- Magdalena García continúa en Santiaguito debido a un tercer auto de formal prisión
- Juez con sede en Toluca desechó un amparo federal
- Este proceso, anticonstitucional, "no tenemos duda de que se trata de una represalia política", afirma la abogada Bárbara Zamora
EMIR OLIVARES E ISRAEL DAVILA REPORTERO , CORRESPONSAL
Pese a que la justicia federal concedió un amparo a Magdalena García Durán, detenida a raíz del operativo policiaco en San Salvador Atenco, la indígena mazahua continúa recluida en el penal de Santiaguito y no podrá obtener su libertad debido a que el juez segundo de lo penal de Toluca, Jaime Maldonado quien conoce del caso, decretó un tercer auto de formal prisión en su contra.
No conforme con desechar el amparo en contra del auto de formal prisión otorgado por el juez primero de distrito, Willy Vega, mismo que fue ratificado la semana pasada por un tribunal colegiado, el juzgador de la capital mexiquense también desestimó las consideraciones expuestas por Amnistía Internacional (AI) en un documento dirigido al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, acerca de que los delitos de secuestro equiparado y ataque a las vías generales de comunicación "no están sustentados y constituyen una detención arbitraria".
El amparo otorgado por el juez primero de distrito y ratificado por el tribunal colegiado acreditaba que no había suficientes elementos para sustentar la detención de la inculpada, pues el auto de formal prisión se basaba en agravios inoperantes, además de que en las pruebas contra la indígena existía un cúmulo de irregularidades.
AI explicó a Medina Mora que la garantía constitucional otorgada por Willy Vega acreditaba que el auto de formal prisión carece de motivos y "es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, tuteladas por los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución".
Amén de que Maldonado sustentó su decisión en las declaraciones idénticas de los policías aprehensores, "factor que no consideró el juzgador para determinar su valor probatorio, lo cual va en contra de los derechos humanos a un juicio justo, al debido proceso y a la presunción de inocencia", señaló el organismo internacional.
Debió ser excarcelada en noviembre: AI
Por ello, consideró AI, la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso específico de García Durán es preocupante, porque la indígena debió obtener su libertad desde el 27 de noviembre de 2006, pero "sin aportar nuevas evidencias que justifiquen su prolongada detención" esa dependencia presentó un recurso de revisión en contra del amparo concedido en favor de la detenida, el pasado 7 de noviembre.
En el documento, la organización de defensa de los derechos humanos solicitó a Medina Mora que haga de su conocimiento cuáles son las nuevas pruebas aportadas por la PGR en perjuicio de García Durán o de lo contrario se retire el recurso de revisión para hacer valer las garantías que se han vulnerado.
"AI considera que la actuación de las autoridades estatales, incluyendo la policía, el Ministerio Público (federal) y el Poder Judicial ha sido parcial y contraria al marco internacional de derechos humanos. (Por lo que) ve con preocupación la insistencia en mantener encarcelada a la indígena mazahua, a pesar de la falta de evidencias."
El documento agrega que esa actitud se interpreta como uso discriminatorio del sistema de justicia, por la condición indígena de la acusada, "lo cual nos llevaría a considerarla presa de conciencia y a ejercer una acción mundial en favor de su liberación inmediata e incondicional".
Tras meses de argumentar que el caso de los detenidos en Atenco es de su competencia y no de un juzgado de Texcoco área jurisdiccional donde se suscitaron los hechos, con el argumento de que los detenidos son de "alta peligrosidad", en esta ocasión Maldonado se contradijo al declararse incompetente para continuar con el proceso jurídico contra García Durán trasladándolo a Texcoco.
Bárbara Zamora, abogada de la indígena mazahua, aseguró que esa acción resulta anticonstitucional y violatoria de la Ley de Amparo, pues aunque la justicia federal señaló que no hay elementos suficientes para sostener el auto de formal prisión, "de dónde saca Maldonado nuevos elementos para dictar un tercero".
La defensora subrayó que la decisión del juez de Toluca "es una demostración muy clara y burda del interés político de mantener a estas personas, en especial a Magdalena, en la cárcel.
"Ahora no tenemos duda de que Maldonado no actúa apegado a derecho. No tenemos duda de que se trata de una represalia política. Aquel que le ordenó a Maldonado dejarla en prisión no le importa pisotear la ley para satisfacer su ánimo de venganza", expresó la litigante.
Ignoran derechos constitucionales
Señaló que tras esta resolución acudirá a diversas instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el propósito de denunciar que en México "es nulo el derecho de una persona, y sus garantías constitucionales son ignoradas y violadas de manera burda y flagrante por todas las autoridades".
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia del estado de México se limitó a informar sobre el sentido de la determinación, pero se negó a dar a conocer los argumentos que la sustentaron.
"Vamos a esperar a que sea el juez de distrito en materia de amparo quien determine si esta resolución que tomó el juez segundo es satisfactoria o no. El nos va a decir si lo que hizo el juez Maldonado está bien o se necesita modificar en algo el auto", dijo Carlos Mota, vocero del Poder Judicial mexiquense.
En ese sentido, Zamora indicó que sólo resta esperar a que el juzgado de distrito dé por no cumplida la sentencia y obligue a la liberación inmediata de Magdalena García: "De todas formas, vamos a explorar la posibilidad de fincar responsabilidad al juez Maldonado por su actuación", concluyó.
