundas de la delincuencia, como la miseria, la desigualdad, la falta de educación, el desempleo, los ínfimos niveles de vida de grandes sectores de la población, la desintegración familiar y la descomposición del tejido social. La lucha contra la delincuencia, por tanto, no debiera centrarse en aparatosos despliegues militares ni en reformas retrógradas y autoritarias que colocan al país en la lógica de un Estado policial, sino en la atención gubernamental a los factores señalados.

Se argumenta que las alteraciones al marco constitucional operadas ayer son indispensables para garantizar la seguridad ciudadana y el Estado de derecho. Pero salta a la vista que con el incremento de atribuciones a las corporaciones policiales nacionales, cuyo grave descontrol es admitido hasta por los altos círculos del gobierno, no se logrará más que incrementar la zozobra de la población, la cual no gana nada en protección contra la delincuencia pero queda prácticamente inerme ante los abusos de la policía. Flaco favor, por último, puede hacerse al estado de derecho cuando se socava uno de sus pilares esenciales, que son de las garantías individuales. Lo aprobado ayer es una regresión a las ideas de “paz y orden” porfiristas, expresión de una mentalidad autoritaria e impermeable al entendimiento de las realidades nacionales, y resulta tan peligroso como impresentable. Debe ser revertido.

Lydia Cacho: La Ley Gestapo

Lydia Cacho*

El 31 de enero, Guillermo Patiño descansaba en casa de su hermano, su padre dormía a un lado. La Policía Federal Preventiva recibió una llamada sobre un supuesto secuestro en una casa en el centro de Cancún. Veinte agentes federales allanaron el hogar, sin orden judicial, y el agente de las fuerzas especiales Israel Jiménez Briones disparó su arma a mansalva contra Guillermo Patiño. No encontraron ni secuestrados, ni armas, ni drogas, simplemente a tres ciudadanos durmiendo en su hogar. Mas tarde se supo que la llamada a PFP era falsa. Lo que es real es el asesinato del ciudadano. Gracias a que la familia pudo contratar una buena penalista, el agente asesino fue detenido. Durante este sexenio militares y policías asignados a la "guerra contra el narco" han cometido incontables actos similares de abuso y violencia. Pero ahora podrán hacerlo avalados por la nueva reforma judicial.

Al margen de las consideraciones ciudadanas la clase política ya decidió por nosotros. De la mano de Emilio Gamboa y Héctor Larios, las y los legisladores panistas y priístas están a punto de convertirla en ley. En diciembre las y los diputadores del PRD la aprobaron, pero ahora la cuestionan argumentando que hubo cambios en la minuta del Senado.

¿Qué propone la reforma constitucional en materia de justicia que será aprobada esta semana? Lo bueno es que contempla los llamados juicios orales que permitirán agilizar la impartición de justicia y hacer transparentes los procesos. Además, prevé un apartado de "derechos de las víctimas" donde se incluye el resguardo de su identidad cuando se trate de menores de edad, víctimas de violación, secuestro, delincuencia organizada o cuando el juez lo estime necesario para su protección. (Aunque esas garantías ya estaban supuestamente protegidas por la Constitución y por los Tratados Internacionales) .

Lo peligroso es que establece cambios constitucionales al Artículo 16, en lo referente a cateos y allanamientos. Esto significa que cuando la reforma judicial sea adoptada por la mayoría de los estados, permitiría cateos y allanamientos sin orden judicial, "cuando se trate de situaciones extremas o de excepción y cuando esté en peligro la vida o integridad de alguna persona". La reforma incluye el nombramiento de "jueces de control" encargados de la resolución rápida de solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión y de realizar las audiencias preliminares en el juicio. Esto lo podrán hacer por escrito, o si hay prisa, de "manera oral". Más peligroso es que para emitir órdenes de aprehensión se reducen los requisitos para el juez, quien ya no requerirá "la acreditación del cuerpo del delito", ni la probable responsabilidad del inculpado. Aunque el arraigo es "exclusivamente para casos de delincuencia organizada" en México se sigue aplicando el "primero arresta y después averigua".

También el Estado podrá quedarse con los bienes a las organizaciones y grupos de delincuentes aún cuando no se haya dictado sentencia, si se determina responsabilidad penal; esto incluye los delitos de lavado de dinero.

Efectivamente esta reforma tiene un lado positivo, pero como no va acompañada de un cambio estructural, lo más probable es que se convierta en un aval para la ya evidente y grave violación sistemática a los derechos humanos de las y los mexicanos. Porque quien opera estas leyes es el sistema mismo que las corrompe y las utiliza a su antojo. El problema central con esta reforma es que quienes la enarbolan son los mismos que han protegido el enriquecimiento ilícito de gobernadores y familiares de presidentes. Los que avalan la colusión de servidores públicos para defensa de delincuentes. El problema central de esta reforma constitucional es que otorga un margen de discrecionalidad mayor al eslabón que siempre falla: los estratos corruptos del aparato de justicia. En pocas palabras dejará en mayor indefensión jurídica a la sociedad y protegerá a los policías que primero torturan o matan, y después averiguan, y a los Ministerios Públicos y Jueces que por corrupción o ineptitud se hacen cómplices del crimen organizado.

http://www.lydiacacho.net/

Reforma Judicial Aprobada- El Fisgón

Reculan diputados en el tema de los allanamientos

Eliminan que la policía pueda catear domicilios sin orden de un juez

• Legisladores inconformes del PRI, y en menor medida del PAN, obligaron a sus coordinadores a buscar una salida legal al tema

Roberto Garduño y Enrique Méndez

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de justicia penal y, cobijada con la premisa de mostrarse sensible a los reclamos de la sociedad, desechó el párrafo íntegro referente a los allanamientos, que permitiría a la policía “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas”.

La decisión de los legisladores fue considerada en San Lázaro un triunfo, pero en los hechos el pleno camaral consiguió una victoria discutible al dejar inalterada la minuta en temas tan importantes para los derechos humanos como los siguientes:

En el caso de la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada.

A pesar de que se prevé que las comunicaciones privadas son inviolables y la ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y confidencialidad de las mismas, habrá una excepción cuando las conversaciones sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.

A los internos de reclusorios que requieran de medidas especiales de seguridad y que tengan que ver con delincuencia organizada se les destinarán centros especiales. En ese caso, en el que la clasificación de delincuencia organizada queda en el limbo, se podría incluir tanto a delincuentes comunes como a luchadores sociales, y las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados, salvo cuando se trate de su defensa.

De tal forma, la determinación de excluir el párrafo referente a los allanamientos obedeció a la presión ejercida por diputados inconformes del PRI, y en menor medida del PAN, quienes obligaron a los coordinadores parlamentarios, Héctor Larios y Emilio Gamboa, a establecer un acuerdo con el líder de la bancada del PRD, Javier González Garza, con objeto de deshacerse del párrafo de marras por el cual se pretendía autorizar a las policías el allanamiento a domicilios sin orden judicial. Ese malestar no garantizaba a Larios y Gamboa conjuntar las dos terceras partes del pleno camaral para votar en favor la minuta enviada por el Senado.

El acuerdo forzado, la inconformidad de priístas y panistas y la férrea oposición del PRD, fue considerado a priori un éxito al desecharse los allanamientos. La rebelión, matizada como inconformidad, sobre todo de los priístas, cobró relevancia desde el pasado fin de semana cuando Emilio Gamboa recibió noticias del enojo que provocaba el tema de los allanamientos entre los electores priístas, y la preocupación que esto generó en la dirigencia del Revolucionario Institucional por los costos políticos que sobrevendrían sí sostenía la postura de impulsar la reforma judicial en sus términos.

