La llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República abrió en el 2000, entre otros temas, la discusión sobre la necesidad de la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México bajo el argumento de que el existente no contaba con la capacidad suficiente para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y usuarios. El 22 de octubre del 2001 el gobierno federal decidió que la construcción sería en zona del Valle de México y para ello se expropiaron más de 5000 hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco, el más afectado, provocando el inicio de un conflicto entre el Gobierno Federal y los afectados por el proyecto que recibirían la injusta cantidad de 7.50 pesos por metro cuadrado de sus tierras.
Desde ese momento, numerosos habitantes se opusieron rotundamente argumentando la falta de consulta a los pobladores además de la amenaza de la extinción de sus formas de vida, cultura, tradición, historia y, sobre todo, lo más valioso que habían heredado de sus abuelos: la tierra. Ante el anuncio de la expropiación de sus terrenos, los opositores decidieron organizarse formando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
El conflicto se desarrolla en el marco de agresivas políticas de inversión hacia la privatización de la tierra, políticas neoliberales que privilegian al mercado y no el uso colectivo y el fomento al campo, así como en un contexto de fuerte criminalización de los movimientos sociales como estrategia preferente del Estado para responder a demandas, movilizaciones y reivindicaciones de organizaciones, pueblos y comunidades. El conflicto se desarrolla además a través de la estructura estatal, afectada por la corrupción y un sistema jurídico parcial e influido claramente por las fuerzas políticas que debilitan su autonomía del resto de poderes públicos.
Tras varios meses de lucha y movilizaciones que contaron con un masivo apoyo de varios sectores de la sociedad civil mexicana, después del asesinato de uno de sus integrantes - Enrique Espinosa Juárez- y de una fuerte discusión en la opinión pública, en agosto de 2002 el gobierno federal tuvo que retirar el decreto expropiatorio, consignando un triunfo al movimiento campesino y de pobladores de Atenco y otras comunidades y pueblos de la región.
Sin embargo, el 3 y 4 de mayo de 2006, un operativo policiaco ordenado por el gobierno federal, del estado de México, y del gobierno municipal de Texcoco, con más de 4,500 efectivos contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la tierra que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales en Texcoco, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de México.
Los sucesos represivos de Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, han tenido enormes repercusiones en materia de derechos humanos y un importante repudio público a la represión contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de la otra campaña, que arrojó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales, tortura y cateos ilegales. Cabe resaltar que veintiséis de cuarenta y siete mujeres detenidas en los hechos, han denunciado ser víctimas de violencia sexual, física o verbal por parte de los policías que las custodiaban, algunos de ellos ahora exonerados, por lo que 11 de ellas han decidido acudir a la Comisión Interamericana de derechos Humanos, órgano autónomo perteneciente a la Organización de Estados Americanos buscando justicia ante el Estado mexicano. Sin embargo, el caso de las mujeres, así como de resto de violaciones a los derechos humanos siguen hasta hoy, impunes.
A pesar de no contar con pruebas y de que el proceso acusatorio ha estado plagado de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos de los detenidos, en la actualidad 10 de las personas acusadas por el delito de secuestro equiparado han sido sentenciadas a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel. Sus nombres son: Oscar Hdz. Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Pedro Reyes Flores, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuellar Rivera y Eduardo Morales Reyes. Muchos de ellos son transeúntes o vecinos, detenidos en medio de la confusión y los operativos de redada de los cuerpos represivos.
Sin embargo, a pesar de la enorme gravedad de esta condena, existen tres casos más que son urgentes de denunciar, apoyar y visibilizar. El caso de Ignacio Del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, condenado a 67 años y medio de prisión y a quien recientemente se le han sumado 45 años más, haciendo una suma de 112 años de prisión, lo que equivale a cadena perpetua. Héctor Galindo y Felipe Álvarez, a su vez, mantienen también una condena de 67 años y medio de injusta prisión. Estos tres casos son emblemáticos por la dureza, irregularidad, ilegalidad de sus procesos y condenas, que son significativamente de corte político, por ser personajes importantes del movimiento que impidió la construcción del aeropuerto en Texcoco, y quienes habían mantenido activamente su participación. Es además claro jurídicamente, que el sistema judicial del Estado de México ha empujado estas condenas como medida represiva al movimiento de Atenco.
