martes, mayo 24, 2016

Otra agresión más contra el pueblo de Atenco; expulsan y golpean a defensores e instalan malla y postes en 150 hectáreas

Por:  / 24 mayo, 2016
aeropuertoatenco
(24 de mayo, 2016).-  Por ayer se reportó que los elementos de la fuerza pública, en esta ocasión los policías federales y el cuerpo de Guardias de Seguridad del Estado de México tomaron el control de los terrenos de ejidales Atenco y Nexquipayac para resguardar a los trabajadores que participan en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
El despojo se dio con los elementos de seguridad acompañados por alrededor de 250 ejidatarios que están vinculados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes golpearon y expulsaron a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco quien instaló un plantón desde abril pasado en el cerro de Huatepec para proteger sus tierras.
Los integrantes del FPDT denunciaron que la ocupación de los elementos de seguridad como el ingreso de los trabajadores del NAICM viola el amparo que otorgó el juez noveno de distrito, el cual protege sus tierras de cualquier tipo de labor para la construcción del aeropuerto.
El día de ayer los trabajadores colocaron en más de 150 hectáreas postres de concreto y malla ciclónica y fueron acompañados por Humberto Pérez Piedra, coordinador del Grupo Aeroportuario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien aseguró que el gobierno de Peña ya había hecho la negociación y pagó los terrenos.
Por su parte los defensores y defensoras de Atenco anunciaron que seguirán defendiendo sus tierras y el operativo se suma a una más de las agresiones en su contra, pero no por ello se van a dejar intimidar.

Irrumpen Policía Federal y grupos de choque en Atenco



POR  ,
ATENCO, Edomex. (apro).- Elementos de las fuerzas federales irrumpieron esta mañana en terrenos de San Cristóbal Nexquipayac, los cuales se encuentran en litigio por la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICIM), para el resguardo de cuadrillas de trabajadores que tienen por encomienda construir la barda perimetral de la terminal aérea.
Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), advirtió que el ingreso de estas personas “viola flagrantemente un amparo que nos protege a distintas comunidades del despojo que el gobierno insiste en perpetrar en contra nuestra… Es parte de la zona que no tiene qué afectarse, hay un proceso legal, están violentando la ley”.
“Estos trabajadores están entrando a tierras de uso común del ejido de Nexquipayac que fueron adquiridas de manera fraudulenta por la Conagua, valiéndose de la intimidación, la ilegalidad y el engaño”, acusó el FPDT.

Del Valle Medina aclaró que no todos los ejidatarios de la zona han vendido sus terrenos porque prevalecen algunos pobladores en desacuerdo.
Además, calificó esta acción como una estrategia de provocación en la que los ejidatarios que se oponen al proyecto no van a caer.
“Ellos están diseñando una estrategia de enfrentamiento. No nos hemos acercado, nos vamos a mantener en el campamento del cerro de Tepetzingo –localizado a una distancia aproximada de un kilómetro–. Seguiremos defendiendo la tierra, enérgicos, pero con una actitud de no enfrentamiento”, aclaró.
Los elementos policiacos, refirió, se están auxiliando por integrantes del comisariado ejidal, “coludidos con el gobierno y los empresarios, que se han vuelto títeres y obedientes de este proyecto”, así como por grupos de choque identificados con el Movimiento Antorchista, y con el sobrevuelo de helicópteros.
Las cuadrillas, acusaron los inconformes, son comandadas por el comisariado ejidal Bulmaro Álvarez y por el presidente del Consejo de Vigilancia Antonio Guillén, quienes también tomaron el campamento de vigilancia del FPDT montado sobre el cerro Huatepec.
El pasado 12 de abril una tanqueta del Ejército ingresó a tierras de Tocuila para resguardar a funcionarios de la Conagua, y el 27 de ese mismo mes a trabajadores de la autopista.
Derivado de la oposición de los ejidatarios a estos trabajos, la constructora Cypsa Vise promovió en su contra las denuncias 322180830034716 y 322180055415 por el delito de obstrucción de los trabajos, pero Ignacio del Valle enfatizó que, en todo caso, quienes deben denunciar la invasión de tierras son los vecinos.

FPDT denuncia incursión ilegal en territorios en resistencia

Ciudad de México, 24 de mayo de 2016. A través de un comunicado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) denunció la incursión ilegal de trabajadores del Grupo Aeroportuario al territorio de Nexquiyapac con la intensión de trazar la barda perimetral del pretendido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Los trabajadores llegaron acompañados de alrededor de 200 elementos de la Marina, Policía Federal, estatal y municipal.
Los integrantes del Frente señalan que el perímetro del Lago de Texcoco es también parte del territorio de los pueblos, pese a que el gobierno lo llame zona federal, y por lo tanto esta incursión viola los amparos interpuestos por los pueblos afectados por dicha obra.
La población de Nexquiyapac se ubica en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, por lo que los integrantes del Frente reconocen estas incursiones como actos de provocación ante la tensa situación que se vive en la zona y advierten el riesgo inminente de criminalización y represión de quienes se oponen a la construcción del aeropuerto.
El FPDT advirtió que hay intentos por dividir y confrontar a los pueblos afectados a partir del ofrecimiento de empleo en las próximas obras a los pobladores. En el comunicado se detalla que a dicha incursión acudieron representantes ejidales de los núcleos de Ixtapan, Nexquipayac, Atenco, La Colonia Francisco I. Madero y Tocuila acompañados de personas reconocidas como “integrantes de grupo de golpeadores conformado principalmente por gente afín al PRI”.
Ante esta situación, el FPDT exige el retiro de todo tipo de cuerpo policíaco militar, federal y Marina de sus territorios, el respeto del derecho a la libre determinación de los pueblos y con ello la cancelación del NAICM. 

