Legisladores del país europeo se dicen preocupados por frecuentes casos de abusos
- Lamentan que la lucha contra el narcotráfico "lesione el estado de derecho"
EMIR OLIVARES ALONSO
Represión contra integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca Foto: Archivo
El Parlamento italiano manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en México; por ejemplo, la represión en Oaxaca y en San Salvador Atenco, la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, y los abusos contra periodistas y pueblos indios. Por ello, exhortó a las autoridades mexicanas a cumplir los acuerdos internacionales en la materia y a solucionar los casos mencionados.
La semana pasada el órgano legislativo emitió la resolución 7-00253, en la cual abordó la situación de las garantías básicas en México. Además, en ésta afirmó que, pese a que el Estado mexicano ha mostrado apertura y disponibilidad al escrutinio internacional, los casos citados y la lucha contra el crimen organizado que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón "resultan causa de preocupación" por las violaciones a los derechos humanos.
En torno a la situación en Oaxaca, los parlamentarios señalaron: "las condiciones del estado de derecho no han sido restablecidas en la entidad, debido a la dura represión del gobernador local contra los manifestantes el año pasado, impidiendo a la libremente constituida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca manifestar democráticamente su disenso".
Por ello, solicitó al Estado mexicano restablecer en esa entidad el ejercicio legítimo de las libertades democráticas y el cese de la persecución contra disidentes.
El Parlamento italiano advirtió que la violencia contra las mujeres en México, particularmente en Chihuahua, sigue alentando el fenómeno de los feminicidios, "basado en una sustancial impunidad y en un peligroso entrecruzamiento con el clima de intimidación provocado por el narcotráfico". En ese sentido, convocó a las autoridades a que la fiscalía que atiende esos ilícitos luche "de manera definitiva" contra ese tipo de crímenes.
Respecto del caso Atenco, indicó que hubo casos de detenciones arbitrarias, maltratos, falta de garantías procesales e impunidad, pese a las violaciones a los derechos humanos de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
En ese sentido, el pasado 17 de julio el Parlamento recibió a Martha Pérez, integrante del FPDT, quien dio a conocer la represión de que fueron víctimas los pobladores de Atenco los días tres y cuatro de mayo de 2006, la reactivación de las órdenes de aprehensión contra activistas y la sentencia, a más de 67 años de prisión, contra el líder del frente, Ignacio del Valle, y otros dos integrantes, condenas que los legisladores italianos calificaron de "política que criminaliza los movimientos y la participación social y política en México". La comparecencia de Pérez dio elementos a éstos para que solicitaran más información sobre la participación del gobierno federal en la represión contra el FPDT.
"Los derechos de las comunidades indígenas, particularmente en Chiapas, aún no han sido reconocidos plenamente, a pesar de las promesas oficiales, sobre todo respecto a lo que se refiere a los recursos naturales, el desarrollo sustentable, y el respeto a su identidad y formas de autogobierno", asegura la resolución. Y solicitaron ampliar la legislación al respecto, con base en los acuerdos de San Andrés.
En cuanto al tema de los periodistas, argumentaron que la libertad de expresión se "ve comprometida significativamente", debido al "estado de precariedad en el ejercicio de esa profesión, lo cual se evidencia con homicidios, secuestros e intimidaciones a informadores comprometidos con la denuncia del crimen organizado".
Asimismo, recomendó al gobierno de Felipe Calderón que "la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se lleve a cabo con eficacia, pero sin lesionar los principios del estado de derecho, los cuales distinguen completamente los deberes de las fuerzas policiacas de las militares".
Ante esa problemática, los legisladores italianos exhortaron al Estado mexicano a que, con base en la cláusula democrática del acuerdo entre México y la Unión Europea y en los pactos con la Organización de las Naciones Unidas, garantice el cumplimiento de los derechos humanos y resuelva los casos en que se hayan violado dichas garantías. Se comprometieron a que el gobierno de Italia colaborará con México en la materia.
Además, solicitaron que a la política sobre derechos humanos se incorpore el trabajo de la sociedad. El contexto de ésta, señalaron, se presentará en la próxima reunión del foro euro-mexicano de la sociedad civil, para que se busquen y diseñen planes para la defensa de esas garantías.
