Se trata de policías federales y estatales que detuvieron a más de 100 en Atenco
- Promete la Corte a la Comisión Civil Internacional actuar en el caso con apego a derecho
Alfredo Méndez
Los manifestantes señalaron que la fiscal Guadalupe Morfín sólo les ha dicho que tomará el tiempo necesario para desahogar la averiguación previa Foto: María Meléndrez
Un grupo de habitantes de San Salvador Atenco exigió a la Fiscalía Especial para Delitos contra Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Guadalupe Morfín, que deje de proteger a policías federales, estatales y municipales que presuntamente torturaron a más de un centenar de personas que fueron aprehendidas en mayo de 2006, luego de un enfrentamiento en esa localidad entre pobladores y agentes policiacos.
Mariana Selvas Gómez, estudiante de etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien estuvo detenida 11 meses en un penal mexiquense acusada de haber motivado el enfrentamiento con los policías, se manifestó este mediodía frente a las instalaciones de la fiscalía, acompañada por unos 30 atenquenses.
“No pido disculpa, sino castigo para aquellos que nos mantuvieron presos siendo inocentes y que siguen manteniendo recluidos a compañeros que tampoco tuvieron responsabilidades”, indicó.
El caso de Mariana Selvas es similar al de la indígena mazahua Magdalena García Durán, quien estuvo varios meses detenida por cargos similares, pero fue excarcelada por falta de pruebas. Las dos estaban juntas cuando les avisaron del desalojo violento contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Selvas Gómez acudió al lugar para auxiliar a su padre, quien es doctor, en la atención de los heridos. Fue capturada, y en el traslado hacia el Ministerio Público los policías la torturaron sicológicamente e intentaron violarla.
El testimonio de ella fue denunciado ante la fiscalía de mujeres, que hasta diciembre pasado encabezaba Alicia Elena Pérez Duarte, quien dejó la estafeta a Guadalupe Morfín.
Ayer, entrevistada durante la manifestación en que gritaron consignas contra la PGR, Mariana Selvas refirió que la nueva funcionaria únicamente ha dicho a los denunciantes que no conoce el caso y que tomará el tiempo que necesite para desahogar la averiguación previa.
Los atenquenses denunciaron penalmente a agentes de la Policía Federal Preventiva –esa dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal estaba a cargo en mayo de 2006 de Eduardo Medina Mora, quien hoy es titular de la PGR– y a policías del estado de México.
A más de un año del enfrentamiento en Atenco, ningún policía ha sido consignado penalmente por supuesto abuso de autoridad y tortura.
Respeto a los derechos humanos
Por otra parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se comprometió con integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) a que las comisiones especiales que integró el máximo tribunal para investigar las supuestas violaciones a las garantías individuales en San Salvador Atenco y en Oaxaca actuarán “con absoluto respeto a la legalidad y los derechos humanos”.
Al recibir ayer a Marco Aparicio, Françoise Escarpit y Antonio Medrano, de la CCIODH, Ortiz Mayagoitia les entregó una copia del acuerdo general de la Corte que establece las reglas que deben seguir las comisiones investigadores de posibles violaciones graves a las garantías individuales.
En ese contexto, el funcionario judicial “les garantizó”, según un comunicado de la Corte, que el Poder Judicial de la Federación es “seguro, confiable y objetivo”, y que las investigaciones se llevan a cabo con apego estricto a la ley.
