viernes, agosto 28, 2015

Padres y madres de los 43 normalistas insisten en que se les diga ‘‘dónde están’’

  • Realizan una marcha en Iguala al cumplirse 11 meses de los acontecimentos
  • Demandan que Gobernación autorice que los expertos de la CIDH permanezcan más tiempo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 28 de agosto de 2015, p. 9
Chilpancingo, Gro.
Esta tarde padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, maestros y colonos, marcharon en Iguala al cumplirse 11 meses del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 alumnos. En un mitin insistieron en que lo importante es que el gobierno diga ‘‘dónde están nuestros hijos’’.
Entre los contingentes participó Marisa, esposa de Julio César Mondragón, uno de los tres estudiantes normalistas que fueron asesinadosñ él fue desollado. La marcha partió de la Plaza de las Tres Garantías, en Iguala, hasta llegar a la calle Juan Álvarez esquina con Periférico Norte, donde se colocaron ofrendas florales. Posteriormente se trasladaron al lugar donde murió Julio César Mondragón. Ahí su esposa colocó una cruz de aluminio.
En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, declaró que hasta el momento la Secretaría de Gobernación no les ha enviado por escrito la autorización para que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanezca en el país otros seis meses para concluir la investigación.
Sobre lo expresado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, quien ‘‘desmintió’’ los señalamientos del grupo de expertos de la CIDH, donde indicaban que fueron desaparecidas videograbaciones de la escena en donde se aprecia la intervención de la policía el 26 de septiembre, expresó: ‘‘Es parte del encubrimiento entre ellos (el gobierno) de la escena del crimen; les fue fácil desobedecer y desaparecer las evidencias’’.

Informa Arely Gómez que hay ocho detenidos más por Ayotzinapa

  • Se enviarán a Austria las muestras recabadas de diversas prendas de los normalistas
  • Asegura que ha trabajado ‘‘de la mano’’ con el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH
  • Se seguirá investigando ‘‘hasta que el último responsable sea consignado’’, dice la procuradora
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de agosto de 2015, p. 8
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, sostuvo en el Senado que se seguirá investigando la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ‘‘hasta que el último responsable sea consignado’’.
La funcionaria informó que hay ocho nuevos detenidos cuya participación fue clave en el caso Iguala, y que en las próximas horas se enviará al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Innsbruck, en Austria, las muestras recabadas de diversas prendas y objetos pertenecientes a los normalistas.
Al intervenir en la séptima reunión plenaria de los senadores del PRI y el PVEM, la procuradora sostuvo que desde su llegada a la dependencia ha cumplido su compromiso de trabajar de la mano, ‘‘con plena apertura y transparencia con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con los que ha sostenido 45 reuniones de trabajo en los pasados seis meses’’.
Durante estos encuentros se han establecido intercambios muy valiosos para el desarrollo de la investigación, dijo. ‘‘Nos han planteado 152 peticiones, de las cuales se ha cumplido 80 por ciento y estamos trabajando en el desahogo de las restantes, que en ocasiones requieren de la colaboración de otras instancias y autoridades’’, precisó.
Una de ellas, dijo, ‘‘fue instruir a que se acumularan todas las causas penales en un mismo juzgado, como ellos lo solicitaron’’. Además, ‘‘acabo de instruir a que las muestras recabadas de diversas prendas y objetos pertenecientes a los normalistas de Ayotzinapa sean remitidas al Instituto de Medicina Legal de la Universidad Innsbruck, en Austria’’.
La diligencia de entrega para el análisis correspondiente se realizará en las próximas 72 horas por el subprocurador de derechos humanos de la PGR, detalló Arely Gómez.
La titular de la PGR agregó que el expediente del caso creció 38 tomos para llegar a 123 al día de hoy, con 14 anexos en total. ‘‘Precisamente sobre el expediente es que elaboramos ya una versión pública que en este momento está siendo revisada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y muy pronto se dará acceso a los solicitantes de esa información’’.
La procuradora Gómez, que fue recibida con efusividad por sus antiguos compañeros de bancada en el Senado –se dirigió al coordinador priísta, Emilio Gamboa Patrón, como ‘‘líder’’– dijo que es consciente de que los hechos de Iguala, que están próximos a cumplir un año (el 26 de septiembre), “han lastimado a la sociedad mexicana’’ y por ello se ha reunido con los familiares de los 43 desaparecidos.
‘‘Y les he abierto las puertas de la institución para que puedan conocer en todo momento el curso de la investigación’’, añadió la procuradora.
Delitos como los cometidos en Iguala ‘‘deben ser castigados con todo el peso de la ley. El Estado mexicano no tolera la impunidad, estamos obligados a llegar a las últimas consecuencias’’.
Sólo el discurso de la procuradora fue público; la sesión de preguntas y respuestas se desarrolló a puerta cerrada y los senadores no trataron el tema Ayotzinapa.

jueves, agosto 27, 2015

Sergio González Rodríguez cuenta la historia de ‘Los 43 de Iguala’

El periodista publica un análisis de lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014, fecha en que desapareció un grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa. 
Sergio González Rodríguez cuenta la historia de Los 43 de Iguala
(Foto: Redacción AN/ Anagrama

El periodista y escritor, Sergio González Rodríguez publica Los 43 de Iguala volumen, investigación que rompe la artificiosa división entre buenos y malos, insurrectos y gobiernistas, sobre lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
El escritor ofrece una crónica-ensayodocumentada y argumentada, donde revela los agentes, factores, causas, fuerzas y responsabilidades que fueron el detonante de aquella noche de atrocidades.

