sábado, julio 04, 2015

Discutirán padres de normalistas plan de acción hacia el 26 de septiembre

Anuncian megamarcha en Iguala para el 15 de julio
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 4 de julio de 2015, p. 7
Chilpancingo, Gro.
El representante de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, informó que ayer comenzaron en la normal rural de Ayotzinapa los trabajos de la tercera Convención Nacional Popular (CNP), donde discuten como punto central la jornada de lucha para el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla un año de la desaparición de los normalistas. Aseguró que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Gobernación (SG) se oponen a que sean investigados los militares, para indagar su posible participación en lo ocurrido.
Vía telefónica, explicó que el objetivo central de esta convención es diseñar el plan de acción a partir de la siguiente jornada de lucha, que concluirá el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla el año de la desaparición de los estudiantes, obviamente continuaremos luchando por su presentación.
Adelantó, que el nuevo plan de acción contempla llevar a cabo una megamarcha en la ciudad de Iguala, el próximo 15 de julio, con la finalidad de exigir al gobierno federal que permita que el equipo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda entrevistarse con los oficiales del 27 batallón de infantería, que estuvieron al tanto de las actividades del 26 de septiembre.
Insistió que para ellos es determinante que la CIDH tenga un diálogo con los militares, porque no se les permite hacer la investigación correspondiente, luego de que se comprobó que se torturó a los procesados para declarar lo que así convenía al gobierno mexicano.
Felipe de la Cruz destacó también que esto confirma la sospecha que hemos tenido de la participación de los militares; por eso vamos a insistir en que se abran las puertas, en las nuevas investigaciones, hacia el Ejército mexicano, porque no quitamos el dedo del renglón de que fueron ellos quienes participaron de manera directa en la desaparición de las personas.
El problema, destacó, es que el gobierno mexicano persiste en su intento de hacer creer a la opinión pública que los jóvenes fueron asesinados y quemados en Cocula, para que ya no sigamos luchando y protestando, pero mientras no haya evidencias científicas vamos a seguir insistiendo en que nos los tienen que entregar, porque se los llevaron sin razón y justificación, y hoy pretenden que quede en el olvido, y eso no va a ser posible.
Culpó a la Sedena y a la SG de ser las instancias que a escala nacional se oponen a que el equipo independiente de la CIDH, tenga un diálogo con elementos castrenses del batallón con sede en Iguala; hasta hoy las dos dependencias están en la misma postura de no permitir la investigación a los militares, concluyó.

viernes, julio 03, 2015

Tras 9 meses no hay respuesta del gobierno en caso Ayotzinapa, acusan


Héctor Briseño.
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 3 de julio de 2015, p. 22
Acapulco, Gro., El representante de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, Felipe de la Cruz Sandoval, reprochó que nueve meses después no existen indicios de su paradero. Antes de comenzar la movilización del magisterio contra la reforma educativa, recriminó que han pasado muchas cosas en ese tiempo, pero seguimos buscándolos vivos, queremos llegar a la verdad para que se haga justicia. Reprochó que la nueva procuradora, Arely Gómez González, no se ha reunido con familiares de las víctimas desde el pasado 3 de marzo que tomó protesta en el cargo. De la Cruz Sandoval manifestó que se perdió la comunicación con el gobierno federal tras la última conferencia del ex procurador Jesús Murillo Karam en enero pasado y la verdad histórica de ese funcionario se sigue cayendo a pedazos.

miércoles, julio 01, 2015

Han sido detenidos 110 involucrados en la desaparición de los normalistas

La cifra, de septiembre de 2014 a la primera quincena de junio
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de julio de 2015, p. 4
Informes del gobierno federal señalan que de septiembre de 2014 a la primera quincena de junio han sido detenidos un total de 110 involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
De acuerdo con la información proporcionada, la mayoría están presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en Tepic, Nayarit; tres son mujeres.
En este caso, falta por detener a un individuo identificado como El Chucky, señalado como uno de los líderes regionales del cártel Guerreros Unidos, quien, de acuerdo con las investigaciones, dio indicaciones a los integrantes de su grupo delictivo para que atacaran a los estudiantes.
Asimismo, está pendiente de ser detenido Gildardo López Astudillo, El Gil, quien recibió de manos de los policías municipales de Iguala y Cocula a los 43 jóvenes y luego ordenó que los trasladaran al basurero de Cocula.
Se encuentra prófugo de la justicia el ex secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, a quien se imputa haber realizado las detenciones posteriores a la desaparición de los normalistas por órdenes del ex alcalde José Luis Abarca.
Las estadísticas gubernamentales refieren que de los 110 detenidos, tres están presos en el Cefereso número 1, Altiplano, que se localiza en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.
Otros tres inculpados se encuentran presos en el Cefereso número 2, Occidente, en Puente Grande, Jalisco. Un total de 97 inculpados están internados en el área varonil del Cefereso 4, Noroeste, en Tepic, Nayarit, y tres mujeres se encuentran detenidas en esas instalaciones.
Una persona, libre bajo caución
En el Cefereso 5, Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, se encuentran tres de los inculpados; uno de los presuntos responsables tiene libertad bajo caución, por lo que sigue su proceso en libertad.
Las acusaciones que se han formulado contra los implicados son delincuencia organizada, secuestro, delitos contra la salud, portación de arma de fuego y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Fundamental, el trabajo del GIEI sobre Ayotzinapa: Rosales

  • Ha mostrado ‘‘inconsistencias’’ de la ‘‘verdad histórica’’
  • Obliga a abrir nuevas líneas de investigación, señala el abogado
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de julio de 2015, p. 4
Hasta ahora, en los informes parciales presentados por la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no sólo se advierte que la investigación del caso Ayotzinapa debe continuar, sino que la llamada ‘‘verdad histórica’’ presentada por el gobierno federal presenta serias y múltiples inconsistencias, además de que obliga a abrir nuevas líneas de investigación, aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Dijo que el trabajo realizado por la misión –enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– ha sido fundamental en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Pero la negativa o retraso del gobierno federal para facilitar información al grupo de expertos es un ‘‘foco de alerta’’ que debe atenderse, dijo.
Rosales Sierra adelantó que aun cuando el mandato de la misión de expertos concluye el próximo 2 de septiembre, previa presentación de un informe final y una serie de recomendaciones, los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos solicitarán una prórroga de seis meses más.
En entrevista, el abogado destacó una serie de temas abordados en el reciente informe del GIEI, entre los cuales citó la entrevista que han solicitado con los elementos del Ejército (28 batallón de infantería) que estuvieron presentes en Iguala el día de los hechos. Dijo que hay preocupación entre el grupo de expertos por la negativa o cuando menos el retardo injustificado del gobierno para autorizar ese encuentro.
Señaló que estas entrevistas son ‘‘fundamentales’’ para dilucidar cuál fue el verdadero objetivo de la presencia del Ejército ese día en el lugar de los hechos. ‘‘Nosotros sabemos que los elementos militares estuvieron en el hospital Cristina cuando abordaron a los estudiantes, pero también tenemos datos de que estuvieron en otros puntos de la ciudad (Iguala), en horas inmediatamente posteriores a la agresión’’.
Además, el abogado destacó las denuncias de tortura en contra de al menos 40 detenidos por los hechos de Ayotzinapa, lo cual revela que las declaraciones en las que se sustenta la versión oficial ‘‘son endebles’’, pues fueron producto de la coacción. ‘‘Entonces es aquí donde se cae a pedazos esa presunta verdad histórica, puesto que si las declaraciones fueron extraídas de manera coaccionada carecen de todo valor y de toda veracidad’’.
Otro de los puntos que el abogado Rosales destacó del informe del GIEI fue la larga lista de solicitudes de información que no han sido atendidas por el gobierno. ‘‘Porque si ahorita que todavía (el grupo de expertos) no han cuestionado de manera drástica la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) ya se presentan estos obstáculos, al rato, cuando de alguna manera llegaran a encontrar elementos contundentes que disten de esa versión, entonces se pueden presentar mucho mayores obstáculos a los expertos entorpeciendo su trabajo’’.
Dijo que estos informes han dejado en claro que los jóvenes normalistas, el día de los hechos, no iban al centro de Iguala a boicotear el informe de la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda, ni a un enfrentamiento con algún grupo delincuencial, como señala la versión oficial. El interés era obtener camiones para trasladarse a la ciudad de México y asistir a la movilización del 2 de octubre.