Comunicado del FPDT Atenco ante nueva incursión ilegal en nuestras comunidades


LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE
Denunciamos que el día de hoy lunes 23 de mayo, alrededor de las 8 de la mañana, ingresaron de manera ilegal al territorio de Nexquipayac trabajadores del grupo aeroportuario escoltados por más de 200 elementos de la Policía Federal, Marina, estatal y municipal. Esto con la intención de trazar la barda perimetral del Aeropuerto que pretende imponer el gobierno de Enrique Peña Nieto, violando de manera flagrante los amparos interpuestos por los pueblos afectados que manifestamos nuestro total rechazo a esta obra de muerte, además de las afectaciones al ecosistema de la Ribera del ex-lago de Texcoco.
En esta nueva incursión ilegal también estuvieron los representantes ejidales de los núcleos de Ixtapan, Nexquipayac, Atenco, La Colonia Francisco I. Madero y Tocuila quienes sin consultar a sus asambleas ni a sus respectivos pueblos originarios dieron consentimiento para que esta avanzada del despojo se llevara a cabo.
Denunciamos también la presencia del grupo de golpeadores conformado principalmente por gente afín al PRI, los mismos que participaron en la destrucción del mural de Atenco, símbolo de la lucha y la defensa de la tierra, de igual modo en la asamblea ejidal del 1º de junio de 2014 y en el tribunal Agrario de Texcoco, todos ellos comandados por Andrés Ruíz Méndez quien funge como presidente municipal de Atenco y al mismo tiempo como Comisariado de facto del núcleo ejidal de Atenco y Alejandro Santiago López alias “el oaxaco”.
Estas incursiones ilegales son actos de provocación que el gobierno está montando para atizar los ánimos y justificar la reprensión en contra de las comunidades e integrantes que conformamos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Con estas acciones se reitera la mentira de Enrique Peña Nieto que desde que vuelve a imponer y reactiva la construcción del aeropuerto en septiembre de 2014, donde aseguraba que no iba a tocar nuestras tierras. Sin embargo el perímetro del lago de Texcoco que hoy llaman zona federal también es parte de nuestro territorio el cual ya están devastando.
La utilización de trabajadores para las obras del aeropuerto proviene de nuestros propios pueblos haciendo de esto una táctica para dividir y confrontarnos entre nosotros mismos, cosa que hemos señalado y rechazado tajantemente.
Ante esta situación hacemos un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como primera instancia, y también a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales tanto independientes como oficiales para que se manifiesten por el respeto a la vida, la de los que la estamos defendiendo y la salvaguarda de nuestro territorio.
Exigimos la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el respeto a la voluntad de nuestros pueblos que ejercen el derecho a la libre determinación.
Exigimos que se retiren todo tipo de cuerpo policíaco militar, federal, y Marina, de nuestros territorios. 
Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal del agravio que siguen prolongando para nuestra vida comunitaria y que nuevamente nos ponen en riesgo para ser criminalizados y reprimidos siendo estos los primeros en atropellar nuestros derechos humanos.
Convocamos a los medios de comunicación nacionales e internacionales a asistir mañana martes 24 de mayo a las 10:30 de la mañana en la plaza central de la comunidad de San Cristóbal Nexquipayac para dirigirnos, posteriormente al Cerro de Tepetzingo donde se desarrollará la Conferencia de Prensa.
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
¡Zapata Vive la lucha sigue!
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

lunes, mayo 23, 2016

ALERTA: Ingresan trabajadores acompañados de grupos de choque a Nexquipayac, Atenco



A las organizaciones de la sociedad civil y a los pueblos en defensa de la tierra
Al pueblo de México en general
Por este conducto queremos hacer de su conocimiento que en este momento, siendo las 11:45 horas del lunes 23 de mayo de 2016, están ingresando cuadrillas de trabajadores a la comunidad de San Cristóbal Nexquipayac, Municipio de Atenco, Estado de México, para intentar construir la barda perimetral del Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México (NAICM). Deseamos enfatizar que estos trabajadores están entrando a tierras de uso común del ejido de Nexquipayac que fueron adquiridas de manera fraudulenta por la CONAGUA, valiéndose de la intimidación, la ilegalidad y el engaño; además, recalcamos que el ingreso de estas personas viola flagrantemente un amparo que nos protege a distintas comunidades del despojo que el gobierno insiste en perpetrar en contra nuestra.
Debido al rechazo explícito del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) a estos intentos de despojo, en estos momentos la estrategia gubernamental está siendo que los trabajadores entren a nuestro pueblo “resguardados” por un grupo de individuos de la misma comunidad de Nexquipayac que han sido engañados y comprados por el gobierno federal, mismos que pretenden ser conformados hoy como grupos de choque para confrontar a quienes en estos momentos estamos resitiendo el despojo de nuestras tierras y la construcción del NAICM. Señalamos también que estos grupos están siendo dirigidos por el actual presidente del comisariado ejidal, Bulmaro Álvarez, títere corrupto y cómplice del gobierno federal en la fraudulenta compra-venta de tierras en nuestra comunidad.

Ante estos hechos, los integrantes del FPDT manifiestamos que continuamos firmes y en pie de lucha, que no caeremos en provocaciones y convocamos a  las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo de México en general a mantenerse atentos a los acontecimientos. Hacemos responsble al gobierno federal y a sus cuerpos de seguridad de cualquier enfrentamiento que pueda ocurrir en nuestra comunidad.

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!
¡NO AL AEROPUERTO EN NUESTRAS TIERRAS!
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, PUEBLO DE NEXQUIPAYAC
San Cristóbal Nexquipayac, Atenco, a 23 de mayo de 2016.

“No hay una bolita de cristal” para saber qué ocurrió con los 43 de Ayotzinapa: Peña en ‘La Jornada’

Hay "ciertas hipótesis que ha apuntado la PGR de lo que pudo haber pasado", refirió. 
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Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro

El presidente Enrique Peña Nietoaseguró que no hay “bolita de cristal” que revele lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala tras un ataque por parte de policías durante el 26 y 27 de septiembre 2014.