“Debo hablar –afirma González Rodríguez– de lo que nadie quiere ya hablar. Contra el silencio, contra la hipocresía, contra las mentiras, habré de decirlo. Y lo hago porque sé que otros como yo, en cualquier parte del mundo, comparten esta certeza: el influjo de lo perverso ha devorado la civilización, el orden institucional, el bien común”.

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, decenas de estudiantes mexicanos fueron atacados por policías y criminales. Después sucedió una de las barbaries más estremecedoras de los últimos tiempos. Según el gobierno mexicano, los jóvenes fueron secuestrados y sufrieron golpes y torturas antes de ser asesinados; sus cuerpos fueron incinerados por los criminales. Las familias de las víctimas se negaron a aceptar lo sucedido bajo un reclamo: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, e incriminaron al Estado. La indignación que suscitaron esas atrocidades dividió a las personas en dos bandos: quienes apoyan a ultranza la causa de los estudiantes y quienes aceptan la ‘verdad histórica’ del gobierno.

En este sentido, escribe el periodista: “Tengo frente a mí sobre mi mesa de trabajo, fotografías, documentos, informes, transcripciones judiciales, testimonios, grabaciones, videos acerca de la crueldad extrema que aconteció una noche de verano en una ciudad al sur de México, la cual, por un entrecruzamiento avieso de sucesos, predestinaciones, azares, intenciones, se convierte en un ejemplo exacto de la vigencia de lo perverso bajo la apariencia de lo normal: allí donde confluyen el poder y el contrapoder del orden global. (…) Esta historia sucede ahora en otras partes del mundo de modo semejante y nos resistimos a verlo. Si alguien lo niega o lo duda, le reto a que lea completo este libro. Debemos recobrar la lucidez ante la actualidad del horror consentido, y ejercer la libertad de transformar lo aciago”.

Ayotzinapa, 11 meses de búsqueda

Marchan miles del Ángel al Zócalo; hacen presencia en embajadas
Foto
Aspecto de la marcha para pedir justicia a 11 meses del caso AyotzinapaFoto Marco Peláez
Emir Olivares y José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de agosto de 2015, p. 4
Han sido 11 meses de ‘‘rabia, indignación, coraje, dignidad y búsqueda’’. Casi un año sin saber el paradero de sus hijos; 334 días desde que policías del municipio de Iguala, Guerrero, atacaron con armas de fuego a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, dejando a tres de ellos muertos, 43 más desaparecidos y cinco heridos.
Ayer, los familiares de los normalistas realizaron la 15 Acción Global por Ayotzinapa, que incluyó la presencia ante embajadas de varios países y una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. En ambas acciones, los manifestantes exigieron al gobierno federal ampliar seis meses más el periodo para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siga con sus investigaciones sobre este crimen.
La jornada concluyó con un mitin en el Zócalo. Desde ahí, los padres y madres de familia anunciaron las actividades para conmemorar el primer aniversario de los hechos, que incluirán un ayuno de tres días, entre el 24 y el 26 de septiembre; la preparación para la jornada que se conocerá como ‘‘Día de la Indignación Nacional’’ o ‘‘Paro Político Nacional’’, el 26, así como un ‘‘contrainforme de la situación real que vive el país’’, entre el 31 de agosto y el primero de septiembre.
Asimismo, se informó que varias organizaciones sociales estadunidenses realizan gestiones para que en el marco de la visita del papa Francisco a Filadelfia, del 25 al 27 de septiembre, una comisión de padres y madres de Ayotzinapa pueda ser recibida por el pontífice.
Al tomar la palabra en el Zócalo, Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, señaló que en estos 11 meses el gobierno federal sólo ha demostrado ‘‘que no tiene palabra’’, porque ‘‘no ha cumplido las promesas que hizo frente a los familiares’’.
Informó que hace unos días se reunieron con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien demandaron que se prorrogue el periodo de trabajo GIEI. En principio, el funcionario aceptó la idea, ‘‘pero nos acabamos de enterar por nuestros abogados de que el gobierno tomará la decisión hasta después del 6 de septiembre, día en que el grupo de expertos presentará su informe final’’.
En las movilizaciones de ayer también participaron colectivos sociales, organizaciones sindicales y estudiantes, entre otros. De acuerdo con los organizadores, en la marcha vespertina participaron 3 mil personas. En la ruta final hacia el Zócalo, los manifestantes hicieron un alto en el ‘‘antimonumento’’ con el número +43, en el cruce de Reforma y Bucareli, donde hicieron un ‘‘pase de lista por los ausentes’’.
La madre del estudiante José Álvarez Nava exigió al ‘‘gobierno corrupto que nos entregue a nuestros hijos. No estamos pidiendo un favor, es su obligación entregar a los 43 y a los miles de desaparecidos que hay en el país’’.
Por la mañana, se dividieron en varios contingentes para visitar las embajadas de 30 países y entregar un documento en el que solicitan a los diplomáticos su intervención a fin de que las autoridades mexicanas autoricen una prórroga a las investigaciones que realiza el GIEI, pues consideraron que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República ‘‘han sido ineficaces y la dependencia ha sido incapaz de ofrecer verdad y justicia’’. Así, visitaron las representaciones de Portugal, Argentina, España, Bélgica, Francia, Tailandia y la Unión Europea, entre otras.
Por otra parte, tres personas fueron detenidas al término de la marcha en la estación Zócalo de la línea 2 del Metro. De acuerdo con el reporte de los hechos, un grupo de personas llevó la protesta por Ayotzinapa hasta las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo.
En la entrada del acceso sur invitaron a los usuarios a pasar sin pagar. Liberaron los torniquetes; sin embargo, ante la afluencia se hizo una gran aglomeración. Se abrieron las puertas laterales, pero también resultaron insuficientes para la entrada de personas.
Eran las ocho de la noche y la gente seguía llegando, por lo que empezaron a empujarse, lo que generó una confrontación con el personal de la estación, que al verse superado por los manifestantes pidió refuerzos.
Durante algunos minutos hubo empujones, golpes y forcejeos, así como gritos de los usuarios, algunos de los cuales presentaron crisis nerviosas.

