Destaca los casos de detenidos en Oaxaca y Atenco
- Alerta a sus delegados sobre el sistema nacional de justicia
EMIR OLIVARES ALONSO (ENVIADO)
Yautepec, Mor., 12 de agosto. Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a sus delegados en todo el mundo para que exijan que las autoridades mexicanas investiguen a fondo las "detenciones arbitrarias" y los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos contra activistas de los movimientos sociales de Oaxaca y San Salvador Atenco, estado de México.
Durante la 28 Reunión del Consejo Internacional de AI, efectuada en esta ciudad, en el que participaron más de 400 delegados -provenientes de 70 países- del organismo de derechos humanos más importante a escala global, se informó mediante un documento sobre los casos de Germán Mendoza Nube (parapléjico) y Ramiro Aragón, ambos detenidos en Oaxaca; de José Gregorio Arnulfo Pacheco (quien padece una enfermedad degenerativa que lo tiene en silla de ruedas), Bárbara Italia Méndez (quien fue violada sexualmente por policías) y Pedro Alvarado Delgado, aprehendidos por los hechos en San Salvador Atenco, y del indígena Ricardo Ucán Ceca, aprehendido en Yucatán acusado de asesinato y a quien no se le proporcionó intérprete durante el proceso judicial en su contra.
En sus llamamientos, AI exhorta a sus delegados a exigir a las autoridades mexicanas investigaciones "imparciales, exhaustivas y sin demora" sobre las detenciones y agresiones contra los activistas.
"Los siguientes casos de llamamiento ilustran la constante de violaciones a derechos humanos cometidas dentro del sistema de justicia penal y de seguridad pública en México", señala AI a sus delegados en el documento, y los remite al informe que presentó recientemente sobre el sistema de justicia penal mexicano.
AI subrayó que "en el sistema mexicano de justicia penal y de seguridad pública es común el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención y para extraer una 'confesión'. A la mayoría de los presuntos delincuentes se les niega el acceso a la asistencia y representación letrada adecuada en el momento de la detención, cuando más peligro corren de sufrir tortura e intimidación.
"Las autoridades -continúa el informe- desestiman o ignoran de forma sistemática las denuncias de malos tratos bajo custodia y, cuando hay denuncias de tortura o malos tratos, la carga de la prueba recae sobre la víctima (...). Las personas sospechosas de haber cometido un delito a menudo son consideradas culpables hasta que se demuestra su inocencia", señaló AI. Lo cual va contra la presunción de inocencia, dijo.
Por ello, el organismo internacional exhortó a sus delegados a pronunciarse por que en estos casos se desarrollen las investigaciones correspondientes por los actos de tortura, violencia física, sicológica y sexual (el caso de las mujeres atenquenses), para que los responsables sean sancionados conforme a derecho.
Asimismo, AI recomienda que a todos los agraviados se les repare el daño infligido conforme a la normativa internacional en derechos humanos, además de que expresen su preocupación por los actos de tortura, malos tratos, agresiones sexuales y procesamientos "aparentemente infundado" contra éstos y otros activistas en el país.