“El único empeño del gobierno es esclarecer y apoyar la petición de la sociedad en general y de los padres a conocer qué pasó. No hay una bolita de cristal que nos pudiera regresar en el tiempo y saber exactamente con precisión qué ocurrió. Hay indicios, una investigación y elementos que te llevan a conclusiones. Si no a éstas, por lo menos aciertas hipótesis que ha apuntado la PGR de lo que pudo haber pasado“, dijo en entrevista para La Jornada

–¿El caso Ayotzinapa quedará como la gran deuda de su gobierno?-, le preguntó al mandatario la periodista Rosa Elvira Vargas.

“Estamos dispuestos a llegar al esclarecimiento en lo que permita toda la investigación, quizá una de las pocas (en México) con tal nivel de profundidad, de recursos humanos, materiales y financieros del Estado dedicados a la misma. Nunca he logrado entender una cosa: cuándo pasó el gobierno a ser señalado, si lo único que quiso fue atraer un asunto ocurrido en una entidad, Guerrero”, comentó Peña.

“El gobierno (federal) intervino para esclarecer y apoyar la investigación de qué había ocurrido, dónde estaban, cuál había sido el paradero de los jóvenes desaparecidos, en una obligación del Estado de cómo vamos en coadyuvancia y, eventualmente, en sustitución de la autoridad competente a hacer esta investigación. Y así fue como la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo ese asunto”, abundó.

“El nivel de apertura del gobierno en este ánimo es tal, que abrimos el espacio para que viniera un órgano de coadyuvancia (CIDH) en esa tarea. Pregunto: ¿cuándo pasamos a ser señalados como implicados, culpables? Es una barbaridad sólo pensar ese tema. O sea, querer participar para ayudar a esclarecer, a ser señalados con cierto grado de responsabilidad por lo ocurrido ahí. Me parece un tanto absurda esa transición”, reflexionó.

Peña Nieto reconoció que “no ha sido una investigación fácil” la del caso Ayotzinapa, e incluso la comparó con la del magnicidio del candidato Luis Donaldo Colosio.

–¿Confía en que su gobierno llegará al esclarecimiento total?

–No voy a acelerar más allá la investigación. Creo que debe seguir todo un proceso. Espero, es mi deseo, que en este gobierno se pueda concluir. Sería lo deseable. Pero es un tiempo que no me toca definirlo, sino a la parte investigadora, a la PGR, que además, lo he reiterado, es la autoridad y tiene la responsabilidad y obligación en términos de ley-, concluyó sobre el tema.

(Entrevista completa en La Jornada)

El GIEI, Tomás Zerón y la trama de Iguala

Carlos Fazio /III
L
as graves irregularidades co­­metidas por el jefe de la Agencia de Investigación Cri­minal (AIC), Tomás Zerón, en su casi furtiva presencia en el río San Juan, no fueron las únicas. En su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo identifica como la fuente original de la quinta versión sobre el destino final de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El 7 de septiembre de 2015, al día siguiente del primer informe del GIEI donde los expertos expresaron su convicción de que en las condiciones señaladas por los presuntos inculpados resultaba imposible que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, Tomás Zerón afirmó: Nosotros estamos seguros que lo que pasó es un gran incendio, que ahí fueron quemados un grupo importante, sin poder afirmar, que fueron los 43, pero sí un grupo importante de estudiantes (ver informe final del GIEI, página 252).
La afirmación venía a contradecir lo que el propio Zerón había dicho en enero de ese año, cuando informó públicamente de la detención de Felipe Ro­dríguez Salgado, presunto jefe de sicarios del grupo criminal Guerreros unidos, quien, dijo, habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Dichas declaraciones, aduce el GIEI, supusieron un cambio en la práctica en la versión oficial hasta entonces mantenida y se venía a sumar a otras cuatro ya existentes: a) la referida a Pueblo Viejo; b) la casa de seguridad; c) la versión de Los peques, y d) el basurero de Cocula.
Según el informe del GIEI, a partir del 7 de septiembre de 2015, en distintas reuniones con autoridades de la Procuraduría General de la República, altos funcionarios de la institución comenzaron a decir que nadie había hablado de números. A su vez, esa nueva versión sostenida por Zerón, según la cual un número menor de estudiantes había sido asesinado e incinerado en Cocula, no había sido expresada hasta ese momento en ninguna de las declaraciones rendidas por los presuntos miembros de Guerreros unidos y era inconsistente con lo señalado por los supuestos perpetradores que declararon haber participado en los hechos.
A su vez, la PGR consideraba que los estudiantes incinerados en Cocula eran 43, hasta el punto de encargar una pericia sobre el número de personas que podría transportar la camioneta blanca de tres toneladas que según dos de los inculpados, Jonathan Osorio y Miguel Landa, se había utilizado para trasladar a los estudiantes. Para concluir que sí cabían 43 personas, la PGR ubicó en la camioneta a un número igual de miembros de la Agencia de Investigación Criminal.
El 17 de septiembre de 2015, 11 días después de que el GIEI advirtiera sobre una quinta versión y a 10 de que Zerón modificara la versión de los hechos, fue capturado Gildardo López Astudillo, quien en una primera declaración en presencia de un funcionario del GIEI y un abogado de los familiares de los 43 desaparecidos, no reconoció ninguna participación en Guerreros unidos. Horas después, ya sin la presencia de éstos, el imputado Gil modificó su versión: los estudiantes habían sido separados en dos grupos, unos fueron entregados en Lomas de Coyote y otros llevados a un rancho de un supuesto líder del grupo criminal donde los cocina y se hacen agua. Nadie le preguntó en qué consistía ese proceso ni dónde estaba el rancho…
Al respecto, señala el GIEI: “Ese hecho muestra un problema que se ha dado a lo largo de la investigación (…) La autoridad parece dar credibilidad a nuevas versiones, sin claridad sobre los criterios para hacerlo, ni las consecuencias para el conjunto de la investigación y frente a otras declaraciones tomadas hasta entonces. Si esos hechos fueran ciertos, entonces las cinco declaraciones anteriores en las que se basaba la teoría del basurero no tendrían valor. Nuevamente son las declaraciones las que controlan el destino de la investigación y no las pruebas objetivas, yendo éstas a avalar dicha versión, dado que en algunos informes periciales se observa un fuerte sesgo confirmatorio” (ver informe, pág. 255).
En una entrevista con miembros del GIEI, Gildardo López indicó que le fue señalado qué declarar y que a cambio podría salir en libertad en un futuro. Agregó que dicha declaración fue ensayada y cada vez que se había equivocado se volvía a grabar. Si bien el GIEI asienta en su informe que no tiene elementos para dar credibilidad o no a ese relato, consigna que El Gil es una de las personas con indicios de haber sido sometida a torturas.
Según el testimonio entregado a Naciones Unidas por otro imputado (Agustín García), nunca hizo una confesión espontánea de su parte y en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 hubo un montajeorquestado por Tomás Zerón y funcionarios de la PGR. Adujo que en todo momento fue amenazado y coaccionado por los miembros de la Marina que lo detuvieron y torturaron; fue obligado a memorizar datos y nombres para incluirlos después en su confesión, y aleccionado acerca de lo que tenía que hacer y decir.
Sus dichos contrastan con las declaraciones de Tomás Zerón el 27 de abril de 2016, cuando afirmó que en su diligencia en el río San Juan todo fue legal y conforme a derecho, y que incluso Agustín García los había guiado voluntariamente al lugar donde después, presuntamente, fue sembrada la bolsa con algún resto óseo de Alexander Mora.
Prácticas muy comunes en México, la siembra de evidencias y la tortura a los detenidos fueron dos de los temas rechazados por Zerón ante los señalamientos del GIEI. Un día después de la presentación pública donde el titular de la Agencia de Investigación Criminal negó tales hechos, la PGR dio vista a la visitaduría general para indagar su actuación y la de otros funcionarios. Tomás Zerón debió ser cesado de su cargo de inmediato, pero se dice que cuenta con poderosos padrinos y protectores en Los Pinos, entre ellos el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y el propio Enrique Peña Nieto.