miércoles, agosto 26, 2015

“Inacabada”, investigación del caso Ayotzinapa: Vidulfo Rosales

mié, 26 ago 2015 12:05
México, DF. La aceptación del gobierno mexicano para prorrogar el mandato del grupo de expertos en el caso de Iguala es positivo, pero es una muestra de que la investigación por la desaparición de los 43 normalistas está inacabada, y por lo tanto no hay una “verdad histórica” como la que se pretende hacer creer, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de familia de Ayotzinapa.
"Por el contrario, falta mucho por investigar y eso nos coloca a nosotros en la lucha por la justicia y la verdad histórica", dijo el abogado entrevistado en el inicio de la Jornada Global por Ayotzinapa.
Expresó su deseo de que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contenga recomendaciones contundentes respecto de líneas adicionales que pueda tener la investigación y se incluyan entidades o instituciones que hasta ahora no han sido requeridas como el Ejército y algunos políticos, entre ellos el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
Además, Vidulfo Rosales dijo que todavía es posible que este grupo de expertos pueda entrevistar de manera directa al grupo de militares que estuvieron el día de los hechos en el destacamento de Iguala. "La solicitud está firme y para nosotros es muy relevante que ese encuentro se dé".
Destacó que la prórroga admitida permite otra vez colocar esta exigencia sobre la mesa y hacer que sea posible. "Los expertos han encontrado datos que implican al Ejército el día de los hechos, por lo que es importante que los militares puedan responder de manera directa a los cuestionamientos del grupo de expertos", insistió.

Hoy no pedimos, exigimos a EPN una respuesta: Padres de los 43 a 11 meses de su desaparición

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Padres de los 43 encabezan marcha a once meses de la desaparición de los jóvenes. Foto: Twitter @masde131
Padres de los 43 encabezan marcha a once meses de la desaparición de los jóvenes. Foto: Twitter @masde131
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Al cumplirse 11 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, miles de personas se congregaron en el monumento al Ángel de la Independencia para participar en la marcha para exigir la presentación con vida de los estudiantes.
“Aquí estamos más firmes que nunca en el corazón de la capital para recordarles que en Guerrero y en México faltan 43″, exclamó Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, previo a que iniciara la marcha en Paseo de la Reforma, en este día que se cumplen 11 meses de que los jóvenes estudiantes fueron desaparecidos forzadamente en Iguala, Guerrero, por policías municipales y supuestamente entregados a sicarios de una banda criminal.
“Hoy los padres de familia ya no lloran, tampoco piden que el gobierno les cumpla. Hoy le exigen a Enrique Peña Nieto una respuesta pronta porque así se comprometió él en esa ocasión que nos reunimos en la residencia oficial de Los Pinos. Diez puntos que para él quedaron en el olvidó pero que para nosotros están en la memoria porque nos faltan 43″, expresó.
En su mensaje, de la Cruz aclaró que el movimiento no se ha desviado ni dividido, a pesar de los intentos que, dijo, ha hecho el Gobierno mexicano para desmovilizarlos.
A la marcha, que forma parte de la XV Acción Global por Ayotzinapa, acudieron cientos de personas de todas las edades y organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, así como contingentes de varias universidades como del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Autónoma de la Ciudad de México (UACM), además de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La marcha se dirige hacia el zócalo capitalino y a lo largo de Paseo de la Reforma se han apostado policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), algo que no se había visto en movilizaciones anteriores por los 43 normalistas.
Los padres de los 43 en la embajada de Grecia. Foto: Twitter vía @PlantonxAyotzi.
Los padres de los 43 en la embajada de Grecia. Foto: Twitter vía @PlantonxAyotzi.
Horas antes, dos brigadas de familiares y compañeros de los 43 jóvenes se manifestaron afuera de las embajadas de varios países en la Ciudad de México para pedir su respaldo en la lucha.
“Estamos recorriendo las embajadas para entregar un documento de petición de apoyo diplomático”, dijo por la mañana a la agencia dpa, Felipe de la Cruz.
Las brigadas acudieron, entre otras, a las embajadas de Vietnam, Hungría y Portugal al inicio de su recorrido.
AUTORIDADES PIERDEN EVIDENCIA
La PGR, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) y el Tribunal Superior de Justicia, son culpables de la pérdida de evidencia fundamental para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, dijo Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso.
Rosales Sierra se refiere al extravío de unos videos provenientes de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, ubicado a la salida de la ciudad con rumbo a Chilpancingo, y que debieron grabar el momento exacto en donde fueron secuestrados de un autobús Estrella de Oro la mitad de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa).
“Ahí la policía de Iguala y Guerreros Unidos para a los estudiantes, las cámaras captaron todo, a cabalidad, porque es casi abajo del Palacio de Justicia. Toda la mecánica de los hechos”, dijo.
Los videos, explicó Vidulfo, fueron remitidos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de ahí desaparecieron.
“La Procuraduría de Justicia del Estado debió requerir al Tribunal esos videos y de oficio la presidencia del Tribunal debió poner a disposición la evidencia”, afirmó el abogado.
Para Vidulfo Rosales si los videos no aparecen, se perderá evidencia irreparable y también, la oportunidad de esclarecer los hechos.
En su último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la CIDH, reveló la posible existencia de esos videos.
“El GIEI ve con preocupación la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, dijo el Grupo en el comunicado.
En su informe, el GIEI indicó que la PGR no informó a los familiares y sus abogados sobre el hallazgo de ropa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 27 de septiembre del año pasado.
Claudia Paz del GIEI informó que en junio el Grupo de Expertos se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho “grave desde el punto de vista de la investigación”.
“Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares. El Grupo pidió ese mismo día a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del EAFF para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada. Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético”, señaló el grupo de expertos.
Vidulfo Rosales indicó que la ropa no sólo se ocultó, sino que no se adjuntó al expediente de manera adecuada.
“Es una situación grave, porque esa ropa presenta manchas, no sabemos qué tipo de manchan son. Si se hubieran adjuntado en un inicio de la investigación, hubiera habido mayor facilidad para realizar los exámenes de genética e identificar de quiénes son esas ropas”, dijo.