martes, junio 30, 2015

Julio César Mondragón murio por tortura y no ataque de perro: experto

Los expertos aseguraron que el cadáver de Julio César Mondragón presentaba fracturas craneales y hematomas en la parte trasera del abdomen, causas que le originaron el fallecimiento y no por supuesto ataque de un perro
Julio César Mondragón Fontes. Foto Cortesia Album familiar
Julio César Mondragón Fontes
29 de junio del 2015.-El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que en los restos de uno de los normalistas asesinados el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerreropresentaba señales de tortura previo a su fallecimiento, con lo que desechó la posibilidad de que sus lesiones hayan sido provocadas por un animal, como lo aseguró la Procuraduría General de la República (PGR) en sus investigaciones.
Lo que es evidente, si me preguntan por el caso de Julio César Mondragón, es que él fue objeto de torturas con fractura craneal con lesiones internas, tanto en pulmón como hematomas que le provocaron la muerte, la autopsia señala, en pruebas científicas, antes de su muerte que hay lesiones premortem que son lesiones debidas a tortura, no hay otra explicación que responda a la causa de su muerte”.
“Lo que sí sabemos es que hay heridas premortem que configuran que hay, para nosotros, un patrón de tortura y hay otras heridas postmortem que creemos que necesitan una valoración más específica, ese es el estado de la situación, como las fracturas craneales o que cause el hematoma en pulmón o en la parte trasera del abdomen”, comentó Carlos Beristain, miembro del GIEI.
Agregó que cuentan con las pruebas suficientes de la escena del crimen para la realizar una evaluación detallada, así como de las autopsias y los resultados de las mismas.
Con información de: El Universal y Quadratín 290615

Solicitará la PGR acumular los procesos sobre Ayotzinapa

  • Existen seis causas abiertas dispersas en tres estados
  • Deberán ser resueltos por un solo juez, indica la dependencia federal
  • El camino estará ‘‘lleno de recovecos jurídicos’’: fuentes de la procuraduría
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Martes 30 de junio de 2015, p. 4
La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará en breve la acumulación de los procesos penales abiertos contra los presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, para que sean resueltos por un solo juez, pues por el momento hay seis causas penales abiertas que corresponden a 15 procesos en juzgados federales y locales de Tamaulipas, Morelos y Guerrero, que están relacionadas con esos hechos.
Una fuente de la dependencia indicó que una vez que se haga la solicitud procesal ante los juzgados, ‘‘el camino previo a la unificación de las causas penales será lento, sinuoso y lleno de recovecos jurídicos’’, debido a que la Constitución establece lo que se conoce como ‘‘legislación penal concurrente’’ (que pueden conocer de un mismo asunto jueces federales y del fuero común), amén de que el Código Federal de Procedimientos Penales incluye un régimen de competencias sumamente complejo.
Otra fuente de la dependencia agregó que ‘‘es prácticamente imposible que todos los jueces que conocen del mismo asunto, pero que juzgan a diferentes implicados, se pongan de acuerdo en quién de ellos debe quedarse con el caso, por lo que seguramente serán los tribunales colegiados de circuito los que después de varios meses resuelvan el problema de la competencia’’.
Los funcionarios entrevistados expusieron que no fue un acto irregular el hecho de que la PGR consignara a las personas involucradas en el caso Iguala-Ayotzinapa en diversos juzgados, ya que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) faculta a esa dependencia para dividir en varios juzgados las causas penales abiertas contra miembros del crimen organizado. El objetivo de dividir en varios juzgados un mismo asunto obedece a cuestiones de política criminal, ya que lo que se busca es recluir indistintamente a los criminales considerados de ‘‘alta peligrosidad’’ en los penales federales que hay en varios estados.
Una de las sugerencias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– al Estado mexicano fue unificar en un solo expediente todas las causas penales relacionadas con un centenar de detenidos por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los artículos 42, 43 y 44 de la LFDO posibilitan que la ‘‘prisión preventiva’’ se ejecute fuera del estado en que ocurrieron los hechos, pero únicamente para el caso de procesados o reos de alta peligrosidad, o cuando sus casos se vinculen con alguno de los ilícitos relacionados con esa norma especial, entre ellos secuestro, lavado de dinero o delincuencia organizada.
Según consta en los artículos 42, 43 y 44 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los requisitos para el internamiento en un centro penitenciario –como el de Tepic, Nayarit, o el de Villa Aldama, Veracruz (que aunque no son de máxima seguridad tienen características similares)– son que los acusados tengan un perfil de alta peligrosidad (demostrado con un dictamen pericial) y además deben estar acusados de ilícitos relacionados con delincuencia organizada.
En el caso de los detenidos del caso Iguala-Ayotzinapa (la mayoría ex policías municipales) están acusados de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.

