La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) calificó anoche de incongruente al secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, pues mientras acepta que hubo tortura y abusos sexuales contra mujeres durante los operativos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo, al mismo tiempo rechaza totalmente la recomendación del ombudsman.
En respuesta al comunicado emitido este lunes por la SSP para argumentar su negativa a aceptar la recomendación de la CNDH, el organismo llama la atención sobre el hecho de que Medina Mora ''deja recaer la responsabilidad en las instituciones estatales y municipales que actuaron junto a la PFP, sin reconocer que dichos elementos policiacos locales estuvieron bajo coordinación federal en las operaciones de Atenco y Texcoco''.
La CNDH reitera que en sus ''minuciosas'' indagatorias sobre estos hechos se basó en ''evidencias contundentes'', como los videos y material fotográfico en los que se muestra a elementos de la PFP ''atacando tumultuariamente a personas sometidas y golpeando a otras inmovilizadas''.
Asimismo indica que durante sus investigaciones la SSP atendió sus diversas solicitudes de información ''de forma dilatada, parcial, contradictoria e inclusive rechazándolas con el argumento de que los datos requeridos eran reservados o confidenciales''.
Al señalar que el secretario Medina Mora sí ha aceptado algunas de las recomendaciones que le ha emitido esta comisión, precisa que ''ninguna de éstas ha sido cumplida en su totalidad''.
Con su actitud, apunta además, la Secretaría de Seguridad Pública ''se encuentra aislada en su intento por cuestionar la credibilidad de la CNDH'', pues mientras los gobiernos del estado de México y de Michoacán, así como el Instituto Nacional de Migración, han aceptado en su totalidad las recomendaciones referidas a casos donde participaron elementos de la PFP, aquella dependencia se niega a admitirlas.
Refiere además su insistencia en que debe intervenir la Secretaría de la Función Pública para instaurar los procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que obstaculizaron las labores de investigación de la CNDH.
En el comunicado de nueve puntos, la comisión recuerda que el respeto a los derechos humanos es para la policía ''condición de eficacia operacional y exigencia ética, técnica y jurídica indeclinable. Evidentemente ello fue ignorado en los hechos ocurridos el 20 de abril en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como los días 3 y 4 de mayo en Texcoco y en San Salvador Atenco''.
Destaca inclusive que parte de las evidencias en las que se basó para sus investigaciones fueron las imágenes que ''millones de mexicanos'' vieron en sus televisores, en las cuales los elementos de la PFP atacaron tumultuariamente a personas ya sometidas e indefensas. ''Ante la contundencia de esas evidencias mostradas en los medios de comunicación, el secretario Medina Mora sólo atina a cuestionar la credibilidad de la CNDH y a negar la veracidad de sus investigaciones'' y de esas imágenes.
Señala que las recomendaciones no imponen criterios, sino solamente enumeran los actos y omisiones que constituyen violación a derechos humanos para que se investiguen, se sancione a los responsables y se repare el daño a las personas agraviadas.
