- Protestan contra la reforma judicial integrantes de la APPO, el FNCR, la CND, la otra campaña y varios grupos
Jaime Avilés
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, durante el mitin realizado ayer frente al Palacio Legislativo de San Lázaro en contra de la reforma judicial Foto: Jesús Villaseca
“Todavía se puede frenar la reforma judicial”, aseguró anoche la senadora Rosario Ibarra de Piedra durante un mitin frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, al que asistieron varios miles de personas para exigir que sea desechada la que se conoce también como ley Gestapo, que permitiría a la policía ingresar a un domicilio en cualquier momento y sin permiso escrito de un juez.
Faltan “sólo cuatro votos en contra”, expresó la legisladora perredista, dirigente del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), oradora central de un acto en el que participaron campesinos de Atenco, militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de la Convención Nacional Democrática (CND), de la otra campaña y de otras organizaciones.
Para sorpresa de los asistentes, doña Rosario explicó que todos los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), incluso los 44 del PRD que se habían manifestado inicialmente en favor del proyecto, decidieron rechazarlo en bloque y negocian con otras fuerzas políticas para impedir que la mayoría formada por PRI, PAN y PVEM reúna las dos terceras partes de votos que se necesitan para aprobar esa reforma constitucional.
Luego de subrayar que, ayer por la mañana, Amnistía Internacional (AI) envió una carta al Congreso de la Unión para solicitar que no se apruebe la reforma judicial, porque “es contraria a las disposiciones de la Convención de Ginebra”, ya que autoriza hasta por 80 días la incomunicación de los detenidos y propicia la tortura, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, doña Rosario dijo que “el gobierno de Felipe Calderón debe emitir un decreto de amnistía general para todos los presos políticos del país”.
La menuda e incansable luchadora social regiomontana alertó que mañana, jueves, la Cámara de Diputados conocerá en primera lectura la minuta de reforma judicial que le envió el Senado, y que el pleno la votará el martes de la próxima semana.
“Todavía se puede frenar, compañeras y compañeros, pero debemos seguir movilizándonos y aumentar la presión para que los diputados entiendan que no pueden aprobar una ley que eleva la represión a rango constitucional”, abundó.
Edgar Sánchez, dirigente del PRT, explicó, en entrevista para La Jornada, cómo se están cocinando los acuerdos entre los partidos antes de la votación definitiva del martes venidero. Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD, “propondrá una moción suspensiva para que el proyecto no se vote, porque nunca fue discutido suficientemente en el seno de la sociedad”, dijo el antiguo colaborador de doña Rosario Ibarra.
En tanto, los diputados de PRD, PT y Convergencia, que integran el FAP, resolvieron votar en contra y “están en conversaciones con los del Partido Alternativa, de Patricia Mercado, por lo que, si éstos aceptan sumarse, faltarían sólo cuatro votos más, por supuesto en contra, para evitar que el PRIAN y el Verde reúnan la mayoría constitucional”, señaló.
Tampoco se descarta, agregó, que “de las filas del PRI pudieran surgir los votos en contra que faltan, porque en los sectores liberales de ese partido han hecho mella las críticas de juristas como Sergio García Ramírez, Diego Valadés y Raúl Carrancá y Rivas, que han expresado que esta reforma es un retroceso gravísimo, porque eleva a rango constitucional una serie de violaciones a los derechos humanos”.
Desde el templete en el que acababa de tomar la palabra doña Rosario, un orador anónimo leyó la posición oficial del FNCR; destacó que si la Cámara de Diputados y los congresos estatales aprueban la reforma judicial, “nadie podrá ampararse contra ella, y la última instancia que tendremos para derogarla sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Síntoma de la preocupación que la llamada ley Gestapo ha causado en todos los sectores y colores de la izquierda, fue la participación –tanto en la marcha que a las cinco de la tarde salió del Hemiciclo a Juárez como en el mitin frente a la mole de San Lázaro– de militantes de todas las fuerzas, desde los travestis adscritos a Brigada Callejera, que apoyan al subcomandante Marcos, hasta los de los círculos de estudio de Coapa, El Ajusco, Tlalpan, Ciudad Satélite y otros, que pertenecen a la CND.
Y entre ambos extremos, además de los campesinos de Atenco y de los indígenas de la APPO, había colonos de Zimapán, Hidalgo –que luchan contra la instalación de un depósito de residuos tóxicos en sus tierras–, el Partido de los Comunistas Mexicanos, la Alianza de Tranviarios, el Comité Eureka y familiares de presos políticos de Cintalapa, Chiapas, y de otros lugares del país.
Desde hoy, estas organizaciones intensificarán sus labores de propaganda para que el martes próximo, cuando la ley se discuta, haya un mitin más nutrido que el de ayer, que pasadas las siete de la noche se disolvió pacíficamente.