Del lado panista, los reproches fueron mínimos, pero aun así la molestia persistía al considerarse las incursiones policiacas sin orden judicial un acto violatorio de la Constitución. Anteayer, al percatarse de que la mayoría de los diputados priístas votarían contra la reforma judicial, Gamboa ordenó a su compañero Raúl Cervantes se reuniera con senadores priístas y panistas para explicarles la naturaleza de una posible modificación a la minuta con la desaparición del párrafo integro referente a los allanamientos.

Cervantes terminó por convencer a los senadores, quienes se comprometieron a aceptar la modificación a la minuta y aprobarla una vez que la Cámara de Diputados la regresara.

Con esa previsión, Emilio Gamboa inició ayer una operación política tendiente a restañar todas las heridas que había provocado el PRI a sus electores con el respaldo a una reforma antipopular. Al llegar ayer a la reunión plenaria del tricolor en San Lázaro, alrededor de 80 legisladores de ese partido se oponían definitivamente a sostener el tema del allanamiento.

Al medir aquella tendencia, Gamboa Patrón consiguió que sus compañeros aprobaran un acuerdo para que César Camacho ofreciera en esos momentos una conferencia de prensa y ahí anunciara que el PRI proponía deshacerse del párrafo citado, y de esa forma empatarse con las demandas de ciudadanos y organizaciones civiles.

Camacho, quien se había constituido en el defensor de la minuta, se vio obligado a desdecirse: “Creemos que la medida es intrínsecamente buena, pero eventualmente en su instrumentación puede haber riesgos que en este momento no vale la pena correr y poner a la sociedad mexicana en una situación de eventual amago, alteración o afectación de sus derechos fundamentales”, dijo.
Y es que, desde las 9 de la mañana, el coordinador perredista, Javier González Garza, Larios y Gamboa se habían reunido para acordar una estrategia que otorgara legalidad a la devolución de la minuta al Senado. La encontraron en el inciso E del artículo 72 de la Constitución, donde se establece que “si un proyecto de ley o decreto es desechado en parte, modificado o adicionado por la cámara revisora (el Senado), la nueva discusión en la cámara de origen versará únicamente sobre lo desechado o las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones de la revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los presentes, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo federal.

“Si las adiciones o reformas hechas por la revisora fueran reprobadas por la mayoría de votos de la cámara de origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos se desecharan en la segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobada por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo”.

De tal forma, la Cámara de Diputados sólo necesitaba aprobar por mayoría calificada la exclusión del párrafo que permitía los allanamientos domiciliarios, para que el resto de la reforma, en la minuta votada ayer, sea aprobada por el Senado. El resultado final de la votación fue de 462 votos a favor de legisladores de todos los grupos parlamentarios, seis de perredistas en contra y dos abstenciones.

La próxima semana, confiaron diputados del PRI, la minuta será aceptada en los términos aprobados ayer y enviados por la Cámara de Diputados al Senado, para que sea avalada también por la mayoría de los congresos estatales, y cuando se declare que fue votada por el Constituyente Permanente, el Ejecutivo federal la publique para su entrada en vigor.

Perfeccionando la democracia - Hernández

Ley Gestapo - Rocha

Reformadores - Helguera

¿Qué es la Ley Gestapo?

La represión que se nos viene encima

Por Jaime Avilés
Revista El Chamuco No. 142,
Febrero de 2008

No se lo digan a nadie, pero gracias a los diputados y senadores del PRI, del PAN e incluso del PRD, dentro de poco cualquier policía podrá entrar a cualquier casa a cualquier hora y con cualquier pretexto, para esculcarla a su antojo, robarse lo que más le guste y llevarse a las personas que encuentre en su interior; con la hospitalaria intención de incomunicarlas en un centro de arraigo hasta por 40 días.

¿No lo sabían? Pos entérese porque éstas son apenas algunas de las medidas que entrarán en vigor al amparo de la llamada “reforma judicial”, mejor conocida como Ley Gestapo: un conjunto de modificaciones a los artículos I6, 17, 20, 21 Y 123 de la Constitución y, por favor; no bostecen, porque la cosa va muy en serio.

En primer lugar; la tal reforma hará posible que organizaciones como eI Yunque pueda desempeñar funciones policíacas. Gracias a un párrafo que se anexó al artículo 16 constitucional, “cualquier persona podrá detener a otra, si ésta comete un delito en flagrancia”. Esa posibilidad ya es aceptada en los códigos penales del país: ¿para qué elevarla a rango constitucional? A la mejor para lo siguiente, Imagínense: un grupo de yunquistas acusará a una pejeviejita -nomás porque le cae gorda- de estar “vendiendo cocaína a la puerta de un colegio”. Bastará que la agarren, la entreguen en la delegación más cercana, la acusen y presenten el cuerpo del delito y los testigos, que serán por supuesto ellos mismos, ¿No es un traje a la medida del fascismo?

Ese mismo artículo 16, remodelado, señala que “la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza grave”. Este es otro concepto que ya figura en los códigos penales. Si unos ladrones secuestran a una persona en la calle y la policía los persigue y ve que se esconden en una casa, lo único que tiene que hacer es entrar a esa casa y rescatar a esa persona sin pedir la autorización escrita de un juez. Gracias a la Ley Gestapo, sin embargo, esta excepción se volverá la regla, y todo policía podrá catear cualquier casa a toda hora, y los jueces que antes autorizaban esta clase de operaciones ahora tendrán más tiempo libre porque ya no serán requeridos para estos trabajos.

¿No es una treta para intensificar la represión generalizada con el pretexto de que la policía debe aumentar su eficacia? En forma complementaria, en el propio artículo 16 se institucionalizan los arraigos “hasta por 40 días”, Durante ese lapso, los detenidos no podrán hablar con sus familiares ni contar con la ayuda de un abogado defensor. El arraigo se concibe, explican los enterados, como un recurso para que la policía obtenga pruebas que permitan demostrar la culpabilidad de una persona a la que no pueden encarcelar por falta de elementos.

Pero esos centros de “arraigo” serán también de tortura, en donde los policías podrán aplicar las nuevas técnicas de “investigación” desarrolladas por el ejército de Estados Unidos en Iraq y Guantánamo, como esa de obligar a los cautivos a escuchar música de rap a todo volumen, las 24 horas del día, durante varias semanas. Y como Bush está extendiendo la doctrina de que la tortura es válida -aunque viole todos los acuerdos internacionales que la condenan-, ésta se intensificará en México, donde ya es de por sí una práctica cotidiana.

Ahora bien, para evitar que se cometan abusos al amparo de las nuevas normas, la Ley Gestapo establecerá un mecanismo de vigilancia creando, en el artículo 17, la figura de los “jueces de control”. Estos en realidad serán unos súper jueces, con facultades para resolver situaciones anómalas casi al instante. Lo malo es que -como lo denunció el jurista Raúl Carrancá y Rivas- entrarán en funciones... ien 2016! Dentro de ocho años. ¿Ese es el plazo que Calderón supone que necesita para imponer; la paz de los sepulcros en todo el país?

