Rectificación sobre Libertad a Pres@s de Atenco

Les escribimos de nuevo y de modo urgente, ya que acabamos de recibir en nuestro correo electrónico una notícia dura, según nos indica un compañero del entorno del penal Molino de Flores (Texcoco, Atenco), a última hora la libertad de los 6 compañeros y la compañera se ha visto frustrada de nuevo por la intervención 'judicial'. Textualmente se nos ha asesorado como sigue:

"Pues, ¡no! nuevamente las expectativas de que salieran nuestros compañeros junto con Magdalena García Duran, de acuerdo a los Amparos que un Juez Federal, otorgó con no encontrarlos responsbles, se vienen abajo, el gobierno represor del Estad de México y el Federal, quieren seguir manteniendo secuestrados a nuestros compañeros, con la apelación que el Ministerio Publico realizó en contra del Amparo otorgado, se va a revisión otros tantos meses, mientras nuestros compañeros siguen encerrados injustamente".

Posteriormente hemos recibido un correo más por parte de otra compañera, que se suma en el mismo sentido, añadiendo que con la apelación en el último minuto al recurso con el que íban a salir los compas, no será hasta dentro de unos meses que habrá una nueva oportunidad de verlos en donde de por sí les corresponde, en las calles!!

Por tanto de nuestro anterior correo tan sólo reiteramos la acción en el Consulado de México en el Estado Español, y manifestamos nuestra más profunda indignación y repulsa por tanto cinismo e impunidad por parte del sistema judicial de México, corrupto y obsoleto hasta las entrañas.....

Contribuimos de este modo a difundir y denunciar, una vez más, el juego macabro del neoliberalismo para quienes luchamos por libertad, dignidad, justícia......

NI UN PASO ATRÁS!

ATENCO NO SE VENDE.

POR NUESTROS MUERT@S,

PARA TOD@S, TODO.

Òscar

Equipo RRII CGT México.
- Confederación General del Trabajo (CGT) Estado Español.

http://www.cgtchiapas.org/ , www.rojoynegro.info/2004

- Col.lectiu EL CARAGOL.

Resolutivos de la 2da. audiencia del Juicio Nacional Popular

20 y 21 de octubre de 2007, San Salvador Atenco, Estado de México

CONSIDERANDO

PRIMERO.- ESTE TRIBUNAL ADVIERTE QUE DE LA ANTERIOR AUDIENCIA A LA PRESENTE, LA SITUACIÓN DEL PAÍS HA EMPEORADO POR LAS DESICIONES DE QUIEN USURPA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA:

A) RIQUEZAS Y BIENES PÚBLICOS, COMO “AEROMÉXICO” SON ENTREGADOS A UNA EMPRESA TRASNACIONAL (CITY GROUP, BENEFICIADA CON LOS RECURSOS DEL FOBAPROA) Y A EMPRESARIOS QUE CONTRIBUYERON, FINANCIANDO, EL FRAUDE ELECTORAL DE JULIO DE 2006.

B) LA MILITARIZACIÓN SE PROFUNDIZA Y SE ANUNCIAN “GRANDES TRIUNFOS” CONTRA EL NARCOTRÁFICO, CUANDO EN LA REALIDAD SE TRATA DE GENERAR UN AMBIENTE DE TERROR EN LA SOCIEDAD MEXICANA.

C) LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD GOZAN DE LA PROTECCIÓN DEL PODER Y SIGUEN USUFRUCTUANDO LOS BENEFICIOS DE MANEJAR A SU LIBRE ANTOJO INMENSOS CAUDALES DEL PRESUPUESTO, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

D)LOS SAQUEADORES DEL ERARIO, COMO WILFRIDO ROBLEDO MADRID, SON BENEFICIARIOS DE SENTENCIAS ABSURDAS, QUE LOS EXIMEN DE RESPONSABILIDAD, YA QUE NO OBSTANTE EL CÚMULO DE EVIDENCIAS SOBRE SU RESPONSABILIDAD, FUE FAVORECIDO POR CONCLUSIONES INACUSATORIAS DE LA PGR.

E) LA SUBORDINACIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO A LA ESTRATEGIA MILITAR DEL IMPERIO ESTADOUNIDENSE, ES CADA VEZ MÁS EVIDENTE, EL LLAMADO “PLAN MÉXICO” ES UN GRILLETE MÁS QUE SE PRETENDE COLOCAR EN EL CUELLO DENUESTRA NACIÓN.

SEGUNDO.- LA CONDUCTA PÚBLICA DE AQUELLOS A QUIENES EL PUEBLO ACUSA DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD, ES DE DESPRECIO A LOS ESFUERZOS QUE SE VIENEN HACIENDO PARA ENJUICIARLOS Y CASTIGARLOS. LOS EJEMPLOS MÁS INDIGNANTES SON:

A) MARIO MARIN CONTINÚA DESPACHANDO EN “CASA PUEBLA”, A PESAR DE LAS NUMEROSAS EVIDENCIAS DE SU COMPLICIDAD CON BANDAS DEL CRÍMEN ORGANIZADO, VINCULADAS A LA PEDERASTIA.

B) ULISES RUIZ ORTIZ SIGUE REPRIMENDO AL PUEBLO DE OAXACA, SIN IMPORTAR LOS MÁS DE 25 ASESINATOS QUE EL PUEBLO LE IMPUTA, JUNTO CON OTROS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD.

C) VICENTE FOX QUEZADA PASEA POR EL MUNDO, CON SU PAREJA, BURLÁNDOSE DE QUIENEN LOS SEÑALAN COMO RESPONSABLES DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, Y DESPUÉS DE QUE EL PRIMERO CONFESÓ PÚBLICAMENTE SU PARTICIPACIÓN EN EL FRAUDE ELECTORAL DEL AÑO PASADO.

D) ENRIQUE PEÑA NIETO PROMUEVE SU CANDIDATURA PARA LA PRESIDENCIA DE 2012, AL TIEMPO QUE ORDENA AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO VIOLAR LAS LEYES PARA MANTENER EN PRISIÓN A LOS LUCHADORES SOCIALES DE ATENCO.

E) EDUARDO MEDINA MORA DESPACHA EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DESPUÉS DE DEJAR EN LA INOPIA AL CISEN, SEGÚN LO ACUSA FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA. MEDINA MORA, PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA REPRESION DE OAXACA Y ATENCO, PERO SIN EMBARGO HA SIDO PREMIADO HACIÉNDOLO PROCURADOR.

POR LO ANTERIORMENTE CONSIDERADO, SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1. ESCUCHADAS LAS MÚLTIPLES DENUNCIAS Y LEÍDOS LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTA EL PUEBLO, SE TIENEN POR ADMITIDAS Y DESAHOGADAS TALES PRUEBAS, CADA UNA DE ELLAS, EN TIEMPO Y FORMA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, LAS CUALES SERÁN VALORADAS Y TOMADAS EN CONSIDERACIÓN AL MOMENTO DE DICTAR LA RESOLUCIÓN.

2. DADO EL CÚMULO DE SOLICITUDES PARA ESCUCHAR DENUNCIAS, DE HECHOS OCURRIDOS EN DIVERSOS LUGARES DEL PAÍS Y PARA TOMAR CONOCIMIENTO DE ELLAS, SE ACUERDA CELEBRAR AUDIENCIAS EN LOS SIGUIENTES LUGARES:

a).- EN GUADALAJARA, JALISCO, LOS DÍAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2007.
b).- EN ACAPULCO, GUERRERO, EN FEBRERO DE 2008.

c).- EN YUCATÁN Y QUINTANA ROO, EN ABRIL DE 2008 y

d).- EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN JUNIO DE 2008.

DADO EN EL PUEBLO DE SAN SALVADOR ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 21 DÍAS DE OCTUBRE DE 2007.

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA POPULAR

JUAN DE DIOS HERNÁNDEZ MONGE

CARLOS FAZIO

DAVID CERVANTES

CARLOS MORERA CAMACHO

JUAN JOSÉ DÁVALOS LÓPEZ

ALFREDO ROJAS DÍAZ DURÁN

LEOPOLDO AYALA

J. ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ

POR LA PROCURADURÍA DE JUSTÍCIA POPULAR

ROSARIO IBARRA DE PIEDRA

OFELIA MEDINA

JESUSA RODRÍGUEZ

MIREYA RODRÍGUEZ CORONA

PATRICIA PÉREZ ACOSTA

JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUÍZ

ADRÍAN RAMÍREZ LÓPEZ

GILBERTO HERNÁNDEZ

FAUSTO TREJO DELABRE

JOSÉ FRANCISCO GALLARDO

Mujeres en resistencia presentaron memoria de su Encuentro

Y el video “Curadas de espanto”

Por Jonathan Pardiñas

México DF, 31 oct 07 (CIMAC).- En la Ciudad de México, el pasado lunes se reunieron de nueva cuenta una "bomba de mujeres", como ellas mismas se hacen llamar. Se juntaron por primera vez el mes de abril pasado, en un hotel de Oaxaca: 250 mujeres de 30 movimientos sociales y civiles de diez estados de la República, así como once líderes invitadas de distintos países latinoamericanos.

Se reunieron porque su situación no puede continuar. "Acusamos al Estado de alta traición, porque los impedimentos para conquistar nuestros sueños se gestan en sus incumplimientos y violación a nuestros derechos fundamentales, a las leyes nacionales y a los acuerdos y tratados internacionales", dice la parte de la declaración final de su Encuentro, llamado Mujeres en Resistencia, organizado por el espacio feminista y el Colectivo Huaxyacac.

