El proyecto de los ministros Aguirre y Valls se discutirá en reunión privada
Carlos Avilés
El Universal
Miércoles 08 de agosto de 2007
La Suprema Corte analiza una propuesta que busca evitar que el máximo tribunal del país recomiende que se le finquen responsabilidades de tipo penal, político, civil o administrativo a funcionarios que se compruebe que incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales en los casos de la periodista Lydia Cacho y de los enfrentamientos registrados en Atenco y en el estado de Oaxaca.
El proyecto, elaborado por los ministros Sergio Aguirre y Sergio Valls, durante las pasadas vacaciones de julio, busca que la Corte sólo emitia un informe en el que se diga si hubo o no violaciones graves, pero sin recomendar ningún tipo de castigo para los responsables de los hechos.
El pleno de la Corte acordó cancelar la sesión pública del jueves próximo para discutir en privado la propuesta de Aguirre y Valls, pues se espera que ésta genere una fuerte discusión entre sus colegas.
De aprobarse la medida impulsada por Aguirre y Valls, el primer beneficiado sería el gobernador de Puebla, Mario Marín, porque la Corte procedería a modificar, de inmediato, el informe que presentó el ministro Juan Silva Meza, en junio pasado, porque en dicho documento se le recomienda al Congreso y a otras autoridades fincar responsabilidades contra Mario Marín y funcionarios estatales que, según sus investigaciones, incurrieron en violaciones graves en el caso de la periodista Lydia Cacho.
La comisión investigadora que encabezó el ministro Juan Silva Meza comprobó que Mario Marín operó y dirigió a un grupo de funcionarios con la intención de detener de manera irregular a la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, por haber denunciado en su libro Los demonios del Edén al empresario textilero Kamel Nacif como protector del pederasta Jean Succar Kuri.
Sin embargo, el pleno de la Corte aplazó desde junio el análisis de este caso hasta que Sergio Aguirre y Sergio Valls elaboraran un proyecto de acuerdo, con las reglas conforme a las cuales las comisiones designadas por la Corte deben llevar a cabo las investigaciones de hechos en los que se presume la existencia de violaciones graves de derechos fundamentales.
Aguirre y Valls elaboraron el proyecto durante el periodo de receso y lo entregaron al pleno de la Corte en sesión privada el lunes pasado.
En el artículo 26 de dicho proyecto se establece que “en ningún caso los informes (que elaboren las comisiones de investigación) podrán señalar responsables materiales, intelectuales o copartícipes de violaciones, ni indicar o fijar a autoridades u órganos del Estado, línea alguna que deban seguir para perseguir o sancionar los hechos correspondientes”.
Según la propuesta, el informe que rinda la comisión investigadora de los casos Puebla, Atenco y Oaxaca, y de los asuntos futuros que se presenten, sólo debe describir los hechos y comprobar la existencia de violaciones graves a las garantías, sin señalar a los responsables.
Aunque el documento está destinado a regular las investigaciones futuras de la Corte, en su segundo transitorio se propone que las investigaciones del caso Puebla se turnen a otro ministro para que éste revise cuanto hizo la comisión encabezada por Silva Meza para que corrija y deseche los elementos de la indagatoria no apegados al nuevo reglamento.
La propuesta de Aguirre y Valls se encamina a permitirle al gobernador Mario Marín el acceso al informe que elaboró Silva Meza para que pueda presentar los argumentos y pruebas que considere pertinentes para desvirtuar lo dicho en su contra. Además de que también deja, a discrecionalidad del nuevo ministro, decidir si le entrega al gobernador copia de todas las pruebas recabadas en su contra.
En el caso de las investigaciones en marcha sobre los enfrentamientos registrados en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el proyecto propone que los comisionados acaten las nuevas reglas que se fijen para llevar a cabo las indagatorias.
En el caso de Oaxaca se plantea que una vez aprobadas las nuevas reglas se deberá nombrar a la comisión que investigue los hechos violentos registrados durante 2006.