007 “bajo el mando” de Godínez

La Ley Gestapo comenzó a cocinarse en 2005, tras la insurrección cívica que impidió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México estaban definiendo una serie de acuerdos para reforzar la “seguridad estratégica” de América del Norte, y George WC Bush le exigió a Vicente Century Fox que adaptara a la Constitución mexicana las disposiciones “antiterroristas” de la tenebrosa Acta Patriótica II, una serie de excepciones que le permite a la policía leer la correspondencia de los ciudadanos, espiar sus cuentas de internet, conocer el estado de sus finanzas, oír sus conversaciones telefónicas, etcétera. Y todo con el pretexto de Al Qaeda.

Como en México no tenemos Al Qaeda y lo que quieren panistas, priístas y algunos perredistas es reprimir a los movimientos sociales que crecen por todas partes, nos dicen que la Ley Gestapo ayudará a combatir con mano durísima al crimen organizado. Pero esas son patrañas. En ningún país y en ninguna época la fuerza bruta ha sometido al narcotráfico, y Calderón lo sabe (o a lo mejor no: es tan ignorante). Además, para la Ley Gestapo, serán “delincuencia organizada” los grupos de tres o más personas que se unan para cometer un ilícito. Si tres chavos se roban unas papas y unas chelas en una tiendita, los perseguirán y juzgarán como delincuencia organizada, y a la mejor acaban en Almoloya. O si tres o más personas se unen para oponerse a la privatización de Pemex...

Usar la mano dura para luchar contra el hampa, dice el maestro Bernardo Bátiz, es tan eficaz como disparar una pistola para matar los mosquitos que no nos dejan dormir. Hay que buscar el origen del problema, agrega, hay que secar el charco donde nacen los mosquitos y atender las causas que orillan a la gente a delinquir. En una ponencia acerca de la Ley Gestapo, de la que tomé las notas que ustedes están leyendo, el ex procurador del Distrito Federal explicó, asimismo, que esta reforma modificará también el artículo 20, para que los juicios se realicen en menos tiempo, “al estilo de las películas de Estados Unidos”, y el 21, para que la investigación de los delitos quede a cargo de la policía y ya no del ministerio público.

En su redacción actual, el artículo 21 dispone: “la investigación de los delitos la realizará el ministerio público auxiliándose de la policía judicial”. Ahora, si la Ley Gestapo se aprueba, “la investigación y persecución de, los delitos la realizarán los policías bajo el mando del ministerio público”. Perdón, dijo Bátiz, pero, ¿a qué policías se refiere? Respuesta: a todas, desde la PFP, la AFI y la PGR hasta las judiciales estatales, las municipales y las bancarias, o sea a todas, absolutamente todas sin distinción. Y todas podrán meterse a la casa cuando quieran.

Ah, pero según la Ley Gestapo esos policías actuarán “bajo del mando del ministerio público”. ¿Cómo? ¿Un pobre agente del MP, que gana salario mínimo y no deja de ser un pobre tinterillo, le dará órdenes a un súper agente de la AFI? Por favor. Sin embargo, en este aspecto, la reforma también toma sus precauciones incorporando un inciso al artículo 123 de la Constitución, para advertir lo siguiente: cuando los agentes del ministerio público sean despedidos, incluso sin causa justificada, no podrán volver a ser reinstalados en su puesto de trabajo. Esa medida se les aplicará también a los peritos, miembros del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, así como a los cónsules y embajadores de México.

Los del MP vivirán bajo una amenaza constante: si no se comportan como sirvientes de los súper policías que realicen las investigaciones, serán despedidos y nunca recobrarán su empleo. Y los peritos que no dictaminen lo que les convenga a los poderosos, igual. ¿Que el licenciado Godínez no quiere obedecer al comandante de la PGR que tiene “bajo su mando”. Pues que lo corran y le digan que nunca más podrá recuperar su empleo. ¿Que el perito va a dar un dictamen contrario a los intereses de la prima de Calderón? Pos que le recuerden lo mismo.

La Ley Gestapo, que, como salta a la vista, es un instrumento para consolidar una dictadura, fue aprobada en la Cámara de Diputados con el voto de Ruth Zavaleta, Javier González Garza y 42 perredistas más, mientras otros 52 se pronunciaron en contra y algunos pocos se abstuvieron. El Senado la “revisó” y la devolvió con mínimos cambios a San Lázaro, y ahora ya sólo falta que la respalden 20 de los 30 congresos estatales para que se convierta en realidad, Calderón la proclame y la pesadilla entre en vigor. ¿No hay nada que podamos hacer para frenarla? Se me ocurren mil cosas pero el espacio de agotó.

Concierto en Atenco: "Por la Tierra y Libertad!"

Concierto "Por la Tierra y la Libertad!"

Panteon Rococo, Rastrillos, Cien Pies, Los de Abajo, Salon Victoria, Intifada, Unidup Estacion Reage, La Barricada Sur, Antidoping, La Resistencia de México.

Viernes 14 de Marzo

San Salvador Atenco (Canchas de Futbol)

Preventa $60

El día del evento $80

Los fondos seran destinados a la lucha por la libertad de lxs presxs politicxs de Atenco

Preventa: -UNAM: Cubículo El Brigadista (Salon B-111, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales), Cafe Oriente (CCH Oriente), Explanada de la Fac. de Economia (del 10 al 13 de marzo), Café de la Fac. de Ciencias.-Tianguis del Chopo (con Tajobase).

-Atenco: Helados "Elizabeth"(calle Florida, a un lado de la casa ejodal), Maquinitas de Porfirio (Plaza de Atenco), Kiosko de Atenco.

-Texcoco: Discos Beto's (Centro de Texcoco)

¡Pres@s Politic@s, Libertad!

¡No al aeropuerto!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

CNDH: la reforma judicial, retroceso en materia de garantías individuales

Los legisladores no deben aprobar la iniciativa, considera el ombudsman Soberanes

Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal)

Mérida, Yuc., 25 de febrero. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, reiteró su rechazo a la reforma judicial que analizarán hoy diputados federales, “porque constituye un retroceso para las garantías individuales”.

Posteriormente comentó, en conferencia de prensa, que los legisladores no deben aprobar esa propuesta, “porque es muy delicado que se rompa la inviolabilidad del domicilio. Es un paso atrás”, añadió.

El ombudsman nacional señaló que uno de los problemas más graves de México es la ausencia de políticas serias y eficaces para mejorar la seguridad pública, ya que no existe precedente en el país sobre el grado de penetración e influencia social que ha alcanzado el crimen organizado.

Manifestó que para combatir esa situación “tampoco es válido seguir con prácticas cotidianas, pero tampoco bastan los discursos, la mera voluntad ni la mano dura a corto plazo”. También calificó de “insuficiente” el aumento de penas, el incremento de las atribuciones de los policías y la presencia de cuerpos de seguridad en las calles.

Durante su visita a Yucatán para encabezar diversos actos relacionados con la aplicación de la justicia, Soberanes Fernández manifestó que la batalla definitiva se dará cuando se combata la corrupción. Además, abundó, las autoridades deben invertir en educación y prevención, así como desincentivar el consumo de drogas, propiciar la rehabilitación de adictos y formar mejores policías.

De igual forma, Soberanes Fernández calificó de “falsa” la tesis de que el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública son incompatibles. “Por el contrario, ambos conceptos son complementarios. Por esa razón no puede existir una norma que justifique la violación a los derechos humanos. La ilegalidad no se puede combatir con más ilegalidad”, resaltó.