No fue sencillo y tienen presentes los obstáculos a los que se enfrentaron: "estigmatización del feminismo, inadaptabilidad de hombres a aceptar el rol activo de mujeres, falta de apoyo y visión de género en los partidos y en los gobiernos municipales, discriminación social, racismo, migración y falta de autonomía".

Pero lo lograron y ahora en la Comisión de derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentan las memorias de esa reunión, del Encuentro Mujeres en Resistencia, e ilustran con el video Curadas de Espanto, porque así dicen estar, listas para lo que viene pero sin miedo. Después del video, sus voces son escuchadas de nuevo:

Trini, Trinidad Ramírez, luchadora social y esposa de Ignacio del Valle Miranda, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, quien está preso y enfrenta una condena de 67 años, saca de la memoria su experiencia.

Él fue detenido por la Policía Federal Preventiva en la incursión que hicieron en Atenco, con el argumento de desalojar una autopista que estaba siendo bloqueada por los que se manifestaban en contra de la construcción de un aeropuerto en esa comunidad.

Estábamos buscando el diálogo con el gobierno, resistiendo, dice. Llegué a casa de un familiar en donde nos resguardábamos, ya no podíamos estar en casa. Pero ya se oían las detonaciones. Ya entraron, ya están matando a la gente, ya se están ahogando con el gas lacrimógeno. Vi a mi hijo, lo abracé y le pedí que se quedara y me dijo "no te preocupes, madre, nunca me voy a separar de ti".

Fueron minutos, segundos en que pierdes la noción del tiempo. De pronto escuché un murmullo que cada vez se hacía más grande. Cuando menos sentí, los vidrios estaban cayendo sobre mi cabeza. Era la fuerza pública y gritaban: "mátenlos a todos, a eso venimos, esto ya se acabó". Estaba en la casa toda mi familia, los golpeaban, les gritaban y amenazaban de muerte.

Escuché el grito de la madre de mis tres sobrinos: "no se lleven a César (hijo de Trinidad), no le peguen". Estaba paralizada, tirada en el baño. Tuve el impulso de salir, pero tuve que ahogar mi grito, atragantarme con un suéter, porque se me hubiesen visto, si hubiesen abierto esa puerta, hubiera entregado a mucha gente, mucha familia.

Este relato es escuchado con atención, en la presentación de las Memorias del encuentro de Mujeres en Resistencia, dedicada a Soledad Jarquín, corresponsal de Cimacnoticias quien ganó el Premio Nacional de Periodismo por el caso de las mujeres violadas en Castaños, Coahuila, en julio de 2006.

Trini cuenta su relato y confiesa que lo vuelve a vivir, mientras las y los asistentes lo viven y sienten por primera vez, directamente de las reminiscencias de esta mujer, que por obligación está ahora contando su experiencia.

"No es que queramos estar aquí, las circunstancias nos han obligado", dice un poco enojada Trini. Lo dice porque recuerda la sentencia de 67 años en contra de su pareja, Ignacio del Valle, lo dice por el exilio obligado de su hija, América del Valle, y lo dice por su hijo César del Valle, preso político, preso de conciencia.

Los militares que se adueñaron de los cuerpos de mujeres en Castaños, Coahuila, la represión en Oaxaca, la violación de mujeres en Atenco por elementos de la Policía Federal Preventiva, el caso de Zongolica y el presunto asesinato de Ernestina Ascencio, el "fraude electoral", la Otra Campaña y la despenalización del aborto en el DF. Todos, elementos suficientes para alzar la voz y para decir "que su paciencia se acabó".

07/JP/GG/CV

Recuerda a Brad Will un año después

Escribo para manifestar mi dolor por la muerte, hace un año, del periodista Brad Will. Escribo para manifestar mi dolor por otros 20 asesinatos en Oaxaca el año pasado. Escribo porque Brad no fue la primera víctima ni ha sido la última del Estado mexicano; es uno más junto a Digna Ochoa, Pável González, Alexis y muchos que mueren por balas o por hambre, pobreza o malas condiciones laborales, como los mineros que ha estado matando el Estado durante 40 años.

Escribo con la esperanza de que alguien me escuche y que vean que hay muchas voces de indignación, las cuales no pueden creer los “autoasesinatos” ni el complot por internacionalizar el problema de Oaxaca y, de esta forma, justificar la muerte de los nuestros. Escribo para dar mis condolencias a todo el pueblo mexicano y del mundo por la muerte de los nuestros. Escribo por nuestros muertos. Escribo con la esperanza de que logremos el cambio todos juntos. Escribo para mantener la dignidad nuestra y de nuestros muertos.

G. Alfredo Ramírez Ogando

Atenco y la libertad debida

Eugenia Gutiérrez*

Hay silencios que aturden, pero el que guardan los gobiernos en México ante reportes de violencia institucional alcanza ya un volumen escandaloso. En junio de 2006, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) detectó y sistematizó arbitrariedades y abusos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México. Un año más tarde y con la situación agravada después de los crímenes contra el pueblo de Oaxaca, Amnistía Internacional aseguró en su informe (mayo 2007) que la situación de los derechos humanos en México es “decepcionante”. Sin embargo, no se puede hablar de acciones concretas tendientes a la procuración de justicia verdadera en los hechos de Atenco.

Hace apenas unos días, y después de casi un año y medio de cárcel, a ocho personas detenidas y agredidas salvajemente por la PFP los días 3 y 4 de mayo de 2006 se les otorgó un amparo que les abre el camino de la liberación por falta de pruebas. Se trata de Vicente García Munguía, Martín Garrido Romero, David Medina Neri, Cecilio Ramírez Espinosa, Jorge Armando Ramírez Aguilar, Mariana Selvas Gómez y su padre Guillermo Selvas Pineda, así como de doña Magdalena García Durán, indígena mazahua a quien se le otorga por tercera vez un amparo. No obstante, será hasta la próxima semana cuando se resuelva su situación jurídica. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene aún posibilidades de obstaculizar esa libertad, ya que cuenta con 10 días hábiles (que se cumplen a finales de octubre) para apelar de los amparos y detener un acto de justicia.

Ante la posibilidad de que eso ocurra, es importante insistir en lo que ya han dicho tanto las presas y los presos de Atenco como sus familiares y abogados: mantenerlos en prisión sería una arbitrariedad que prolongaría la violación a sus derechos humanos y a sus garantías individuales. Claro que en el caso Atenco eso se ha vuelto costumbre. No podemos olvidar que a más de 180 hombres y mujeres se les robó su libertad en mayo de 2006, que muchísimos siguen bajo proceso, que otros están escondidos, perseguidos, lejos de sus familias, que varios fueron expulsados del país, que 27 continúan injustamente en la cárcel y que a compañeros como Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua se les dictó sentencia por más de 67 años. De ahí que no se pueda confiar en que en esta ocasión la PGR no intentará impugnar los amparos.

Los hechos hablan por sí solos. Después de 17 meses, los asesinatos del joven Alexis Benhumea y del niño Javier Cortés no han sido investigados. La violación masiva que sufrieron decenas de compañeras de la otra campaña por parte de los “muchachos” de Wilfrido Robledo Madrid en el estado que gobierna Enrique Peña Nieto no sólo sigue impune, sino que adquiere un matiz kafkiano cuando se piensa que las mujeres que fueron violadas están presas mientras los policías que las atacaron duermen tranquilos en sus casas. Por si fuera poco, a doña Magdalena García se le han negado ya dos amparos. Éste sería el tercero.

En un país donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos altera sus propias investigaciones y modifica el término “homicidio” por el de “gastritis”, cuando el diagnóstico forense es emitido desde Los Pinos, sería peligrosamente ingenuo esperar que las instancias de procuración de justicia hagan pulcramente su trabajo.

Por ello, es necesario seguir los pasos de los familiares de quienes hoy están en la cárcel para exigir al procurador general de la República que deje ya de criminalizar a los movimientos sociales.

El panorama de los derechos humanos en México es turbio: hay acusaciones de violación sexual y asesinato que involucran a integrantes del Ejército Mexicano; no ha habido justicia para Oaxaca; la tortura y la desaparición forzada son prácticas cotidianas; la prensa libre es perseguida; las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas están siendo constantemente atacadas por gobiernos y paramilitares, estamos en el paraíso de la pederastia y hasta hay quien planea exonerar a los asesinos de Acteal, Chiapas. Frente a todo ello, hay que resquebrajar el silencio y exigir la libertad que se les debe a Vicente, Martín, David, Cecilio, Jorge Armando, Mariana, Guillermo y doña Magdalena, presas y presos políticos mexicanos.

* Activista por los derechos humanos

Estado, presos políticos y represión social

Durante los siete años de gobiernos federales emanados del Partido Acción Nacional (PAN) ha tenido lugar una intensa campaña de hostigamiento en contra de activistas de diversos movimientos sociales, como lo muestra el elevado número de personas –alrededor de 900, muchas de ellas indígenas– que han sido encarceladas por motivos políticos. Esta situación plantea la necesidad de reflexionar sobre la dinámica que han seguido las administraciones panistas al enfrentarse con expresiones legítimas de inconformidad social.

En el inicio de su sexenio, Vicente Fox afirmaba ser un decidido defensor de las garantías individuales en México y otros países. Sin embargo, el supuesto compromiso inicial del entonces presidente con la procuración de los derechos humanos contrasta claramente con las cuentas que entregó una vez que dejó el poder: en las postrimerías del foxismo autoridades estatales y federales recurrieron a la represión policial como una medida para sofocar los descontentos sociales en diversas zonas del país como Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Texcoco-Atenco, en el estado de México, y Oaxaca.

Diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, pusieron bajo la óptica de la comunidad internacional los casos de graves atropellos a las garantías individuales cometidos por las autoridades mexicanas en el contexto de tales conflictos.

