Detrás de la Noticia
Ricardo Rocha 14 de febrero de 2008
En pocos días los diputados y senadores van a escribir uno de los capítulos más oscuros en la historia de la justicia mexicana. Se trata de una reforma judicial que, enviada por el Ejecutivo, ha encontrado eco en votaciones mayoritarias en ambas cámaras del Congreso.
En pocos días los diputados y senadores van a escribir uno de los capítulos más oscuros en la historia de la justicia mexicana. Se trata de una reforma judicial que, enviada por el Ejecutivo, ha encontrado eco en votaciones mayoritarias en ambas cámaras del Congreso.
De nada han servido los reclamos y advertencias. La reforma significará el mayor endurecimiento legal de que este país tenga memoria. Con ella se pondrá en riesgo cotidiano el respeto a las libertades individuales. No tendremos un país más justo, pero si más duro.
Paradójicamente, la iniciativa ofrece zanahorias tan apetecibles como la introducción de juicios orales que permitan la impartición de una justicia transparente y expedita; la creación de jueces de control con facultades para revisar actos del Ministerio Público; el derecho a una defensa oficial de calidad y la incorporación de principios como el derecho a guardar silencio.
Sin embargo, son también inocultables los garrotes que, en la práctica, pueden significar muy graves retrocesos en materia de derechos humanos: la permisividad para que la policía realice allanamientos de morada sin orden judicial alguna, a sabiendas de los abusos en que incurren sistemáticamente todas las policías mexicanas municipales, estatales y federales; la elevación a rango constitucional del arraigo como una forma disfrazada de prisión preventiva sin controles judiciales en perjuicio de los detenidos y en abierta violación a la presunción de inocencia.
Esta reforma ampliaría también las facultades del Ministerio Público para acceder a información confidencial bancaria, fiscal y electoral sin control judicial alguno y en perjuicio de cualquier ciudadano.
Pero lo más grave de la reforma es que crea un subsistema de excepción para quienes el gobierno considere responsables o siquiera sospechosos de pertenecer a la delincuencia organizada. Un territorio extralegal donde se restringirán las atribuciones de todos aquellos a quienes la autoridad clasifique como “enemigos del Estado”, atropellando no sólo sus derechos humanos sino sus garantías individuales y procesales. Todo un retroceso al más rancio estilo porfirista: “primero enciérrenlos... y después viriguan”.
Lo peor es que es muy ambigua la definición de lo que significa “poner en riesgo al Estado”. Así que en el paquete se podría incluir no sólo a los narcotraficantes, sino a quienes se opongan al gobierno mediante actos de resistencia civil o sean sorprendidos organizando una marcha callejera, por ejemplo. Los opositores vistos como los peores enemigos. Y para quienes crean que exagero ahí están los botones de muestra de las sentencias ridículas a los narcos mientras que luchadores sociales como Ignacio del Valle son condenados a cadenas perpetuas de 67 años de prisión por el gravísimo delito de oponerse al aeropuerto foxista.
Así que ni siquiera una cruzada tan solidaria como la que el gobierno libra contra el crimen organizado puede justificar una reforma judicial como la que se disponen a aprobar panistas, priístas y anexos. Ni aun en el caso de los delincuentes se justifica el atropello a los más elementales derechos humanos. Más preocupante todavía si se pretende confundir a opositores con enemigos del Estado, a los que habría que encerrar en “guantanamitos” en todo el territorio.
Sobran pues los motivos de alarma al poner en manos del actual aparato de justicia este implacable instrumento de represión. Sobre todo en un país donde lo común es la corrupción de jueces y policías. Y los manotazos sangrientos desde el poder han sido parte dolorosa de nuestra historia contemporánea: las golpizas y cárceles para los maestros en los 60; los muertos de Tlatelolco; el Jueves de Corpus del 71 y las torturas y desapariciones de la guerra sucia; las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, y las macanizas vengativas contra los de Atenco.
Mas todo indica que los legisladores ignoraron estas lecciones. Seguimos sin atender las causas estructurales de la injusticia y la criminalidad: pobreza, corrupción e impunidad. Y todo apunta a que seguiremos así: con más crimen que castigo.
ddn_rocha@hotmail.com