Son significativos los malos tratos, abusos y hostigamiento contra estos tres compañeros presos en el Penal de máxima seguridad del Altiplano. Podemos afirmar que estos tres casos más la decena de presos en el Penal de Molino de las Flores, son presos políticos.
Por último, una integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, América Del Valle- hija de Ignacio Del Valle- se encuentra perseguida, bajo cargos de secuestro equiparado. Otros dos casos, Bernardino Cruz y Adán Espinosa, también integrantes del movimiento, se defienden jurídicamente ante las acusaciones de las autoridades mexicanas. Sin embargo, de perder los recursos legales de defensa, se encontrarían indefensos frente a posibles nuevas detenciones. Estos tres integrantes del FPDT son perseguid@s políticos por el Estado.
Ante esta serie de actos de brutalidad, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CIODH) tomaron la palabra para denunciar la actuación de las autoridades mexicanas. Otras más, como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también denunciaron los atropellos a las garantías individuales y a los derechos humanos que se habían cometido en el poblado de San Salvador Atenco.
La vigencia persecutoria, la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y las claramente injustas condenas requieren de la actuación de la sociedad civil y el apoyo y solidaridad nacional e internacional de manera urgente, para lograr la libertad de los aún presos, la justicia para los perseguidos, así como el castigo a quienes diseñaron, ordenaron e implementaron numerosas violaciones a los derechos humanos de detenidos, asesinatos, tortura sexual y brutalidad policiaca.
Por todas estas razones un grupo de organismos civiles, solidarios, defensores de los derechos humanos, abogados defensores, familiares de los presos y perseguidos así como el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, hemos decidido impulsar una estrategia conjunta e integral que permita construir una estrategia integral para generar condiciones que impulsen una solución jurídico-política ante los diversos poderes de la nación –Judicial, Legislativo o Ejecutivo- para alcanzar la libertad de los 13 presos, perseguidos y procesados políticos, así como la justicia para Atenco.
2) Datos de los 13 presos y 3 perseguidos políticos.
IGNACIO DEL VALLE MEDINA, originario de San Salvador Atenco, campesino, 58 años de edad, condenado a 112 años y medio de prisión, recluido en el penal de Máxima Seguridad No. 1 del Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México.
FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, Felipe Álvarez es originario de Nexquipayac, Atenco, campesino; Héctor Galindo, 34 años de edad, abogado, ambos condenados a 67 años y medio de prisión, recluidos en el penal de Máxima Seguridad No. 1 del Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México.
PEDRO REYES FLORES, originario de San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Estado de México, vendedor y productor de flores, 24 años de edad.
ALEJANDRO PILÓN ZACATE, originario de Santa María Chiconcuac, Estado de México, maquilador, 29 años de edad.
JORGE ALBERTO ORDÓÑEZ ROMERO, originario de La Pastoría, Atenco, Estado de México, bordador, 28 años de edad.
ROMÁN ADÁN ORDÓÑEZ ROMERO, originario de La pastoría, Atenco, Estado de México, bordador, 23 años de edad.
JUAN CARLOS ESTRADA CRUCES, originario de San Francisco Acuexcomac, Atenco, Estado de México, bicitaxista, 26 años de edad.
JULIO CESAR ESPINOSA RAMOS, originario de San Pablito, Chiconcuac, Estado de México, comerciante, 20 años de edad.
INÉS RODOLFO CUELLAR RIVERA, originario de San Miguel Tlaixpan, litigante.
EDGAR EDUARDO MORALES, originario de San Miguel Tocuila, Texcoco.
