Le rogamos publicar la siguiente carta dirigida a los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
1. Con relación al proyecto de resolución que el ministro Salvador Aguirre Anguiano ha emitido sobre el caso Atenco, mediante el cual propone que la SCJN no ejerza su facultad de investigación sobre los hechos represivos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, consideramos que esta determinación es una declaración eminentemente política y no una resolución jurídica.
2 Los argumentos sobre los cuales el ministro pretende sustentar su resolución son de carácter político; contrario a ello, el pleno de la Corte, como máxima instancia del Poder Judicial, su obligación es sujetarse estrictamente a lo que establece la Carta Magna y es incontrovertible que, en este caso, se surten los supuestos que prevé dicho ordenamiento para que investigue las graves violaciones a los derechos constitucionales cometidos por las autoridades federales, estatales y municipales que participaron en los hechos de represión en contra de un gran número de ciudadanos mexicanos y extranjeros. Las valoraciones de carácter político de ninguna manera pueden ser sustento de una resolución jurídica y de estricto derecho, como deben ser las emitidas por el máximo tribunal.
3. El argumento de que "el inicio de una nueva investigación por parte de la SCJN y la determinación a que arribe en torno a la existencia de violaciones a las garantías podría ocasionar la exacerbación de los ánimos que producirían consecuencias contrarias al orden y la estabilidad que se busca preservar" fueron argumentos esgrimidos en su momento por las dictaduras en Argentina, Chile, España... para no juzgar a torturadores y asesinos.
4. Sería muy preocupante que los demás ministros de la Corte avalaran este proyecto y votarán por la impunidad absoluta de quienes han violado de manera grave y flagrante las garantías fundamentales, en aras de una supuesta "preservación del orden".
5. Nunca se podrá "preservar el orden" si se aplica de forma discrecional y desigual de la ley. Por el contrario, "el orden" empieza por la aplicación irrestricta de la ley, sin privilegios de ningún tipo ni impunidad para las autoridades, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.
Abogados litigantes: Bárbara Zamora, Santos García, Manuel Fuentes, Samuel Porras, Víctor Manuel Ruiz, Luis Carlos Flores, Abelardo Cuéllar, José Luis León Salamanca, Roberto de la Rosa, Edith Cinto, Leonardo Gómez, Ana Lilia Rendón López, Guillermo Bañuelos, Humberto Oseguera y Pedro Aragón
