Angulo
MTI /Texcoco Mass Media/Jorge Díaz Navarro
+ De aprobarse mañana esta aberración jurídica, es consumar desde la Cámara un atentado al más elemental sentido de justicia, asi como desconocer los esfuerzos, luchas y tributos en sangre y en vidas de nuestros antepasados.
+ Permitir que cuerpos policíacos, por simple presunción, allanen domicilios a diestra y siniestra, es poner a la sociedad a merced de la barbarie policíaca y de paso también cancelar el sentido social y jurídico de la propiedad privada.
+ Organizaciones que están a favor de la inviolabilidad de la propiedad privada, se organizan para que la sociedad haga sentir en carne propia a los legisladores los estragos de la propuesta irrumpiendo en sus domicilios.
+ Lo único que pretende es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público; y se está dando a las policías instrumentos que pueden permitir violación de garantías, toda vez que tenemos cuerpos policíacos que no están a la altura de las reformas que se pretenden
Mañana en la Cámara federal de los diputados se debate la reforma constitucional penal, la que a la sociedad se le vende, como apunta el maestro Bernardo Batiz, con el rimbombante título de “Reforma Judicial”. De aprobarse esta aberración jurídica, la cual es un atentado al más elemental sentido de justicia, asi como una negación o desconocimiento a los esfuerzos, luchas y tributos en sangre y en vidas de nuestros antepasados, ya que permitir que cuerpos policíacos, por simple presunción, allanen domicilios a diestra y siniestra, es poner a la sociedad a merced de la barbarie policíaca, quedando cancelado el sentido social, real y jurídico de la propiedad privada.
Si diputados aprueban esta reforma antijurídica, aseguran los analistas jurídicos, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.
Algunas organizaciones que están a favor de la inviolabilidad de la propiedad privada, se organizan para que la sociedad haga sentir en carne propia a los legisladores federales y locales y toda suerte de funcionarios y servidores públicos los estragos de la desacralización de sus domicilios y se irrumpa bajo cualquier presunción, una de ellas podría ser la de enriquecimiento ilícito, la posesión de armas o el almacenamiento de drogas, etc.
Al los legisladores debe hacérseles entender la gravedad y el alcance negativo de la reforma que mañana discutirán, experimentándola ellos mismos, asi como sus seres queridos.
Todo aquel diputado que avale la irrupción de la policía en los hogares, lo que estará acreditando no será su preocupación por la justicia, sino una actitud degenerada ya que estará exponiendo a esas arbitrariedades a su propia familia, a sus madres (si es que la tienen) a su padres, a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos y a sus vecinos
Pero vamos por partes –dice el maestro Batiz- tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellaron la forma y el fondo al imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos tomaron la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.
Uno de los estragos más graves de esta pretendida reforma y que mañana se “discuten” los diputados federales, es el atropello a los derechos humanos con medidas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.
Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policíacos y a la violación de derechos humanos elementales.
Pero hay todavía algo más –advierte Bernardo Batiz- la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.
Por ejemplo, se dice que lo que se pretende es instaurar en México un proceso penal en el que la oralidad, el carácter controversial, la transparencia y la inmediatez sean sus “nuevas” características; pero resulta que nuestros juicios penales ya son orales: hay audiencias, careos y otras diligencias, las más importantes del juicio, que ya tienen esa característica; ya son transparentes y públicas, salvo excepciones razonables; hay la obligación de los jueces de estar presentes en todas las diligencias de los juicios, que es lo que significa inmediatez, y ya tienen nuestros procesos el carácter controversial desde 1917, puesto que los jueces de instrucción que en el siglo XIX investigaban y dictaban sentencia fueron sustituidos en la nueva Constitución por jueces imparciales, árbitros del proceso y directores del mismo, equidistantes entre el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa del acusado. Esto es, desde 1917 nuestro proceso penal es acusatorio y controversial.
Todo esto tiene, sin embargo, un sentido: es sólo una cortina de humo para introducir detrás de ella, en nuestra Constitución, francas y abiertas restricciones a los derechos humanos garantizados en el capítulo primero de la misma, dando marcha atrás en garantías fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones personales y de la libertad individual.
Las reformas serán, so pretexto del combate a la delincuencia organizada y la pretendida modernización de nuestro tribunales (léase imitación de programas televisivos estadounidenses de La ley y el orden), un paso firme hacia un Estado policiaco y represor.
¿Qué está en el fondo? En el fondo está –señala el ex procurador del DF- dar más facultades a las policías, restárselas a las procuradurías para convertir a éstas y a sus agentes en simples litigantes acusadores en los procesos y dejar la investigación en manos de la policía, la que se ha planeado desde el sexenio pasado como centralizada y controlada desde el Ejecutivo federal, autorizada para actuar con manos libres en la persecución de quienes los mismos policías definan como criminales.
