Luis Hernández Navarro
La imagen de la democracia mexicana en el exterior dista de ser buena. El término democracia a la mexicana se usa en el exterior como sinónimo de una democracia de mentiras. Se le asocia con la simulación y la hipocresía.
La imagen de la democracia mexicana en el exterior dista de ser buena. El término democracia a la mexicana se usa en el exterior como sinónimo de una democracia de mentiras. Se le asocia con la simulación y la hipocresía.
La situación que guardan los derechos humanos en el país es aún peor. Uno tras otro, diversos informes de organismos internacionales dedicados a la vigilancia de las garantías individuales dan cuenta del enorme déficit que el país tiene en este terreno.
Por supuesto, ni democracia de mentiras ni ser el país de la impunidad impiden que las grandes potencias económicas quieran hacer negocios con el país. En la era del unilateralismo estadunidense, de la invasión de Irak, de Abu Ghraib, de Guantánamo, las carencias mexicanas son pecado menor. Pero eso no quiere decir que en el exterior haya respeto por nuestras instituciones políticas.
Pero que las elites económicas y políticas internacionales estén dispuestas a pasar por alto las violaciones a los derechos humanos no significa que sectores activos de la sociedad civil de Europa, Canadá y Estados Unidos piensen lo mismo. Tampoco que organismos como Amnistía Internacional pasen por alto lo que sucede.
Uno de los organismos más activos en la vigilancia de lo que ocurre en México es la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH). Se trata de una iniciativa que nació de la preocupación en sectores de la sociedad civil internacional alrededor de la violencia en Chiapas. La matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, precipitó su parto.
Estos días, precisamente, la CCIODH está en su sexta visita al país. Cincuenta personas de nueve países participan en los trabajos.
El motivo de esta gira surge del décimo aniversario de Acteal, la grave preocupación por la situación en Chiapas, con un incremento de las denuncias por agresiones y violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas zapatistas, así como de la necesidad de dar seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de las visitas realizadas a Atenco y Oaxaca.
Cuando la primera comisión nació se auguró que no sobreviviría más allá de unos cuantos meses; sin embargo, ya cumplió 10 años. Algunos de los organismos de derechos humanos tradicionales la vieron con desconfianza, porque sus integrantes provenían de redes sociales alternativas, por afuera de los canales institucionales tradicionales. Su trabajo, sin embargo, ha tenido una consistencia, continuidad y una visión de conjunto envidiables.
En un primer momento la comisión fue ninguneada. Hoy, sin embargo, es una voz imprescindible sobre la situación de los derechos humanos en México. Sus informes y opiniones son una referencia tanto entre políticos europeos interesados en el país como entre el mundo de la izquierda altermundista y los defensores de los derechos humanos.
En la primera visita, en febrero de 1998, participaron 210 observadores de 11 países. Constató el gravísimo deterioro de los derechos humanos en Chiapas.
Para la segunda, en noviembre de 1999, la comisión estuvo integrada por 41 personas de 10 países. Comparó y evaluó la situación respecto de la documentada en 1998.
En la tercera, entre el 16 de febrero y el 3 de marzo de 2002, asistieron 104 personas de 14 países. Procuró evaluar la situación del conflicto en Chiapas año y medio después de la toma de posesión de Vicente Fox.
La cuarta visita se realizó en mayo y junio de 2006. Vinieron a México 28 personas de siete países, avaladas por más de mil personas y organizaciones. Concentraron su trabajo en la observación de las gravísimas violaciones a los derechos humanos en Texcoco y San Salvador Atenco. Comprobaron un operativo policial excesivo, irrazonable e innecesario, en el que las fuerzas represivas no se rigieron por el estado de derecho.
La quinta comisión estuvo formada por 39 personas de países como Francia, Nueva Zelanda, Italia, España, Dinamarca y Estados Unidos. Se concetró en el monitoreo en la situación represiva en Oaxaca, a raíz del movimiento conducido por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La comisión está integrada por abogados, sicólogos educadores, juristas, intelectuales, cineastas, defensores de los derechos humanos, artistas, jóvenes y representantes de la sociedad civil. Se meten a las comunidades remotas y a cárceles. Escuchan con atención y respeto a la gente humilde. Toman nota de sus palabras. Las reproducen con fidelidad.
Sus conclusiones se distribuyen a los afectados, al gobierno mexicano, al Parlamento Europeo, al parlamento de Cataluña, a medios de comunicación en el extranjero, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a organismos civiles internacionales.
Los informes han sido publicados. En ellos hay testimonios de las víctimas, entrevistas con funcionarios públicos de distintos niveles del gobierno mexicano, cronologías de los hechos, análisis y recomendaciones. En conjunto pintan un cuadro dramático de la situación nacional. Son un diagnóstico exhaustivo, documentado e inobjetable de los derechos humanos en Chiapas, Oaxaca y Atenco. Aunque la respuesta gubernamental sea ignorarlo.
Mientras muchos funcionarios de organismos civiles trabajan con el financiamiento de importantes fundaciones, la inmensa mayoría de los integrantes de la comisión se pagan el viaje y sus gastos. En una época en la que los llamados Señores de la Pobreza se desplazan por el país con boato y grandes comodidades, la comisión se mueve a las zonas de conflicto con sencillez y austeridad.
La CCIODH forma parte de la tradición de internacionalistas de la talla de Francisco Javier Mina. Gracias a ellos contamos con un retrato de una parte importante del México de abajo y su resistencia, con un mapa de la impunidad. Pese a haber nacido en otros países, son mucho más mexicanos que muchos otros mexicanos.