lunes, junio 29, 2015

Ofrece PF nuevas líneas de investigacion sobre los 43

lun, 29 jun 2015 12:10

México, DF. La policía federal se comprometió con las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace nueve meses a emprender nuevas líneas de búsqueda y a presentar nuevas hipótesis, a partir de una nueva ronda de testimonios que se presentaron en presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), informó este colectivo de juristas y defensores de derechos humanos en rueda de prensa esta mañana. 
Sin embargo, aún no se concreta la solicitud hecha por los integrantes del grupo, que tienen un mandato acordado bilateralmente en la OEA para hacer una evaluación global del caso Iguala-Ayotzinapa, de interrogar directamente a los militares del 27 Batallón con base en Iguala que estuvieron presentes la noche de los ataques a los estudiantes, incluidos aquellos a quienes la PGR aun no interroga.
Ayer –domingo 28 de junio—la Secretaría de Gobernación les comunicó por escrito a los cinco miembros del grupo que “el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud”, a más de tres meses de formulada. La autoridad mexicana reconoció en este comunicado que “en su carácter de coadyuvante, el GIEI está facultado en todo momento de sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros del 27 Batallón hicieron en su calidad de testigos”.
La GIEI ya ha manifestado que su intención no es solamente que el MP amplíe las declaraciones, sino entrevistar de manera directa a los elementos de la unidad militar.  Esta mañana, en la rueda de prensa donde dio a conocer el cuarto informe de su misión, a cuatro meses de haber iniciado sus investigaciones, los cinco expertos reiteraron su “preocupación por el retraso” en la decisión de abrirles el acceso directo a los soldados “porque limita las posibilidades de nuestra búsqueda”. Por lo pronto, aclararon que la respuesta oficial “no es una negativa” y aseguraron que seguirán esperando. 
El GIEI ya recorrió más de la mitad del periodo establecido en el mandato de la OEA, que es de seis meses.  Iniciaron en abril y deberán concluir –según recordaron hoy—a principios de septiembre. Sin embargo, subrayaron que este plazo es prorrogable. En este lapso, indicaron, “hemos logrado avanzar de manera importante” aunque falta todavía mucha información por recoger y varias recomendaciones que deben ser cumplidas antes de entrar a la última etapa, que será la de las conclusiones. 
Al finalizar su cuarto viaje, los investigadores internacionales –Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia de Colombia, Carlos Beristain de España y Francisco Cox de Chile—rindieron un informe y respondieron preguntas. Informaron que la última semana de mayo se entrevistaron con el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, recluido en el penal de máxima seguridad de Matamoros y ahora imputado también por la desaparición de los 43 normalistas; con su esposa María de los Ángeles Pineda, a quien todavía no se le formalizan cargos relacionados con estos hechos, y con varios de los 102 detenidos en Nayarit, estado de México, Jalisco y Veracurz, señalados como responsables directos de los hechos de Iguala. 
Precisaron que en más de 40 casos de estos presuntos responsables ha habido denuncias de tortura y malos tratos por parte de las autoridades de la PGR. 
Indicaron que la CNDH y el juzgado correspondiente ya tienen los testimonios y los datos en su poder y están en proceso de investigar las denuncias.
Desde que inició su investigación, el GIEI ha presentado más de 100 solicitudes de información a distintas autoridades, de diferentes niveles de gobierno. De éstas, 30 por ciento han sido respondidas “en forma completa”; 24 por ciento “en forma parcial” y 47 por ciento –es decir, casi la mitad—“aun están pendientes”. 
Anunciaron que en los próximos días presentará nuevas solicitudes “importantes para el caso”. 
Por otra parte, también informaron que próximamente, en una fecha todavía por precisar, la procuradora Arely Gómez se reunirá finalmente con los padres de familia de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada. Aunque asumió la titularidad de la PGR desde el 3 de marzo, hasta ahora no había sido posible este encuentro.

"Nuestro espíritu de lucha sigue intacto; exigimos la presentación con vida de los 43"

Clausuran jornada global por Ayotzinapa frente al Palacio de Bellas Artes
Foto
La danza y el baile estuvieron presentes durante las actividades realizadas frente a Bellas ArtesFoto María Luisa Severiano
Víctor Ballinas
 
Periódico La Jornada
Lunes 29 de junio de 2015, p. 12
Al clausurar la jornada 43x43, los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, aseveraron en el estrado: le recordamos al gobierno que no nos olvidamos de nuestros hijos; a cada hora, cada día y a cada minuto los recordamos. Estamos dispuestos a seguir adelante hasta que los presenten con vida.
En el acto central de la acción global por Ayotzinapa, frente al Palacio de Bellas Artes, tres de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, hablaron ante cientos de personas que asistieron a la jornada de 43 horas en apoyo a su lucha.
Ahí, Nardo Flores, padre del normalista desaparecido Bernando Flores Alcaraz, exigió que se abra una nueva línea de investigación que incluya a los militares, porque a nuestros hijos los tiene el Ejército Mexicano. Nos queda claro que su desaparición fue un plan bien estructurado del gobierno de la República.
Flores sostuvo: la demanda principal es que nos los entreguen con vida. Nuestros hijos viven.
Luego tocó el turno a Joaquina García, madre del estudiante desaparecido Martín Getsemany Sánchez García. Agradeció el apoyo brindado de las organizaciones civiles y los ciudadanos. Exigió al presidente Enrique Peña Nieto que deje trabajar a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque la Procuraduría General de la República (PGR) nos ha dicho puras mentiras. Queremos ya a nuestros hijos; les pedimos que nos los entreguen ya como están, pero principalmente vivos.
El estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, Carlos Martínez insistió: no vamos a aceptar lo que dice la PGR que pasó los días 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero. Nuestros compañeros fueron víctimas de la policía y los militares, y exigió castigo a los autores materiales e intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, y también representante de los padres de los estudiantes, expresó: no es la clase política ni los partidos políticos los que van a venirnos a resolver el problema. Al contrario, gracias a la clase política tenemos más de 23 mil desaparecidos en el país. Es necesario que para avanzar en la lucha nos rencontremos todos, organizaciones sociales, civiles, campesinos, sindicatos.
Ante los gritos de apoyo de no están solos, no están solos..., Rosales manifestó que hoy en día los intelectuales nos dicen que dejemos de exigir la presentación con vida los 43 estudiantes; desde aquí les decimos que no vamos a dejar de exigir su presentación con vida. Esa es la demanda, no la vamos a cambiar, no vamos a dejar ni un ápice de exigir justicia, y que el ex gobernador perredista, Ángel Aguirre, debe ir a la cárcel.
Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, uno de los 43 normalistas desaparecidos, clausuró la jornada 43x43 a las 15:39 horas e invitó a las organizaciones civiles a Ayotzinapa los días 3, 4 y 5 de julio próximos a la reunión de evaluación de la jornadas de luchas, tras nueve meses de la desaparición de los normalistas.

domingo, junio 28, 2015

Debe conocerse la verdad para hacer justicia, piden rectores universitarios

No se puede dar la espalda al sufrimiento: UACM y UAEM
Laura Poy Solano
 
Periódico La Jornada
Domingo 28 de junio de 2015, p. 5
Los rectores de las universidades autónomas de la Ciudad de México (UACM), Hugo Aboites, y del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Vera Jiménez, afirmaron que ante los hechos del pasado 26 y 27 de septiembre –que dejó un saldo de seis personas muertas y 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero– las instituciones de educación superior no pueden dar la espalda al sufrimiento de la población. Una de sus tareas fundamentales es crear conciencia (social) y ciudadanía.
Al participar en el encuentro cultural por Ayotzinapa 43 por 43, con el que organizaciones y colectivos civiles buscan difundir las historias de cada uno de los jóvenes estudiantes y reiterar su derecho a que se conozca la verdad y se haga justicia, enfatizaron que las universidades no pueden estar ajenas a esta realidad, porque seguimos siendo espacios separados de la lógica del poder y del dinero. Por eso es tan importante que se preserven como espacios con libertad de pensamiento, agregó Aboites.
En su mensaje ante padres, amigos y compañeros de los normalistas, aseguró que enfrentamos un hecho que es un crimen, pero también un momento de rebelión que debe sacudir lo más profundo de nuestras conciencias y corazones.
Reunidos en una de las seis carpas instaladas en la explanada del Palacio de Bellas Artes, denominada carpa de la paz, el rector de la UACM destacó que los padres y madres que buscan a los normalistas desaparecidos han generado unanimidad nacional, una conciencia única de que no se puede hacer lo que se está haciendo con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Que no se vale que nos arrebaten a nuestros hijos, que esto se haga contra los más pobres, con los indígenas, y contra los habitantes de aquellos estados que son los más olvidados del país.
Se trata de una acción, dijo, que afortunadamente en México todavía es algo que duele profundamente, que hace surgir de muchos corazones, de muchas conciencias, la idea y la manifestación mínima de solidaridad. Esto es fundamental, porque quiere decir que una gran aportación que están haciendo los familiares, padres y madres de los desaparecidos es darle a México motivos de unidad, la solidaridad de los de abajo, para desde ahí cambiar también al país.
Por su parte, Vera Jiménez enfatizó que son ya varios años en que cotidianamente nos enteramos de la existencia de fosas con cadáveres en el territorio nacional. Sabemos del profundo dolor que esta violencia inocula en el corazón de muchos hermanos nuestros, si bien para autoridades y connacionales son sólo un número, para nosotros tienen nombre y apellido. Aseguró que junto con los familiares de la víctimas, en solidaridad con su lucha, no dejaremos de nombrar (a los desaparecidos), y plantearnos la necesidad de generar nuevas formas de convivencia.