Lejos de aclarar y reparar el daño producido por los abusos de su antecesor, el gobierno de Felipe Calderón se ha distinguido por preservar la impunidad para los culpables de los episodios de represión mencionados, así como por incurrir en otros graves atropellos a las garantías individuales, como las detenciones de los líderes sociales oaxaqueños y su internamiento inexplicable e injustificable en prisiones de alta seguridad. Para colmo, el calderonismo ha continuado acciones como el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y la criminalización de la protesta social, que históricamente tienden a desembocar en episodios de represión masiva y de atropello de los derechos políticos.

Estas conductas gubernamentales, en conjunción con el creciente número de presos por motivos políticos, ponen en evidencia la severa crisis que enfrenta el Estado respecto de su papel como mediador en los conflictos sociales y como interlocutor de los grupos que los protagonizan: éstos, al no encontrar canales de solución adecuados para sus demandas –muchas de las cuales son, a su vez, consecuencia de los desaciertos del gobierno–, tienden a radicalizar sus luchas, y encuentran como respuesta la represión de las autoridades.

Por lo demás, la criminalización de las manifestaciones de descontento social no se limita al ejercicio de la fuerza represora del Estado en contra de los inconformes, sino que se apuntala, además, con triquiñuelas jurídicas como la invención de cargos y la lectura facciosa de las leyes en perjuicio de los acusados. Como ejemplo ha de referirse la sentencia dictada en mayo pasado en contra de dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, condenados a 67 años de prisión, lo que constituye una virtual cadena perpetua. No deja de ser sorprendente e inaceptable que la pena que purgarán estos activistas campesinos es por demás desmesurada en comparación con los castigos que reciben los culpables de crímenes como el secuestro o el narcotráfico.

El empleo excesivo de la fuerza pública para acallar las manifestaciones de descontento es una práctica recurrente de los regímenes autoritarios. En un contexto democrático, sin embargo, tales acciones no pueden tener cabida. El gobierno federal debe entender que la solución a los conflictos sociales se alcanza mediante el diálogo y el reconocimiento de todas las partes; la represión y el encarcelamiento de los inconformes, en cambio, propicia que la descomposición social avance y que el daño alcance niveles que pudieran ser irreversibles.

“Culpables, sin fortuna y sin estudios”

Blanche Petrich

Actualmente son cinco las “presas políticas”. Una de ellas, Magdalena García Durán, mazahua detenida en San Salvador Atenco, es reconocida por Amnistía Internacional como presa de conciencia. Vendedora ambulante y simpatizante zapatista, la detuvieron durante el operativo policiaco de mayo de 2006 en el poblado mexiquense y la acusaron –sin pruebas– de “secuestrar” a tres policías.

En su expediente figura el “razonamiento” del juez segundo de lo penal, Jaime Maldonado, para considerarla culpable: por su condición de mujer “sin bienes de fortuna, sin estudios y sin utilidad semanal” –es decir, pobre y analfabeta–, “se desprende” que es “simpatizante” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, “cuya finalidad es trastocar el orden social”. El pasado 16 de octubre obtuvo un amparo “de fondo”, en el que un juez federal con sede en el estado de México reconoció que no participó en los hechos, por lo que pronto debe quedar libre.

Junto con ella están otras tres mujeres en el penal de Molino de Flores, en Texcoco: Mariana Selvas, María Patricia Romero y Edith Rosales. Tres más fueron excarceladas bajo fianza. Sobre todas ellas, solidarias con el pueblo de Atenco, recayó la acusación de “secuestro equiparado”.

Presas y procesadas por pertenecer a un grupo armado están Gloria Arenas Agis, la coronela Aurora, del ERPI, e Isabel Almaraz, acusada de manera genérica de formar parte del EPR, por su origen en la sierra oaxaqueña de los Loxicha. Ambas firmaron declaraciones inculpatorias bajo tortura y amenaza de violación. Gloria Arenas, madre de una joven que tuvo que asilarse en Canadá, tiene una sentencia de 49 años.

Isabel Almaraz, zapoteca y madre de dos niñas, fue detenida en junio de 2002 y está recluida en Santa María Ixcotel. En junio de 1997 participó en la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha, que mantuvo un plantón de cinco años en los portales del antiguo palacio de gobierno de Oaxaca. Protestaban contra la militarización que diezmó su región: más de 90 ejecuciones extrajudiciales, 15 desapariciones y, en su momento, cerca de 500 detenciones.

En junio de 2002 fue detenida y acusada de participar en el secuestro de un menor junto con dos hombres a quienes no conocía. Estos fueron liberados inmediatamente, no así Isabel, a quien atribuyen haber conducido el auto en el que se cometió el secuestro; ella ni siquiera sabe manejar.

Brad Will: Carta abierta Internacional

Octubre de 2007

Carta abierta Internacional

Al igual que tantos otros periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales y líderes indígenas, la muerte de Brad Will, periodista y documentalista de Indymedia New York asesinado en Oaxaca el 27 de octubre de 2006, continúa impune.

A un año de estos hechos, hacemos pública nuestra indignación ante esta situación, y mantenemos firme nuestra exigencia al cumplimiento y respeto de los derechos humanos, y a que se llegue a la verdad sobre los hechos que ocasionaron su muerte a través de una investigación seria e imparcial, así como al procesamiento de los responsables. Lamentablemente es muy larga la lista de casos impunes en la agenda de la justicia en México, lista que continúa creciendo día a día; pero queremos hacer saber que para nosotros no existe tiempo, distancias ni fronteras para continuar exigiendo por Brad y todas las víctimas de Oaxaca.

Porque no nos rendimos, no nos callamos, y no l@s olvidamos:

Basta de impunidad en México.

