Modificaciones a algunos artículos violan la CIDH, afirma experto de la UNAM
Alfredo Méndez
La aprobación de la reforma judicial calderonista sacará a México del “canal internacional”, ya que los arraigos y allanamientos a casas habitación sin la orden de un juez violarán el artículo séptimo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ratificada por nuestro país, aseguró ayer el especialista en temas de seguridad nacional Adolfo Miranda, al participar en un foro de análisis organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En tanto, el ex ombudsman de Baja California, José Luis Pérez Canchola, coincidió con Miranda en el peligro que representa elevar a rango constitucional el arraigo y los allanamientos de morada, aunque aclaró que el principal problema del sistema penal mexicano es la impunidad, que se consolida cada día con la inacción de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
Para Adolfo Miranda, quien se desempeña como asesor en temas de seguridad y justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si bien la reforma calderonista tiene aspectos positivos, también resultará peligrosa, porque va a minar las garantías individuales.
Refirió que al modificar los artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Carta Magna se facilitará al Ministerio Público la posibilidad de conseguir órdenes de aprehensión, pues serán más laxos los requisitos para que un juez disponga esas medidas cautelares.
Otro aspecto negativo de esos cambios, añadió, es que se hayan suprimido las facultades exclusivas para que las autoridades ministeriales y hacendarias pudieran inspeccionar las cuentas bancarias de los grupos criminales, pues ahora será difícil combatir el lavado de dinero que realizan narcotraficantes y secuestradores.
Indicó que lo más peligroso de la reforma –que será votada este martes en la Cámara de Diputados– es la facultad que se dará a las policías del país para decidir, en caso de persecución a presuntos delincuentes organizados, cuándo allanar un domicilio.
Es inadmisible que sean los agentes mexicanos, que carecen de preparación, ética y lealtad a las instituciones que representan, quienes tengan la facultad de decidir quién es delincuente y cuándo deben entrar a un domicilio, destacó.
“Los policías terminarán informando a un juez que era necesario tal o cual allanamiento, tergiversarán los hechos a su conveniencia y se cometerán actos de injusticia”, aseveró Adolfo Miranda.
José Luis Pérez Canchola, ex director del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, declaró que no toda la culpa de la ineficiencia en el combate a la delincuencia es de los cuerpos policiacos.
“No hay que dejar de ver que en este país imperan la corrupción y la impunidad institucional. El problema principal es la falta de justicia; nuestros políticos e instituciones de procuración e impartición de justicia no han cumplido a la sociedad, y en ello están embarradas las procuradurías, los jueces y hasta el Ejército”, puntualizó.
Añadió que otro grave error del gobierno federal es mandar a los militares a las calles del país a realizar labores policiacas, poniendo de pretexto que es necesario para combatir el narcotráfico. “Esta guerra contra las drogas está causando más daño social que las propias drogas”, resaltó.