domingo, agosto 23, 2015

Los expertos de la CIDH tienen indicios que los normalistas están vivos: vocero de padres de los 43

Por:  / 23 agosto, 2015


23 de agosto, 2015).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que hay indicios de que los jóvenes podrían seguir vivos, informó el vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, esto en su más reciente visita a la Normal Rural de Ayotzinapa.
El integrante del GIEI, que es auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alejandro Valencia Villa se reunió con padres de los 43 desaparecidos en la Normal Rural de Ayotzinapa, como parte de los preparativos del último informe del grupo, que se presentará en los primeros días septiembre.
De la Cruz declaró que en el encuentro privado entre los padres y Valencia Villa, en el que se les informó que el GIEI no logró entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército respecto a los ataques del 26 y 27 de septiembre, se les dijo que hay indicios de que los normalistas podrían estar vivos.
Sin embargo, aún no se tiene información sobre cuáles son los argumentos sobre los cuales se basa el GIEI para mencionar esa línea, en otro punto, De la Cruz mencionó que el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) coincide , y se prueba que la “verdad histórica” que dio a conocer el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam en enero, es falsa.
De la Cruz recalcó que no conocen qué tipo de pruebas podrían tener tanto el GIEI como el EAAF al respecto, pero el último informe de los expertos tendrá todos los detalles de la investigación, así como las irregularidades del caso Ayotzinapa que está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
También hizo mención de la destrucción de los videos que grabaron las cámaras de la sede del  Tribunal Superior de Justicia en Iguala la noche del 26 y los primeros minutos del 27 de septiembre, los padres no dudan en que haya otro tipo de pruebas que las autoridades ocultaron.
Los expertos de CIDH hicieron pública no sólo la preocupación de la pérdida de pruebas como la destrucción de una videograbación donde se aprecia la participación de la policía de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, también mencionaron la aparición de ropa de los normalistas que no había sido utilizada como evidencia y que luego de cinco meses no han podido entrevistar a militares como testigos del caso.
Los expertos de la Comisión argumentan que el Estado mexicano, les impone como requisito que sea a través de un cuestionario escrito. Sobre la solicitud de entrevista presencial a los militares como testigos, esto, tendría que ser ante Ministerio Público.
Sin embargo los especialistas afirman que un cuestionario no tendrían control de cómo ni de que responderían los militares. Hasta ahora, solo el 48 % de las peticiones hechas al gobierno han sido cumplidas.

Seguiremos buscando a nuestros hijos aunque nos digan locas


Rubicela Morelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 23 de agosto de 2015, p. 9
Huexca, Mor. María Elena Guerrero Vázquez, madre de Giovanni Galindes Guerrero, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, dijo que no volverá a su casa y no descansará hasta no encontrar a su único hijo.
Exigió al presidente Enrique Peña Nieto que presente con vida a los estudiantes y reiteró que policías municipales de Iguala los detuvieron y se los llevaron, por lo que, dijo, las autoridades deben saber en dónde están.
La madre de Giovanni, de 20 años, participó junto con otros padres de los normalistas desaparecidos en la reunión de Pueblos de Morelos en Resistencia, celebrada en el poblado de Huexca (donde se edifica y hacen pruebas para que opere una termoeléctrica) para pedirles que los apoyen en su lucha por hallar a sus vástagos.
Llorando, Guerrero Vázquez, originaria del poblado de Poliutla, municipio de Tlapehuala, región de la Tierra Caliente de Guerrero, una de las zonas más inseguras y violentas por las disputas entre cárteles de la droga, pidió a los pueblos de Morelos y a los maestros del Movimiento Magisterial de Bases, presentes en el encuentro, que los continúen apoyando en las manifestaciones para exigir al gobierno que les devuelva a sus hijos.
Como madres no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos y no vamos a regresar a nuestra casa sin ellos; (Giovanni) es mi único hijo, cuya ilusión fue prepararse para servir a la gente y a la sociedad; (pero) creo que ahora en este país es un delito estudiar, reprochó.
Macedonia Torres Romero, madre de José Luis Luna Torres, otro de los normalistas, originario de Amilcingo, Morelos, advirtió que continuarán protestando aunque la gente y los medios oficiales las tachen de locas.

