- Lo califica de "inaceptable", porque se basa en un criterio político y no jurídico
- Compara posición de Aguirre con las de dictaduras "para no juzgar a torturadores"
JESUS ARANDA
El proyecto de dictamen elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el que rechaza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza su facultad de atracción para conocer las denuncias sobre violaciones a las garantías individuales en San Salvador Atenco, estado de México, es "inaceptable", porque este criterio es "eminentemente político y no una resolución jurídica", se afirma.Sostuvo lo anterior, la abogada Bárbara Zamora, que fue quien solicitó la intervención del máximo tribunal para que conociera de esos hechos, petición que fue retomada en su momento por el ministro Genaro David Góngora Pimentel.
Zamora sostuvo que existen elementos suficientes para que la Corte investigue las graves violaciones a los derechos constitucionales cometidos por autoridades federales, estatales y municipales que participaron en los hechos de represión en contra de un gran número de ciudadanos mexicanos y extranjeros.
Añadió que el argumento del proyecto elaborado por el ministro y que será discutido en los próximos días respecto a que "el inicio de una nueva investigación por parte de la Suprema Corte y la determinación a que arribe en torno a la existencia de violaciones a las garantías, podría ocasionar la exacerbación de los ánimos, que producirían consecuencias contrarias al orden y la estabilidad que se busca preservar", fueron opiniones esgrimidas en su momento por las dictaduras de Argentina, Chile y España, entre otros países, para no juzgar a torturadores y asesinos, subrayó la abogada.
Insistió en que sería muy preocupante que los demás ministros del máximo tribunal del país avalaran dicho proyecto y votaran por la impunidad absoluta de quienes violaron de manera "clara y flagrante" las garantías constitucionales en aras de una supuesta "conservación del orden".
El pasado lunes, este diario publicó que según el proyecto de dictamen elaborado por Salvador Aguirre Anguiano, la Suprema Corte no debe ejercer su facultad de investigación sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, pese a que están documentadas las denuncias por violación, agresión sexual, golpes, torturas e insultos en el operativo en que fueron detenidas 217 personas, 44 de ellas mujeres.
Además, plantea que el máximo tribunal endurezca los criterios para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional para investigar la violación grave a las garantías individuales. Para esto plantea que: "no será materia de facultad de investigación la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables".
