Con profundo temor e indignación leímos la nota publicada el lunes 29 de enero en la página 8, donde se establece que la Suprema Corte de Justicia manifiesta que rechazará la petición de investigar las brutales violaciones perpetradas en Atenco. Tal noticia es el reflejo del Estado autoritario que ha empezado a instaurar el actual gobierno. Aunado a lo anterior, los ministros de la Corte pretenden invadir la competencia de otro poder y legislar para no cumplir lo que ordena la Constitución.
El artículo 97 constitucional en su segundo párrafo obliga a la Corte a investigar cuando existan violaciones graves de alguna garantía individual. Los lamentables hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco ponen de manifiesto las violaciones graves a diversas garantías individuales, no de un individuo ni de una garantía constitucional, sino le fueron violadas sus garantías a todo un pueblo, por el único delito de disentir. Hoy, la Suprema Corte deja de cumplir su papel histórico y del lado del Estado represivo pretende legislar e impedir cualquier investigación cuando se violen las garantías de cualquier individuo. Con lo anterior, se puede constatar que esto es una muestra más del resurgimiento del fascismo en nuestro país.
No cabe duda de que en cualquier Estado que se precie de ser democrático los luchadores sociales no deberían estar en la cárcel, y en cambio los asesinos y criminales que ordenan violar y masacrar a un pueblo deberían estar tras las rejas. Esto, lamentablemente, no sucede en nuestro México.
Por el Colectivo de Abogados Zapatistas, Pedro Suárez, Héctor González, Roberto López, Donato Amador y Juan de Dios Hernández
El artículo 97 constitucional en su segundo párrafo obliga a la Corte a investigar cuando existan violaciones graves de alguna garantía individual. Los lamentables hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco ponen de manifiesto las violaciones graves a diversas garantías individuales, no de un individuo ni de una garantía constitucional, sino le fueron violadas sus garantías a todo un pueblo, por el único delito de disentir. Hoy, la Suprema Corte deja de cumplir su papel histórico y del lado del Estado represivo pretende legislar e impedir cualquier investigación cuando se violen las garantías de cualquier individuo. Con lo anterior, se puede constatar que esto es una muestra más del resurgimiento del fascismo en nuestro país.
No cabe duda de que en cualquier Estado que se precie de ser democrático los luchadores sociales no deberían estar en la cárcel, y en cambio los asesinos y criminales que ordenan violar y masacrar a un pueblo deberían estar tras las rejas. Esto, lamentablemente, no sucede en nuestro México.
Por el Colectivo de Abogados Zapatistas, Pedro Suárez, Héctor González, Roberto López, Donato Amador y Juan de Dios Hernández
