Mañana se conmemoran 14 años del incendio que quitó la vida a 25 niñas y 24 niños en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora. Los padres de las víctimas mortales y de los más de 100 infantes que sufrieron heridas y secuelas anunciaron que volverán a movilizarse para protestar y exigir justicia por la tragedia infantil más grande en la historia de México.
El siniestro del 5 de junio de 2009 en una bodega improvisada como estancia para pequeños en la capital sonorense y el comportamiento posterior de las autoridades, condensan la descomposición institucional imperante en las administraciones panistas. Durante el sexenio de Vicente Fox, se modificó la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para flexibilizar
los requisitos exigibles a los privados que deseaban administrar una guardería subrogada, es decir, un servicio privado pagado con recursos públicos. En los hechos, esto significó la entrega indiscriminada de concesiones para el manejo de las estancias a personas sin experiencia ni capacitación alguna en el cuidado de bebés y niños. Se había creado un boyante negocio para los dueños de las casas cuna, quienes explotaron la necesidad de las familias trabajadoras y cobraron al IMSS por sus servicios, muchas veces negligiendo las más elementales normas de seguridad que deben observarse al estar a cargo de la educación y las vidas de infantes.
El incendio, cuyo origen permanece inexplicado, sacó a la luz otro aspecto oscuro de este esquema: la corrupción con que se otorgaron los contratos, los cuales recayeron en individuos con nexos políticos y familiares dentro de la clase gobernante. Una de las dueñas de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, es prima tanto de la entonces primera dama y hoy diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo como de Lourdes Laborín, esposa de quien era gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. Estas conexiones se mostrarían determinantes en la impunidad de que gozaron todos los implicados, desde los socios hasta los funcionarios que debieron supervisar la seguridad de las instalaciones, como el director del IMSS que firmó el contrato con la ABC, Juan Molinar Horcasitas, y quien encabezaba el instituto al momento del siniestro, Daniel Karam.
A sólo unos días de este infausto aniversario, el pasado 28 de mayo un grupo de personas violentas que se manifestaba a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arremetió contra el memorial colocado por los padres de los niños fallecidos o heridos frente a la sede del máximo tribunal. Desprendida de una marcha en la que participó Margarita Zavala, la turba de ultraderechistas arrancó las 49 cruces blancas, cada una con el nombre de un niño muerto en el incendio, y las usó para arremeter contra los miembros del campamento que exige una reforma del Poder Judicial.
Las cruces no se encuentran a las puertas de la Suprema Corte por casualidad: ésta fue un actor central en el gran operativo de Estado urdido por el gobierno de Calderón para garantizar impunidad a los personajes poderosos cuyas acciones desembocaron, por acción u omisión, en la tragedia de la guardería. Pese a que su comisión investigadora determinó que en las estancias subrogadas del IMSS había un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia, así como que ese organismo carecía de fundamento legal para contratar a terceros, en junio de 2010 el pleno de la Corte desechó el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar, quien ubicó a 14 funcionarios federales, estatales y municipales como responsables de violaciones graves de garantías individuales en el incendio. Contra sus propias evidencias, la SCJN decidió no fincar responsabilidades, avalar la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías y deslindar a Karam, Molinar y Bours de lo ocurrido.
A 14 años de la tragedia y 13 de que la Suprema Corte diera un portazo a la justicia, el reclamo de los padres sigue siendo el mismo: castigo a los responsables y garantías de no repetición. Este clamor resonará mañana, y atenderlo es la única vía para cerrar la dolorosa herida en las vidas de quienes perdieron a sus pequeños o los han visto sufrir las secuelas perdurables de aquel episodio.