Exigimos que aparezcan vivos; no nos convencerán con dinero

  • Padres de normalistas participan en la jornada político-cultural 43 x 43 por Ayotzinapa
  • La vida de un hijo no vale el millón de pesos que nos ha ofrecido el gobierno, dice uno de ellos 
  •  Representantes de organizaciones expresan su solidaridad con la causa de los familiares
Foto
Representación en la explanada de Bellas Artes durante la jornada político-cultural 43 x 43 por Ayotzinapa y el encuentro de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzadaFoto Francisco Olvera
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Domingo 28 de junio de 2015, p. 5
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa convocaron a organizaciones civiles a sumar esfuerzos en la lucha por la aparición con vida de todos los desaparecidos en México.
En el segundo día de la jornada político-cultural 43 x 43, que se lleva a cabo en la explanada de Bellas Artes, Eleucadio Ortega, padre de Mauricio Ortega Valero, señaló que aunque les ofrezcan dinero no van a cejar en su exigencia de que aparezcan vivos los normalistas.
Dio a conocer que hace tres meses, aproximadamente, se presentaron en su casa personas que dijeron ser representantes del gobierno de Guerrero para ofrecerle a su esposa un millón 300 mil pesos. El gobierno piensa que la vida de un hijo cuesta eso. Yo quiero a mi hijo, no dinero. Aunque me ofrezcan 10, 15 millones de pesos no es suficiente para mí, manifestó.
María Inés Abrajam, tía de Adán Abrajam de la Cruz, uno de los 43, anunció desde el templete que los días 2, 3 y 4 de julio se realizará la asamblea nacional de convicción de la Normal Rural de Ayotzinapa y no vamos a permitir que se nos siga pisoteando como mexicanos.
Invitó a todas aquellas personas que tienen familiares desaparecidos que se sumen a esta lucha, que es una causa justa. No permitamos que el gobierno nos siga amenazando, que nos siga matando, afirmó.
No nos vamos a quedar callados, coincidió Marisa Mendoza, viuda de Julio César Mondragón, el joven que fue desollado.
“Ya se han cumplido nueve meses (desde el ataque a los normalistas en Iguala, Guerrero) y el gobierno no nos ha dado respuesta.
Cuestionó el dictamen de los médicos forenses del Ministerio Público de Iguala de que el rostro de su esposo fue una mutilación post mortem provocada por la fauna nociva que se encontraba en el lugar, como dio a conocer este diario el viernes pasado.
Es una maldita falacia, una mentira. Tenemos contacto con expertos que nos han asesorado sobre este caso, y los cortes de Julio César no tienen nada que ver con ese animal que le pudo haber comido el rostro.
Aunque efectivamente sí fue un animal el que quitó el rostro sin piedad alguna, que lo torturó a muerte, Julio César era “un padre, un esposo, un hermano, un hijo, un compañero de vida para mí y para mi hija.
Actualmente se sigue recordando con mucho dolor. Por eso se les pide a todas la organizaciones, a la sociedad en general a que nos sigan apoyando. ¡Vamos a seguir luchando!, señaló la joven.
Ayer, acudieron a la jornada político-cultural representantes de distintas organizaciones a expresar su solidaridad con los padres de los 43 jóvenes.
Entre ellas, las integrantes del Comité Eureka, Acela Ocaña Morales, cuya hija Austreberta Hilda Escobedo Ocaña está desaparecida desde 1971, y Reina Santiago Rodríguez. También su hija Irma Santiago fue desaparecida, junto con su compañero Maximino García Cruz, desde el gobierno de José López Portillo, apuntó.
Son muchos los desaparecidos y queremos tenerlos aquí, dijo doña Acela Ocaña, mientras Reina Santiago cuestionó que los gobiernos nos traen de aquí para allá y no han resuelto nada. Así que nosotros también estamos unidos con ustedes para saber qué hizo con nuestros hijos.
Otras organizaciones que estuvieron presentes fueron el Comité de Familiares Detenidos, Desaparecidos en México, así como Hijos y Eslabones, entre otros.