Militares declararán por caso Iguala

Integrantes del 27 batallón atenderán ante el MP el cuestionario del GIEI
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de mayo de 2016, p. 2
Los integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, Guerrero, responderán ante el Ministerio Público el cuestionario incluido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe del caso Ayotzinapa.
Funcionarios del gobierno federal aseguraron que ‘‘la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está interesada en despejar cualquier duda que pudiera haber acerca de la conducta de sus elementos’’ la noche del 26 de septiembre de 2014.
El anterior fue uno de los puntos de desacuerdo entre el gobierno y el GIEI, cuyos integrantes insistieron en la necesidad de entrevistar directamente a los militares. No obstante, las autoridades dijeron que este paso correspondía aplicarlo al Ministerio Público.
El GIEI, cuya integración fue producto de un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó el 30 de abril pasado su trabajo de asesoría y ayuda para atender el caso de la desaparición de 43 jóvenes en Iguala.
Adicionalmente, el gobierno informó el sábado a la CIDH la preparación de un paquete de acciones para fortalecer la política de derechos humanos. Ahí se incluyen propuestas de políticas públicas presentadas por el grupo de expertos en sus 22 recomendaciones finales.
Según el documento base de las Medidas extraordinarias para el seguimiento interno de las recomendaciones del GIEI, se fortalecerán 10 acciones, entre las que se encuentra la creación de un mecanismo de coordinación para atender los casos de violaciones a derechos humanos.
En este mecanismo participarían los tres poderes de la Unión, los gobernadores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como un consejo asesor compuesto por personalidades y expertos de la sociedad civil.
Un segundo punto es el impulso para la aprobación de la ley general de desaparición forzada de personas y la cometida por particulares (actualmente en análisis del Senado), la cual incluirá –sgún la más reciente definición de este proyecto– la creación de fiscalías especializadas tanto en la Procuraduría General de la República (PGR) como en todas las entidades federativas.
Además se instaurará un sistema nacional de búsqueda, el cual deberá contar con un protocolo homologado que incluya investigación; además, el registro nacional para atender esta problemática, un banco de datos forenses, registro nacional de fosas y un registro administrativo de detenciones. El proyecto de ley prevé la integración de un consejo federal ciudadano como órgano de consulta del sistema nacional de búsqueda.
Un tercer punto se refiere a la aprobación y puesta en marcha de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Esta norma prevé la creación de unidades especializadas en PGR y en todos los estados; un programa y mecanismo nacionales para prevenir este delito, y un registro nacional con datos estadísticos en materia de tortura.
El resto del decálogo se refiere a la aprobación de la ley nacional de ejecución penal; modificaciones a la ley general de víctimas, igualmente en atención a las recomendaciones del informe final de GIEI, así como avanzar en la independencia técnica y la autonomía funcional de los servicios periciales y forenses de la PGR.
El punto siete se refiere a la integración de un equipo multidisciplinario de la Policía Federal a disposición de la PGR y de las víctimas de Ayotzinapa; el octavo prevé la implementación de un plan integral de atención a víctimas, convenido con el GIEI y de común acuerdo con las víctimas y sus representantes.
El punto nueve es la implementación en todo el país del sistema de justicia penal acusatorio, y el 10 fortalecer el sistema de alerta de violencia contra las mujeres, de acuerdo con el documento interno del gobierno federal al que tuvo acceso La Jornada.