Agregó que dicha propuesta de reforma significa un claro retroceso en lo logrado en materia de derechos humanos en años recientes, y una “contravención a nuestros compromisos internacionales en el rubro”.

La reforma judicial de Calderón sacará a México del “canal internacional”

Modificaciones a algunos artículos violan la CIDH, afirma experto de la UNAM

Alfredo Méndez

La aprobación de la reforma judicial calderonista sacará a México del “canal internacional”, ya que los arraigos y allanamientos a casas habitación sin la orden de un juez violarán el artículo séptimo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ratificada por nuestro país, aseguró ayer el especialista en temas de seguridad nacional Adolfo Miranda, al participar en un foro de análisis organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En tanto, el ex ombudsman de Baja California, José Luis Pérez Canchola, coincidió con Miranda en el peligro que representa elevar a rango constitucional el arraigo y los allanamientos de morada, aunque aclaró que el principal problema del sistema penal mexicano es la impunidad, que se consolida cada día con la inacción de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Para Adolfo Miranda, quien se desempeña como asesor en temas de seguridad y justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si bien la reforma calderonista tiene aspectos positivos, también resultará peligrosa, porque va a minar las garantías individuales.

Refirió que al modificar los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Carta Magna se facilitará al Ministerio Público la posibilidad de conseguir órdenes de aprehensión, pues serán más laxos los requisitos para que un juez disponga esas medidas cautelares.

Otro aspecto negativo de esos cambios, añadió, es que se hayan suprimido las facultades exclusivas para que las autoridades ministeriales y hacendarias pudieran inspeccionar las cuentas bancarias de los grupos criminales, pues ahora será difícil combatir el lavado de dinero que realizan narcotraficantes y secuestradores.

Indicó que lo más peligroso de la reforma –que será votada este martes en la Cámara de Diputados– es la facultad que se dará a las policías del país para decidir, en caso de persecución a presuntos delincuentes organizados, cuándo allanar un domicilio.

Es inadmisible que sean los agentes mexicanos, que carecen de preparación, ética y lealtad a las instituciones que representan, quienes tengan la facultad de decidir quién es delincuente y cuándo deben entrar a un domicilio, destacó.

“Los policías terminarán informando a un juez que era necesario tal o cual allanamiento, tergiversarán los hechos a su conveniencia y se cometerán actos de injusticia”, aseveró Adolfo Miranda.

José Luis Pérez Canchola, ex director del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, declaró que no toda la culpa de la ineficiencia en el combate a la delincuencia es de los cuerpos policiacos.

“No hay que dejar de ver que en este país imperan la corrupción y la impunidad institucional. El problema principal es la falta de justicia; nuestros políticos e instituciones de procuración e impartición de justicia no han cumplido a la sociedad, y en ello están embarradas las procuradurías, los jueces y hasta el Ejército”, puntualizó.

Añadió que otro grave error del gobierno federal es mandar a los militares a las calles del país a realizar labores policiacas, poniendo de pretexto que es necesario para combatir el narcotráfico. “Esta guerra contra las drogas está causando más daño social que las propias drogas”, resaltó.

TODOS contra la Ley Gestapo

¡AHORA SÍ LA VAN A APROBAR!

CONCENTRACIÓN URGENTE

frente al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Contra la Reforma Judicial

Martes 26 de febrero a las 12 hrs.

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN

Les invitamos a tod@s a protestar mañana a las 12 hrs en la camara de diputados (metro San Lazaro) contra la ley GESTAPO

¿Sabías que… la Reforma Judicial que SE VA A APROBAR EL MARTES 26 DE FEBRERO en la Cámara de diputados constituye un grave atropello a nuestros derechos?

¿Sabías que a partir de estas reformas la policía–cualquier policía, puede ser preventiva, municipal, PFP, agentes, etc.- puede detenerte sin orden de aprehensión o allanar tu casa sin orden de cateo?

¿Sabías que ya se puede mantener incomunicada a una persona hasta por 40 días?

Estas reformas son un grave atropello a nuestrasgarantías individuales fundamentales, anteriormente otorgadas por la Constitución de 1917 y significan un grave retroceso respecto e esa legislación, además decontravenir acuerdos internacionales suscritos por México.

El gobierno del fascista calderón y, como siempre encontubernio con la TV, mienten, ocultan la verdad ala gente respecto a estas gravísimas reformasjudiciales, ocultan que se abrió la puerta a másatropellos y abusos por parte de la policía y atodavía más violaciones de los derechos humanos elementales.

No dicen que en el fondo estas reformasdan más facultades a las policías, (no se especifica cuáles, PFP, SSP, bancaria, etc) para que puedanreprimir -legalmente- cualquier manifestación social de descontento, o reuniones de 3 o más personas que les parezcan sospechosas de "asociación delictuosa"-como en los peores años del PRI-.

Con esa reformapenal, ahora la policía, quien depende directamentedel ejecutivo, tiene las facultades para poder acusar, investigar y también perseguir un delito (lo que solamente hacían los ministerios públicos).

Infórmate!

¡NO A LA LEY GESTAPO!

¡NO A UN ESTADO POLICIACO Y REPRESOR!

La reforma penal marcha en sentido contrario a las normas de DH

COMUNICADO DE PRENSA
TEMA:
REFORMA PENAL

MÉXICO, DF, A 19 DE FEBRERO DE 2008

LA REFORMA PENAL MARCHA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS NORMAS DE DERECHOS HUMANOS

• El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo
el respeto a los derechos humanos.

• Es necesario discutir públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.

• Hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que aplace su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

Las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia fueron votadas en comisiones este día y serán admitidas en primera lectura el próximo jueves 21 de febrero, previendo que el martes siguiente sean aprobadas en sesión plenaria por la Cámara de Diputados.

La iniciativa de reformas plantea, entre otras cosas, el tránsito de un sistema mixto, predominantemente inquisitivo, hacia uno acusatorio, esto es, que se funda en la presunción de inocencia del inculpado y del que formarán parte los juicios orales.

Pese a que lo anterior, junto con la procuración de una defensoría pública de calidad y la acción penal privada, constituyen un avance significativo en nuestro sistema de justicia penal, la iniciativa contiene elementos que, por el contrario, representan un retroceso en materia de derechos humanos al instituir prácticas que distan mucho de lo establecido por los estándares internacionales en la materia.

Entre los aspectos que más gravemente atentan contra el respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito penal y han sido objeto de profunda preocupación por parte de la sociedad civil y la población en general, se encuentra la pretensión de elevar a rango constitucional la posibilidad de arraigar al presunto responsable de un delito, es decir detener preventivamente a una persona, con lo que se vulnera la presunción de inocencia. El arraigo ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en virtud de que afecta la libertad individual de las personas y fue cuestionado también por el Grupo de Trabajo de tenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

En el mismo sentido, la reforma penal plantea la posibilidad de practicar allanamientos sin que medie orden judicial, bajo el supuesto de flagrancia o peligro para la vida de una persona.

Los hechos pasados en San Salvador Atenco, en donde se perpetraron graves violaciones de derechos humanos a manos de fuerzas policíacas sin control judicial, son una clara muestra del abuso en que puede derivar esta facultad discrecional.

La propuesta de reformas contempla asimismo la creación de un régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada o de la comisión de los delitos de violación, secuestro, homicidio doloso y otros cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves en contra de la seguridad nacional. Desde una perspectiva de respeto y protección a los derechos humanos sin distinción, lo anterior resulta un serio atentado al principio de igualdad jurídica y no discriminación.