Firman: Andrea Caraballo, Compañera de Brad Will, Uruguay, Cristhy Will, hermana de Brad Will, USA, Elena Poniatowska Amor, Escritora y periodista, México, Blanche Petrich, periodista, México, Hermann Bellinghausen, La Jornada/Ojarasca, México, Bárbara Zamora-Bufete Jurídico Tierra y Libertad A.C., México, Jesús Ochoa y Plácido-Comité Digna, México, Marisela Ortiz, Activista, México, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Ciudad Juárez, México, Comité Cerezo, México, María de Lourdes González Torres, Madre de Pável González, Mexico, Mujeres sin Miedo: Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Carmen Huete, Francesca Guillén, Mercedes Hernández, Humberto Robles, México, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, Uruguay, Jesusa Rodriguez, Directora de teatro, Mexico DF, Liliana Felipe, compositora, Mexico DF, Regina Orozco, actriz y soprano, Mexico, Vanessa Bauche, actriz, México, Isela Vega, actriz, México, Padre José Mulligan, Nicaragua, Raúl Zibechi, Uruguay, Federico Campbell, escritor, México, David Huerta, escritor, México, Nuria Fernández de Iniciativa Mexicana contra la Guerra, México, Amnistía Internacional-Sección Uruguay, Colectivo Mujeres de Negro, Uruguay, Colectivo Indymedia-México, Colectivo Indymedia-Ecuador, Colectivo Indymedia-Uruguay, Colectivo Indymedia-Perú, Trinidad Ramírez, Ulises del Valle y Cayo Vicente (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra), San Salvador Atenco, México, Ericka Zamora Pardo de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, México, Efrén Cortés Chávez de Movimiento de Lucha Popular (MLP), México, Red Solidaria Década Contra la Impunidad, México, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C., México, Jóvenes en resistencia alternativa, México, Frente Nacional de Mujeres "Rosa Luxemburgo", México, Dra. Josefina Mena-Abraham, GTA SC Grupo de Tecnología Alternativa, México, La Voladora Radio, México, Radio Kaleidoscope 97 FM., Grenoble, Francia, La Huelga Mundial de Mujeres, Nina López, Coordinadora, EEUU, Inglaterra, Irlanda y España, La Ruta Pacifica de Mujeres (Mujeres de Negro), Camilo Pérez Bustillo, Programa de Derechos Humanos, UACM, Comité de Liberación 25 de Noviembre, México, Salud y Conciencia, México, Colectivo Los Ángeles, México, Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), México, Comité de Lucha por el Movimiento de Emancipación Nacional COLMENA, México, Natasha de León, Traductora, México, Gerardo Bocco, investigador de la UNAM, campus Morelia, Mexico, Raúl Guzmán, Biólogo, México, Lucía García Noriega y Nieto, Gestora Cultural, México, D.F., Alejandra Liceaga, México, León Faure, promotor cultural, Mexico, Juan Larios, Artísta plástico, Mexico, Yan María Yaoyólotl, Lesbianas Feministas Socialistas, México, Marta Piña B., Doctora, parte de La Otra Salud. México D.F, Martín Solares, escritor, México, Alejandro Ortiz, escritor, México, Fernando Gálvez, escritor, México, Efraín García, escritor, México, Armando Bolaños, escritor, México, Al Rojas de Frente Mexicanos en el Exterior, Islas, cineasta, Mexico, Teresa Solís, cineasta, Mexico, Maricela Quinto, La Forja, México, Margarito Sánchez del Comité de Defensa Grutas de Cacahuamilpa, México, Carlos Maretínez Rentería de Revista Generación, México, Carlos Padilla de Revista Zócalo, México Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras, Pastrana, Demián Flores, Jerónimo Toledo, Macario Matus, Filemón Santiago, Artistas de Oaxaca, Ignacio Pinacho de Partido Convergencia, México, Amaranta Úrsula ex candidata de México Posible, México, Alejandro Corona, Economista, 46 años, México Miguel Vargas, Artista visual, Mexico, Fernando Hernández, Mexico, Ma. Esther Piña Soria Calderón, México D.F., Ricardo Antonio Sánchez Piña Soria, México, D.F., Hector Ricardo Sánchez Coronado, México, D.F., Franco Gabriel Hernández, México Omaira Ochoa, México, Sebastián Liera (RED@ctuar - La Otra Chilanga), actor y comunicador. México, D.F., Prometeo Lucero, periodista, Resistencias Enlazando Dignidad-Movimiento y Corazón Zapatista, México, Alma Delia Gómez Soto, México Fabiola Cruz, Dergal Gabriel, Mexico, Marisol de la Cadena -Antropóloga, Profesora de la Universidad de California-Davis Foro Culturarte A.C. organización cultural de Coahuila, México, Leticia López Margalli, escritora, México, la resistencia teatro, México, Rafael Cruz (Revista Polifónica) Fotografía, Colima, México, Rubén Estrada Talonia, México, Gerardo Valenzuela Vzla, Izquierda Cultural, Hermosillo, Sonora, México, Adriana González C., Ciudadana, Hermosillo, México, Teresa Parada Arvayo, Enfermera, México, Alba Rosa González Celaya, Mexico, Lucero Mendizábal, Doctoranda Educación Social, México, Ricardo Andrade Jardí, Director de Teatro, Dramaturgo y representan del Consejo Nacional de Comunicadores Ciudadanos en Yucatán (CONACC) Mérida, Yucatán, México, Amanda Quezadas, Actriz, Directora y productora de teatro, Mérida, Yucatán, México Asambla general de socios y representantes del Centro de Investigación Escénica El Teatrito, A.C. Yucatán, México Isabel Rojas, México, Miguel Angel Armada Latorre, México, Karina Sosa Casteñeda, Escritora, Oaxaca, México, Ana Paola Morales Izquierdo, actriz, México, D.F., José Alberto Gallardo Fernández, director y dramaturgo, México, D. F., Araceli Herrera, Fotográfa, México, Armando Gomez M., Cooperativa de Medios Libertas Anti Corp y Alive in Mexico (videoperiodismo civil), México, Abel Sanchez Rios, Empleado Tehuantepec, Oaxaca, Mexico, Eduardo Robles B., Colaborador en Radio Kaléidoscope (Francia) y Vientos de Abajo (México), Lena García Feijoo, México, D.F., Ari David, Mexico, D. F., Oralba Castillo Nájera, México, Carlos Velazquez Guerrero, Matematico, UNAM, Silvia Ramos Luna, México, Guiomar Rovira Sancho, Mexico, Profesora Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, Diego Osorno, reportero (México), José Enrique González Ruiz, Coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UACM. Natalia Castelgrande, Periodista, Uruguay, Ana de León, Activista en DDHH, Uruguay, Jenny Escobar Iglesias, activista de Mujeres de Negro Uruguay, Verónica Quenón, Activista de Mujeres de Negro, Uruguay, Martha Arrigoni, Colectivo Mujeres de Negro, Uruguay, Celena García, fotógrafa, actriz, Uruguay, deartes/deatres, organizadora del proyecto 25N arte por la paz: artes dialogan por el 25 de noviembre, Uruguay, Jacinto de la Cuerda, Sindicalista, Montevideo, Uruguay, Gonzalo Castelgrande -electricista, Uruguay, Isabel Pérez de Sierra, Periodista, Montevideo, Uruguay, Nelson De León, trabajador, Uruguay, Alejandro Motta Castro, Radialista, Uruguay, Laia Fargas, Activista de Derechos Humanos, Uruguay, Santiago Mazzarovich, Uruguay, Montserrat Montero, empleada, Uruguay, Gladys Eugenia González Aguirre, Jubilada, Uruguay, Marcos Ramirez- Uruguay, Sandra Torres, Guia de Turismo y Educadora bilingüe, Uruguay, Cecilia Apezteguía, Activista en DDHH, Uruguay, Diana Mines, Fotógrafa, Uruguay, Rafael Sosa, Actor, Uruguay, Laura Bianchi, estudiante, Uruguay, Victoria Gutiérrez, Estudiante, Uruguay, Isabel Trivelli, Montevideo, Uruguay, Paula Mosca, Uruguay Leonardo Rodriguez, Trabajdor de telecomunicaciones, Uruguay, Teresita Ribas, Técnico en Administración, Uruguay, Elena Vilenskaya, activista de la ONG de los derechos humanos La Casa de la Paz y no Violencia, St. Petersburgo, Rusia, Carlos Ordóñez Ferrer (País Vasco- Estado español), Pablo Peinado, Periodista y Director del Festival Internacional de Cultura LGTB VISIBLE, España, Inmaculada Puente Rodríguez, Administrativa, Granada (España), Toño Jerez, poeta, España, Javier Hernández Galván, Delegado comercial, Madrid, España, Carmen Grande Pinilla, técnico editorial, Madrid, España Esperanza de Rueda Villén, Psicóloga Familiar, Valencia, España, María José de la Rosa Ignacio, Mujeres de Negro contra la Guerra-Madrid-España, Víctor Carlos Torre Vaquero-Actor-Madrid-España, Víctor Torre de la Rosa- Biólogo Ambiental-Madrid-España, Álvaro Torre de la Rosa- Estudiante de Bellas Artes-Madrid-España, Matilde Gayoso Sánchez- Filóloga y Maestra-Madrid-España, Violeta Membrado Granizo, Zaragoza, Estado Español, César Martínez, Enfermero, Cantabria, España, Montserrat Fenosa Choclán, de provincia de Barcelona, España, Juan Carlos Navarro Díaz, Biblioteca Universitaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, Arantxa Cana Moya, psicóloga, Barcelona, estado Español, Mar Garrote Calvo, Educadora, Madrid, Estado Español, Conxa Chaus Moreno, España, Dario Azzellini, Caracas/Berlín, Pablo Kunich, Periodista de Vive TV, Caracas, Venezuela, José Luis Couto, Ilustrador, Caracas, Venezuela, Jahel Palmero Alvarado, Actriz, productora, México-Costa Rica, Herminia M. Alemany-Valdez, Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, Catedratica, Puerto Rico, Doris Trujillo, Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro CNC-EA, Ecuador, Red de Solidaridad con Chiapas de Vicente López, Argentina, Juan Ignacio Rey, estudiante, Argentina, Carlos Broun / Miembro fundador del colectivo de medios audiovisuales Contraimagen de Argentina / Realizador del documental "Oaxaxa, el poder de la Comuna", Argentina, Valeria Sbuelz, fotógrafa, Córdoba, Argentina, Mariana de la Torre, estudiante, Córdoba, Argentina, Taller Libertario, Perú, Claudio Gutierrez, Bogotá, Colombia, Luis Angel, pintor artístico, Bogotá ,Colombia, Rosa Curiel, República Dominicana, Mira Kellermann, Periodista, Dinamarca, Aarhus, Mubeccel Karabat, maestro, Turquía, Miguel Zárate, mercadotecnia, Montreal, Canadá, Ximena Valverde H., coordinadora Centro Comunitario Hualpén, Chile, Sebastián Salinas (Darko), Activista, Chile, Colectivo Estudiantes Rebeldes, Chile, Colectivo Contraloce, Chile, Universidad Popular José Agurto(Upja), Julie Webb-Pullman, Periodista independiente, Wellington, Aotearoa/Nueva Zealandia, Jennifer Truskowski, Grand Rapids, Michigan, U.S.A., John Bruning, Integrante de la Coalicion de Accion Estudiantil-Obrero (Student Labor Action Coalition), Integrante de Solidaridad Madison-Oaxaca (Madison-Oaxaca Solidarity), Estudiante, Facultad de Sociologia, Universidad de Wisconsin, Madison, WI, Estados Unidos, Hartford Campbell, Atlanta, GA, writer/musician, JJ Barrera, Tejanos For Truth, Musician, Austin, TX, USA, Michael Gould-Wartofsky, Journalist, New York City, USA, Victor Wallis, USA, Almerindo E. Ojeda, Coordinador, Centro para el Estudio de los Derechos Humanos en las Americas, Universidad de California, Davis, Leo / Trabajador inmigrante en EEUU / Documentalista Realizador del "Oaxaxa, el poder de la Comuna", USA, Scott Campbell, Oakland, CA, Anselmo Treto Garza, San Antonio,Tejas, EEUU, Susan Mitchell, Athens, Ohio, Gerardo Renique, Historiador, Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), Deborah Poole, Anthropology Dept, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, John F. Levin screenwriter, USA, Fran Luck, Producer, Joy of Resistance: Multicultural Feminist Radio @ WBAI, Bruce Eggum, Gresham Wisconsin, USA, Lorna Griffin, Teacher, USA, Lee Martin, Teacher, USA, Jamie Towne, Civil Rights Activist, USA, Aline Towne, Secretary, USA, Sophie Pepe, Teacher, USA, Frank Pepe, Administrator, USA, Martha Obrien, Civil Rights Activist, USA, John Towne, Human Rights Activist, USA, Edward Pepe, Writter, USA, Doris Grennier, Human Rights Activist, USA, Jack Towne, Carpenter, USA, Rich Krollman, student, Brooklyn, NY, USA, Carol Lang, District Council 37, New York, USA, Jo-Marie Burt, PhD, Associate Professor of Government & Politics, Associate Chair for Undergraduate Studies, Department of Public & International Affairs, George Mason University, USA

Más adhesiones:

Centro de Medios Libres D.F., México, Sergio Israel, periodista, Uruguay, Angelina Peláez actriz, México, Alessandra Valle Sociologa Naples, Italy, Raquel Fierro, Buenos Aires, Argentina, Gabriela Machado, Uruguay, Profr. Isauro Nava Martínez Miembro del Congreso Indigena, etnia Mazateca, Miembro de la COESCO, Comisión Estatal de Sguimiento de los Acuerdo Politicos de la Sección XX11 del SNTE-OAXACA, OAX, México, Paloma Villegas, Escritora, México, Gisela Isabel Rivero Marrero, Asociación de discapacitados canarios Melody, Las Palmas de GC., España., Xuliana De Anda Zúñiga, Sublime Creatividad, S.C., Directora Creativa, México, Cecilia Ortega Ibarra, México, Adriana del Moral (periodista y filósofa) México, D.F., Pilar López - Colectivo Votán Zapata, Coyoacán, México, Graciela González Phillips, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Antropóloga, México, D.F., Milena Valli - insegnante - Sondrio Italia, Jesús Ramos Reyes filósofo, México, Laura Bergomi, pensionata, Paolo Rizzi, animatore culturale, vicolo s. caterina 4, Pombia (Novara), Italia, Maria Rosaria Mariniello Impiegata, Napoli, Italia, Laura P. Tercero Cruz, Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, México, Mujeres en Acción de Concepción, Coordina Mara Péres, Uruguay, La Libertaria de Venezuela, Venezuela, Patricia Rodríguez Jurado, médica veterinaria, Argentina, Daniel Torres, Uruguay, Colectivo RebelArte, Uruguay, Gustavo Goldman, Musicólogo, Uruguay, Rocío Marín Capdevila - Psicóloga - Castelló de la Plana (Estado español), AlterCultures, Asossiation- loi 1901, Francia, Colectivo Medio Ambiente de Indymedia Argentina, Red Nacional Indymedia Argentina, Producciones radiokupa México, D.F, Francisco Portillo Ruiz "Alán" (caricaturista, Colibrí, revista FORUM), México

• Carta Publicada en La Jornada el 28 de octubre, 2007

La música de los machetes se escucha

En un momento cuando se esperan las sentencias en el caso Atenco manifestantes exigen un fin al secuestro masivo de un año y medio y castigo a los responsables.

Si hay algo que las autoridades de este país no quieren escuchar, es el sonido de los machetes de San Salvador Atenco raspando el pavimento. Pero hoy esta música se escuchó de nuevo. Unas 150 personas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y La Otra Campaña marcharon desde el Monumento a la Revolución a la PGR, exigiendo justicia y libertad inmediata para todas las presas y presos encarcelados durante la represión brutal en Atenco del 3 y 4 de mayo del 2006.¡Atenco no se rinde, Atenco no se da, porque tiene campesinos con mucha dignidad!

En este momento Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez purgan injustas sentencias de 67 años (¡cadena perpetua!) por ser exitosos en defender sus tierras. Además, 172 personas detenidas están bajo proceso penal, acusadas de ataques a las vías de comunicación. De ellas, 24 siguen encarceladas, ahora en el penal Molino de Flores, acusadas también de secuestrar a agentes de policía. Ya empezó el careo entre los testigos y los policías, y es posible que las sentencias se dicten antes de fin de año. Según los plantonistas que apoyan a los pres@s y se mantienen en contacto con ell@s, en algunos casos los testigos están enfrentando a los policías y mostrando que todos repiten las mismas mentiras.

Hoy, los manifestantes acompañaron a los Abogados Zapatistas para presentar un documento exigiendo que el Ministerio Público no obstaculice un amparo concedido a David Medina Neri, Cecilio Ramírez Espinoza, Guillermo Selvas Pineda, Mariana Selvas Gómez, Vicente García Murguía, Martín Garrido Romero y Jorge Armando Ramírez Aguilar el 15 de octubrey otro concedido a Magdalena García Durán el 16 de octubre.

En todos los casos el amparo fue autorizado por considerar que no hay pruebas de la responsabilidad de los delitos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte y secuestro equiparado de seis policías. Por fin, estos compañer@s podrían obtener su libertad si el Ministerio Público Federal decide no revisar los casos.

Hasta ahora ningún policía de la ASE o el PFP, ni uno de los altos mandos responsables por los asesinatos de Alexis Benhumea y Javier Cortés, decenas de torturas y violaciones tumultuarias ha pasado un día en prisión. Se les acusa a unos pocos agentes de delitos no graves. Un solo policía fue sancionado por “actos libidinosos” y 21 se encuentran bajo proceso por abuso de autoridad. ¡Y los altos mandos premiados con puestos más lucrativos!

“¡Es un secuestro masivo de un año y medio!” dijo Jesús Cervantes, Secretario de la Unión de Juristas de México. “Se supone que un amparo protege a los presos, pero en realidad el amparo protege el juez y se manipula para alargar los procesos.” El abogado de Magdalena García Durán explicó que este es el tercer amparo federal en el caso de la activista indígena mazahua, en el cual un juez federal volvió a resolver que las pruebas contra ella eran insuficientes y anuló la orden del juez estatal para someterla a justicia. Amnistía Internacional piensa que hay motivos políticos para la prolongada encarcelación de Magdalena y la considera presa de conciencia.

A pesar de todas las medidas tomadas por las autoridades para criminalizar la lucha social y aterrorizar a la gente para que no se atreva a resistir, los esfuerzos para ganar la libertad de los pres@s siguen. En este momento la presión pública es crítica.

¿Y después? ¿Cómo se hace justicia?

La situación en el país en materia de derechos humanos ha empeorado

La clase política opta por el uso de la fuerza, dicen en foro

Alma E. Muñoz

Atenco y Oaxaca evidencian que frente a las reivindicaciones de colectivos organizados que salen a la calle con demandas sociales, la clase política mexicana opta por utilizar la fuerza pública de manera excesiva e ilegal, coincidieron Luis Arriaga, Rosario Ibarra y Bárbara Zamora, en la cátedra que sobre derechos humanos organiza el Centro Fray Francisco de Vitoria.

Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, advirtió que la situación está empeorando, y cuestionó que los presidentes en turno tomen “lo más malo, lo más perverso de otros gobiernos” para aplicarlo durante su sexenio.

La abogada y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hicieron un recuento de las violaciones cometidas en los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca durante el gobierno foxista.

Zamora recordó que en el primer caso, el proceso que se sigue contra los detenidos, pobladores de la comunidad mexiquense, está plagado de irregularidades, y señaló al juez penal encargado de la causa, Jaime Maldonado, de aplicar de manera discrecional y arbitraria la ley.

Citó como ejemplo que han promovido cuatro amparos para revocar los autos de formal prisión, pero que a cada fallo el juez “vuelve a hacer un auto con nuevos elementos, que no existían ni en el expediente”.

Arriaga refirió que lo ocurrido con integrantes del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra presenta el mismo patrón que lo sucedido con integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

“Tanto en Oaxaca como en Atenco, las autoridades apostaron por una doble estrategia, consistente, por un lado, en la postergación indefinida de la solución a demandas sociales de colectivos y, por el otro, permitir que los conflictos alcancen niveles de polarización suficientes para presentar ante la opinión pública, o sirviéndose de una parte de ella, la inexistencia de salidas dialogadas”, y así dar paso a la “utilización excesiva e indiscriminada de la fuerza pública”.

Pero sobre todo, mantener la impunidad, “esa carente ausencia de justicia que niega el reconocimiento de la dignidad humana”.

Revoca IFAI inexistencia de archivos sobre caso Atenco

Ordena a Presidencia de la República girar una orden de búsqueda exhaustiva en todas las dependencias de la administración pública que pudieran haberle enviado información al ex presidente Fox

Lilia Saúl

El Universal

Ciudad de México

Miércoles 24 de octubre de 2007

21:53

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) determinó revocar la respuesta de la Presidencia de la República en cuanto a la "inexistencia" de los archivos relativos al caso Atenco, los cuales se generaron durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox y ordenó a la dependencia girar una orden de búsqueda exhaustiva en todas las dependencias de la Administración Pública Federal que pudieran haberle enviado cualquier información de ese tipo al ex mandatario.

La Presidencia sólo realizó la búsqueda en la Secretaría Particular de la Presidencia y en el Estado Mayor Presidencial y declaró "inexistentes" los archivos relativos al conflicto social de Atenco.

De acuerdo con el proyecto del comisionado Alonso Gómez Robledo, los documentos debieron existir e hizo énfasis en que el ex mandatario Fox Quesada dio a conocer a los medios de comunicación que se tendría en su Centro Fox diversos documentos, entre ellos del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y del caso Atenco.

"Es importante precisar que el llamado Centro Fox albergará más de tres millones de documentos sobre la gestión gubernamental del ex presidente Vicente Fox de 2000-2006. En este sentido, el propio Vicente Fox Quesada, en declaraciones a medios de comunicación, confirmó que dicho Centro dará cobijo a millones de documentos relacionados con su gestión, entre ellos los relacionados con temas de gran interés como el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el enfrentamiento en Atenco, estado de México", señaló el comisionado en su proyecto.

La solicitud de información pedía los documentos que las diversas dependencias, unidades administrativas de apoyo a la Presidencia de la República, y servicios de inteligencia hayan entregado a Presidencia de la República y a Vicente Fox Quesada sobre el caso de Atenco.

En respuesta Presidencia argumentó "inexistencia" de la información.

Sin embargo, el IFAI determinó revocar la respuesta e incluso hizo un llamado a la Presidencia, alertando de que se pudiera caer en los supuestos del artículo 63 y 64 de la Ley Federal de Transparencia, los cuales establecen las causas por las cuales servidores públicos pueden ser sujetos de sanciones, entre las cuales destaca el "usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión".

Al solicitar la búsqueda exhaustiva al Ejecutivo federal en todas las dependencias, el comisionado argumentó que se hacía porque "la Presidencia de la República, únicamente remitió la solicitud de información a la Secretaría Particular de la Presidencia, y al Estado Mayor Presidencial.