sábado, junio 27, 2015

Ayotzinapa: caso abierto

Nueve meses sin verdad ni justicia

Miguel Concha
T
enemos una herida abierta, un dolor e indignación compartidos con familiares y amigos de los jóvenes normalistas ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos forzadamente hace nueve meses. Hoy seguimos igual de firmes en nuestra exigencia de presentación con vida de los 43 jóvenes y el castigo a los culpables por los lamentables hechos de los pasados 26 y 27 de septiembre en Guerrero. Nos negamos a creer lo que el actual régimen arguye respecto a cómo sucedió este escandaloso acontecimiento en México.
Ninguna de las madres, padres y familiares acepta la supuesta verdad histórica que narró el entonces procurador de la República. Hoy sabemos que esa verdad se tambalea aún más. A través de la revista Proceso, en semanas pasadas conocimos las declaraciones del juez de barandilla Ulises Bernabé García, quien asegura que los jóvenes nunca llegaron a la base de la policía municipal en Iguala, como hasta ahora ha sostenido la versión oficial. Como bien se dice en el artículo publicado el pasado 14 de junio, esta declaración configura un enorme vacío en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), que, dicho sea de paso, ahora con su nueva titular evita hacer cualquier tipo de pronunciamiento o brindar información alguna de cara a la sociedad sobre avances en el caso Ayotzinapa.
Existen algunos elementos que vale la pena recordar sobre los pendientes del Estado mexicano a nueve meses de la tragedia. Por un lado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha solicitado al gobierno federal entrevistarse con los miembros del Ejército Mexicano adscritos al 27 batallón de infantería los días que ocurrieron los hechos, quienes hasta el momento han quedado exentos de cualquier tipo de diligencia que arroje información sobre lo que en realidad pasó.
¿Qué pretende esconder el gobierno con sus negativas a abrir esta línea de investigación? ¿Acaso no existen elementos suficientes para vencer cualquier reticencia para investigar a los militares?
Un segundo elemento se relaciona con la ausencia de investigación por graves violaciones a derechos humanos, que como hemos dicho pueden configurar delitos de lesa humanidad. Tomando como base los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la materia, que son parte de nuestra Constitución, me refiero a los temas de la desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Es inaceptable que hasta la fecha la PGR aún no abra estas líneas de investigación. ¿Dónde quedó el sólido compromiso de la actual administración con la vigencia y el cumplimiento de los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos a la verdad y a la justicia que las madres, padres y familias tienen, y con los que se comprometieron los titulares de la PGR y de la Secretaría de Gobernación en repetidas ocasiones? En este sentido están todavía vigentes los 10 puntos que familiares y organizaciones de derechos humanos presentaron en enero pasado en respuesta a la intentona de cerrar el caso. Éstas y otras razones esgrimidas por las familias frente al inminente carpetazo son base fundamental en el sostenimiento de esta lucha por la justicia y aparición con vida de los jóvenes.
Ya es más que sabido que el régimen actual se empeña en hacer que este capítulo se olvide y quede cerrado. Se equivoca, pues le queda mucho por hacer. No debe escatimar esfuerzos para continuar con la búsqueda en vida de los jóvenes, al menos hasta que haya certeza contundente y científica de su paradero.
Otro aspecto relevante es el caso de Julio César Mondragón Fontes, del cual se ha dicho que también es clave para entender qué pasó, pero que está pendiente de vincularse al caso amplio, pues queda como un cabo suelto en la investigación. Asimismo, hay que ampliarla hacia otros implicados, no sólo entre presidentes y jefes de policía municipal, sino también a distintas jerarquías, incluido el gobernador de entonces.
Si son conscientes de la corrupción que albergan las instituciones municipales, ¿por qué únicamente llegan a ese nivel, cuando es un asunto que atraviesa a los diferentes órdenes de gobierno? En razón de los anteriores elementos, la sociedad no olvida y continúa con sus exigencias en torno al caso Ayotzinapa.
En estos momentos, por ejemplo, se da cita en un plantón de 43 horas en el contexto de las acciones en solidaridad con Ayotzinapa que se llevan a cabo mes con mes. Con ocasión de la conmemoración de los nueve meses, los cientos de organizaciones y personas que se reúnen desde ayer y hasta mañana al mediodía, refrendan su solidaridad con las familias de los jóvenes normalistas.
Mediante la convivencia, el compartir y el diálogo directo fortalecen la esperanza en que los jóvenes aparecerán con vida, que la justicia es posible, y que juntos como sociedad y como pueblos seguiremos luchando por hacer realidad ¡nunca más Ayotzinapa! ¡Ni un, ni una desaparecida más! Es precisamente en esta solidaridad compartida donde se hace realidad aquel apotegma antiquísimo: Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres.
Hoy es evidente que esa verdad es la que surgirá desde la lucha compartida por los derechos humanos de las familias y la sociedad. Una parte de esa verdad verdadera es que fue el Estado el responsable de los hechos. De eso ya no cabe duda. Por ello la búsqueda de la verdad no cesa. Todo el país y buena parte del mundo exigimos conocer todo lo que pasó y por qué sucedió. Conforme transcurren los meses continúan surgiendo piezas de información fundamentales. Sería injusto ceder en nuestra exigencia de conocer y coadyuvar en la construcción de esa verdad verdadera. Convoquémonos entonces a no olvidar y a seguir en solidaridad con las familias y normalistas, y evitemos que se imponga la verdad histórica del Estado. Ayudémonos a que este caso sea ciertamente un punto de no retorno. La lucha de Ayotzinapa es por la aparición con vida de los 43, pero al tiempo se convierte en una muestra contundente de la violencia y corrupción del Estado, que habilita un mecanismo perverso de muerte y desaparición de personas. Contra el olvido fortalezcamos nuestra exigencia de verdad, justicia y memoria. Contra la violencia del Estado nos queda la organización desde abajo, hermanándonos en la esperanza y el amor por la vida.

Ayotzinapa: ceguera oficial en derechos humanos

A
yer se cumplieron nueve meses del asesinato de tres personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero. Los hechos de ese 26 de septiembre no han sido satisfactoriamente esclarecidos por las autoridades de procuración de justicia, cuyo manejo del caso ha merecido severos cuestionamientos, tanto de los padres de las víctimas y su entorno social de apoyo, como de expertos internacionales en materia forense.
Pese a más de un centenar de detenidos, la falta de certeza en la conducción del caso ha dado lugar a que se denuncie el divorcio entre la verdad oficial y la realidad. Así, persiste la sospecha de que los responsables permanecen impunes, lo que mantiene vivo el reclamo de justicia por parte de amplios sectores de la población.
Más allá del manto de escepticismo en torno a las investigaciones y del agravio permanente por la ausencia de los 43 desaparecidos, los hechos de Iguala se han vuelto un emblema de los incontables abusos, atropellos y omisiones de la autoridad en perjuicio de la población, factores que, sumados a la violencia delictiva, policial y militar que se ha abatido sobre diversos sectores sociales, configuran un escenario de vulneración sistemática de los derechos humanos en el país. Las posibilidades de solución a esta crisis se alejan porque el gobierno mexicano se empeña en negarla.
Un ejemplo de esa postura pudo observarse anteayer con el rechazo de la cancillería mexicana al informe del Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en el mundo, el cual, para el caso de México, subraya la persistencia de los abusos y puntualiza que los grupos delictivos organizados fueron responsables de numerosos asesinatos, a menudo actuando con absoluta impunidad y en alianza con las fuerzas de una autoridad local o estatal y funcionarios de seguridad, en referencia al caso de Ayotzinapa.
Si bien el gobierno de Estados Unidos carece de la autoridad moral y del mandato legal para emitir juicios sobre la situación de las garantías individuales en terceros países, no es esta la primera ocasión en que actores internacionales han señalado la debacle de la legalidad en perjuicio de los derechos humanos en el país.
Debe recordarse el intercambio discursivo que protagonizaron la propia Secretaría de Relaciones Exteriores y el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, por el informe que presentó a principios de marzo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual asentaba la persistencia de prácticas generalizadas de tortura en nuestro país cometidas por fuerzas policiales y ministeriales de todos los niveles de gobierno y por las fuerzas armadas.
Apenas ayer, la organización Amnistía Internacional informó sobre un aumento de 600 por ciento de las quejas por tortura en México en los últimos 10 años, pese a lo cual existen únicamente siete sentencias condenatorias entre 2005 y 2013.
Los señalamientos formulados por esos organismos constituyen, en suma, un recordatorio del desempeño errático, tardío, opaco y cuestionable que ha caracterizado al gobierno federal en episodios de violaciones a los derechos humanos en el país, entre los que la masacre de Tlatlaya y las desapariciones de Ayotzinapa ocupan un lugar preponderante. Es necesario que las autoridades reconozcan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia, no sólo para detentar un mínimo de autoridad moral al rechazar críticas de gobiernos extranjeros y organizaciones civiles, sino para cumplir con los principios más elementales del pacto social.