Dicha disposición podría fungir como fundamento legal para perseguir movimientos sociales de protesta toda vez que define de manera ambigua el concepto de "delincuencia organizada".

En virtud de lo anterior, exigimos al Estado mexicano que, en todo caso, emplee la definición prevista por la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, de la cual forma parte México y establece que es delincuencia organizada la que "exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material".

La iniciativa de marras fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado en diciembre pasado. La cámara revisora, por su parte, tuvo a bien eliminar la disposición que permitía al Procurador General de la República acceder sin mandato judicial a la información fiscal, electoral y financiera de una persona. No obstante, ratificó la figura del allanamiento sin orden judicial previa y, además, eliminó las de por sí mínimas limitaciones legales para que tuviera lugar, es decir la justificación objetiva que obligaba a tener conocimiento, datos o información que indicaran la existencia inequívoca de una amenaza actual.

Las organizaciones civiles que suscribimos el presente pronunciamiento somos sensibles ante la escalada criminal que azota al país, convirtiendo a la violencia en un elemento perturbador de la realidad cotidiana. Así lo demuestran los enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano, policías y delincuentes que han dejado lastimadas a muchas comunidades a lo largo y ancho del país. Condenamos las violaciones de derechos humanos que han dejado como saldo los operativos contra el crimen organizado, pero también el uso de la violencia con cualquier fin, por lo que expresamos nuestra más profunda indignación ante los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado viernes en la Ciudad de México.

Sin embargo, como organizaciones conscientes de la obligación de las autoridades a conducirse con apego a la legalidad y las más altas normas de respeto a los derechos humanos, no podemos avalar una reforma de seguridad y justicia como la que se ha reseñado.

El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo el respeto a los derechos humanos.

Así lo sostuvo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su más reciente visita a nuestro país, hace apenas once días.

En virtud de lo anterior, nos preocupa que la Carta Magna marche en sentido contrario a la vigencia de los derechos humanos, razón por la cual hacemos un llamado a todas las personas para que envíen cartas al diputado que las representa pidiéndole que vote en contra de esta reforma penal.

Es necesario que se discutan públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.

En virtud de ello, hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que place su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS "FRAY FRANCISCO DE VITORIA", A.C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS "MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ", A.C.
COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
(CMDPDH)
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS AJUSCO
DECA EQUIPO PUEBLO, A.C.
ESPACIO DESC
FUNDAR CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
SALUD INTEGRAL PARA LA UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO

Asunto: invitación a conferencia de prensa
Sobre la llamada "Reforma Judicial"

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
P R E S E N T E.

En estos días, el Estado mexicano está obcecado en aprobar la llamada Reforma Judicial. Esta forma parte de las reformas estructurales y se presenta con el pretexto de mejorar la persecución de los delitos y facilitar la investigación criminal. Para ello se pretende modificar el texto constitucional y diversas leyes reglamentarias, que de llevarse a cabo legalizarán un estado de excepción, violatorio de los derechos humanos, y estimulará la ya de por si arbitrariedad policíaca.

Con el fin de dar a conocer nuestra postura y los medios de defensa en contra de la citada reforma, es que la Unión de Juristas de México, invita a Ustedes a participar y cubrir la conferencia de Prensa sobre la llamada "Reforma Judicial", que impartirán, entre otros, los destacados juristas: Dr. Enrique González Ruiz, Secretario de Derechos Humanos de la Unión de Juristas de México y Coordinador del Programa de derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y, el Lic. Eduardo Miranda Esquivel, Presidente de la Unión de Juristas de México.

El evento se llevará a cabo el martes 26 de febrero de 2008, a las 9:00 horas de la mañana, en el Restaurante "Covadonga" del Hotel Casablanca, ubicado en: Lafragua 7, Colonia Tabacalera, DF. (Metro Revolución), cuyo formato incluye desayuno y conferencia de prensa.

Fraternalmente
México, DF., 24 de febrero de 2008

POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

JESÚS CERVANTES ESPARZA
Secretario General
unionjuristas@hotmail.com
UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
UNIDAD DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJO

Convocan a Alerta Roja Nacional por la pretendida reforma judicial

Angulo

MTI /Texcoco Mass Media/Jorge Díaz Navarro

+ De aprobarse mañana esta aberración jurídica, es consumar desde la Cámara un atentado al más elemental sentido de justicia, asi como desconocer los esfuerzos, luchas y tributos en sangre y en vidas de nuestros antepasados.

+ Permitir que cuerpos policíacos, por simple presunción, allanen domicilios a diestra y siniestra, es poner a la sociedad a merced de la barbarie policíaca y de paso también cancelar el sentido social y jurídico de la propiedad privada.

+ Organizaciones que están a favor de la inviolabilidad de la propiedad privada, se organizan para que la sociedad haga sentir en carne propia a los legisladores los estragos de la propuesta irrumpiendo en sus domicilios.

+ Lo único que pretende es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público; y se está dando a las policías instrumentos que pueden permitir violación de garantías, toda vez que tenemos cuerpos policíacos que no están a la altura de las reformas que se pretenden

Mañana en la Cámara federal de los diputados se debate la reforma constitucional penal, la que a la sociedad se le vende, como apunta el maestro Bernardo Batiz, con el rimbombante título de “Reforma Judicial”. De aprobarse esta aberración jurídica, la cual es un atentado al más elemental sentido de justicia, asi como una negación o desconocimiento a los esfuerzos, luchas y tributos en sangre y en vidas de nuestros antepasados, ya que permitir que cuerpos policíacos, por simple presunción, allanen domicilios a diestra y siniestra, es poner a la sociedad a merced de la barbarie policíaca, quedando cancelado el sentido social, real y jurídico de la propiedad privada.

Si diputados aprueban esta reforma antijurídica, aseguran los analistas jurídicos, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.

Algunas organizaciones que están a favor de la inviolabilidad de la propiedad privada, se organizan para que la sociedad haga sentir en carne propia a los legisladores federales y locales y toda suerte de funcionarios y servidores públicos los estragos de la desacralización de sus domicilios y se irrumpa bajo cualquier presunción, una de ellas podría ser la de enriquecimiento ilícito, la posesión de armas o el almacenamiento de drogas, etc.

Al los legisladores debe hacérseles entender la gravedad y el alcance negativo de la reforma que mañana discutirán, experimentándola ellos mismos, asi como sus seres queridos.

Todo aquel diputado que avale la irrupción de la policía en los hogares, lo que estará acreditando no será su preocupación por la justicia, sino una actitud degenerada ya que estará exponiendo a esas arbitrariedades a su propia familia, a sus madres (si es que la tienen) a su padres, a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos y a sus vecinos

Pero vamos por partes –dice el maestro Batiz- tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellaron la forma y el fondo al imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos tomaron la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.

Uno de los estragos más graves de esta pretendida reforma y que mañana se “discuten” los diputados federales, es el atropello a los derechos humanos con medidas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.

Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policíacos y a la violación de derechos humanos elementales.

Pero hay todavía algo más –advierte Bernardo Batiz- la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.