domingo, mayo 22, 2016

Aún no aprueban mecanismo que siga recomendaciones al caso Iguala

  • La cancillería asegura que en los próximos días se afinarán detalles del esquema
  • Se atenderán los señalamientos del GIEI, insiste el gobierno en la reunión realizada en Washington
Foto
Las protestas para exigir justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa continuarán. La imagen, el pasado viernes frente a la PGRFoto Alfredo Domínguez
Georgina Saldierna y Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 22 de mayo de 2016, p. 7
Aunque avanzaron en la negociación para integrar el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Iguala, el Estado mexicano, los padres de los 43 normalistas desaparecidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no pudieron llegar ayer a un acuerdo definitivo sobre el tema.
Al dar cuenta de la reunión que tuvieron las partes en la sede del organismo interamericano, ubicada en Washington, Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que en los próximos días se afinarán los últimos detalles del esquema, una vez que los negociadores hayan realizado las consultas correspondientes.
Fuentes del gobierno federal consultadas indicaron que en el encuentro, que se prolongó seis horas, se siguió progresando en la conformación del mecanismo. Hubo acuerdos comunes, pero aún deben hacerse diversas consultas, puntualizaron.
Entre los consensos alcanzados, la SRE enfatizó el que se refiere al objetivo que tendrá el instrumento de seguimiento coordinado por la CIDH, y que será dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por el organismo y atender las recomendaciones emitidas por los expertos del GIEI, priorizando la investigación del caso y la atención a las víctimas.
La postura oficial
En un comunicado de la cancillería, los representantes del Estado mexicano reiteraron su voluntad y disposición para que la comisión, con base en sus facultades reglamentarias y con el acuerdo de los actores involucrados, dé el seguimiento correspondiente al tema de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
La delegación gubernamental estuvo integrada por Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, y el embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por los familiares de los normalistas desaparecidos asistieron sus representantes legales, los abogados Mario E. Patrón y Humberto Guerrero, así como Antonio Tizapa, padre de uno de los jóvenes.
La reunión, encabezada por el presidente de la CIDH y relator para México, James L. Cavallaro, fue precedida por el encuentro que sostuvo la titular de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, con los padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el jueves pasado.
Las fuentes gubernamentales consultadas recordaron que el pleno de la CIDH debe aprobar el mecanismo de seguimiento que finalmente se acuerde.
Entre los temas pendientes se encuentran, por ejemplo, la calendarización de las visitas del mecanismo a México y el formato de los informes que rendirá en forma periódica.

Descartan padres de los 43 que restos recién hallados sean de los estudiantes

No hay nexo con lo encontrado en Coacoyula: Vidulfo Rosales
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Domingo 22 de mayo de 2016, p. 7
La representación legal de los padres de 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos rechazó que los restos humanos hallados el martes en un paraje del poblado de Coacoyula, municipio de Iguala, Guerrero, correspondan a los de los estudiantes.
No hay un nexo en modo alguno que permita inferir que esos restos tienen relación con ellos. La llamada anónima que dio a conocer el hallazgo nunca refirió eso, manifestó Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En entrevista, el litigante informó que no obstante, presentaron una solicitud formal a la Procuraduría General de la República (PGR) para que hicieran presencia en Guerrero –lo que ocurrió el jueves pasado–, a fin de que tanto los peritos de la dependencia como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudieran iniciar el proceso de investigación correspondiente.
Indicó que la solicitud para que el EAAF pueda acceder a la evidencia recolectada y realizar las pruebas necesarias es para corroborar, conforme a la ley, si los restos óseos encontrados están o no vinculados con la indagatoria sobre la desaparición de los normalistas.
Vidulfo Rosales informó que ya se efectuaron los primeros trabajos de procesamiento y que los restos se trasladarán a la Ciudad de México para su identificación.
Aclaró que desde el momento en que se dio a conocer la noticia, un equipo de abogados de Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón trabajan en ese terreno.
El martes pasado se confirmó que en un paraje de Coacoyula, a la altura del punto conocido como El Mirador, fueron hallados alrededor de 50 huesos humanos, entre ellos cuatro cráneos incompletos.
Elementos ministeriales localizaron y ubicaron en dos predios fragmentos de cráneo, mandíbulas, tibias, dientes y peronés, así como partes de ropa y huaraches, informó la fiscalía de Guerrero.