Resulta procedente instruirle a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva de la información relativa a documentos que cualquier dependencia, entidad o unidades administrativas de la propia Presidencia de la República hubiesen entregado a ésta o al C. Vicente Fox Quesada, en relación con el caso de San Salvador Atenco, en todas sus unidades administrativas".

"El Comité de Información de la Presidencia de la República no podrá emitir una declaratoria de inexistencia, hasta en tanto no haya realizado la búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos de las unidades administrativas competentes", detalla el proyecto de Gómez Robledo.

Acción Urgente por Magdalena Durán (Presa de conciencia de Atenco)

La presa de conciencia Magdalena García Durán ha ganado el tercer amparo federal contra su detención. Sin embargo, Amnistía Internacional teme que, en lugar de ordenar su puesta en libertad inmediata, las autoridades traten de evitarla, como han hecho en ocasiones previas, para continuar con su procesamiento injusto e infundado.

19 de octubre de 2007
AU 268/07 Presa de conciencia / Preocupación jurídica
MÉXICO Magdalena García Durán

En este último amparo federal, concedido el 16 de octubre, el juez resolvió que las pruebas de la participación de Magdalena García Durán en el presunto delito de secuestro equiparado de seis agentes de policía y de ataque a las vías de comunicación y medios de transporte durante los disturbios civiles que tuvieron lugar en la ciudad de San Salvador Atenco, estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, eran insuficientes. La resolución anuló la anterior decisión del juez de la corte estatal de someterla a juicio.

Magdalena García Durán, activista indígena mazahua, vendedora ambulante y madre de cinco hijos, lleva encarcelada desde el 4 de mayo de 2006, fecha en fue detenida arbitrariamente en San Salvador Atenco. Tras seis días de detención, se le notificaron los cargos que se le imputaban, se decretó su prisión preventiva y se dictó auto de procesamiento contra ella. Magdalena García Durán siempre ha negado los cargos y su abogada defensora ha presentado pruebas que demuestran que no se encontraba en San Salvador Atenco en el momento en el que se cometieron los delitos de los que se la acusa.

El 11 de agosto de 2006, un juez federal falló a su favor un amparo contra la orden del juez estatal de someterla a juicio, señalando que el caso era de la jurisdicción del juzgado más cercano al lugar en el que ocurrieron los hechos. El 7 de noviembre de 2006, se le concedió un segundo amparo federal basado en la falta de pruebas suficientes para relacionar a Magdalena García Durán con los delitos. El juez federal falló que el juez estatal no había evaluado apropiadamente la evidencia, incluido el hecho de que varias declaraciones de policías sobre la presunta participación de Magdalena García Durán en los delitos eran idénticas. Sin embargo, el juez estatal no ordenó su puesta en libertad y la Procuraduría General de la República (PGR), que había afirmado no tener interés en el caso, apeló contra la decisión federal.

Posteriormente, un tribunal federal superior confirmó la decisión del amparo original, a pesar de lo cual el juez del tribunal estatal evitó ordenar su puesta en libertad dictando un nuevo auto de formal prisión, y pasó la causa al juez estatal adecuado, el del juzgado más cercano al lugar de los hechos. El tercero y más reciente amparo federal vuelve a reconocer la falta de pruebas contra Magdalena García Durán y anula la orden del juez estatal de someterla a juicio. Amnistía Internacional, que ha estudiado numerosos documentos del proceso, ha observado disparidad de criterios de los jueces estatales al evaluar las pruebas de la defensa y la acusación, así como vulneración del principio de presunción de inocencia de la acusada. Amnistía Internacional cree que las autoridades estatales y la PGR no han actuado imparcialmente y han pasado por alto la falta de pruebas contra Magdalena García Durán a fin de continuar con el injusto proceso judicial entablado contra ella. Amnistía Internacional cree que la prolongada detención de Magdalena García Durán tiene motivos políticos y está injustificada, que las autoridades no han proporcionado pruebas de su implicación en los delitos de los que se le acusa, y que diversos indicios apuntan a que las pocas que hay son, probablemente, falsas. Por todo ello, la organización la considera presa de conciencia.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, casi 3.000 policías estatales y federales tomaron parte en una operación contra las manifestaciones encabezadas por una organización local de agricultores, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y en San Salvador Atenco, en el estado de México. La operación policial se saldó con 207 personas detenidas, dos civiles muertos, decenas de manifestantes y policías heridos, varios policías tomados como rehenes temporalmente y muchas personas detenidas que sufrieron torturas, malos tratos y agresiones sexuales (véase el informe de Amnistía Internacional Violencia contra las mujeres y denegación de justicia en el Estado de México, Índice AI: AMR 41/028/2006). En el momento en que se escribe este documento, más de 150 personas detenidas durante las manifestaciones están siendo procesadas, acusadas de ataques a las vías de comunicación. De ellas, 24 siguen encarceladas, acusadas también del grave delito de secuestrar a agentes de policía. Las actuaciones judiciales contra estas personas han estado llenas de irregularidades y han vulnerado sistemáticamente las normas internacionales de derechos humanos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en español o en su propio idioma:

• expresando su opinión de que Magdalena García Durán sigue detenida injustificadamente y por motivos políticos;
• expresando preocupación por que, a pesar de no haber pruebas de su participación en delitos violentos, algo que siempre han confirmado los jueces federales, Magdalena García Durán lleva en prisión más de 18 meses;
• señalando que el tercer amparo fallado en favor de Magdalena García Durán subraya que no hay razones para que siga detenida y procesada;
• pidiendo a las autoridades que tomen de inmediato medidas para terminar con esta injusticia y poner en libertad a Magdalena García Durán de forma inmediata e incondicional.

LLAMAMIENTOS A:

Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Residencia Oficial de "Los Pinos", Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, México D.F., C.P. 11850, MÉXICO
Fax: +52 55 52772376
Correo-E.: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Tratamiento: Señor Presidente

Lic. Enrique Peña Nieto
Gobernador del Estado de México, Palacio de Gobierno, 1º piso
Lerdo Poniente No. 300 Poniente, Col. Centro, Toluca 50000, Estado de México, MÉXICO
Fax: +52 722 214 4172
Correo-E.: gob@gem.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República, Paseo de la Reforma No. 211-213, Piso 16
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MEXICO
Fax: +52 55 53 46 09 08 (si responde una voz, digan: “me da tono de fax, por favor”)
Correo-E.: ofproc@pgr.gob.mx
Tratamiento: Señor Procurador

Lic. Abel Villacaña Estrada
Procurador General de Justicia del Estado de México
Av. Morelos Oriente. No. 1300, Piso 6, Centro Estatal de Justicia
Col. San Sebastián, Toluca 50090, Estado de México, MÉXICO
Fax: +52 722 2153123,
Correo-E.: abel.v.e@edomex.gob.mx
Tratamiento: Señor Procurador

COPIA A:

Organización de derechos humanos local
Bufete Jurídico Tierra y Libertad, Antonio Caso No. 73, Despacho 22, Col. San Rafael, México D.F., C.P. 06470, MÉXICO.
y a la representación diplomática de México acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de noviembre de 2007.

Atenco, 6 años de lucha y resistencia ante la impunidad

Ningún policía castigado por la violación de mujeres

De la redacción

México DF, 26 oct 07 (CIMAC).- A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos naciones e internacionales de defensa de los derechos humanos acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas de torturas por parte de la policía estatal y federal contra pobladores de San Salvador Atenco en 2006, en los hechos los culpables siguen impunes, dice un comunicado del Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS).

El 22 de octubre del 2001 el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), anunció el decreto de expropiación de 5 mil 400 hectáreas de tierra que afectaban a 13 pueblos de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el Estado de México, para la construcción del aeropuerto internacional alterno al de la ciudad de México que tendría un inversión de 2 mil 800 millones de dólares.

San Salvador Atenco sería el más afectado en porcentaje de terreno expropiado con un 70 por ciento, donde algunas de las poblaciones perderían la mayor parte de sus tierras de cultivo así como parte de sus casas.

El gobierno de derecha del PAN, dice Cencos, evidenció una gran inexperiencia política, al no contemplar la resistencia del pueblo que echó abajo el proyecto que afectaría a 4 mil 375 familias.

El proyecto desató una de las luchas y triunfos civiles más destacados en México de los últimos tiempos. La resistencia civil, la dignidad del pueblo unido detuvo el abuso que las autoridades federales y estatales intentaron imponer; la consigna: no cederemos nuestras tierras, aunque nos vaya la vida en ello.

Tras su victoria, las ciudadanas y ciudadanos de San Salvador Atenco se organizaron y formaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), instancia de diálogo reconocida por el gobierno federal para resolver diferencias.

En mayo de 2006, con el argumento de desalojar la carretera Texcoco-Lechería bloqueada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en protesta porque no se permitió a varios floristas vender sus productos en el mercado Belisario Domínguez, los "excesos" en los que incurrieron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) -documentados incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos entre otras organizaciones no gubernamentales- no han sido castigados como se demandó por la sociedad.

A la fecha ningún policía ha pisado la cárcel al acusárseles de delitos no graves; uno fue sancionado por "actos libidinosos" y a 21 se les sigue proceso por abuso de autoridad, en el asalto durante el asalto.

En tanto que de los 207 detenidos que dejó la incursión policiaca los días 3 y 4 de mayo de 2006, 28 siguen presos y 146 más con procesos judiciales en su contra. Además de que el proceso penal continúa estancado con la ratificación de la denuncia por parte de los policías que dicen haber sido agredidos.

A pesar de que la CNDH, y organismos naciones e internacionales de defensa de los derechos humanos acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas de torturas por parte de la policía estatal y federal contra pobladores, en los hechos los culpables siguen impunes, recuerda Cencos.