Por ejemplo, se dice que lo que se pretende es instaurar en México un proceso penal en el que la oralidad, el carácter controversial, la transparencia y la inmediatez sean sus “nuevas” características; pero resulta que nuestros juicios penales ya son orales: hay audiencias, careos y otras diligencias, las más importantes del juicio, que ya tienen esa característica; ya son transparentes y públicas, salvo excepciones razonables; hay la obligación de los jueces de estar presentes en todas las diligencias de los juicios, que es lo que significa inmediatez, y ya tienen nuestros procesos el carácter controversial desde 1917, puesto que los jueces de instrucción que en el siglo XIX investigaban y dictaban sentencia fueron sustituidos en la nueva Constitución por jueces imparciales, árbitros del proceso y directores del mismo, equidistantes entre el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa del acusado. Esto es, desde 1917 nuestro proceso penal es acusatorio y controversial.

Todo esto tiene, sin embargo, un sentido: es sólo una cortina de humo para introducir detrás de ella, en nuestra Constitución, francas y abiertas restricciones a los derechos humanos garantizados en el capítulo primero de la misma, dando marcha atrás en garantías fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones personales y de la libertad individual.

Las reformas serán, so pretexto del combate a la delincuencia organizada y la pretendida modernización de nuestro tribunales (léase imitación de programas televisivos estadounidenses de La ley y el orden), un paso firme hacia un Estado policiaco y represor.

¿Qué está en el fondo? En el fondo está –señala el ex procurador del DF- dar más facultades a las policías, restárselas a las procuradurías para convertir a éstas y a sus agentes en simples litigantes acusadores en los procesos y dejar la investigación en manos de la policía, la que se ha planeado desde el sexenio pasado como centralizada y controlada desde el Ejecutivo federal, autorizada para actuar con manos libres en la persecución de quienes los mismos policías definan como criminales.

Me parece que el busilis (trampa) de la reforma, el punto más grave, que amarra las otras violaciones a las garantías individuales, está en lo que se pretende hacer con el artículo 21 constitucional.

En la redacción elegante y precisa del actual artículo 21 se dice que la investigación y persecución de los delitos incube al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en la propuesta a debate, se modifica este párrafo para quedar de la siguiente manera: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. Así, sin matizar, ministeriales, judiciales, preventivas, federales, estatales o municipales, o cualquier otra que por ahí aparezca, con el agravante de que, de paso, se cuela, sin aparecer en texto alguno, que los militares con los que mayoritariamente se formó la Policía Federal Preventiva serán también investigadores y perseguidores de delito.

Ciertamente –sostiene el ex procurador con pleno conocimiento de causa- que ya se cometen atropellos; reiteradamente sabemos de allanamientos violentos, de verdaderas tomas de pueblos y rancherías, de disparos y de muertes en los retenes de calles y carreteras, y ya nos estamos acostumbrado a que los policías humillen y vejen, obligándolos a arrodillarse o a tenderse en el suelo, a todos los que detienen, sean culpables o no, sospechosos o simples viandantes; ya hay cateos sin orden judicial, arraigos injustificados y detenciones arbitrarias, pero lo que se pretende ahora es que todo eso tenga un sustento constitucional y nada menos. Oh ironía, nada menos que en el capítulo de garantías individuales.

Es cierto que en la reforma se agrega un matiz que en apariencia la salva, que las policías estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pero a éste, para tenerlo bien controlado, simultáneamente se le restringen derechos laborales en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución, que va en el paquete; quisiera ver a un agente del Ministerio Público de un pueblo, o de cualquier lugar, dando órdenes o controlando a los militares de la Federal Preventiva o a los policías del AFI o a los que García Ramírez ha llamado los “supercomandantes”.

Con la reforma al 21 se ponen en el primer párrafo, en igualdad de responsabilidades, a la institución investigadora, el Ministerio Público, con las policías, y esto es –alertan los juristas- abrir la caja de Pandora de las arbitrariedades y puerta a un Estado persecutorio y de mano dura, que con estas reformas recibirá el banderazo de salida. Las leyes secundarias se encargarán de los detalles.

No hay –concluyen- de que esta reforma es un retroceso, es tan grave como la del ISSSTE o la de los energéticos, porque será el instrumento que puede usarse para reprimir movimientos sociales. Ciertamente, la gente, el pueblo, ante crímenes y delitos reales y también ante la propaganda para meter miedo, exige seguridad y ésta debe prestarse por parte del Estado, pero no al precio de la libertad.

Por otra parte penalistas de prestigio y reconocimiento nacional e internacional como Xavier Olea, Juan Velásquez y Raúl Carranca, entre otros, advierten que la iniciativa en cuestión es inquisitorial.

Las reformas –dijeron- propuestas por Felipe Calderón y César Camacho Quiroz en materia de procuración de justicia que se debate mañana en el pleno de la Cámara de Diputados y que plantean, entre otras cosas, la posibilidad de que las corporaciones policíacas, pretenden llevaros hacia una “estado policial” por lo que el pueblo de México debe asumir un estado de “verdadera alerta roja”

A esta preocupación se han sumado juristas como Juristas como Alonso Aguilar Zínser y Juventino Castro, quienes exhortan a los diputados a “pensar dos veces” antes de aprobar la iniciativa en los términos planteados, ya que “lo único que están haciendo es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público; y se está dando a las policías instrumentos que pueden permitir violación de garantías, toda vez que tenemos cuerpos policíacos que no están a la altura de las reformas que se pretenden.

Por otra parte, ayer, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) exhortó al Poder Legislativo a aprobar una reforma judicial que, sin perder el objetivo de combatir a la delincuencia, respete las garantías fundamentales de los mexicanos.
Dicha agrupación manifestó su inquietud ya que de aprobarse la iniciativa como está actualmente, se elevarían a rango constitucional figuras violatorias a derechos fundamentales como el arraigo y el cateo sin orden de un juez.

La FMOPDH, que aglutina a la mayoría de los organismos defensores de derechos humanos del país, pidió – según lo consigna un despacho de NOTIMEX- que no se adopten medidas que atenten contra las garantías "de una ciudadanía cada vez más vulnerable a la inseguridad".

Los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos acompañan la demanda social que exige de las autoridades el cumplimiento del derecho a la seguridad de sus personas y bienes, destacó la federación en un comunicado.

soyatemono@yahoo.com.mx

Denuncian abusos en prisión contra Ignacio del Valle

Javier Salinas Cesáreo (Corresponsal)

San Salvador Atenco, Méx., 24 de febrero. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunciaron los castigos y maltratos que ha sufrido su dirigente, Ignacio del Valle Medina, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con Felipe Álvarez y Héctor Gochicoa, sentenciados a 67 años de prisión.

Familiares y activistas atenquenses señalaron que los detenidos han sido agredidos por los mensajes de lucha que en los últimos días han mandado al pueblo de Atenco y a las organizaciones que los apoyan.

“Todo en la cárcel ha ameritado un castigo para ellos; si es una llamada donde le manda saludos al pueblo, los castigan. Durante una semana los cambiaron de módulo, los tuvieron encerrados sin salir al sol, ahí medio comían; les ordenaban bañarse con agua fría”, denunció, María Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT y esposa de Del Valle.

La denuncia se expuso durante el foro Por la defensa de nuestras raíces e identidad, en la explanada principal de Atenco, donde participaron representantes de 20 organizaciones sociales.
María Trinidad expuso que su esposo le platicó los castigos a los que ha sido sometido. “Pero él dice que no importan todos los castigos que le impongan, mientras pueda y no le restrinjan la correspondencia seguirá mandando mensajes por escrito o de viva voz.”

