Tres instancias analizarán casos de Oaxaca, Atenco, Juárez, Sicartsa y La Parota
- El acto, protesta contra la impunidad; no se respetan garantías de afectados, dice la APPO
EMIR OLIVARES ALONSO
Las actrices Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina, en el juicio popular contra Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, iniciado ayer en el Zócalo capitalino Foto: Iván Méndez /Cuartoscuro
Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) empezaron un nuevo juicio político popular nacional contra el mandatario del estado, Ulises Ruiz Ortiz, con el propósito de que éste sea el punto de inicio de la unidad entre los diversos referentes del país que luchan contra el neoliberalismo y la impunidad, como La otra campaña, el movimiento oaxaqueño, el Diálogo Nacional y la Convención Nacional Democrática.
El acto, iniciado en el Zócalo de la ciudad de México y que culminará hoy, se realiza debido a que el sistema de justicia establecido en el país no garantiza una defensa imparcial "a las víctimas de diferentes violaciones a sus derechos humanos, quienes al denunciar las transgresiones son perseguidas, hostigadas, amenazadas y hasta asesinadas, debido a la impunidad que prevalece en México", aseguró Cástulo López, de la Comisión de Prensa de la APPO.
Durante el acto se conformaron tres instancias que analizarán la situación y responsabilidad de quienes han vulnerado las garantías fundamentales, no sólo en Oaxaca, sino también en San Salvador Atenco, Pasta de Conchos, Ciudad Juárez, Sicartsa y La Parota, entre otros.
Dichas instancias son: una procuraduría popular, que se encargará de recopilar las pruebas y testimonios contra los "delincuentes de lesa humanidad"; un jurado popular, que analizará los elementos recabados, y un tribunal popular, que emitirá la resolución final contra los responsables.
A estas actividades se incorporaron personalidades como el escritor y analista Carlos Fazio; las actrices Jesusa Rodríguez y Ofelia Medina; el abogado de la mayoría de los detenidos en Atenco, Juan de Dios Hernández; el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y el ex presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Economía, José Dávalos, entre otros.
El portavoz de la APPO señaló que ante la necesidad de justicia existente en la sociedad mexicana por la violación de los derechos humanos de la ciudadanía y la represión de los movimientos sociales, "es urgente que el pueblo genere organismos como el jurado popular, que tiene sustento en el artículo 39 de la Constitución". Subrayó que uno de los casos que más ilustran el exceso de las autoridades contra la población es el de Oaxaca, "que no sólo indigna al país, sino al mundo, porque aún está en el poder quien ha masacrado y asesinado a los oaxaqueños".
Cástulo López señaló que en una primera etapa -la de ayer- se retomaron los testimonios de víctimas de las "represiones" en Atenco, La Parota, Pasta de Conchos y otros lugares, por lo que el análisis e investigación de esta instancia social continuará abierto para que quienes deseen denunciar violaciones a las garantías fundamentales puedan hacerlo.
Indicó que luego de la revisión de dichos elementos, las personalidades que conforman las tres instancias del juicio popular nacional emitirán una sentencia para señalar desde el ámbito civil a quienes resulten responsables de delitos de lesa humanidad.
Agregó que el trabajo del juzgado popular será "itinerante", debido a que recorrerá varios puntos del país para recabar elementos y pruebas de esas violaciones, y con ello tener "pruebas de sustento" para que los casos se presenten ante diversas instancias internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si bien aceptó que para dar el paso en el ámbito internacional deben agotarse las instancias internas de justicia, consideró que con la impunidad que prevalece en México muchos de estos casos serán analizados en los órganos mundiales.
Hoy, el jurado popular culminará sus actividades con una resolución preliminar, además de que emitirá un pronunciamiento por el caso de Emeterio Merino Cruz, a quien quieren dar de alta de un hospital de Oaxaca, a pesar de estar grave tras la golpiza que le propinaron policías el pasado 16 de julio en el estado de Oaxaca.