Me parece que el busilis (trampa) de la reforma, el punto más grave, que amarra las otras violaciones a las garantías individuales, está en lo que se pretende hacer con el artículo 21 constitucional.
En la redacción elegante y precisa del actual artículo 21 se dice que la investigación y persecución de los delitos incube al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en la propuesta a debate, se modifica este párrafo para quedar de la siguiente manera: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. Así, sin matizar, ministeriales, judiciales, preventivas, federales, estatales o municipales, o cualquier otra que por ahí aparezca, con el agravante de que, de paso, se cuela, sin aparecer en texto alguno, que los militares con los que mayoritariamente se formó la Policía Federal Preventiva serán también investigadores y perseguidores de delito.
Ciertamente –sostiene el ex procurador con pleno conocimiento de causa- que ya se cometen atropellos; reiteradamente sabemos de allanamientos violentos, de verdaderas tomas de pueblos y rancherías, de disparos y de muertes en los retenes de calles y carreteras, y ya nos estamos acostumbrado a que los policías humillen y vejen, obligándolos a arrodillarse o a tenderse en el suelo, a todos los que detienen, sean culpables o no, sospechosos o simples viandantes; ya hay cateos sin orden judicial, arraigos injustificados y detenciones arbitrarias, pero lo que se pretende ahora es que todo eso tenga un sustento constitucional y nada menos. Oh ironía, nada menos que en el capítulo de garantías individuales.
Es cierto que en la reforma se agrega un matiz que en apariencia la salva, que las policías estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pero a éste, para tenerlo bien controlado, simultáneamente se le restringen derechos laborales en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución, que va en el paquete; quisiera ver a un agente del Ministerio Público de un pueblo, o de cualquier lugar, dando órdenes o controlando a los militares de la Federal Preventiva o a los policías del AFI o a los que García Ramírez ha llamado los “supercomandantes”.
Con la reforma al 21 se ponen en el primer párrafo, en igualdad de responsabilidades, a la institución investigadora, el Ministerio Público, con las policías, y esto es –alertan los juristas- abrir la caja de Pandora de las arbitrariedades y puerta a un Estado persecutorio y de mano dura, que con estas reformas recibirá el banderazo de salida. Las leyes secundarias se encargarán de los detalles.
No hay –concluyen- de que esta reforma es un retroceso, es tan grave como la del ISSSTE o la de los energéticos, porque será el instrumento que puede usarse para reprimir movimientos sociales. Ciertamente, la gente, el pueblo, ante crímenes y delitos reales y también ante la propaganda para meter miedo, exige seguridad y ésta debe prestarse por parte del Estado, pero no al precio de la libertad.
Por otra parte penalistas de prestigio y reconocimiento nacional e internacional como Xavier Olea, Juan Velásquez y Raúl Carranca, entre otros, advierten que la iniciativa en cuestión es inquisitorial.
Las reformas –dijeron- propuestas por Felipe Calderón y César Camacho Quiroz en materia de procuración de justicia que se debate mañana en el pleno de la Cámara de Diputados y que plantean, entre otras cosas, la posibilidad de que las corporaciones policíacas, pretenden llevaros hacia una “estado policial” por lo que el pueblo de México debe asumir un estado de “verdadera alerta roja”
A esta preocupación se han sumado juristas como Juristas como Alonso Aguilar Zínser y Juventino Castro, quienes exhortan a los diputados a “pensar dos veces” antes de aprobar la iniciativa en los términos planteados, ya que “lo único que están haciendo es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público; y se está dando a las policías instrumentos que pueden permitir violación de garantías, toda vez que tenemos cuerpos policíacos que no están a la altura de las reformas que se pretenden.
Por otra parte, ayer, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) exhortó al Poder Legislativo a aprobar una reforma judicial que, sin perder el objetivo de combatir a la delincuencia, respete las garantías fundamentales de los mexicanos.
Dicha agrupación manifestó su inquietud ya que de aprobarse la iniciativa como está actualmente, se elevarían a rango constitucional figuras violatorias a derechos fundamentales como el arraigo y el cateo sin orden de un juez.
La FMOPDH, que aglutina a la mayoría de los organismos defensores de derechos humanos del país, pidió – según lo consigna un despacho de NOTIMEX- que no se adopten medidas que atenten contra las garantías "de una ciudadanía cada vez más vulnerable a la inseguridad".