Soslayadas, hipótesis clave de feminicidios en Juárez: fiscal

• Asesinos seriales, pactos criminales y complicidad de autoridades en más de 100: Morfín Otero
• Gran reto, eliminar la violencia contra el sector femenino, reconoce la titular del órgano para los delitos contra mujeres
• Debe impulsarse la “perspectiva de género”, porque en las estadísticas da lo mismo a qué sexo pertenecen las víctimas
• Desmiente que esté investigando redes de pederastia

Gustavo Castillo García

Guadalupe Morfín Otero, fiscal especial para delitos contra las mujeres, en entrevista con La Jornada Foto: José Antonio López

Madres de mujeres asesinadas o desaparecidas en Ciudad Juárez muestran pancartas con las fotos de sus familiares, luego de una reunión con el relator de la CIDH, en abril de 2007 Foto: Marco Peláez

Más de 100 de los 400 homicidios de mujeres cometidos de 1993 a 2005 en Ciudad Juárez requieren que se investiguen y agoten las hipótesis relativas a la existencia de asesinos seriales, la comisión de estos delitos como derivación de pactos entre integrantes del crimen organizado para garantizar sus códigos de silencio y la vinculación de miembros de instituciones públicas municipales, estatales y federales con personajes con poder económico en la ciudad, afirmó Guadalupe Morfín Otero, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres (Fevintra).

En entrevista con La Jornada, la funcionaria indicó que para ella es prioritario concluir la investigación relativa a las denuncias presentadas por habitantes de San Salvador Atenco, en el sentido de que fueron objeto de violaciones por parte de policías durante la represión gubernamental ocurrida en esa comunidad los días 3 y 4 de mayo de 2006.

“Clavado en agua fría”

Morfín Otero, quien de octubre de 2003 al mismo mes de 2006 se desempeñó como comisionada del gobierno federal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, y el pasado 31 de enero tomó posesión como titular de la Fevintra, aseguró que aceptar el nuevo cargo “fue como echarse un clavado en agua fría”.

A la pregunta de por qué aceptó, si todas las fiscalías especiales que han existido terminan cuestionadas y con nulos o muy pocos resultados, afirmó: “el compromiso con las víctimas, que es lo que me ha motivado para generar sinergia con otras agencias, oficinas y dependencias, a fin de poder acordar esquemas que bajo un sentido de trabajo en equipo nos permitan proteger mejor a las mujeres y entrar en ese tema tan difícil y complejo que es el de la trata de personas, que no sólo las afecta a ellas y a los niños”.

Sin embargo, reconoció que combatir la violencia contra el sector femenino “constituye un enorme reto, ya que en las estadísticas no todas las entidades marcan diferencias entre los homicidios contra mujeres y hombres, y tampoco se señala el doloso y el culposo. Por ello, es importante impulsar la perspectiva de género en estos asuntos, a fin de generar políticas públicas específicas”.

–¿Qué espera lograr como fiscal?
–Mantener un esfuerzo colectivo con autoridades y organizaciones sociales, para que prevalezcan los derechos fundamentales, que haya confianza de las mujeres y que las instituciones que deben garantizar su acceso a la justicia lo hagan.

“Esto significa que debemos trabajar intensamente con las procuradurías, fortalecer el área de la coordinación de Ministerios Públicos, para que la sociedad civil tenga resultados y consignaciones. Allí hay un reto muy importante”.

Morfín Otero afirmó que va a impulsar nuevas investigaciones en torno a los feminicidios en Ciudad Juárez, y que tratará de dar certeza a la parte jurídica, pero sobre todo a las familias de las víctimas, junto con la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. Sin embargo, dijo que en este momento no puede dar a conocer cuáles serían las líneas de intervención que tendrá la fiscalía en ese asunto.

Pero mencionó que en alrededor de la cuarta parte de los 400 homicidios de mujeres reconocidos oficialmente, es decir, en más de 100 casos, se deben agotar las hipótesis que señalan la existencia de asesinos seriales y la comisión de esos delitos como parte de ritos de iniciación, entre otras.

En ese contexto, refirió que durante su labor como comisionada del gobierno federal en aquella ciudad fronteriza conoció también hipótesis de por qué hay diferencias entre estadísticas oficiales en torno al número de feminicidios y otras que elaboraron académicos y organizaciones no gubernamentales. Entre ellas, mencionó los casos de algunas consumidoras de droga que “aparecían muertas como si se hubieran aplicado una dosis letal, pero en realidad podría tratarse de homicidios encubiertos por parte de deallers o distribuidores”.

Expedientes sin actualizar

Asimismo, indicó que “algunos expedientes que se empezaban con la figura de lesiones y cuyas involucradas morían a los tres días, no se actualizaban, y los hechos quedaban como lesiones, cuando debían ser de homicidio”.

La titular de la Fevintra declaró que en aquellos casos de pederastia, violencia contra el sector femenino y trata de personas, el órgano su cargo proveerá “los datos que sean necesarios para fortalecer las indagatorias”.

Así, explicó que en el tema de las mujeres de San Salvador Atenco, “efectivamente hay una averiguación previa en curso, y es uno de los casos a los que se está dando prioridad”, y confió en que pronto pueda reunirse con habitantes de ese municipio mexiquense.

Durante la entrevista, Guadalupe Morfín reveló también que en la fiscalía a su cargo no existe antecedente alguno de que se haya iniciado una investigación en contra de una gran red de pederastia con nexos nacionales e internacionales, en la que también estuviera Jean Succar Kuri. Esto es, desmintió la versión que en su momento dio su antecesora, Alicia Elena Pérez Duarte, de que indagaría al respecto.

Sin embargo, se comprometió a aportar “toda la sinergia necesaria para erradicar la impunidad, y cuando exista una investigación abierta, la Fevintra aportará los datos que se necesiten para que se marque un antes y un después en estas redes que vulneran a niños y niñas”.

La reforma judicial legalizará atropellos: ONG a la CIDH

Impulsa figuras violatorias de derechos humanos

• Envían al organismo información urgente sobre el tema

Emir Olivares Alonso

Protesta de organizaciones civiles frente a la Cámara de Diputados en rechazo a la reforma judicial, el pasado 19 de febrero Foto: Jesús Villaseca

Ante la inminente aprobación de la reforma judicial, en la que “prevalecen elementos contrarios a las garantías de debido proceso y al respeto pleno de los derechos humanos”, diversas organizaciones civiles (ONG) enviaron información con “carácter de urgente” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores del Sistema de Naciones Unidas en la que manifiestan su preocupación ante las modificaciones que prevén elevar a nivel constitucional figuras “violatorias de las garantías fundamentales”, como el arraigo y los allanamientos sin orden judicial, entre otras.

La Red Todos los Derechos para Todos –que aglutina a más de 50 ONG–, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos hicieron además un llamado a los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado democrático, con la aprobación de las reformas.

“Nuestra preocupación por los aspectos de la reforma que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos nos llevó a acudir –en octubre de 2007– a la CIDH para informar al respecto. En vista de que el proceso ha continuado y existe el grave riesgo de que sea concluido sin que se eliminen los puntos de la reforma que limitan las garantías procesales, el miércoles 20 de febrero hemos enviado información actualizada a ese órgano internacional, con carácter de urgente, así como a los relatores de la ONU con competencia para conocer del tema”, señalaron.

En el documento de exposición ante las instancias internacionales, las ONG destacan que la reforma permitiría a la policía realizar allanamientos sin orden judicial de por medio. “Los defensores de esta modificación tienden a olvidar la tradición de abusos característica de las policías mexicanas. Un legislador ha recordado al respecto que ‘la segunda y tercera causas de las quejas por transgresión de derechos humanos’ emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales”.

