Amnistía Internacional asegura que hay poco avance en derechos humano
Gardenia Mendoza Aguilar
Corresponsal de La Opinión 2 de agosto de 2007
MÉXICO, D.F.— La indígena mazahua Magdalena García salió de su casa en San Antonio, Estado de México, el 4 de mayo de 2006, para vender chicharrones y frutas y nunca más regresó: fue detenida por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) acusada de secuestro.
Magdalena se había enterado por televisión que habría bloqueos de carreteras cercanas a la vecina población de San Salvador Atenco —a 42 kilómetros del Distrito Federal— por parte de floricultores que exigían su reubicación en la vía pública y creyó que ahí haría buena venta.
Apenas había desempacado su mercancía cuando llegó la policía a desalojar. Ella se refugió en la camioneta de unos amigos desde donde divisó los helicópteros, gases lacrimógenos, golpes con toletes, carros acelerados, frenos, gritos y piedras que caían por todas partes hasta que un uniformado la jaló de las trenzas para detenerla.
"Está en la cárcel sin argumentos", dice Alfredo Cruz, esposo y padre de los seis hijos de Magdalena. "Ella no secuestró a los policías que los manifestantes usaron como rehenes. Ella era vendedora ambulante".
El caso de Magdalena y otras 12 denuncias de violaciones a los derechos humanos en México fueron presentados ayer por la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, como historias concretas "del fracaso del Estado por proteger a quienes más lo necesitan".
Khan encabeza una delegación de alto nivel que analiza la situación del país en materia de derechos humanos desde el pasado 31 de julio y hasta el 7 de agosto. Es la tercera visita de la secretaria desde que asumió el cargo en 2001 y la primera con el gobierno de Felipe Calderón.
"México promueve en el exterior el respeto a los derechos humanos, pero no lo hace en casa… es una decepcionante porque en la mayoría de los casos están involucradas las autoridades", destacó Khan durante una rueda de prensa en la que se hizo acompañar por víctimas del sistema judicial y político.
"El gobierno no está haciendo justicia y está fracasando principalmente con los grupos más marginados como indígenas, pobres y niños", agregó la secretaria quien es la primera mujer, musulmana y asiática que dirige la organización.
Los daños a las garantías individuales que recopiló AI abarcan detenciones arbitrarias bajo incomunicación, torturas, malos tratos, negación del acceso a juicios justos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, acusaciones falsas y asesinatos.
Patricia Cervantes da fe de la falta de apoyo del Estado para resolver el secuestro, violación y asesinato en 2003 de su hija Neyra Azucena, de 20 años, que trabajaba en una tienda de ropa mientras estudiaba en la universidad para graduarse como química forense en la ciudad fronteriza de Chihuahua.
"Llevan cinco años con la investigación y en cada cambio de gobierno vuelven a llamar a todos los testigos para que repitan lo mismo, como si no existiera un archivo o lo hubieran extraviado", denuncia Cervantes.
Pocos días después del crimen, el Ministerio Público acusó al primo de Neyra de ser el asesino, a pesar de que éste se encontraba en Chiapas cuando murió la muchacha. Volvió a Chihuahua para apoyar en la búsqueda.
"A mi sobrino lo detuvieron y lo obligaron a confesar que había sido el autor intelectual", señala Cervantes. "Yo sabía que no era cierto e hice todo lo posible por sacarlo de la cárcel. Lo liberaron tres años después por falta de pruebas".
Otro de los casos que AI considera clave en la lista de arbitrariedades es el de Alicia de los Ríos, hija de una mujer con el mismo nombre que fue integrante del grupo guerrillero comunista Liga 23 de Septiembre y que desapareció en 1978 durante una confrontación con las fuerzas federales de seguridad.
El gobierno había lanzado una campaña de persecución en contra de los guerrilleros después de que en 1973 asesinaran a los empresarios mexicanos Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren y secuestraran al cónsul británico Duncan Williams.
Alicia presentó una queja ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para buscar a su madre, sin embargo, el caso quedó en el aire cuando dicha instancia desapareció a finales del año pasado.
"Esto es una muestra de que pueden transcurrir muchos años de impunidad en agravio de cualquier persona sin que pase nada", comenta Rupert Knox, investigador de AI en México.
Las denuncias de Valentina Rosendo e Inés Fernández dos indígenas de Tlalpa, en el sureño estado de Guerrero, que fueron violadas por militares del Ejército van por ese camino.
Su abogada, Obtilia Eugenio, de la Organización del Pueblo Indígena Tlalpeco (OPIT) fue amenazada de muerte. El gobierno le brinda protección, pero AI considera que es limitada: "Su seguridad es motivo de preocupación".
De igual forma, la organización ve con temor la parcialidad en algunos de los juicios como el de Diego Arcos, un promotor de salud y líder de la comunidad Nuevo Tila, Chiapas, en la frontera sur, acusado de participar en el asesinato de cuatro personas y la desaparición de otras tantas por un conflicto de tierras en el pueblo de Viejo Velasco, en el mismo estado.
La comunidad fue atacada en noviembre de 2006 por 200 hombres armados. Un día después Arcos visitó a los afectados en un acto de solidaridad como buen vecino, pero ya no había nadie. La policía lo detuvo como único sospechoso en el lugar y desde entonces está tras las rejas.
En resumen: algunas de las víctimas de abusos como Lydia Cacho, periodista independiente que fue detenida por el gobernador de Puebla, Mario Marín, después de denunciar una red de pornografía infantil, consideran que en los avances en derechos humanos, hay mucha simulación.
Irene Khan se comprometió a llevar personalmente todas las quejas a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los próximos días.