Ayotzinapa, 9 meses

Los de Abajo
 Ayotzinapa, 9 meses
Gloria Muñoz Ramírez
F
ue un 26. Era junio y Argentina hervía dentro de una crisis política y económica que no sólo sacó a la gente a las calles, sino que parió un movimiento autónomo sin precedentes en este país sudamericano.
El puente Pueyrredón permanece plagado de símbolos. Aquí fueron asesinados por la policía de Buenos Aires Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos de los miles de militantes que tomaron con fuerza las calles luego de la crisis de 2001. Y hoy, como cada año desde hace 14, los movimientos vuelven a recordarlos. Son el símbolo de la lucha piquetera y del Movimiento de Trabajadores Desocupados.
Kosteki tenía sólo 21 años, y Darío Santillán, 25. Hoy las organizaciones sociales siguen exigiendo justicia. Y a su demanda se une la de otro 26, el 26 mexicano que hoy cumple nueve meses: Ayotzinapa.
Hace menos de un mes una delegación de Ayotzinapa, conformada por un sobreviviente, dos madres y un padre, estuvo en estas tierras, y justo con la gente que este 26 se mueve en Avellaneda compartió dolores y esperanzas. Ayotzinapa se encontró justo con el movimiento de abajo que cada 26 de junio marcha por sus muertos, ahora exigiendo también la presentación con vida de los 43 normalistas mexicanos.
Y por los 43 de Ayotzinapa, como cada mes durante los últimos nueve, la gente sigue en las calles. En México y en muchas ciudades del mundo la demanda es la misma. No es el clímax de las manifestaciones, pero la gente no se cansa. Nueve meses de movilizaciones, y también de organización. Nada fácil, como lo explica Omar García, sobreviviente de los hechos de Iguala.
“A nosotros nos indignó bastante la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros, nos indigna aún más la forma en que el Estado niega su responsabilidad, y se ha burlado durante nueve meses de nuestra dignidad… Pero hay algo que de verdad nos indigna más que las dos cosas anteriores, y es la gente y las organizaciones que se han colgado del nombre de nuestros 43 para lograr sus particulares demandas”, dice Omar, quien asegura que, por encima de esto, nueve meses después somos muchos más que al principio.
Un movimiento que en los primeros meses, dice Omar, hizo temblar la tierra, hasta que comprendió que no se trataba de hacerla temblar, sino de transformarla, por lo que en caravana se dieron a la tarea de recorrer México y muchos países del mundo, donde se encontraron con sus espejos. De ellos y ellas aprendieron, con ellos y ellas recorren hoy Avellaneda y las veredas de los pueblos, naciones y tribus organizados en el Congreso Nacional Indígena.

Advertimos al gobierno que no descansaremos hasta hallar a nuestros hijos: padres de los 43

Fueron policías municipales quienes se los llevaron, pero son militares quienes los tienen
Foto
La lluvia no impidió que en la ciudad de México se llevaran a cabo ayer diversas acciones en demanda de justicia para los normalistas de Ayotzinapa desaparecidosFoto Pablo Ramos
Laura Poy y Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Sábado 27 de junio de 2015, p. 5
Le decimos al gobierno mexicano que no vamos a dejar de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Vamos a ser la piedra de su zapato; no los vamos a dejar dormir, como nosotros no dormimos porque estamos viviendo en la desesperación de no saber donde están nuestros hijos. Ese fue el mensaje central que realizaron ayer los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, durante la movilización que encabezaron en la ciudad de México para demandar justicia.
Se trató de una jornada de reproches contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, ante la falta de respuestas claras y honestas para uno de los hechos más dolorosos de la historia contemporánea.
No puede ser que el gobierno que tenemos no tenga más que palabras para agredir, para lastimar al pueblo, y no para dar soluciones claras y honestas, señaló Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los 43 desaparecidos, en uno de los discursos más sentidos de la protesta, que comenzó con una marcha de Ángel de la Independencia al Palacio de Bellas Artes, como preludio de una jornada político-cultural de 43 horas.
Los padres de familia, acompañados por estudiantes de Ayotzinapa y portando los emblemáticos carteles con los rostros de sus hijos desaparecidos, dejaron fluir la rabia contenida en repudio a la verdad histórica decretada por el Estado como respuesta oficial a los trágicos sucesos de septiembre pasado en Iguala.
El gobierno federal sólo ha manipulado los hechos: primero dijo que los habían asesinado en Cerro Viejo; luego, que los llevaron al basurero de Cocula, donde supuestamente los quemaron, pero ya no les creemos nada, aseguró Melitón Ortega, al tomar la palabra durante el inicio de la movilización.
Si piensa que nos vamos a cansar, le decimos al gobierno que está equivocado. Este 43 (el llamado antimonumento ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli) nos da la esperanza de que podremos llegar adonde los tienen, indicó Felipe de la Cruz, padre de uno de los sobrevivientes del ataque a los estudiantes, en referencia a que los jóvenes los tendría el Ejército mexicano.
María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, recriminó al gobierno de Enrique Peña Nieto su falta de apoyo para localizar a los jóvenes, en el contexto de la treceava Acción Global por Ayotzinapa.
“Desde aquí le decimos ¡ya basta! No sé con que finalidad nos está haciendo sufrir. Vivimos en la desesperación de no saber dónde están nuestros hijos. En realidad no nos han querido ayudar, porque si quisieran ya los hubiéramos encontrado. Fueron los policías quienes se los llevaron, pero son los militares los que los tienen.
“¡Ya basta! No sé qué juego están jugando, pero queremos a nuestros hijos lo antes posible.
“Quiero decirle a Peña Nieto –advirtió desde la entrada principal del Palacio de Bellas Artes– que nosotros no nos hemos cansado, que como madres y padres somos muy valientes, porque a nueve meses aquí estamos; ni la lluvia ni el viento detendrá el movimiento”, manifestó bajo un pertinaz aguacero que no menguó el ánimo de estudiantes de diversas instituciones, de activistas, de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Frente Popular Francisco Villa, entre otros, que mantienen viva la exigencia de que aparezcan con vida los 43 estudiantes.
Este gobierno es muy mentiroso, ya no creemos en él. Piensa que es el único que puede vivir en este país, pero le decimos que somos libres para pedir justicia. Ya son nueve meses y no podemos aguantar más, resaltó Eleucadio Ortega, padre de Mauricio Ortega Valerio.
No vamos a parar; llueva o truene vamos a seguir adelante. Llevamos nueve meses que abandonamos nuestras casas, nuestros campos de cultivo, y no nos vamos a cansar. Gracias a ustedes seguimos adelante, agregó.
Felipe de la Cruz anticipó que están a la espera del informe que sobre el caso presentará este lunes el equipo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con quienes mantienen comunicación.
Para esta jornada, el Gobierno del Distrito Federal aplicó un operativo de seguridad en el que parciparon 2 mil 638 elementos policiacos, apoyados con 38 vehículos. Se reportó saldo blanco.
En la explana de Bellas Artes, en tanto, hasta el cierre de la presente edición continuaban las actividades culturales programadas para concluir mañana alrededor de las 2 de la tarde. Incluyen obras de teatro, recitales de poesía, conciertos de música, exposiciones y mesas de análisis.
Para esta jornada se montaron seis carpas; a cinco se les denominó como de la paz, de la justicia, de la memoria, de la solidaridad y de la verdad.