sábado, mayo 21, 2016

Normalistas sobrevivientes, bajo amenaza

Decían que si no paraba de denunciar, mi familia y yo sufriríamos las consecuencias
Paula Mónaco Felipe
Especial para  La Jornada y El Telégrafo 
Periódico La Jornada
Sábado 21 de mayo de 2016, p. 32
Del calor de la costa guerrerense pasó a la nieve de Minnesota, Estados Unidos. De una familia unida y numerosa, a la soledad de llegar a un país extraño donde se habla inglés, idioma que no entiende. De la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a buscar refugio en casas de personas desconocidas.
Carmelo Ramírez Morales es el primer sobreviviente de Ayotzinapa que se ha visto obligado a dejar el país por amenazas y ahora pide asilo político a las autoridades estadunidenses.
“Llegué a fines de diciembre –dice vía telefónica desde Minnesota–, pero tomar la decisión de salir fue triste. Quienes me amenazaban ya estaban presionando a mi familia.”
Tiene 20 años. Sobrevivió a los ataques de septiembre de 2014 en Iguala y es primo de uno de los 43 desaparecidos, Carlos Iván Ramírez Villarreal.
Para resguardar su seguridad, por meses usó un nombre falso –Francisco Sánchez Nava–, pero de nada sirvió. Le llovieron amenazas desde que comenzó a dar testimonio público, cuando puso cuerpo y rostro a la denuncia.
La primera vez fue cuando me invitaron a unas ruedas de prensa en Coahuila, en febrero de 2015. Me empezaron a mandar mensajes desde números desconocidos; decían que si no paraba de denunciar, tanto yo como mi familia íbamos a sufrir las consecuencias.
Luego notó que lo seguían en una central camionera de la Ciudad de México. Otra vez lo citaron en Chilpancingo y le exigían que fuera solo al encuentro, pero no accedió. Por el contrario, acompañó a tres padres de desaparecidos a realizar una caravana por Sudamérica y en noviembre participó en otro viaje a Estados Unidos.
Al retornar a México, relata: le llamaron a mi hermana y le dijeron que tuvieran cuidado, que las cosas se habían salido de control, que ya me habían advertido y que ellos (su familia) iban a pagar las consecuencias de lo que yo hacía.
Después me siguieron llamando y me decían que me iban a matar. Me metían más miedo con mi familia, decían que iban a quemar la casa con todos adentro. Sus amigos le contaron entonces que a la cancha del pueblo llegaban hombres desconocidos preguntando por la casa de la familia Ramírez Morales. Aunque nadie les dio seña, Carmelo recibió más llamadas amenazantes y me daban detalles de cómo llegar a mi casa; sabían todo.
La certeza de que los suyos estaban en riesgo fue el detonante y partió rumbo a Estados Unidos, gracias a la ayuda de un religioso cuyo nombre prefiere ocultar para proteger su seguridad. Desde que estoy aquí ya no hay amenazas; cambié mi número de teléfono y toda mi familia también. Pero no estoy del todo tranquilo, aunque trabajo duro, mi mente no está bien porque mi familia todavía está en riesgo, explica.
El primer mes fue especialmente difícil: sin conocer a nadie, sin hablar inglés y sin dinero; comía poco. Trabajaba en una carnicería, pero ahora es cocinero en un restaurante y ya puede solventar sus gastos.
Llegó a Estados Unidos con visa, pero solicitó asilo político. En marzo pasado, patrocinado por el abogado Jeff Larson, quien lo representa gratuitamente (pro bono), ingresó una solicitud formal a la Oficina de Asilo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, con sede en Chicago, Illinois.
Larson y Ramírez esperan les concedan una entrevista con un juez de migración, pero “el trámite va muy lento –lamenta Carmelo–, tal vez porque soy el primer sobreviviente de Ayotzinapa que está pidiendo asilo”. A su permiso le quedan semanas de vigencia, y el temor lo invade cuando le dicen que el trámite podría demorar años.
Aunque siente a Minnesota como un refugio seguro, no es para él sinónimo de olvido: El 26 de cada mes hacemos algo aquí: pláticas, acciones o voy a otro estado a hablar sobre Ayotzinapa. Yo no quiero callar, voy a seguir denunciado.
Como él, varios normalistas han recibido amenazas. Carmelo Ramírez Morales es el primero en salir del país y no se arrepiente: Para buscar a los demás, necesitamos estar vivos.

Tercer cacerolazo consecutivo de padres de los 43 para exigir la renuncia de Zerón

  • Condición para que opere el mecanismo de seguimiento especial, advierten en la PGR
  • Si el director de la AIC no se va, entenderemos que hay encubrimiento: Vidulfo Rosales
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Si es necesario, todos los días nos van a tener parados en este lugar, advierten padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a la procuradora Arely GómezFoto Alfredo Domínguez
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Sábado 21 de mayo de 2016, p. 4
Por tercer día consecutivo, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa efectuaron ayer un cacerolazo ante la Procuraduría General de la República (PGR) en demanda de la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, expuso que el cese del funcionario es condición para que opere el mecanismo de seguimiento acordado con el gobierno federal, el cual se afinará hoy en Washington, en reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Planteó que “si no hay una separación del cargo de los funcionarios que urdieron la ‘verdad histórica’, que incurrieron en graves irregularidades dentro de la investigación, no tendrá sentido que haya un mecanismo de seguimiento especial.
Van a estar presentándose sus obstáculos y seguiremos teniendo problemas en la investigación. Por eso, aunque la primera condición de los padres de familia de que haya un mecanismo ya tiene un cauce, en el tema de Zerón de Lucio seguimos insistiendo y haciendo acciones que van a ir subiendo de tono en estos días si no hay respuesta, agregó.
En la manifestación ante la PGR, el vocero de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, Felipe de la Cruz, hizo una advertencia a la titular de la PGR, Arely Gómez: si es necesario, diario nos van a tener parados en este lugar, hasta que nos dé respuesta a esta demanda justa para poder llegar a la verdadsobre la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero.
Nosotros sabemos que el director de la AIC es una de las personas allegadas al Presidente de la República, pero le dijimos a Arely Gómez en la mesa que sostuvimos que tendrá que tomar decisiones importantes al respecto, si no, entenderemos que hay un solapamiento a esas irregularidades y que ella las asume como propias, agregó el abogado en entrevista.
Insistió en que personas como Zerón de Lucio han obstaculizado y desviado las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes, además de que han provocado un dolor adicional a los padres de familia. Hoy por hoy, gracias a esas personas no podemos saber la verdad.
Vidulfo Rosales aclaró que pusieron el plazo de 15 días –el cual vence el primero de junio– para que la procuradora dé respuesta a su exigencia, porque necesitamos una limpieza en la PGR, así como generar condiciones dentro de la dependencia para que arranquen las investigaciones con el mecanismo de seguimiento ya afinado y con los nuevos datos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han puesto en su informe.
Los padres de los normalistas golpearon con cacerolas y latas las rejas de la sede de la PGR y colgaron carteles con la frase Renuncia Zembrón. En el contexto de la protesta repudiaron el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y posteriormente encabezaron un foro sobre violaciones a derechos humanos frente a la dependencia federal.

viernes, mayo 20, 2016

Padres de los 43 exigen con 'cacerolazo' en PGR renuncia de Zerón

vie, 20 may 2016 11:43
Ciudad de México. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestan por tercer día consecutivo frente a la Procuraduría General de la República (PGR), donde golpean con cacerolas las rejas de la dependencia, en demanda de la renuncia de Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
La manifestación se enmarca dentro del plazo de 15 días que dieron a la dependencia para que cese al funcionario, de quien dicen ha mentido y llevado a cabo actuaciones sin que sean reportadas.
Sus exigencias se dan en la víspera de la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para afinar los detalles del mecanismo acordado con la Cancillería.
Los familiares de los normalistas repudiaron el desalojo de los maestros de la CNTE.