Otra vulneración es que se elevaría a la Constitución la figura del arraigo en casos de delincuencia organizada: “esta práctica, tal como funciona en la realidad mexicana, ha sido considerada como violatoria de los derechos humanos, pues funciona como prisión preventiva, carente de control judicial efectivo”.

En su exposición destacan que la reforma permitiría la existencia de “delitos inexcarcelables”, ya que en el artículo 19 de la Carta Magna se incorporaría una serie de pautas para decidir sobre la prisión preventiva, entre los que se incluye que ésta vaya siempre aparejada al procesamiento por ciertos delitos, enumerados en la propia Constitución. “Esta norma atenta contra el principio de presunción de inocencia, pues de acuerdo con éste, la prisión preventiva debe ser siempre excepcional y revisable”.

Asimismo, refieren que las modificaciones crean un subsistema de excepción para los acusados de delincuencia organizada. Con ello existiría “un régimen excepcional para procesar a personas acusadas de pertenecer al crimen organizado, régimen que se aplicaría desde la investigación de los hechos, lo que no sólo atenta contra las garantías del debido proceso, sino contra el principio de igualdad, reconocido en el artículo primero de la Constitución”.

¡Alto a la Ley Gestapo!

Las Mujeres sin Miedo invitamos a tod@s l@s que sabemos que la llamada ley Gestapo es contraria al estado de derecho, violatoria de los derechos humanos y constitucionales de l@s mexican@s y pretende dar un paso más en el propósito de reprimir con violencia el descontento social, de tratar de confundir delincuentes y narcotraficantes con luchadores sociales y lograr que el Ejército Mexicano y las policías federales, estatales y municipales continúen y aumenten las conductas delictivas a las que día a día tratan de acostumbrarnos. Los invitamos a que reflexionemos en el seno familiar, laboral, social y de manera libre y autónoma manifestemos nuestro rechazo a la aprobación en el Congreso de dicha iniciativa, que será discutida el próximo martes.

¿Qué pretenden quienes propusieron esta aberración jurídica? ¿Cómo es posible que se pierda tanto del valioso tiempo del debate nacional en una iniciativa que a todas luces es contraria a la democracia que merecemos?

Sabemos que la mayoría de los diputados que voten a favor de esta ley darán su voto a quien les llegue al precio, que no representan a nadie más que a los capitales que los sostienen. Son ignorantes e irresponsables los desmemoriados que creen que con represión lograrán gobernabilidad. Sabemos que sólo la justicia social es el camino que transitar si queremos un país en paz.

De ser aprobada esta iniciativa de ley, apoyaremos hasta sus últimas consecuencias, con acciones coordinadas, al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) para llevar el caso a la corte internacional, porque no permitiremos que se legalice este crimen contra la democracia y la justicia.

Nos unimos a la iniciativa del FNCR, y abrazamos a doña Rosario Ibarra, quien con su fuerza femenina y su claridad de madre y luchadora nos inspira y anima.

Colectivo Mujeres sin Miedo, http://mujeressinmiedo.blogspot.com/

• Llama Rosario Ibarra a frenar la ley Gestapo
• ¡No a la Ley Gestapo!
• Preparan protestas contra Calderón
• ¡Aguas con la “Ley Gestapo”!

Felipe el demócrata - Helguera

Aprobar la reforma judicial nos dejará en estado de indefensión: Olamendi

ONG acuden a la CIDH

Por Lourdes Godínez Leal

México, DF; 21 feb 08 (CIMAC).- Ante la posible aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al sistema de justicia penal, ONG de derechos humanos enviaron ayer por la tarde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores de Naciones Unidas información “urgente” en la que se considera que en esta iniciativa prevalecen elementos contrarios a las garantías del debido proceso y el respeto pleno a los derechos humanos en México.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó hoy lo anterior y agrega que esta es la segunda ocasión que se presenta el tema en la CIDH.

En octubre del año pasado las organizaciones civiles acudieron a una audiencia temática en la CIDH donde expusieron varias preocupaciones de las ONG, la fundamental fue que se aprobara una iniciativa de reforma en los términos en que se encuentra en la actualidad, ya que contiene puntos como elevar a nivel constitucional las figuras de arraigo y allanamientos sin orden judicial, las cuales con violatorias de los derechos humanos.

Al presentar esta información “urgente” las ONG dan seguimiento al tema presentado en octubre pasado ante esta instancia internacional, con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y hacen un nuevo llamado para que se atiendan las violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

La discusión en primera lectura de las reformas al Sistema de Justicia Penal se programó para el día de hoy en la Cámara de Diputados, sin embargo su análisis y posible aprobación se pospuso para la sesión de la próxima semana, el martes 26 de febrero.

En el comunicado, organizaciones civiles como el Prodh, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos y Abogadas y Abogados para la Justicia hicieron un llamado a las y los legisladores a no limitar las garantías procesales propias de un Estado de derecho democrático, ya reconocidas en los tratados internacionales ratificados por México, “en aras de un siempre incierto combate contra el narcotráfico”.

Señala que las ONG han resaltado que las acciones preventivas y de persecución a la delincuencia organizada y el narcotráfico deben darse con pleno respeto a los derechos humanos, por lo que “legalizar” en la Constitución un proceder contrario, sienta las bases para su violación.

ESTADO DE INDEFENSIÓN

Al respecto, la experta en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Olamendi Torres, señaló que uno de los principales problemas que enfrenta México es la falta de respeto a los derechos humanos y, de aprobarse la iniciativa de reforma judicial, “quedaremos en un estado de indefensión”.

Ya que, enfatizó, esta iniciativa no garantiza la protección de los derechos humanos en nuestro país y da más “poder” a MP y policías que son más corruptos que antes.

La ex subsecretaria para temas globales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró que antes de “priorizar” esta reforma se tuvo que haber realizado una revisión de las más de las 400 recomendaciones que organismos internacionales han hecho a México en esta materia, específicamente en la actuación de policías, MP y jueces.

En su opinión, estamos en el México de los 70 --época que se conoce como la Guerra Sucia contra la guerrilla-- “lo cual me parece gravísimo”, subrayó.

Como también lo es la ausencia de las y los legisladores y en particular del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quien en su opinión, lejos de votar en contra y sólo oponerse, debieron haber puesto sobre la mesa propuestas serias en materia de derechos humanos.

La feminista y experta en violencia de género lamentó que no hay garantía de que con esta reforma, la policía y el MP mejoren porque “los hechos hablan de un sistema de procuración de justicia mucho más corrupto que antes y darle más poder a estas instancias me parece que es un problema muy serio”.

Para Olamendi Torres lo más preocupante de la reforma es la ausencia de los derechos humanos y el poder que se aumenta para el aparato de justicia, ya que una vez que tengan éste y teniendo más facultades de intervenir en muchos casos so pretexto de combatir la delincuencia y el crimen organizado y, ante la ausencia también de una definición clara de ambos, colocan a la ciudadanía “en un estado de indefensión”, insistió.

La ex funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado para insistir en que hay más de 400 recomendaciones internacionales que deben tomarse en cuenta, para conocer cómo nos están viendo en el exterior en el tema de justicia.

Eso ayudaría, dijo, a pensar y proponer una reforma seria con una visión diferente de la que ha sido consensada entre las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

08/LGL/CV