Piden que el gobierno amplíe el plazo a expertos que investigan el caso Ayotzinapa

Hay deficiencias en verdad histórica, señalan legisladoras
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 23 de agosto de 2015, p. 9
El gobierno federal debe ampliar el plazo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que concluya su investigación del caso Ayotzinapa, demandaron las senadoras Angélica de la Peña y Dolores Padierna, del PRD.
De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó ya una propuesta ante la Comisión Permanente y confía en que se dictamine a la brevedad. Resulta fundamental que para cumplir con los fines del acuerdo con la CIDH el gobierno federal amplíe los términos del mismo, toda vez que las investigaciones y los procedimientos penales en relación con la desaparición forzada de los 43 normalistas no han concluido por parte de las autoridades competentes.
Padierna consideró que se debe ampliar el plazo debido a que los expertos encontraron deficiencias en la investigación de la PGR, así como evidencias de que se ocultó información.
El grupo de expertos está a escasos 12 días de concluir su primer mandato y no ha podido avanzar lo suficiente porque las autoridades federales insisten en que la versión de su verdad histórica sea la que se mantenga.
La senadora Padierna recalcó que los expertos toparon con la constante negativa de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional para entrevistar a los militares de la región de Iguala e inspeccionar los cuarteles. Se encontraron también con la ausencia del Ejército en la investigación de la PGR, lo que genera más dudas y suspicacias de las que debería aclarar.
Agregó que si se atienden las deficiencias en la investigación de la PGR que los expertos han señalado no sería extraño que en los próximos meses pudieran salir libres varios de los implicados en el caso, incluyendo a la pareja Abarca-Pineda.
Añadió que el ex presidente municipal de Iguala y su esposa fueron procesados y encontrados culpables del homicidio de Arturo Hernández Cardona y otros dirigentes sociales de Iguala, pero no es consistente la acusación sobre la desaparición de los jóvenes normalistas.
Además a ninguno de los procesados se le ha vinculado o imputado el delito de desaparición forzada, como sin con ello el gobierno presumiera que no existió.
Padierna adelantó que el PRD propondrá que se invite al grupo de expertos a una reunión formal con las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.

sábado, agosto 22, 2015

"Leo y comparto", de Eduardo Galeano

#AYOTZ1NAPA a 36 días

Léelo completo AQUÍ.


"Ayotzinapa y la matanza de Iguala", de Luis Hernández Navarro

Hace 329 días nos faltan 43 normalistas.

Puedes leerlo completo AQUÍ.


"Ayotzinapa, terror clasista", de Carlos Fazio

Hace 329 días nos faltan 43 normalistas.

Puedes leerlo completo AQUÍ.

#AYOTZ1NAPA



"Ayotzinapa: el rayo que no cesa", de Adolfo Gilly

Hace 329 días nos faltan 43 normalistas

"Ayotzinapa: el rayo que no cesa", de Adolfo Gilly. Puedes leerlo completo AQUÍ.

‪#‎AYOTZ1NAPA‬


Descarada destrucción de videos de Ayotzinapa


Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 22 de agosto de 2015, p. 13
Chilpancingo, Gro.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, anunció que a partir de que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la probable destrucción de videos sobre al caso, solicitó que se investigue a la presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, y de comprobarse su culpabilidad, que se le finque juicio político y destituya.
Entrevistado durante la marcha que se realizó ayer para exigir la liberación de la comandanta de la policía comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, advirtió que la destrucción arbitraria y descarada de los videos reafirma la desconfianza que tenemos del gobierno federal y estatal, porque protegen a los que cometieron este crimen de lesa humanidad.
Señaló que los abogados “están tomando cartas en el asunto, porque hay omisión y protección al desaparecer las pruebas, que para nosotros son demasiado importantes, un video que nos pudo haber aclarado qué pasó después de que detuvieron el autobús (en el que viajaban los normalistas).
Si hay un responsable de la aplicación de la justicia es ella (Lambertina Galeana). No hemos tenido la oportunidad de reunirnos una sola vez con ella, no nos ha recibido, reprochó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, calificó de muy grave que se acuse a uno de los tres poderes en la entidad, pero pidió esperar a que se realice una investigación a fondo para fijar una postura.