viernes, junio 26, 2015

‘‘Fauna nociva’’ mutiló el rostro del normalista César Mondragón: peritos


  • Su madre, esposa y otros familiares y abogados rechazan la versión por ‘‘absurda’’
  • Médicos forenses del Ministerio Público de Iguala entregan resultados de la necropsia 
  • Murió por edema cerebral causado por fracturas múltiples de cráneo, dicen 
  • No hay ninguna persona imputada
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Viernes 26 de junio de 2015, p. 4
La necropsia realizada por los médicos forenses del Ministerio Público de Iguala al cuerpo del estudiante de Ayotzinapa Julio César Mondragón –a quien le fue arrancado el rostro– dictaminó que esa mutilación fue provocada post mortem ‘‘por la fauna nociva que se encontraba en el lugar’’.
La causa de la muerte del normalista, según ese peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), fue un edema cerebral causado por fracturas múltiples de cráneo. Familiares del joven asesinado el 26 de septiembre de 2014, junto con cinco personas más, además de los 43 muchachos desaparecidos, rechazan ‘‘por insostenible y absurdo’’ ese peritaje.
La familia Mondragón Fontés, que reside en Tenancingo, estado de México, finalmente tuvo acceso a la constancia de la necropsia, solicitada insistentemente por sus abogados desde hace nueve meses.
La madre de César, Afrodita Mondragón; sus tíos y su esposa Marisa Mendoza, sostuvieron en un comunicado que el expediente del caso, radicado en el estado de Guerrero, demuestra ‘‘una falta absoluta de respeto y de profesionalismo, además de que evidencia el desinterés’’ por esclarecer el homicidio.
El caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes que fueron secuestrados en los mismos hechos y en el mismo lugar donde Julio César y otros tres normalistas fueron asesinados fue atraído por la PGR 10 días después de los ataques y está a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Asimismo, el caso de César Mondragón es investigado por el fuero común en la averiguación previa 212/2014, de la procuraduría guerrerense.
Por el asesinato del joven normalista nadie ha sido imputado. El único detenido, un policía municipal de Iguala, Luis Francisco Martínez Díaz, fue arrestado en febrero pasado en el Distrito Federal y arraigado en un penal de Veracruz, donde tenía abierta otra causa. Sin embargo, fue liberado un mes después sin que autoridad alguna informara nada a la defensa legal de la familia Mondragón, representada por la abogada Sayuri Herrera.
Versión desmentida
Por su parte, el médico Roberto Loewe, perito reconocido en casos de tortura y fundador del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, señala que el análisis de las fotografías del cuerpo inerte –pero intacto– de César Mondragón, excepto por el rostro desollado, exhibe lesiones de cortes limpios a partir de los cuales se procedió al retiro de todo el tejido facial hasta el hueso.
En una primera observación, señala el médico, nada indica rastros de mordidas caninas o de otro animal. ‘‘Excluyo totalmente esa posibilidad’’, expuso Loewe en entrevista telefónica.
No habían transcurrido más de cuatro o cinco horas entre el último de los dos ataques de la policía municipal de Iguala contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año pasado –entre 11 y 12 de la noche–, cuando una fotografía de un cuerpo humano al que le arrancaron el rostro con todo y ojos impactó en las redes sociales. Era el cadáver desollado de Julio César Mondragón.
Esa imagen aterradora empezó a circular en Twitter en horas de la madrugada, antes de que el Ministerio Público de Iguala llegara al lugar donde yacía el cuerpo para realizar la primera inspección ocular y el levantamiento del cadáver. El crimen presuntamente se cometió en una calle de terracería, a la altura de un almacén de Coca-Cola y una cancha de tenis, sitio conocido como Callejón del Andariego. En el expediente se registró la hora de la diligencia: 9:55 de la mañana. Sobre la ruta de la fotografía en redes sociales no se conoce que la policía de Guerrero o la Federal hayan realizado un rastreo o peritaje cibernético.
En cuanto a la hora en la que la imagen se subió a redes sociales, da constancia el hermano adolescente de Julio César, Lenin Mondragón, quien, según el testimonio de su tío Cuitláhuac, fue el primero en percatarse de que su hermano estaba muerto, al reconocerlo por su camiseta, su bufanda y sus manos, en la fotografía del muchacho desollado. Era la madrugada cuando el resto de la familia aún tenía la esperanza de que el joven estuviera vivo.
Es, por cierto, una fotografía casi idéntica –aparentemente parte de una serie de tomas cuyo origen aún no se determina pericialmente– que forma parte de la averiguación previa de la Procuraduría de Guerrero.
La técnica forense
A pesar de las características de las lesiones –cortes precisos desde la garganta hasta la línea de nacimiento del cabello– y la ausencia de heridas graves en otras partes del cuerpo, el dictamen de la necropsia del expediente asienta que la causa de la muerte fue ‘‘edema cerebral, múltitples fracturas de cráneo, lesiones producidas por agente contundente’’.
Según las fotografías conocidas, el cadáver ya no tenía ojos. No obstante, el autor de la necropsia establece: ‘‘Se observan pupilas dilatadas con presencia de mancha negra esclerotical’’.
Más adelante, registra ‘‘marcas de caninos que interesa toda la cara y cara anterior del cuello que interesa piel, tejido celular subcutáneo y músculos, preservando estructuras óseas. Globo ocular izquierdo ennucleado post mortem y globo ocular derecho sin tejidos blandos circundantes’’.
El rostro de la víctima fue ‘‘comido post mortem por fauna del lugar donde se encontraba’’, concluye el médico forense Carlos Alatorre Robles, adscito a la Secretaría de Salud de Guerrero. El estudio forense se inició a las 15:45 horas y concluyó a las 17:40 del 27 de septiembre del año pasado en Iguala.
Según el crono-tanatodiagnóstico asentado en el acta de defunción, la hora de la muerte fue entre 13 y 15 horas antes del inicio de la necropsia.
Ocho casos similares
El médico austriaco-mexicano Roberto Loewe realizó un estudio comparativo de estas imágenes con otros ocho casos de muerte por tortura de desollamiento del rostro. Explica a La Jornada: ‘‘Son procedimientos muy parecidos. Denotan una técnica muy estudiada, especializada. Y seguramente es un crimen ejecutado por más de una persona; no puede ser en solitario’’.
Los casos analizados son de entre junio de 2011 y diciembre de 2014. ‘‘En comparación con las otras fotos, la marcada con el número seis –correspondiente al cadáver de Julio César Mondragón– presenta una técnica superior a las de los otros casos: incisiones precisas que dejan los huesos de la cara disecados. Así, se aprecia el cadáver de un hombre joven con la cara de ‘la muerte’, como aparece en el imaginario social. Es muy improbable que un policía municipal haya sido capaz de realizar un crimen de esta naturaleza’’.
Agrega el análisis de Loewe: ‘‘La fotografía muestra un charco de sangre que no corresponde a la posición de la víctima. Esto puede deberse a su lucha por sobrevivir o al cambio de posición post mortem. Como quiera, es importante recalcar que los cadáveres no sangran, por lo que se infiere (en el caso de que la sangre sea de Julio César, lo que es muy probable) que fue desollado vivo. También es importante mencionar que la víctima tuvo que ser sometida por varias personas mientras era desollada.
‘‘En la muñeca izquierda y el antebrazo derecho se aprecian zonas equimóticas correspondientes a la sujeción. Las manchas oscuras y circulares en la muñeca y el flanco izquierdos pudieran ser quemaduras eléctricas. Hay una escoriación en el codo izquierdo, que indica que la víctima fue arrastrada en vida.’’
Los otros casos analizados corresponden a dos hombres ejecutados en junio de 2011 en Tepecuacuilco, Guerrero; dos de diciembre de 2011, en la colonia Guadalupe, en Tepic; otro hombre hallado en Zimatlán, Oaxaca, en diciembre de 2013, y un caso posterior a la matanza de Iguala, una enfermera desollada en diciembre de 2014 en Uruapan, Michoacán.
Concluye: ‘‘La propuesta más razonable sería poner el caso en manos del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses’’. Ese grupo de especialistas ya participa como coadyuvante en las investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos, por iniciativa de los padres de familia.
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jueves, junio 25, 2015

