- El Comité Contra la Tortura da un año de plazo a México para atender recomendaciones
- El organismo exhorta al gobierno a tipificar como grave el delito de esa práctica
KYRA NUÑEZ
Ginebra, 24 de noviembre. El Comité Contra la Tortura (CCT), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, instó a México a investigar de manera pronta, efectiva e imparcial los incidentes ocurridos en San Salvador Atenco, en Guadalajara, los feminicidios en Ciudad Juárez y los sucesos recientes de Oaxaca, en los que han surgido numerosas quejas por tortura, violencia, así como agresiones sexuales contra mujeres durante los operativos de seguridad pública.
Extraordinariamente, el comité dio como plazo un año (noviembre de 2007) para que el gobierno informe sobre la realización de las recomendaciones relacionadas en esas investigaciones, así como la tipificación a escala nacional del delito de tortura, y sobre la competencia de tribunales del fuero común para los procesos de militares que incurrieron en delitos contra civiles durante su función.
En su evaluación final del cuarto informe periódico de México sustentado en Ginebra los pasados 8 y 9 de noviembre, el grupo de 10 expertos consideró que las autoridades en el país utilizan tipos penales menos graves para tipificar actos de tortura, lo que sería, a su juicio, "una posible explicación del bajo número de personas procesadas y condenadas por esos delitos". El gobierno mexicano tan sólo admitió la ocurrencia de 72 casos de tortura.
El comité demandó encontrar a los culpables, llevarlos a la justicia, imponerles penas apropiadas y, por otro lado, garantizar que las víctimas reciban compensación justa y efectiva, que las mujeres que fueron objeto de violencia sexual tengan acceso a servicios médicos y sicológicos adecuados, estableciendo además la posible juridicción en los casos apropiados de la fiscalía especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres.
Recomendó que el Estado garantice el uso de la fuerza únicamente como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente, además de implementar la recomendación general número 12 de la CNDH de enero 2006. Leer nota completa de La Jornada.