Los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos acompañan la demanda social que exige de las autoridades el cumplimiento del derecho a la seguridad de sus personas y bienes, destacó la federación en un comunicado.
soyatemono@yahoo.com.mx
+ Permitir que cuerpos policíacos, por simple presunción, allanen domicilios a diestra y siniestra, es poner a la sociedad a merced de la barbarie policíaca y de paso también cancelar el sentido social y jurídico de la propiedad privada.
+ Organizaciones que están a favor de la inviolabilidad de la propiedad privada, se organizan para que la sociedad haga sentir en carne propia a los legisladores los estragos de la propuesta irrumpiendo en sus domicilios.
+ Lo único que pretende es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público; y se está dando a las policías instrumentos que pueden permitir violación de garantías, toda vez que tenemos cuerpos policíacos que no están a la altura de las reformas que se pretenden
Mañana en la Cámara federal de los diputados se debate la reforma constitucional penal, la que a la sociedad se le vende, como apunta el maestro Bernardo Batiz, con el rimbombante título de “Reforma Judicial”. De aprobarse esta aberración jurídica, la cual es un atentado al más elemental sentido de justicia, asi como una negación o desconocimiento a los esfuerzos, luchas y tributos en sangre y en vidas de nuestros antepasados, ya que permitir que cuerpos policíacos, por simple presunción, allanen domicilios a diestra y siniestra, es poner a la sociedad a merced de la barbarie policíaca, quedando cancelado el sentido social, real y jurídico de la propiedad privada.
Si diputados aprueban esta reforma antijurídica, aseguran los analistas jurídicos, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.
Algunas organizaciones que están a favor de la inviolabilidad de la propiedad privada, se organizan para que la sociedad haga sentir en carne propia a los legisladores federales y locales y toda suerte de funcionarios y servidores públicos los estragos de la desacralización de sus domicilios y se irrumpa bajo cualquier presunción, una de ellas podría ser la de enriquecimiento ilícito, la posesión de armas o el almacenamiento de drogas, etc.
Al los legisladores debe hacérseles entender la gravedad y el alcance negativo de la reforma que mañana discutirán, experimentándola ellos mismos, asi como sus seres queridos.
Todo aquel diputado que avale la irrupción de la policía en los hogares, lo que estará acreditando no será su preocupación por la justicia, sino una actitud degenerada ya que estará exponiendo a esas arbitrariedades a su propia familia, a sus madres (si es que la tienen) a su padres, a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos y a sus vecinos
Pero vamos por partes –dice el maestro Batiz- tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellaron la forma y el fondo al imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos tomaron la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.
Uno de los estragos más graves de esta pretendida reforma y que mañana se “discuten” los diputados federales, es el atropello a los derechos humanos con medidas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.
Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policíacos y a la violación de derechos humanos elementales.
Pero hay todavía algo más –advierte Bernardo Batiz- la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.
Por ejemplo, se dice que lo que se pretende es instaurar en México un proceso penal en el que la oralidad, el carácter controversial, la transparencia y la inmediatez sean sus “nuevas” características; pero resulta que nuestros juicios penales ya son orales: hay audiencias, careos y otras diligencias, las más importantes del juicio, que ya tienen esa característica; ya son transparentes y públicas, salvo excepciones razonables; hay la obligación de los jueces de estar presentes en todas las diligencias de los juicios, que es lo que significa inmediatez, y ya tienen nuestros procesos el carácter controversial desde 1917, puesto que los jueces de instrucción que en el siglo XIX investigaban y dictaban sentencia fueron sustituidos en la nueva Constitución por jueces imparciales, árbitros del proceso y directores del mismo, equidistantes entre el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa del acusado. Esto es, desde 1917 nuestro proceso penal es acusatorio y controversial.
Todo esto tiene, sin embargo, un sentido: es sólo una cortina de humo para introducir detrás de ella, en nuestra Constitución, francas y abiertas restricciones a los derechos humanos garantizados en el capítulo primero de la misma, dando marcha atrás en garantías fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones personales y de la libertad individual.
Las reformas serán, so pretexto del combate a la delincuencia organizada y la pretendida modernización de nuestro tribunales (léase imitación de programas televisivos estadounidenses de La ley y el orden), un paso firme hacia un Estado policiaco y represor.
¿Qué está en el fondo? En el fondo está –señala el ex procurador del DF- dar más facultades a las policías, restárselas a las procuradurías para convertir a éstas y a sus agentes en simples litigantes acusadores en los procesos y dejar la investigación en manos de la policía, la que se ha planeado desde el sexenio pasado como centralizada y controlada desde el Ejecutivo federal, autorizada para actuar con manos libres en la persecución de quienes los mismos policías definan como criminales.