"Vergüenza para la humanidad", que el caso Ayotzinapa siga impune: Baltasar Garzón

Critica que en nombre del combate al crimen se mermen los derechos humanos
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 25 de junio de 2015, p. 11
Cualquier Estado que se diga democrático tiene la obligación ineludible de respetar los derechos humanos. No se puede hablar de un estado de derecho si existen desapariciones forzadas recurrentes; además, el combate al crimen organizado no puede conducir a la merma de las garantías fundamentales de la ciudadanía, aseveró el juez español Baltasar Garzón.
Consideró una vergüenza para la humanidad que aún no exista justicia por el ataque contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que dejó seis personas asesinadas –tres de ellos normalistas– y 43 más desaparecidos, hechos que se suscitaron hace casi nueve meses.
Garzón, reconocido como defensor los derechos humanos, participó ayer en la mesa redonda sobre estado de derecho de El encuentro de pensadores para crear una carta de obligaciones del ser humano, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el capítulo mexicano de la Sociedad Mundial del Futuro, donde destacó la necesidad de que los ciudadanos asuman su poder y responsabilidad para que sus derechos les sean garantizados.
Al final de su presentación, en breve entrevista, se refirió al crimen contra los normalistas de Ayotzinapa. “Me he pronunciado varias veces sobre ese caso. Es una vergüenza para la humanidad que no haya todavía una respuesta contundente desde el Estado, desde la justicia y desde la comunidad en general.
No podemos permitir que la desaparición forzada de personas sea algo que se extienda y quede impune. Hay que encontrar los mecanismos para que no sólo las familias sean reparadas, sino para evitar que vuelva a suceder un hecho como el de Ayotzinapa.
Antes, durante su presentación, enlistó diez elementos que desde su perspectiva debe contener la carta de las obligaciones del ser humano.
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El tema de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa fue referido por el juez Baltasar Garzón para poner en duda que en México exista un auténtico estado de derechoFoto Notimex
Destacó en primer lugar que la obligación de respetar los derechos humanos no recae exclusivamente en los gobiernos, sino en todos los ciudadanos y especialmente en los corporativos que cada día ponen más en riesgo los derechos elementales de los humanos.
Otro tiene que ver con amenazas globales, como el terrorismo y el crimen organizado, pues las estrategias para contrarrestarlas en ningún caso debe mermar las garantías ciudadanas. Hoy, no sólo en este país (México), sino en muchos otros, comprobamos cómo este límite infranqueable se traspasa una y otra vez y se deslegitima el estado de derecho que se dice defender. El combate a estas lacras nunca puede ser a cualquier precio.
Dos consideraciones más para esa carta, dijo, son: el planteamiento de que no puede haber estado de derecho mientras existan desapariciones forzadas de personas en forma permanente y recurrente; así como luchar por la verdad, memoria, justicia y reparación del daño por crímenes del pasado. La lucha para aclarar los delitos del pasado representan un elemento de madurez democrática y es una construcción de futuro.
Otros de los lineamientos propuestos por Garzón tienen que ver con una verdadera libertad de expresión, por dotar de poder a la ciudadanía para que se convierta en un ente vigilante y participativo de la función de los gobernantes, garantizar el cuidado del ambiente y combatir la discriminación, entre otros.
En su turno, José Antonio de Melo Pinto, miembro del Colegio de Abogados de Portugal, aseveró que se debe transformar los derechos humanos en deberes humanos, así se les colocaría en un nivel supranacional, y todos tendríamos que buscar que se ejercieran.

lunes, junio 22, 2015

Anuncian jornada 43x43 por Ayotzinapa para "evitar embate del gobierno"

lun, 22 jun 2015 12:26

México, DF. Organizaciones civiles y el vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, en conferencia de prensa anunciaron la jornada 43X43, que iniciará el viernes a las 19 horas y concluirá el domingo a las 14 horas.
Con esta jornada de 43 horas “buscamos que la sociedad mexicana resista y evite el embate del tiempo del mal gobierno, que lo único que sugiere es olvidar, superar, dejar pasar. Ayotzinapa no puede ser una tragedia más en la lista de masacres y violencia que tenemos en el país. ¡Ayotzinapa nunca más!”.
Destacaron que a nueve meses de la investigación y de búsqueda inagotable de verdad y justicia “sabemos que los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa no claudican, no se van, por el contrario, se mantienen, como se mantendrán firmes en el plantón de la jornada de 43 horas ininterrumpidas”.
Hicieron un llamado a la sociedad a reunirse con las familias de los jóvenes normalistas, con los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, “los convocamos a encontrarnos en la esperanza de que los jóvenes aparecerán con vida, que la justicia está por venir y que el encuentro revierta el olvido”.
Felipe de la Cruz rechazó la información de la Secretaría de la Defensa Nacional de que entre los estudiantes desparecidos “hay un soldado en activo. Al saber esto todos nos preguntamos quién es el papá... nos reunimos y platicamos todos, es mentira, son infundios, a pesar de su comunicado no lograron separarnos”.
De la Cruz destacó “hoy más que nunca nos dicen con ese comunicado que tenemos la razón, que el 26 de septiembre, como se lo dijimos al p´residente Enrique Peña Nieto., los miliares participaron”.
De igual forma el representante de los estudiantes, Carlos Martínez, rechazó la versión de la Sedena. El gobierno federal y estatal han intentando manchar el movimiento. Dicen que un soldado que está infiltrado entre los compañeros, es mentira. Desmentimos al gobierno federal, y con estos infundios salimos más fortalecidos”.
De la Cruz fue más directo y cuestionó “por qué hasta ahora la Sedena dice que hay un soldado. Ellos sabían lo que estaban haciendo, no nos van a derrotar con infundios y mentiras”.
En la conferencia anunciaron que participarán en la jornada de 43 horas por Ayotzinapa estudiantes de la UNAM, de la UAM, de la Universidad Iberoamericana, entre otras; artistas, sindicatos y la hija de Amparo Ochoa, además de organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones civiles y colectivos.
De igual forma dieron a conocer que la jornada de 43 horas iniciará en las inmediaciones de Bellas Artes, al concluir la marcha que el viernes 26 realizarán los padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la normal rural que partirá del Ángel de la Indpendencia a Bellas Artes.