viernes, agosto 21, 2015

Piden ONG ampliar mandato a expertos de la CIDH en el caso de los normalistas

Envían cartas a Peña Nieto y a Emilio Álvarez Icaza
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Viernes 21 de agosto de 2015, p. 13
Diversas organizaciones de derechos humanos –estadunidenses e internacionales– expresaron su apoyo a la extensión del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para dar asistencia técnica al gobierno mexicano en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En sendas cartas al presidente Enrique Peña Nieto y a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, expresan esta conveniencia, a fin de que concluyan los trabajos y solicitudes de información que aún tiene pendientes el grupo de expertos, como los peritajes forenses y la investigación de las evidencias perdidas, reportadas en su reciente informe.
Firman los documentos Amnistía Internacional (AI), Brigadas Internacionales de Paz, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil),; Fundación para el Debido Proceso, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, JASS (Asociadas por lo Justo), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Robert F. Kennedy Human Rights.
En la carta dirigida al presidente Peña Nieto, consideran que la prórroga del mandato del GIEI es importante no sólo para completar las labores aún pendientes en el caso de los estudiantes desaparecidos, sino también para abordar la problemática más amplia de las desapariciones forzadas en el país. Además, destacan que casi la mitad –40 por ciento– de las solicitudes de información permanecen sin respuesta o con respuesta parcial.
Desapariciones forzadas
En tanto, en la enviada a Álvarez Icaza las ONG recuerdan que el periodo inicial del mandato del GIEI es de seis meses –vence en los primeros días de septiembre–, con posibilidad de renovarlo si aceptan las partes, y que el apoyo técnico de los expertos no se limitaría al caso de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también segnificaría la oportunidad clave para avanzar en un tema de carácter estructural que México sufre desde hace años, como son las desapariciones forzadas de personas.
Por ello, añaden, es que este apoyo del grupo de expertos es necesario, pues entre 2007 y 2015 se se tiene el registro de más de 25 mil personas desaparecidas, con muchas investigaciones incompletas y pocas condenas.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa demuestra el alcance y las dimensiones de la problemática de las desapariciones forzadas en México. Por eso, su investigación también debe ser emblemática y constituirse en un ejemplo de cómo llevar a cabo una investigación exhaustiva para poder lograr verdad y justicia para las víctimas y sus familias, se señala en la carta enviada a la CIDH.

jueves, agosto 20, 2015

Ordena Inai a la PF entregar reportes de la base en Iguala


Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de agosto de 2015, p. 8
El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) ordenó a la Policía Federal (PF) entregar toda la documentación sobre partes informativos y de novedades, fatigas, reporte de incidentes y de actividades, bitácoras, oficios y fichas informativas, escritas o de correos electrónicos, elaboradas por personal de ese organismo adscritos a la base ubicada en Iguala, Guerrero, del 24 al 30 de septiembre de 2014, en particular los asociados con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Patricia Kurczyn, comisionada del Inai, sostuvo que es de especial relevancia permitir el acceso a la información que se vincule con la averiguación previa sobre hechos presuntamente constitutivos de violaciones graves a derechos humanos, pues no sólo se afecta a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad por su gravedad y por las repercusiones que implican.

Anuncia Ortega que tiene información digitalizada de los hechos de Iguala

Se la entregó el ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco, dice
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 20 de agosto de 2015, p. 6
Chilpancingo, Gro.
El gobernador Rogelio Ortega anunció que tiene su poder información digitalizada que le entregó el ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y fueron asesinadas seis personas, entre ellas tres alumnos, además de que otros 30 alumnos resultaron heridos.
Ortega aseguró en entrevista colectiva que Blanco le entregó hace unos 10 meses un video y una memoria digital con parte de las primeras investigaciones que la Fiscalía General de Guerrero realizó sobre los incidentes en Iguala de los días 26 y 27 de septiembre. Dijo que ese material está a disposición de las autoridades que lo requieran.
Ortega pidió a las autoridades judiciales que determinen si el ex gobernador Ángel Aguirre tuvo alguna responsabilidad de lo que aconteció en Iguala, con el propósito de que se castigue a los autores materiales e intelectuales de la tragedia.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galena, y el vocero, magistrado Miguel Barrero, se negaron a dar respuesta a la denuncia del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes denunciaron que se destruyó un video grabado el 26 de septiembre en Iguala.

Familiares del normalista Julio César Mondragón piden realizar otra autopsia

  • Exigen a los gobiernos federal y de Guerrero no obstaculizar las investigaciones
  • Solicitan que peritos argentinos exhumen los restos y analicen a profundidad el caso
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de agosto de 2015, p. 6
Luego de señalar que el Equipo Argentino de Antropología Forense debe exhumar el cuerpo de Julio César Mondragón, los familiares del normalista de Ayoztinapa que fue asesinado y desollado en Iguala hace casi 11 meses exigieron a los gobiernos federal y de Guerrero no obstaculizar más las investigaciones del caso.
Explicaron que el reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostró que los trabajos realizados durante las diligencias del levantamiento del cadáver y la necropsia de ley fueron parciales y omitieron señalar, estudiar pruebas y datos que estaban a la vista.
Los peritos ocultaron información y apresuraron sus conclusiones; esto atenta contra los principios que rigen la labor de las instituciones que procuran justicia, por lo que esa ineficacia y falta de autonomía de quienes realizan los peritajes obliga a realizar exámenes forenses posmortem.
Mediante una carta, que es respaldada por varios colectivos y centros de derechos humanos, los familiares de Julio César Mondragón comparten las observaciones y recomendaciones del grupo de expertos, que en su reciente informe señalaron haber solicitado un peritaje independiente para examinar las autopsias realizadas no sólo a Julio César, sino a Daniel Solís y Julio César Ramírez, otros de los normalistas asesinados.
Un estudio realizado por el médico forense Francisco Etxeberría, de la Universidad del País Vasco, muestra que en la autopsia de Julio César Mondragón no se evaluaron algunas lesiones que aparecen en el informe original y en las fotografías.
Entre las cuestiones que una nueva autopsia debería analizar están la causa y valoración de las fracturas craneales, otras fracturas no descritas, así como las huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características, reportó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe.
Para realizar la exhumación, los familiares de Julio César Mondragón solicitan a la autoridad judicial del fuero común en Iguala, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la PGR que permitan y faciliten que los forenses independientes trabajen sin obstáculos, con los mecanismos adecuados que salvaguarden su participación en la cadena de custodia del material extraído y que impidan la contaminación de muestras, la pérdida de pruebas o fallas en la manipulación de los restos.
Destacaron que con la exhumación quieren poner fin a la especulación, a las preguntas sin respuesta o respuestas parciales y malamente respondidas, y responsabilizaron al Estado mexicano por la muerte de Julio César, por la pérdida de evidencia que su intervención ineficaz o nula produjo, y también por el doloroso impacto sicosocial que les causará este proceso.

