- Exigen fiscalía especial
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 30 enero 07 (CIMAC).- Por una venganza política del gobierno del Estado de México, 30 personas, entre ellas siete mujeres, detenidas en los operativos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, permanecen recluidas en los penales de Santiaguito y La Palma y se les ha negado amparos de libertad, señaló en entrevista la abogada Bárbara Zamora López.
Desde 2001, el gobierno del Estado de México ha tenido diversos desencuentros con los pobladores de esta localidad, dice la abogada, quien asume la defensa jurídica de Magdalena García Durán, indígena mazahua detenida en uno de los operativos.
Pero en ninguno de los casos existen elementos jurídicos para que los detenidos continúen recluidos en estos penales, explica Zamora, por lo que reiteró que más bien existen tintes políticos rodeando al caso de Atenco.
Los pobladores de San Salvador Atenco y Texcoco se han organizado para defender sus derechos, sus tierras, echando abajo la construcción del aeropuerto en Texcoco o defendiendo sus predios y tierras de la expropiación que el gobierno ha querido hacer y que los mismos pobladores han impedido, por eso ahora se está vengando manteniéndolos en prisión, sostuvo la abogada.
En el caso específico de Magdalena García Durán -acusada de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación- Bárbara Zamora señaló que pese a que el Juzgado cuarto de Distrito con sede en Toluca ha señalado al juez segundo de lo penal en Toluca, Jaime Maldonado Salazar, “que no existen elementos suficientes para que esté presa”, éste insiste en lo contrario.
“Magdalena está enojada porque la acusan de haber secuestrado a policías en Atenco el día que ella ni siquiera estuvo ahí. Considera que a ella sí la están secuestrando las autoridades del penal, pues ya son tres ocasiones en que le han negado el amparo para obtener su libertad” aseveró Zamora.
Por lo pronto, analiza la posibilidad de interponer un nuevo juicio de amparo (con éste sería el tercero), toda vez que “existen todos los elementos jurídicos” para que Magdalena salga. Es más, dijo, debió haber salido desde noviembre de 2006, fecha en que se interpuso el primer amparo.
Bárbara Zamora enfatizó que el trato en el penal de Santiaguito se ha endurecido para los detenidos de Atenco y Texcoco, quienes han sido amenazados por el director del penal, Irineo Monroy Dávila, con cancelarles las visitas familiares si en las audiencias expresan su descontento y sus familiares continúan gritando consignas afuera del penal.
En tanto, Juan de Dios Monge, quien lleva los casos de 102 atenquenses, dijo en entrevista con Cimacnoticias que el proceso puede alargarse aún más (ya van 9 meses), porque aún no concluye el desahogo de la primera prueba, que incluye la ampliación de declaraciones de los policías que participaron en el operativo.
“El juez está resolviendo con criterios eminentemente políticos y no jurídicos” advirtió.
Monge Rodríguez consideró que el nuevo auto de formal prisión dictado a García Durán el pasado viernes es grave, ya que “si no hay elementos para acreditar el cuerpo del delito no tiene por qué existir un nuevo auto de formal prisión. Lo que está haciendo el juez es basarse en las declaraciones de los policías, pese a que el juez de distrito señaló que éstas no tiene valor probatorio”, concluyó.
ATENCO REVIVE
Por su parte, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y de la Otra Campaña han convocado a una marcha y plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el 1 de febrero, para exigir la creación de una fiscalía especial para investigar los delitos de violaciones cometidos por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y funcionarios responsables del operativo.
De acuerdo con un boletín del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), el (FPDT) exige a las autoridades que se resuelvan los amparos interpuestos por los abogados que llevan los casos; que los procesos de quienes han obtenido su libertad bajo caución se resuelvan conforme a derecho y se acelere el procedimiento y el cese a la persecución, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de familiares y amigos de los detenidos.
07/LGL/GG