Padres apelarán sentencias dictadas en caso de la guardería ABC por bajas y parciales

  • Es evidente que la justicia no sólo llega tarde, sino también incompleta, resaltan
  • Anticipan que continuarán con la demanda ante la CIDH contra el Estado por el incendio
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de mayo de 2016, p. 7
Padres de familia de la guardería ABC, agrupados en el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, anunciaron que apelarán las sentencias dictadas en contra de 19 personas por el incendio ocurrido en la estancia infantil de Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, en el cual murieron 49 menores y 70 más resultaron lesionados.
Es evidente que la justicia no sólo llega tarde, sino también incompleta, reprochó José Francisco García Quintana, presidente del movimiento y padre del niño Andrés Alonso García Duarte.
En entrevista realizada en la Ciudad de México, calificó de muy bajas las penas dictadas en la sentencia de entre 20 y 29 años de prisión a 19 de los 22 involucrados en el proceso, e incluso la absolución para otras tres personas.
Precisó que en todos los casos los procesados han estado en libertad bajo caución, debido a que el juez nunca reclasificó los delitos de homicidio y lesiones culposas a dolosas. Además, debido a la apelación que ambas partes seguramente harán a la resolución del juez primero de Distrito en Sonora, el proceso se alargará todavía más, cuando menos otro año, lo que retrasa aún más la aplicación de la justicia.
Sin medidas para evitar tragedia similar
García Quintana informó que en paralelo de las instancias judiciales del país, los padres continuarán su demanda en contra del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, que conoce del caso desde octubre de 2014), a fin de fincar responsabilidades a altos funcionarios estatales del entonces gobernador Eduardo Bours, y contra el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Daniel Karam.
Explicó que esta demanda ante a la CIDH se debe también a que el Estado mexicano no tiene garantizada la no repetición de una tragedia similar, pues no ha implementado ninguna medida o programa para evitarla, además de que las sentencias son muy bajas y parciales, ya que hubo una persistente negativa tanto a reclasificar los delitos como a ampliar las consignaciones a otros presuntos responsables.
García Quintana señaló que en la actuación de la Procuraduría General de la República siempre favoreció que fueran exonerados Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, y su socio, Gildardo Urquídez Serrano. La verdad tampoco veo voluntad de la PGR para que se haga justicia, enfatizó García Quintana, cuyo movimiento estuvo ausente en la reunión que sostuvo la procuradora Arely Gómez con un grupo de padres de familia de la Guardería ABC.

Acuerdan crear un mecanismo para vigilar las recomendaciones del GIEI

  • Padres de los 43 alumnos desaparecidos en Iguala dialogan con Ruiz Massieu
  • Será coordinado por el relator de la CIDH para México y habrá visitas periódicas al país 
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Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala ofrecieron una conferencia de prensa después de reunirse con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz MassieuFoto Yasmín Ortega Cortés
Georgina Saldierna y Gustavo Castillo
 
Periódico La Jornada
Viernes 20 de mayo de 2016, p. 5
El gobierno federal y los padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala acordaron crear un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y que éste sea coordinado por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, James Cavallaro.
Luego de reunirse con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, en la sede de la cancillería, los paterfamilias y sus abogados informaron lo anterior y destacaron que quienes formen parte del instrumento efectuarán visitas periódicas al país, aunque queda pendiente determinar cada cuándo se llevarán a cabo.
El encuentro comenzó poco después de las 11 de la mañana y concluyó minutos antes de las 13 horas. La comitiva de Ayotzinapa incluyó a unas 60 personas, y del lado gubernamental también asistieron los subsecretarios para asuntos multilaterales de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas, y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
La reunión, buena y constructiva
Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el abogado de los paterfamilias, Vidulfo Rosales, y los padres Felipe de la Cruz y Melitón Ortega calificaron de buena y constructiva la reunión, pues hubo varias coincidencias, aunque aún hay temas pendientes, como la periodicidad de las visitas de quienes integraran el mecanismo.
Entre los acuerdos logrados con la funcionaria destacaron la necesidad de crear el instrumento y que éste dé seguimiento a las recomendaciones de los expertos. De igual manera vigilará las medidas cautelares otorgadas en favor de los estudiantes y presentarán informes periódicos.
Con este consenso, Patrón explicó, en conferencia de prensa, que se tendrá la oportunidad de que los informes del GIEI no se queden en el aire, sino que tengan un asidero que permita llegar a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, así como al fortalecimiento de la institucionalidad mexicana.
La conversación de ayer precede a la negociación que se efectuará en la CIDH el próximo sábado en Washington, donde se afinarán los detalles sobre la operación del mecanismo. A dicho encuentro acudirán tanto funcionarios mexicanos como una representación de los padres de los normalistas.
Al preguntarles si el gobierno mexicano aceptó la integración de algunos de expertos del GIEI en el nuevo instrumento, los abogados y padres de familia dijeron que el tema seguirá discutiéndose y aún no se descarta.
Según Patrón, la canciller admitió que hay un compromiso mutuo, tanto del gobierno federal como de los familiares, de seguir buscando a los jóvenes.
La representación de Ayotzinapa también expresó la necesidad de que las autoridades cumplan los acuerdos logrados ayer.
Acerca del hallazgo de una nueva fosa clandestina en Iguala, destacaron que primero debe establecerse la autenticidad de la llamada anónima que dio cuenta de la existencia de aquélla, porque ello daría certeza de que ese descubrimiento está vinculado con el tema de los normalistas.
Al concluir el encuentro los padres de los estudiantes se dirigieron a la Procuraduría General de la República (PGR), donde efectuaron un cacerolazopara exigir la renuncia de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigacipón Criminal, porque ha mentido y ha llevado a cabo actuaciones sin que sean reportadas.
Los manifestantes señalaron que dieron un plazo de 15 días para que la procuradora Arely Gómez despida al funcionario, La fecha se cumple el próximo primero de junio.