miércoles, agosto 19, 2015

Errores y omisiones en la autopsia del normalista desollado

Peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, aseguran. Piden que las autoridades no obstaculicen las investigaciones y que el Equipo Argentino de Antropología Forense realice la exhumación de Julio César Mondragón.
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Familiares de Julio César Mondragón -normalista asesinado el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero- denunciaron que “los trabajos realizados durante las diligencias de levantamiento de cadáver y necropsia de ley fueron parciales y omitieron señalar, estudiar evidencia y datos que se tenían a la vista”.
“Los peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones, esto atenta contra los principios que rigen la labor de las instituciones que procuran justicia, principios como honestidad y apego a la verdad, profesionalismo, imparcialidad y legalidad. Resultado de esta ineficacia y falta de autonomía es la necesidad de realizar exámenes forenses post mortem, con la conducente revictimización de una familia golpeada por la represión de Estado“, señalaron sobre el trabajo realizado por la Fiscalía del Estado de Guerrero.
Ante ello, manifestaron que “es necesaria una nueva autopsia y para ello la exhumación del cuerpo de Julio César Mondragón Fontes. Queremos poner fin a la especulación, a las preguntas sin respuesta o respuesta parcial y malamente respondidas”, pero en lugar de que se encarguen peritos locales, que sean los argentinos.
“La falta de ética y profesionalismo de los peritos cuyos dictámenes forenses están contenidos en el expediente de Julio César Mondragón Fontes son muestra clara de la nula voluntad que desde el principio han tenido las autoridades de Guerrero para resolver las ejecuciones extrajudiciales, lesiones, desaparición forzada y tortura cometidas por agentes del Estado Mexicano”, sostuvieron.
Para los familiares, la Fiscalía de Guerrero ha fallado en investigar conforme a derecho los hechos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero; la Procuraduría General de la República (PGR) por su parte, no atrajo el caso de Julio César Mondragón Fontes, “a pesar de las graves irregularidades que ya hemos denunciado y que desde el primer momento lo solicitamos”.
“Ha sido tal el desaseo en la investigación que hoy, con los datos contenidos en el expediente, no es posible establecer la causa de muerte de Julio César Mondragón Fontes“, sostuvieron.
“Por estas razones hemos solicitado al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que nos asista para obtener una opinión fundamentada, con los elementos que la ciencia y la técnica pueden permitir para esclarecer la verdad a casi un año de lo sucedido. Nuestra confianza y nuestras esperanzas se encuentran en el trabajo del EAAF”, indicaron los familiares del normalista de Ayotzinapa.
Para lograr ese objetivo, solicitaron a la autoridad judicial del fuero común en Iguala, a la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a la Procuraduría General de la República que permitan y faciliten que los especialistas forenses independientes puedan trabajar “sin obstáculos, con los mecanismos adecuados que salvaguarden su participación en la cadena de custodia del material extraído y que impidan la contaminación de muestras, la pérdida de pruebas o fallas en la manipulación de los restos”.
Reconocieron que la “operación de re-autopsia es difícil y compleja, por lo que también solicitamos sean proporcionadas las instalaciones e instrumentos idóneos para su realización”.
Confiaron en que al fin se pueda identificar el número de personas que participaron en su ejecución y contribuya como prueba jurídica al enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales del crimen.

