Defensores de derechos humanos critican la persistencia de la represión social
Alma E. Muñoz
Defensores de “presos políticos” acusaron al gobierno calderonista de estar en contra de los derechos humanos. Quienes apoyan a detenidos por sus presuntos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), a los presos de San Salvador Atenco y a los hermanos Cerezo cuestionaron la intención oficial de que en México se cree un “comité de reparación de daños”, cuando delitos como la tortura, la desaparición forzada y la agresión a organizaciones sociales continúan.
Javier Enríquez, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el cual defiende a Arturo Duque Alvarado –presunto dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente detenido el pasado 26 de agosto–, informó que se promueve un amparo directo contra la sentencia de 46 años de prisión que fue impuesta a los supuestos integrantes de la dirección de ese grupo guerrillero Jacobo Silva Nogales y Gloria Arenas.
Consideró que para hablar de un “comité de reparación de daños” se requiere que cese la violación a los derechos humanos y se otorgue libertad a todos los “presos políticos”. “Pero en esa materia estamos en ceros”, subrayó.
En consonancia, Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, lamentó que se hable de “reparación del daño” cuando “las leyes que promueve el Estado mexicano sirven para tratar de mostrar una cara de respeto a los derechos humanos y la desaparecida fiscalía especial para investigar delitos del pasado no sirvió de nada y tuvo un gasto excesivo de recursos”.
Además, condenó que persistan las agresiones hacia defensores de las garantías individuales. “No se trata de una cuestión económica: la reparación el daño implica, en parte, que el Estado acepte que viola los derechos humanos y no lo siga haciendo, si no cada determinado tiempo tendremos una comisión que investigue hechos del pasado”, advirtió.
Por su parte, Ulises del Valle, hijo de Ignacio del Valle, líder de Atenco preso en el penal del Altiplano, exigió que primero terminen la impunidad, las falsas acusaciones y la represión, y haya procesos justos, porque el pueblo no olvida que el gobierno “hizo algo y por eso nuestra lucha no se olvida, y porque nos reprimen día con día”.
Informó, en conferencia de prensa conjunta, que el 20 y 21 de octubre se realizará en San Salvador Atenco un “juicio nacional popular contra los represores del pueblo”. Indicó que a las 9 horas se movilizarán de la Universidad de Chapingo hacia la cabecera municipal.
Ernesto Rodríguez Cabrera, de la Red de Solidaridad Década contra la Impunidad, habló de la situación en que se encuentran los indígenas Gerardo y Marcial Tzompaxtle Técpile y Gustavo Robles López, a quienes se vincula con el EPR y fueron detenidos sin orden de aprehensión; se comprobó que los cargos que se les imputan “fueron fabricados”, aseguró el defensor de los derechos humanos.