jueves, mayo 19, 2016

Rechazan padres propuesta de SRE sobre el mecanismo de seguimiento

Proponen participación y presencia de integrantes del GIEI
José Antonio Román y Georgina Saldierna
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de mayo de 2016, p. 12
En un intento encaminado a cerrar el caso y evitar la injerencia externa en las investigaciones del caso Iguala, el gobierno federal pretende aceptar sólo un mecanismo de seguimiento ordinario a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con únicamente el intercambio de documentos y reuniones semestrales en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta propuesta está muy por debajo de la presentada por los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y sus representantes, quienes solicitaron a la CIDH que sea el mismo presidente de la comisión, James Cavallaro, quien encabece dicho mecanismo, con la inclusión de uno o dos de los integrantes del GIEI.
Este jueves, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, y los padres de familia se reunirán en un intento por llegar a un acuerdo antes de la audiencia privada que sostendrán las partes el próximo sábado en Washington, donde se definirá el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI en sus dos informes.
Durante esta audiencia, la CIDH tendría la última palabra, pero se duda de la voluntad política del gobierno mexicano. Y es que desde el momento en que la comisión notificó que iba a ordenar un mecanismo especial de seguimiento, ese mismo día la cancillería mexicana rechazó por escrito que pudiera haber un instrumento de esta naturaleza, señalando que el único que podrían aceptar es uno de carácter ordinario, es decir, con intercambio de documentos y reuniones semestrales en la sede de la CIDH.
Santiago Aguirre, del Centro Pro de Derechos Humanos, instancia que representa a los padres ante la CIDH, señaló que la cancillería ha obstaculizado un mecanismo robusto que incluya la participación y presencia de integrantes del GIEI.
Dijo que la propuesta de los padres incluye también el acceso a la información, a los expedientes del caso y la posibilidad de que funcionarios de la CIDH realicen visitas in situ al país, además de reunirse con funcionarios de alto nivel.
Por eso decimos que la propuesta del gobierno mexicano está muy por debajo de las exigencias de los padres de familia, señaló Santiago Aguirre.
De allí la importancia del encuentro de este jueves, que se realizará a las 11 horas en la cancillería, donde los padres de familia preguntarán a la canciller cómo puede ser compatible una posición de este tipo, de cerrarse a un mecanismo amplio de seguimiento, con el discurso gubernamental de respeto a los derechos humanos y de apertura al escrutinio internacional.
Por la parte gubernamental se tiene prevista la asistencia del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas; el subprocurador Eber Omar Betanzos, y el titular de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.
Por otra parte, ayer por la noche los padres de familia de los 43 normalistas se manifestaron frente a la Procuraduría General de la República (PGR) para reiterar su demanda de que sea separado de su cargo el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Difundirá la PGR un segundo informe sobre investigaciones del caso Ayotzinapa

  • A petición de familiares de los 43, integrarán la prospectiva de la indagatoria
  • El libro blanco constará de varios cientos de páginas que se desglosarán por capítulos, indica
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de mayo de 2016, p. 12
El libro blanco del Caso Iguala constituirá el segundo informe que de manera narrativa y cronológica difundirá la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las investigaciones, líneas de investigación desarrolladas, procesos penales en curso, y los presuntos responsables detenidos por la desaparición de los 43 normalistas, así como las diligencias o búsquedas que faltan por hacer.
De acuerdo con información obtenida de funcionarios de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, el documento constará de varios cientos de páginas y en él se desglosarán los temas por capítulos y subcapítulos para mejor comprensión de los temas y resultados que ha obtenido la indagatoria.
Según los datos logrados, el texto no fue entregado a los padres de los 43 normalistas el martes pasado durante un encuentro con la titular de la PGR, Arely Gómez González, porque en la reunión los familiares pidieron que se incorporaran apartados relacionados con la prospectiva de la investigación, es decir, las diligencias y peritajes que se deben realizar.
Asimismo, se incluirá el plan de búsqueda de los 43 normalistas, los puntos o sitios en los que se utilizarán tecnologías avanzadas para las que se utilizarán bases de datos y mapas georeferenciados.
De acuerdo con las fuentes consultadas, una vez que se incorporen esos datos y planes de trabajo el documento se entregará físicamente a los familiares y podría darse a conocer al público.
La fecha de entrega no ha sido definida, por lo que su elaboración y difusión podría tomar al menos una semana más.
Los funcionarios consultados señalaron que el documento se elaborará con base en el contenido de las averiguaciones previas y se harán referencias a los tomos en los que se encuentran los datos que sustentan la narrativa de los hechos y las investigaciones desarrolladas.
Lo anterior sería un complemento a la difusión que se ha hecho de 201 tomos de investigación en los que se han acumulado casi 200 mil páginas con peritajes, declaraciones, fotografías y reportes gubernamentales.
El contenido de la investigación no está ordenado de manera cronológica, sino conforme se fueron anexando hallazgos, diligencias, peticiones de información, declaraciones de los detenidos, reportes bancarios, policiales y militares.