Visita de misiones internacionales revela preocupación por el país: CCIODH
- Los intereses económicos y comerciales hacen callar a muchos gobiernos: Iñaki García
Reconoce el organismo que las juntas de buen gobierno han contribuido a la gobernabilidad
Blanche Petrich
Un niño descansa en la comunidad de Roberto Barrios, uno de los poblados donde se vive la autonomía zapatista Foto: José Carlo González
Los gobiernos recientes de México no han logrado legitimar la imagen de un país donde se respeta el estado de derecho, a pesar de la gran infraestructura institucional que han creado las sucesivas administraciones. Por el contrario, la demoledora crítica del informe de Human Rights Watch a la Comisión Nacional de Derechos Humanos es “sólo un síntoma” de un diagnóstico en el que la representación de un Estado respetuoso de los derechos humanos “es insostenible”; una prueba de que los cauces para denunciar y resolver las múltiples situaciones de abuso y represión “son ineficaces y solamente generan desconfianza”, sostiene el coordinador de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), Iñaki García.
En su sexta visita a México, esta organización mayoritariamente europea abarca el análisis de las condiciones humanitarias de Chiapas a diez años de la matanza de Acteal, de Atenco a dos años de la ocupación policiaca y Oaxaca a dos años de la represión del movimiento popular. Después de las jornadas de trabajo de 10 días por el sur y el sureste, donde sostuvieron más de 240 entrevistas individuales y colectivas, la misión está concentrada ahora en el Distrito Federal, donde el lunes tendrán una reunión con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quienes dialogarán sobre las investigaciones en curso de los operativos represivos de Acteal y Oaxaca. También serán recibidos por funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, así como de la PGR.
Además lograron una autorización extraordinaria para ingresar al penal del Altiplano –antes La Palma– para reunirse con los tres militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que permanecen en dicha prisión.
Concluirán su visita el martes 19 con una conferencia de prensa en la que darán a conocer sus conclusiones preliminares.
Entre tanto, Iñaki García, quien además dirige el Colectivo de Solidaridad con la Revolución Zapatista de Barcelona, adelanta para La Jornada algunas de las impresiones de las primeras semanas de trabajo.
“Constatamos que las denuncias se multiplican en todos lados, que la conflictividad en Chiapas y Oaxaca, lejos de resolverse, se ha agudizado y que los mecanismos burocráticos –CNDH, comisiones estatales, oficinas de derechos humanos en casi todas las oficinas de gobierno de todos los niveles, en la (Secretaría de la) Defensa, en las corporaciones policiacas– carecen de legitimidad de cara a las víctimas. Casi nadie recurre a ellas.”
No es casual, subraya, que en un lapso breve hayan coincidido visitas de observación de Amnistía Internacional, HRW, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la CCIODH. “Esto demuestra la viva preocupación que hay en el mundo por lo que pasa en México, a pesar de los esfuerzos diplomáticos del gobierno por parecer progresista en los foros internacionales. Los intereses económicos y comerciales hacen callar a muchos gobiernos que saben de la impunidad, la falta de eficacia policiaca, la falta de independencia del Poder Judicial. Pero hay casos paradigmáticos –como los feminicidios y el de Lydia Cacho– que rompen el consenso al nivel de la opinión pública y México es reconocido como un país con una grave problemática”.
El coordinador de la misión explicó que en Chiapas, entidad en la que la CCIODH realizó tres misiones anteriores (1998, 1999 y 2002), los observadores encontraron, a diez años de la matanza de Acteal, un escenario inestable, donde los conflictos y las denuncias de violaciones se multiplican y en el que los cauces institucionales no generan confianza a las víctimas. “Cierto que no es la misma virulencia que había en el gobierno de Roberto Albores y su embestida contra los municipios autónomos. Pero hay elementos de paramilitarismo y despojos de tierras y un perfeccionamiento de la mecánica represiva que mantiene abiertos todos los frentes de conflicto”.
El grupo tuvo dos reuniones con el gobernador Juan Sabines y su equipo. “Ahí escuchamos palabras de buena voluntad, el problema es que no se traducen en hechos. Un ejemplo es que aunque prometió revisar los expedientes de los presos políticos, no sólo no lo ha hecho sino que siguen entrando opositores (al gobierno) a las cárceles”.
Por otra parte, a partir de las reuniones que sostuvieron con bases de apoyo y juntas de buen gobierno, “constatamos que estas formas de autogobierno se han legitimado, han contribuido a la gobernabilidad y a la solución no violenta de conflictos. El mismo gobernador reconoce que las juntas zapatistas llegan a cubrir mejor las necesidades de salud de sus comunidades”.
Las jornadas de trabajo en Oaxaca, por otra parte, arrojaron luz sobre aspectos que no habían sido contemplados en la misión anterior, en diciembre de 2006 y enero de 2007. En tres días de trabajo, sólo en la capital estatal, acudieron 150 personas a presentar denuncias. Lo mismo fueron víctimas de tortura, familiares de desaparecidos o asesinados que ciudadanos con conflictos con distintas instancias, inquilinos, comerciantes, padres de familia de niños violados en las escuelas. “Esto evidencia que no hay un cauce institucional; no hay instancias oficiales legitimadas ante los ojos de las víctimas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo genera desconfianza. Y el gobierno de Ulises Ruiz –que no recibió personalmente a la misión– controló al movimiento popular, pero dejó abiertas muchas heridas”.
Lo que se constató, dijo García, “es que la impunidad ha envalentonado a elementos abusivos; que el gobierno no ha cambiado su talante autoritario, lo que ha tenido un costo social y sicológico muy alto. Aunque el desgaste ha sido durísimo, el magisterio, la APPO y la solidaridad entre barrios de la ciudad empieza a superar el miedo. De ahí la avalancha de denuncias que se expresaron”.