De esta forma, el saldo final de la represión del Estado de ese par de días fue de 207 personas detenidas; dos jóvenes muertos por las acciones de las “fuerzas del orden”: Javier Cortés Santiago, de 14 años -el día 3 de mayo por bala de pistola calibre 38-, y Alexis Benhumea, estudiante -quien murió un mes después del operativo debido a que un cartucho de gas lacrimógeno se le incrustó en la cabeza-, así como 26 mujeres violadas sexualmente, y decenas de torturados.

Cubriéndolos con un manto de impunidad oficial, el Instituto Federal de Acceso a la Información ratificó el argumento de la Procuraduría Federal Preventiva de que difundir esa información "vulneraría la seguridad personal" de esos elementos, y falló que los nombres e identidad de los elementos federales que participaron en la represión en Atenco no se conocerán en al menos 10 años, acusa el organismo.

El proyecto de la administración de Vicente Fox para el aeropuerto internacional alterno al de la Ciudad de México fue un rotundo fracaso que sólo trajo un alto costo social a San Salvador Atenco, donde varios de los luchadores sociales detenidos por las autoridades fueron tratados peor que a delincuentes, como a Ignacio del Valle con una sentencia de 67 años de prisión, condena mayor comparativamente a la de violadores o narcotraficantes.

Además de que varios de los pobladores de San Salvador Atenco viven en el exilio por el constante hostigamiento y amenazas de las autoridades, finaliza el comunicado de Cencos.

07/GG

Brad Will: Carta abierta Internacional

Solicitamos su adhesión y difusión de esta carta que será publicada en algunos medios al cumplirse un año de impunidad en la muerte del periodista Brad Will en Oaxaca.

enviar Nombre (u Organización), Profesion (opcional) y Ciudad o País a: contraimpunidad@gmail.com

Octubre de 2007

Carta abierta Internacional

Al igual que tantos otros periodistas, defensores de derechos humanos, activistas sociales y líderes indígenas, la muerte de Brad Will, periodista y documentalista de Indymedia New York asesinado en Oaxaca el 27 de octubre de 2006, continúa impune.

A un año de estos hechos, hacemos pública nuestra indignación ante esta situación, y mantenemos firme nuestra exigencia al cumplimiento y respeto de los derechos humanos, y a que se llegue a la verdad sobre los hechos que ocasionaron su muerte a través de una investigación seria e imparcial, así como al procesamiento de los responsables.

Lamentablemente es muy larga la lista de casos impunes en la agenda de la justicia en México, lista que continúa creciendo día a día; pero queremos hacer saber que para nosotros no existe tiempo, distancias ni fronteras para continuar exigiendo por Brad y todas las víctimas de Oaxaca.Porque no nos rendimos, no nos callamos, y no l@s olvidamos:

Basta de impunidad en México.

Tribunal popular exige “castigo a criminales de lesa humanidad”

Enrique Peña, Mario Marín y Ulises Ruiz, acusados

Javier Salinas Cesáreo (Corresponsal)

San Salvador Atenco, Mex., 21 de octubre. La Audiencia del Juicio Popular Nacional, en el que participaron decenas de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y campesinas, exigió que los “criminales de lesa humanidad”, como los gobernadores de los estados de México, Oaxaca y Puebla, Enrique Peña Nieto, Ulises Ruiz y Mario Marín, respectivamente, así como el ex presidente Vicente Fox, dejen de tener la protección del poder y puedan ser enjuiciados penalmente y castigados.

En el último día de trabajos celebrados en la explanada de San Salvador Atenco, las organizaciones hicieron un pronunciamiento por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos. El “tribunal popular” escuchó durante dos días decenas de denuncias de represión y desaparición de luchadores sociales, y concluyó que se deben redoblar esfuerzos entre las organizaciones para enfrentar la embestida gubernamental.

Se quejaron de que los acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad se burlan de los esfuerzos que se han hecho para enjuiciarlos y castigarlos.

Juan de Dios Hernández, integrante del tribunal popular, señaló que ejemplos hay muchos: “Mario Marín (gobernador de Puebla) sigue despachando a pesar de las numerosas evidencias de su complicidad con las bandas del crimen organizado vinculadas con la pederastia. Ulises Ruiz (gobernador de Oaxaca) sigue reprimiendo al pueblo sin importar los más de 25 asesinatos que se le imputan, y Enrique Peña Nieto (gobernador del estado de México) promueve su candidatura para la Presidencia en 2012 al tiempo que ordena al Poder Judicial violar las leyes para mantener en prisión a los luchadores sociales de Atenco”.

El ex general Francisco Gallardo, quien forma parte de la “procuraduría popular”, señaló que la militarización de las estructuras del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y de seguridad pública se deben a una gran embestida que se está dando en contra de la población civil para criminalizar la protesta social.

“Quieren inhibir la protesta social en virtud de que los poderes económicos, mediante las políticas neoliberales, se quieren apropiar de nuestros recursos energéticos. Y no me refiero sólo al petróleo, agua, a la biodiversidad o a la tierra, sino a la fuerza de trabajo que representan los mexicanos”. Esta situación se debe a que buscan aplicar una política que es impuesta desde la Casa Blanca y el Pentágono, en donde “les queda a ellos como recurso último utilizar la fuerza armada para instrumentar los programas de carácter económico”, sostuvo.

Maria Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, denunció que su esposo fue condenado a 67 años de cárcel, que hace un año cinco meses que está encarcelado en el penal del Altiplano y que hasta el momento las autoridades no han permitido que lo visite.

“Me han puesto muchas trabas, muchos pretextos, como el que no estaba anotada para visitas o que no traía un documento, entre otras cuestiones”, dijo.

Trinidad Ramírez leyó un mensaje de Ignacio del Valle y otro de su hija, América del Valle.

“En caso de que el gobierno comience de nuevo con sus pretensiones –de construir un nuevo aeropuerto en Atenco–, estemos listos. Sé que su postura es firme, pero la vida nos indica que nos tenemos que preparar”, señala la carta.

Denuncian redición de la guerra sucia en México

Grupos sociales exigen liberación de presos políticos

• Realizan en Atenco audiencia de juicio popular nacional

René Ramón (Corresponsal)

San Salvador Atenco, Méx., 20 de octubre. Integrantes de organizaciones sociales, del magisterio, campesinas y obreras de distintas partes del país denunciaron que la guerra sucia en México se ha reditado con la desaparición de más luchadores sociales, que se suman a los más de mil 250 detenidos y desaparecidos en las décadas de los 70 y 80.

Reunidos frente al auditorio ejidal Emiliano Zapata, luchadores sociales de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Jalisco y esta entidad exigieron la liberación de los “presos políticos” y la presentación con vida de quienes han sido privados de la libertad durante los sexenios de Vicente Fox y el actual, de Felipe Calderón.

Hoy empezó la segunda audiencia del Juicio Popular Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y la Presentación de los Desaparecidos –la cual concluye este domingo–, en la cual la “Procuraduría de Justicia Popular” tomó fe de cada uno de los testimonios de las víctimas de la represión en México.

Entre los nombres está Francisco Paredes Ruiz, quien el 26 de septiembre desapareció en Morelia después de los atentados contra Pemex. Aunque realizaba actividades pacíficas, en la época de los 70 estuvo encarcelado y ahora “se lo llevaron nuevamente”.

Beatriz Castañeda, esposa de Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la APPO que se encuentra en prisión, leyó un mensaje en solidaridad con este movimiento.

Laura Karina Ruiz Pérez, ex policía municipal de Juárez, Oaxaca, denunció los actos de tortura y violación de garantías individuales que sufrieron ella y su hija, de cuatro años, quienes fueron encarceladas por el gobierno del priísta Ulises Ruiz, por negarse a participar en la represión que sufrieron los integrantes de la APPO durante la pasada Guelaguetza.

Mireya Rodríguez Corona, procuradora del juicio popular, explicó que cada denuncia será llevada a las comisiones de los derechos humanos del país y también se presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Este organismo popular, creado por personajes como Rosario Ibarra de Piedra, Ofelia Medina, Jesusa Rodríguez, Juan de Dios Hernández y Carlos Fazio, entre otros, “tiene el propósito de hacer juicios de carácter moral que puedan ser llevados ante las instancias defensoras de las garantías fundamentales”.

El acto empezó con una marcha desde la Universidad Autónoma Chapingo (Uach) hasta la explanada de San Salvador Atenco. Durante más de cinco horas se escucharon denuncias por casos de tortura, persecución policiaca y fabricación de delitos.

En nombre de los más de 25 mil campesinos de Guerrero que se oponen a la construcción de la presa La Parota, Rodolfo Chávez denunció los actos de hostigamiento que han enfrentado durante cuatro años de lucha.

Inútil, la figura de reparación de daño mientras haya tortura y desapariciones

Defensores de derechos humanos critican la persistencia de la represión social

Alma E. Muñoz

Defensores de “presos políticos” acusaron al gobierno calderonista de estar en contra de los derechos humanos. Quienes apoyan a detenidos por sus presuntos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), a los presos de San Salvador Atenco y a los hermanos Cerezo cuestionaron la intención oficial de que en México se cree un “comité de reparación de daños”, cuando delitos como la tortura, la desaparición forzada y la agresión a organizaciones sociales continúan.

Javier Enríquez, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el cual defiende a Arturo Duque Alvarado –presunto dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente detenido el pasado 26 de agosto–, informó que se promueve un amparo directo contra la sentencia de 46 años de prisión que fue impuesta a los supuestos integrantes de la dirección de ese grupo guerrillero Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas.