Ayotzinapa, la mentira histórica al desnudo

Familiares de los 43 protestan en el Congreso de Guerrero. Foto: Germán Canseco
Familiares de los 43 protestan en el Congreso de Guerrero.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- El 27 de enero pasado Jesús Murillo Karam dio una de sus últimas y polémicas conferencias de prensa sobre los sucesos de Iguala y la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Presumió la detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y afirmó que tras 386 declaraciones “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.
Murillo Karam ya no está en la PGR, pero su “verdad histórica” sigue siendo tan cuestionada y desmantelada como en su momento lo fue su tenebroso relato del “holocausto” en Cocula, Guerrero, del 7 de noviembre anterior.
La pretensión de darle “carpetazo” a la desaparición de los 43 normalistas fue su misión como procurador, nunca la justicia y menos una investigación a la altura de la conmoción nacional e internacional generada por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
El reciente avance del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH viene a ser una estocada no sólo a la “verdad histórica”, sino a las mentiras veladas y abiertas de Murillo Karam y de todos los integrantes del Estado mexicano involucrados en la investigación.
“No hay una sola evidencia” de la participación del Ejército en los sucesos de Iguala, sentenció aquel 27 de enero Murillo Karam. Ahora, este lunes 17 el GIEI fue contundente: existe una negativa sistemática del Estado mexicano para que los expertos independientes entrevisten a militares del 27 batallón de Iguala.
“El GIEI no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado y; sin embargo, en este caso es remitido a la vía penal… En nuestra respuesta remitida al Estado el 4 de agosto señalamos la urgencia de hacer las entrevistas y la disponibilidad de hacerlo del 10 al 14 de agosto, en nuestra última visita antes de presentar el informe”, subrayaron en el documento que está disponible en la página oficial del grupo de expertos.
La respuesta de la PGR a este grupo de cuatro expertos fue que formularan “por escrito” las “posiciones” que consideren formen parte de la diligencia ministerial y que, derivado de las características de esta indagatoria, “sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar las posiciones que sean formuladas”.
El GIEI lamentó la respuesta y considera relevante poder entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala, sin inculparlos o responsabilizarlos de nada.
No puede existir “verdad histórica” en tanto el Estado mexicano se cierre a la posibilidad de que los efectivos militares rindan cuentas de su papel –aun sea por omisión– en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
El GIEI también aportó nuevas revelaciones que sacuden todas las certezas de la “verdad histórica”:
1.- Se perdieron pruebas del caso. Lo más grave es la destrucción de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de los 43 normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia. “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos”, advirtieron los especialistas en su informe preliminar.
2.-Nuevas evidencias de ropa de los normalistas desestimadas por la PGR. Esta falla es considerada “grave” por el GIEI, pues en la diligencia original del 27 de septiembre de 2014 se resguardó ropa de algunos de los normalistas desaparecidos. Esta situación no era conocida por familiares ni representantes legales y tampoco existía “un registro específico ni procesamiento de la misma”.
El GIEI ha pedido a la PGR que esta ropa fuera examinada por sus peritos y por los integrantes del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF), el primer organismo internacional que cuestionó abiertamente la “verdad histórica” de Murillo Karam.
3.-Necesidad de nuevas autopsias ante evidencias de “posibles artefactos o de caninos”. En el caso de Julio César Mondragón Fuentes, de Daniel Solís y Julio César Ramírez, los especialistas advierten que “no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original de la autopsia y en las fotografías proporcionadas”. En el caso de Mondragón se registraron “huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características”.
Ninguna de las 386 declaraciones que Murillo Karam presumió como parte del expediente de 115 tomos mencionó la existencia de perros en el ataque a los normalistas ¿Por qué? ¿Quiénes utilizan perros para agredir a jóvenes?
Por esta razón, el GIEI solicitó que se haga una “segunda autopsia” al cuerpo de Julio César Mondragón.
4.-No se les reconoce como víctimas de desaparición forzada.- Ni a los heridos ni familiares de los normalistas, ni a las víctimas directas o indirectas del caso, se les han dado “medidas de atención y reparación integral”. El GIEI ha pedido a la CNDH que “realice recomendaciones para que todas las disposiciones de la ley de víctimas y el conjunto de los derechos de las víctimas cuenten con el necesario reconocimiento y soporte legal”.
En tanto la “verdad histórica” pretende dar carpetazo desde la célebre conferencia del 7 de noviembre del “Ya me cansé” de Murillo Karam, los análisis e informes de entidades ajenas al Estado mexicano reiteran que se trata de un caso de desapariciones forzadas que no ha sido indagado ni investigado como tal.
El informe preliminar del GIEI (el final se dará a conocer el 2 de septiembre próximo) constituye, quizá, el golpe más certero a la mentira histórica que el Estado mexicano pretende construir en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Peritos argentinos y CNDH
Antes de este documento, los peritos de la EAAF cuestionaron el 7 de febrero la “verdad histórica” de Murillo Karam con un informe muy detallado que resultó una clara denuncia a la manera de la PGR de colectar y resguardar evidencias.
Los peritos argentinos afirmaron que no estuvieron presentes en la recolección de evidencias en el basurero de Cocula entre el 27 de octubre y 6 de noviembre de 2014. Los peritos de la PGR recogieron evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos “sin haber avisado ni contar con la presencia de la EAAF”.
También señalaron la “ausencia de custodia en el basurero de Cocula”, entre el 7 y el 28 de noviembre anterior.
La EAAF encontró “fuerte evidencia sobre la existencia de múltiples focos de fuego en los últimos años en el basurero de Cocula”, por lo tanto, no es concluyente la tesis de la PGR de que fue “un solo evento de fuego” el que originó que calcinaran presuntamente a los normalistas.
El 24 de julio pasado en su Informe del Estado de la Investigación del Caso Iguala, la CNDH también señaló que se cometieron varias fallas y omisiones para aclarar los hechos. El organismo mexicano mencionó la “falta de pruebas”, pero no fue tan detallado ni explícito como los cuatro expertos del GIEI.
¿Qué hará ahora la procuradora Arely Gómez ante el desafío que plantean las observaciones y denuncias a la “verdad histórica” de Murillo Karam?
Si la orden de Enrique Peña Nieto es mantenerse en la tesis original de un holocausto cometido por sicarios del narcotráfico, coludidos solamente con policías municipales de Iguala, estaremos presenciando la mentira histórica más grave y más vergonzosa del Estado mexicano frente a la comunidad internacional.
Twitter: @JenaroVillamil
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