OSCAR HERNÁNDEZ PACHECO, originario de San Salvador Atenco, Obrero.
NARCISO ARELLANO HERNÁNDEZ, originario de La Magdalena Panoaya, Texcoco, Albañil.
Los 10 detenidos el 3 de mayo de 2006, acusados de secuestro equiparado en el expediente penal de primera instancia 58/06 ante el Juzgado Primero Penal de Texcoco, condenados a 31 años, 11 meses, 15 días, recluidos en el Penal del Molino de Flores, Texcoco, Estado de México. Situación jurídica actual: apelación pendiente de resolverse. Toca: 652/2008. Segunda Sala Regional Penal del Distrito Judicial de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
AMÉRICA DEL VALLE RAMÍREZ, originaria de San Salvador Atenco, exiliada de su comunidad, 28 años de edad, pedagoga, por ella pesan órdenes de aprehensión por el delito de secuestro cuya causa fue sentenciada a 67 años y medio para Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Actualmente no cuenta con recurso jurídico para su libertad más que el proceso en reclusión y su única salida es la amnistía.
BERNARDINO CRUZ CARDONA y ADÁN ESPINOSA ROJAS, profesor de Chapingo y campesino respectivamente, originarios de San Salvador Atenco, exiliados de su comunidad, para ellos giran órdenes de aprehensión en diversas causas, las opciones jurídicas para ganar los amparos son mínimas y existe la posibilidad de pasar a la situación jurídica de América Del Valle.
3) Texto para solicitar adhesiones y publicarse como inserción en medios nacionales.
¡Justicia y libertad para Atenco!
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, un operativo policíaco ordenado por el gobierno federal y del estado de México, con más de 4,500 efectivos contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales en Texcoco, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de México.
Desde aquellos días, en que se registraron 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres violadas y abusadas sexualmente, torturas y cateos que han sido ampliamente denunciados por varias instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, se han venido acumulado irregularidades jurídicas escandalosas para justificar condenas tan injustas como la impuesta a Ignacio Del Valle por 112 años de prisión, a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por 67 años y medio de prisión; y a las otras 10 personas (Oscar Hdz. Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales) que han sido sentenciadas a 31 años 11 meses y 15 días de cárcel. Cabe mencionar que América Del Valle, Bernardino Cruz Cardona y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos.
Las irregularidades de los procesos penales evidencian que estamos ante un asunto político cuyo objetivo es reprimir a uno de los pueblos que dignamente ha defendido su tierra, sus recursos naturales y sus tradiciones, frente a las injustificadas pretensiones de construir en su territorio el nuevo Aeropuerto Internacional propuesto por Vicente Fox en 2001. Preocupa, además, que la represión contra el FPDT, esté enmarcada en una represión generalizada contra las organizaciones y movimientos que ejercen su derecho a la crítica, a la manifestación y a la resistencia contra políticas gubernamentales.
Por ello y ante las determinaciones que sobre los motivos y las razones de la represión que en los próximos días emitirá la Suprema Corte de la nación es que personalidades de ámbitos artísticos, intelectuales, académicos, sindicales, de defensa de los Derechos Humanos, activistas, políticos, legislativos, de México y el mundo, apoyamos la “Campaña por la Libertad y Justicia para Atenco”, y exigimos:
La revisión de las sentencias;
El pleno respeto a los Derechos Humanos de los detenido y perseguidos;
El alto a la criminalización contra los movimientos sociales; Y la
LIBERTAD PARA LOS PRESOS DE SAN SALVADOR ATENCO.
Llamamos a todos y a todas a que apoyen las distintas actividades de la campaña y a que formulen sus propuestas, así mismo convocamos a que se formen Comités Locales en centros de estudio, de trabajo o en sus comunidades, para impedir que se prolongue la injusta reclusión a la que nuestros compañeros de San Salvador Atenco han estado sometidos.
¡Justicia y libertad para Atenco!
¡Presos políticos libertad!
