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El Centro de Investigación y Seguridad Nacional observa con atención las acciones de activistas en Guerrero, en especial a Vidulfo Rosales Sierra, quien asesora a los padres de los estudiantes desaparecidos y a quien considera un radical
Tras la última reunión entre los padres de los normalistas y las autoridades, el abogado Vidulfo Rosales dijo que los resultados de las investigaciones que les presentó el gobierno son escasas
"Nivel de radicalidad: En su activismo a favor de la defensa de los derechos humanos ha acudido a instancias internacionales en la materia"
Detrás de los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa existe una entramada red de vínculos con grupos subversivos y radicales del estado de Guerrero.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) encontró un entramado en el que se exhibe la relación entre activistas del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con cabecillas del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, es una muestra del engranaje entre activismo a favor de los derechos humanos y la subversión.
El abogado de 38 años, que se ha convertido en una de las voces autorizadas que dialoga y negocia sobre este conflicto con el presidente Enrique Peña Nieto y el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, está fichado por el Cisen como un radical.
Reporte Indigo tiene en su poder la red de vínculos de activistas ligados con grupos subversivos del estado de Guerrero fichados por el Cisen.
El perfil del abogado
El abogado Vidulfo Rosales Sierra destaca como una de las figuras centrales fichado por el Cisen por sus vínculos con la subversión: ERPI, OPIM, CRAC y los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Rosales Sierra y Abel Barrera, por las causas que abanderan a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, forman parte de los elementos considerados peligrosos para la gobernabilidad.
Su presencia no es nueva en la Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos, donde asesoraron a los alumnos y familiares después de los hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011, cuando murieron los alumnos Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino durante el operativo de desalojo del bloqueo que realizaban en la Autopista del Sol en Chilpancingo.
Rosales Sierra fue una de la primeras voces que exigió juicio político contra el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, pues fungió como abogado de los familiares de esos alumnos, en la apelación de la libertad de los policías, presuntos autores de los hechos.
El abogado es una de las columnas vertebrales del activismo en esa región, por eso es que los padres de familias lo tienen como una de las voces autorizadas para hablar por ellos ante la Secretaría de Gobernación y la propia PGR.
Además de su papel en la normal Isidro Burgos, el abogado asesora en los conflictos de la CRAC y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP); a la oposición a la reforma educativa con la CETEG.
También da asesoría a indígenas defraudados por instituciones bancarias; demandas de abastecimiento de agua y vivienda en la Montaña y la Costa Chica; apoyo a damnificados afectados por la tormenta “Manuel”; apoyos a jornaleros que migran; denuncia de impacto ambiental a la reserva de la biósfera, entre otros.
Reclama en ONU
La ficha de Rosales Sierra en el Cisen refiere:
“Nivel de radicalidad: En su activismo a favor de la defensa de los derechos humanos ha acudido a instancias internacionales en la materia. El 27 de marzo de 2011, acompañado de Raymundo Díaz Taboada y Bertoldo Martínez Cruz, se reunió con integrantes de la comisión del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU, a quienes les entregaron un diagnóstico sobre la situación en la entidad.
“Señaló que de abril de 2005 a marzo de 2011 se habían contabilizado mil 643 víctimas de violencia, de los cuales 25 permanecen como víctimas de secuestro, 289 desaparición forzada y mil 290 asesinados”.
Por informes como éste, que entregó a Jasminka Dzumhur y Ariel Dilitzky, de la ONU, Vidulfo Rosales y el Centro Tlachinollán resultaron incómodos para el fallido gobierno de Aguirre.
Agrega que en el 2013 asesoró a la CRAC-PC en su demanda de que sean reconocidas sus actividades de autodefensa por el Gobierno del Estado, y que ha participado en la defensa de detenidos por delitos de portación de arma de fuego y secuestro.
En el 2011 y 2012 exigió cumplimiento a la resolución de la Corte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a favor de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, presuntamente violadas por personal del Ejército Mexicano en el municipio de Ayuta de los Libres.
“Participó en el acto público de responsabilidad en el que estuvieron dirigentes de organizaciones fachada del ERPI, así también de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos”, apunta el documento.
Activistas bajo observación
La red de vínculos no se concentra en Barrera Hernández y Rosales Sierra, también perfila las personalidades y activismo de los líderes Bruno Plácido Valerio, de la UPOEG; Eliseo Villar Castillo, de la CRAC; Bertoldo Martínez Cruz, del FODEG, y Ubaldo Segura Pantoja, del FPR.
Además de estos a Ernesto Gallardo Grande, alias “Comandante Neto”; Gonzalo Torres Valencia, alias “Comandante Gonzalo”; Crisóforo García Rodríguez, comandante Guerrero, y Cualido Ortega Mendoza.
Del Movimiento Popular Guerrense se menciona a Ramos Reyes Guerrero, Minervino Morán Hernández, René Fuentes Acevedo, Sidharta Valencia Cantú, Mario Zamora Maldonado, Arturo Valencia Cantú, Taurino Rojas, Juan Tenorio Villegas, César Tito López y René Fuentes Acevedo.
Todos ellos apoyados por los sacerdotes católicos Mario Reynaldo Campos Hernández y Hugo Melitón Santillán Cantú, cuyo activismo publicó Reporte Indigo en la edición “Predican la insurgencia”.
