- Los escándalos lo siguen, a pesar de que tratan mediáticamente de hacerle una imagen de probidad
Desde el 15 de enero, fecha en la que Alfonso Navarrete Prida exoneró por primera vez al ex gobernador, sin haber llevado a cabo una investigación a fondo y de manera pública, el mandatario mexiquense fue colocado en el análisis nacional, por considerarse que encubría al ex funcionario, sobre todo por que el fue secretario de administración en la pasada gestión estatal.
Posteriormente, el 2 de febrero se instauró la Agencia de Seguridad Estatal, comandada por Wilfrido Robledo Madrid, contra quien pesa una inhabilitación por fraude en el gobierno federal y de quien se conoce sus tácticas policíacas agresivas, pero lo ilegal del asunto fue que hasta el día de hoy, tal dependencia opera sin que se hayan cambiado en las leyes mexiquenses, sus atribuciones, a las cuales se agregarían labores de inteligencia, no permitidas a policías estatales, por la Constitución Mexicana.
Tanto el gobernador y el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, han defendidos sin argumentos esta violación a las leyes al asegurar que todas las normas son perfectibles y que la referente a las facultades de la ASE es algo que se dará con el tiempo, sin embargo, el propio Wilfrido Robledo Madrid, acepta que sus elementos son corruptos, violentos y que aún así realizan supuestos trabajos de inteligencia.
Tras ser negado en diversas ocasiones se confirmó que el Estado de México es uno de las principales entidades donde se cometen feminicidios y delitos violentos contra las mujeres y pese a la creación de la fiscalía especializada para estudiar este fenómeno, ni la ASE, ni la PGJEM han sabido como disminuir este problema social, el cual del 2004 a la fecha creció en un 300 por ciento. Precisamente en marzo, fue cuando se creó la fiscalía especializada en el caso Montiel, la cual después de 8 meses, dio el mismo resultado, pese al gasto de más de 2 millones de pesos, sólo en el pago de un sueldo para los fiscales, pese a una supuesta averiguación en la que se tomaron declaraciones y se recopilaron 8 volúmenes, el resultado fue que no se ejercería acción penal alguna contra.
En mayo de este año y a consecuencia de las estrategias de represión implementadas por Wilfrido Robledo, con permiso de Enrique Peña Nieto, se dio el suceso más conflictivo para la administración, estatal, el 3 y 4 de mayo más de 200 habitantes de San Salvador Atenco, fueron vejadas físicamente y apresadas sin que existieran órdenes de aprehensión en su contra.
Más de 3 mil policías de la ASE, violaron a mujeres, golpearon salvajemente a ancianos y jóvenes y dos personas resultaron muertas de esta invasión hecha a este municipio, pese a que el caso fue documentado por la ONU, la CNDH y Amnistía Internacional, 29 personas siguen encarceladas y más 160 bajo proceso, por delitos que nunca fueron sustentados por las autoridades.
