Comienza mañana recorrido por la entidad para verificar violaciones denunciadas
EMIR OLIVARES ALONSO
Familiares de José Jiménez, una de las primeras víctimas del conflicto oaxaqueño que inició el año pasado, exigen justicia Foto: Blanca Hernández
El gobierno federal debe atender el conflicto de Oaxaca, en el que desde hace más de un año se vive un clima de "violencia, bastante intolerancia y falta de entendimiento", lo que resulta preocupante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró el presidente de ese organismo internacional, Florentín Meléndez.
A su llegada a territorio mexicano para realizar una gira de trabajo, el también relator para México indicó que la delegación de la CIDH verificará la actuación de las autoridades locales y federales en torno al conflicto oaxaqueño.
"Entendemos, hasta donde estamos informados, que el problema de Oaxaca es estructural y de marginación social muy profunda que amerita la atención no sólo del gobierno del estado, sino también del federal", subrayó.
Refirió que tras los reportes que la CIDH ha recibido sobre la situación en Oaxaca y las violaciones a los derechos humanos en contra de la ciudadanía, la situación en el estado resulta "preocupante", por lo que deben respetarse en el marco de la legalidad las garantías individuales de los oaxaqueños.
"El año pasado era preocupante, era notoria (la violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Ulises Ruiz); las noticias evidenciaban hechos muy graves: mucha violencia, bastante intolerancia, falta de entendimiento. Este año no hemos recibido en la misma magnitud las informaciones que el año pasado, (por lo que) esperamos que esto tienda a la calma, a la normalidad constitucional y que haya respeto en definitiva por los derechos del pueblo de Oaxaca y que se cumpla el marco de la legalidad cuando la autoridad tenga que ejercer su imperio y su poder frente a la población".
Insistió en que el objetivo de la misión enviada por la CIDH, la cual él mismo encabeza, será verificar lo que pasa en Oaxaca desde que inició el conflicto hace más de un año, y analizar cómo han reaccionado las autoridades "para acompañarles en un proceso que es de los mexicanos y tiene que ser resuelto por los mismos".
La CIDH también manifestó su preocupación por los hechos suscitados el pasado 16 de julio cerca del cerro del Fortín, y por el "atentado dinamitero" en una tienda comercial de la entidad que se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario (EPR), pues "eso va contra el restablecimiento de la normalidad y el respeto a los derechos de los ciudadanos de Oaxaca".
La delegación internacional estará en esa entidad desde este miércoles y hasta el próximo sábado, donde se entrevistarán con autoridades locales, víctimas de violaciones a las garantías fundamentales, líderes sociales, del magisterio e indígenas, activistas e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). "Venimos a escuchar a las partes; (posteriormente) vamos a emitir un informe con recomendaciones".
Meléndez señaló que hoy será recibido por el presidente Felipe Calderón, "con quien trataremos temas de interés para la CIDH". Asimismo, refirió que el reporte de dos integrantes del EPR desaparecidos en Oaxaca es de interés para el organismo internacional, por lo que no descartó solicitar información al respecto. Y subrayó que el Estado mexicano está obligado a cumplir con los informes y recomendaciones hechos por el organismo internacional, el cual ha emitido varios exhortos a México sobre diversas violaciones a las garantías fundamentales, como el caso Aguas Blancas, de los cuales ninguno se ha cumplido en su totalidad.
Meléndez se reunió ayer con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien le informó sobre las investigaciones que ese organismo ha realizado sobre Oaxaca. En el encuentro, el ombudsman subrayó la pasividad gubernamental y las acciones desproporcionadas de algunas autoridades que generaron un ambiente en que la ciudadanía se vio atrapada por la violencia política, sin que se le otorgara la seguridad, que es el deber primario de cualquier Estado.
Asimismo, le hizo saber que acreditó la violación de los derechos a la libertad de reunión; a la libertad personal, por detención arbitraria y retención ilegal; a la integridad y seguridad personal, por afectaciones a la integridad física y por actos de tortura; a la propiedad y posesión, por ataques a la propiedad privada; a las libertades de expresión y derecho a la información; a la legalidad y seguridad jurídica, por dilación en la procuración de justicia, por irregular integración de averiguaciones previas, por falta de motivación y fundamentación jurídica, por incomunicación y por insuficiente protección de personas, y a la vida, por parte de autoridades federales.
Soberanes resaltó ante Meléndez que tanto los manifestantes como los servidores públicos "atentaron contra la sociedad oaxaqueña, pues lastimaron muy especialmente el desarrollo de los niños y jóvenes estudiantes. Se causó daño irreparable a los escolares, pues nadie les podrá regresar ese tiempo de clases que perdieron por un conflicto en el que sólo fueron víctimas y jamás una parte interesada".
Otro de los temas que interesa analizar a la CIDH en su visita a nuestro país es la situación de los detenidos a raíz de la toma policiaca a San Salvador Atenco los 3 y 4 de mayo de 2006, en especial la de las mujeres, muchas de ellas agredidas y violadas sexualmente por policías, así como la condición en la que están las personas detenidas por el conflicto en Oaxaca y en diversas cárceles del país.
El presidente de la CIDH subrayó que los derechos humanos en el país son un proceso de los mexicanos que tiene que ser resuelto y atendido por los mismos, aunque consideró que México es de "alta prioridad" para ese órgano internacional, "especialmente por la cooperación al sistema interamericano".