Me parece que el busilis (trampa) de la reforma, el punto más grave, que amarra las otras violaciones a las garantías individuales, está en lo que se pretende hacer con el artículo 21 constitucional.
En la redacción elegante y precisa del actual artículo 21 se dice que la investigación y persecución de los delitos incube al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en la propuesta a debate, se modifica este párrafo para quedar de la siguiente manera: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. Así, sin matizar, ministeriales, judiciales, preventivas, federales, estatales o municipales, o cualquier otra que por ahí aparezca, con el agravante de que, de paso, se cuela, sin aparecer en texto alguno, que los militares con los que mayoritariamente se formó la Policía Federal Preventiva serán también investigadores y perseguidores de delito.
Ciertamente –sostiene el ex procurador con pleno conocimiento de causa- que ya se cometen atropellos; reiteradamente sabemos de allanamientos violentos, de verdaderas tomas de pueblos y rancherías, de disparos y de muertes en los retenes de calles y carreteras, y ya nos estamos acostumbrado a que los policías humillen y vejen, obligándolos a arrodillarse o a tenderse en el suelo, a todos los que detienen, sean culpables o no, sospechosos o simples viandantes; ya hay cateos sin orden judicial, arraigos injustificados y detenciones arbitrarias, pero lo que se pretende ahora es que todo eso tenga un sustento constitucional y nada menos. Oh ironía, nada menos que en el capítulo de garantías individuales.
Es cierto que en la reforma se agrega un matiz que en apariencia la salva, que las policías estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pero a éste, para tenerlo bien controlado, simultáneamente se le restringen derechos laborales en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución, que va en el paquete; quisiera ver a un agente del Ministerio Público de un pueblo, o de cualquier lugar, dando órdenes o controlando a los militares de la Federal Preventiva o a los policías del AFI o a los que García Ramírez ha llamado los “supercomandantes”.
Con la reforma al 21 se ponen en el primer párrafo, en igualdad de responsabilidades, a la institución investigadora, el Ministerio Público, con las policías, y esto es –alertan los juristas- abrir la caja de Pandora de las arbitrariedades y puerta a un Estado persecutorio y de mano dura, que con estas reformas recibirá el banderazo de salida. Las leyes secundarias se encargarán de los detalles.
No hay –concluyen- de que esta reforma es un retroceso, es tan grave como la del ISSSTE o la de los energéticos, porque será el instrumento que puede usarse para reprimir movimientos sociales. Ciertamente, la gente, el pueblo, ante crímenes y delitos reales y también ante la propaganda para meter miedo, exige seguridad y ésta debe prestarse por parte del Estado, pero no al precio de la libertad.
Por otra parte penalistas de prestigio y reconocimiento nacional e internacional como Xavier Olea, Juan Velásquez y Raúl Carranca, entre otros, advierten que la iniciativa en cuestión es inquisitorial.
Las reformas –dijeron- propuestas por Felipe Calderón y César Camacho Quiroz en materia de procuración de justicia que se debate mañana en el pleno de la Cámara de Diputados y que plantean, entre otras cosas, la posibilidad de que las corporaciones policíacas, pretenden llevaros hacia una “estado policial” por lo que el pueblo de México debe asumir un estado de “verdadera alerta roja”
A esta preocupación se han sumado juristas como Juristas como Alonso Aguilar Zínser y Juventino Castro, quienes exhortan a los diputados a “pensar dos veces” antes de aprobar la iniciativa en los términos planteados, ya que “lo único que están haciendo es favorecer la ineficiencia del Ministerio Público; y se está dando a las policías instrumentos que pueden permitir violación de garantías, toda vez que tenemos cuerpos policíacos que no están a la altura de las reformas que se pretenden.
Por otra parte, ayer, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) exhortó al Poder Legislativo a aprobar una reforma judicial que, sin perder el objetivo de combatir a la delincuencia, respete las garantías fundamentales de los mexicanos.
Dicha agrupación manifestó su inquietud ya que de aprobarse la iniciativa como está actualmente, se elevarían a rango constitucional figuras violatorias a derechos fundamentales como el arraigo y el cateo sin orden de un juez.
La FMOPDH, que aglutina a la mayoría de los organismos defensores de derechos humanos del país, pidió – según lo consigna un despacho de NOTIMEX- que no se adopten medidas que atenten contra las garantías "de una ciudadanía cada vez más vulnerable a la inseguridad".
Los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos acompañan la demanda social que exige de las autoridades el cumplimiento del derecho a la seguridad de sus personas y bienes, destacó la federación en un comunicado.
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