Consideró que para hablar de un “comité de reparación de daños” se requiere que cese la violación a los derechos humanos y se otorgue libertad a todos los “presos políticos”. “Pero en esa materia estamos en ceros”, subrayó.

En consonancia, Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, lamentó que se hable de “reparación del daño” cuando “las leyes que promueve el Estado mexicano sirven para tratar de mostrar una cara de respeto a los derechos humanos y la desaparecida fiscalía especial para investigar delitos del pasado no sirvió de nada y tuvo un gasto excesivo de recursos”.

Además, condenó que persistan las agresiones hacia defensores de las garantías individuales. “No se trata de una cuestión económica: la reparación el daño implica, en parte, que el Estado acepte que viola los derechos humanos y no lo siga haciendo, si no cada determinado tiempo tendremos una comisión que investigue hechos del pasado”, advirtió.

Por su parte, Ulises del Valle, hijo de Ignacio del Valle, líder de Atenco preso en el penal del Altiplano, exigió que primero terminen la impunidad, las falsas acusaciones y la represión, y haya procesos justos, porque el pueblo no olvida que el gobierno “hizo algo y por eso nuestra lucha no se olvida, y porque nos reprimen día con día”.

Informó, en conferencia de prensa conjunta, que el 20 y 21 de octubre se realizará en San Salvador Atenco un “juicio nacional popular contra los represores del pueblo”. Indicó que a las 9 horas se movilizarán de la Universidad de Chapingo hacia la cabecera municipal.

Ernesto Rodríguez Cabrera, de la Red de Solidaridad Década contra la Impunidad, habló de la situación en que se encuentran los indígenas Gerardo y Marcial Tzompaxtle Técpile y Gustavo Robles López, a quienes se vincula con el EPR y fueron detenidos sin orden de aprehensión; se comprobó que los cargos que se les imputan “fueron fabricados”, aseguró el defensor de los derechos humanos.

Castigan a Héctor Galindo en el penal de El Altiplano

El día de ayer la Señora Nelly, mamá de Héctor Gálindo Gochicoa, preso político junto con Ignacio del Valle por la lucha en Atenco, se comunico con nosotros para hacer una denuncia sobre el castigo que recibió Héctor.

"Me llamo por teléfono sóo para avisarme que no fuera a la visita ya que habia sido castigado, pero no me pudo decir el por que lo castigaban ya que automáticamente cortaron la comunicación".

Por tal motivo exhortamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos y alas organizaciones sociales a pronunciarse en contra de estos supuestos castigos, que solo a los presos políticos se les aplica.

Héctor Gálindo Gochicoa, es asesor del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y al igual que los compas Del Valle y Álvarez esta sentenciado a 62 años de prisión en el campo de exterminio del Altiplano.

Unión Rebelde Zapatista

Por la libertad de atenquenses

Este 22 de octubre se cumplen seis años desde que los gobiernos federal y estatal intentaron arrebatarnos nuestras tierras para la construcción de su aeropuerto. A causa de la lucha en defensa de nuestras tierras fuimos reprimidos el 3 y 4 de mayo de 2006 y el gobierno mantiene presos a 27 compañeros. Por ello convocamos a la segunda audiencia del Juicio Nacional Popular a realizarse 20 y 21 de octubre en Atenco a las 11 horas y a la marcha por la libertad que partirá de la entrada principal de Chapingo a Atenco el 20 de octubre a las 9 horas.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Romper el cerco: la proyectarán en el Zócalo, en la Feria del Libro

México, DF.- Dentro del ciclo Derechos humanos en México, en el marco de la Feria del Libro de la Ciudad de México 2007, se proyectará el documental Romper el cerco, realizado en 2006 y coproducido por Promedios y Canal seis de julio, donde se hace un análisis de los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.

El documental, según un comunicado de prensa, denuncia las violaciones a los derechos humanos de la población civil por parte de las fuerzas policíacas del Estado de México y federales.

Asimismo, muestra el modo de operar de los medios de comunicación masiva, responsables de crear un ambiente de miedo y de tender un cerco informativo en torno a estos hechos, en el marco de una situación especialmente delicada: el proceso de sucesión presidencial en el México del 2006.

Será proyectado este jueves 18 de octubre a las 17:30 horas, en la explanada del zócalo capitalino.

Resaltan amparo otorgado a atenquenses

Por fin un tribunal federal reconoce que en los brutales hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, se violaron los derechos fundamentales y las garantías individuales de todo un pueblo consagradas en nuestra Constitución.

Tuvieron que pasar más de 17 meses, y estar fuera de la jurisdicción del “gobernador” Enrique Peña Nieto, para que la sentencia del amparo 757/2007 le concediera la protección de la justicia federal a siete de los compañeros que se encuentran privados injustamente de su libertad en el penal de Molino de Flores, del municipio de Texcoco, acusados por los delitos de “ataques a las vías de comunicación y medios de transporte” y “secuestro equiparado”: Cecilio Ramírez Espinosa, David Medina Neri, Guillermo Selvas Pineda, Jorge Armando Ramírez Aguilar, Martín Garrido Romero, Vicente García Munguía y Mariana Selvas Gómez, mismos que podrían obtener su ansiada libertad si el Ministerio Público Federal decide no interponer el recurso de revisión respectivo. Sin embargo, dudamos que éste se atreva a reconocer la justicia implícita en dicha sentencia de amparo, debido a que la tónica de la “representación social”, tratándose de luchadores sociales, ha sido enfocada a criminalizar la lucha, fabricando delitos, conducta encuadrada en la figura “terrorismo de Estado”. Ergo, podrán interponer todos los recursos existentes para tratar de impedir la libertad de nuestros compañeros, pero nunca podrán ocultar la verdad histórica de nuestro país.

Por el Colectivo de Abogados Zapatistas, Pedro Suárez Treviño, Roberto López Miguel, Héctor Arcadio González Andonegui, Donato Amador Silva y Juan de Dios Hernández Monge

Conceden un amparo a mazahua detenida por el caso Atenco

Alfredo Méndez

El juez consideró que la mujer no participó en los hechos.

México, D.F. La indígena mazahua Magdalena García Durán, detenida en San Salvador Atenco durante el enfrentamiento que se suscitó entre pobladores de esa localidad y diversas corporaciones policíacas, obtuvo un amparo “de fondo” que le puede significar la libertad en las próximas dos semanas, luego de que el juez federal Mauricio Torres consideró que la mujer, dedicada al comercio ambulante, no participó en los hechos.

Magdalena es la única persona recluida en México considerada por Amnistía Internacional como presa de conciencia, y aunque el amparo que obtuvo echa por tierra los cargos que le fincaron las autoridades mexiquenses, aún es susceptible de ser impugnado.

Para ello, la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con 10 días hábiles, aunque la abogada Bárbara Zamora, defensora de Magdalena, aseguró que Amnistía Internacional enviará un escrito al procurador Eduardo Medina Mora para solicitarle que no interponga el recurso de revisión, “porque ha quedado demostrado que no existe una sola prueba contundente que responsabilice a esta mujer de haber incurrido en los delitos de ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado”.

El juez Torres, titular del juzgado noveno de distrito con sede en el estado de México, notificó su resolución ayer a la indígena mazahua quien se encuentra recluida en el penal de Molinos de la Sierra desde hace más de un año y medio.

En días pasados, Alfredo Cruz, esposo de Magdalena entregó un escrito en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que indicó a los ministros que luego de los hechos violentos registrados en Atenco en mayo de 2006 se comprobó que la ahora detenida se encontraba en una gira con representantes de la delegación Cuauhtémoc quienes ya presentaron un documento ante las autoridades judiciales para atestiguar.

A Magdalena García se le acusó de participar en el secuestro de varios policías el 3 de mayo 2006. También se le acusa de ataque a las vías generales de comunicación y medios de transporte. Sin embargo, en el amparo que le concedió Mauricio Torres, éste consideró que los elementos probatorios presentados por las autoridades ministeriales son insuficientes para acreditar la probable responsabilidad de la mujer, ya que no existe en autos judiciales un sólo testimonio de que la inculpe directamente en los cargos que enfrenta.

Ampara juez a siete procesados por caso Atenco

Alfredo Méndez

Pese a ello, los inculpados continuarán presos en Molino de Flores porque el amparo es susceptible de revisión por parte del Ministerio Público.

México, DF. El juzgado noveno de distrito con sede en el estado de México amparó este lunes a siete de los atenquenses acusados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación en el enfrentamiento ocurrido en mayo de 2006.

Pese a ello, los inculpados continuarán en la prisión mexiquense conocida como Molino de Flores porque el amparo es susceptible de revisión por parte del Ministerio Público.

La autoridad ministerial cuenta con 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión que sería valorado por un tribunal colegiado o de lo contrario los procesados tendrán que ser excarcelados.

Aunque son 172 personas las que fueron procesadas originalmente por ataques a las vías de comunicación y secuestro por los hechos citados, y el amparo sólo protege a siete personas, el resolutivo representa un precedente favorable para otro importante número de inculpados que actualmente están a la espera de que se resuelvan sus juicios de garantías.

El abogado Juan de Dios Hernández, representante legal de varios de los detenidos, informó que la resolución la emitió este lunes el juzgado noveno y que en el transcurso de este martes se conocerá el contendido de la sentencia que ampara u protege a los quejosos.

Aunque reconoció que el amparo aún puede ser revocado por algún tribunal colegiado, dijo que es positivo que en primera instancia judicial se reconozca que no estuvo “fundado y motivado” el auto de formal prisión dictado contra los atenquenses que fueron amparados.

A la fecha 172 personas se encuentran bajo proceso penal por los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Del total, 27 permanecen en Santiaguito y tres más: Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, identificados por las autoridades como los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fueron recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma.