- Las demandas presentadas por tortura y violación sexual se encuentran congeladas
EMIR OLIVARES ALONSO
El pasado jueves se cumplieron ocho meses de los hechos ocurridos en Atenco Foto: Jesús Villaseca
A ocho meses del operativo policiaco en San Salvador Atenco, en el que, se ha podido comprobar, autoridades federales y estatales incurrieron en diversos delitos contra los pobladores de ese municipio entre ellos tortura y violación sexual, ningún funcionario o alto mando ha sido consignado por esos ilícitos.
De mayo de 2006 a enero de 2007 las escuetas sanciones se han dirigido contra policías estatales: uno fue consignado por el delito de actos libidinosos por lo que al ser un delito no grave obtuvo libertad bajo fianza y cuatro más fueron sancionados administrativamente por parte de la Contraloría del gobierno del estado de México.
Diversos organismos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acreditaron que durante la incursión policiaca los pasados 3 y 4 de mayo en los municipios de Texcoco y Atenco las fuerzas federales y estatales vulneraron "derechos inherentes a la dignidad de las personas", como los derechos a la vida, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica; los cuales se tradujeron en tortura, violación a la libertad sexual (abuso sexual y violación), detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, allanamientos de morada, robos, incomunicaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como en una irregular integración de las averiguaciones previas correspondientes.
Pese a que el organismo encabezado por José Luis Soberanes emitió el pasado 16 de octubre una recomendación dirigida al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora; al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al Instituto Nacional de Migración, para que investiguen y sancionen la participación de sus subordinados durante los hechos, esto no ha ocurrido.
Además, días después Medina Mora (ahora procurador general de la República) rechazó el señalamiento de Soberanes, lo que fue catalogado por el organismo de defensa de los derechos humanos como un acto de encubrimiento e impunidad.
Por otro lado, a más de 240 días de los acontecimientos, las denuncias por tortura y violación sexual que los agraviados asesorados por diferentes grupos de defensores legales interpusieron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim) "están congeladas".
Cabe recordar que 50 de los agraviados interpusieron dos querellas por el delito de tortura. La primera de ellas fue enviada a la delegación de la PGR en Toluca, estado de México, y la segunda permaneció en el Distrito Federal.
La defensa legal de los denunciantes solicitó a la dependencia que acumulara la denuncia por tortura a la investigación que realiza la Fevim sobre la violación sexual a varias de las detenidas, debido a que la titular de esa fiscalía, Alicia Elena Pérez Duarte, afirmó que existían elementos para señalar que las mujeres además de haber sido ultrajadas también fueron víctimas de tortura.
Pese a esa solicitud, la PGR optó por enviar ambas denuncias por tortura a su delegación en Texcoco, que es la jurisdicción en la que se dieron los hechos. Mientras, la querella interpuesta ante la Fevim por 13 mujeres agredidas sexualmente, continúa detenida y a la fecha esa fiscalía no ha consignado a algún sospechoso por la comisión de esos delitos.
Para continuar con los agravios a los afectados por el operativo policiaco, el proceso judicial que se sigue en Toluca contra los atenquenses también "está estancado", pues a lo largo de estás 32 semanas aún no se ha terminado de desahogar la primera de las pruebas en su contra (la ampliación de declaración por parte de los policías), por lo que el proceso se ha aplazado.
De los 207 aprehendidos durante el operativo en Atenco, 33 aún permanecen presos, tres de ellos en el penal de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma) entre quienes está el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, acusados de los delitos de ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado; 17 fueron exonerados totalmente.
