Eugenia Gutiérrez*
Hay silencios que aturden, pero el que guardan los gobiernos en México ante reportes de violencia institucional alcanza ya un volumen escandaloso. En junio de 2006, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) detectó y sistematizó arbitrariedades y abusos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México. Un año más tarde y con la situación agravada después de los crímenes contra el pueblo de Oaxaca, Amnistía Internacional aseguró en su informe (mayo 2007) que la situación de los derechos humanos en México es “decepcionante”. Sin embargo, no se puede hablar de acciones concretas tendientes a la procuración de justicia verdadera en los hechos de Atenco.
Hace apenas unos días, y después de casi un año y medio de cárcel, a ocho personas detenidas y agredidas salvajemente por la PFP los días 3 y 4 de mayo de 2006 se les otorgó un amparo que les abre el camino de la liberación por falta de pruebas. Se trata de Vicente García Munguía, Martín Garrido Romero, David Medina Neri, Cecilio Ramírez Espinosa, Jorge Armando Ramírez Aguilar, Mariana Selvas Gómez y su padre Guillermo Selvas Pineda, así como de doña Magdalena García Durán, indígena mazahua a quien se le otorga por tercera vez un amparo. No obstante, será hasta la próxima semana cuando se resuelva su situación jurídica. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene aún posibilidades de obstaculizar esa libertad, ya que cuenta con 10 días hábiles (que se cumplen a finales de octubre) para apelar de los amparos y detener un acto de justicia.
Ante la posibilidad de que eso ocurra, es importante insistir en lo que ya han dicho tanto las presas y los presos de Atenco como sus familiares y abogados: mantenerlos en prisión sería una arbitrariedad que prolongaría la violación a sus derechos humanos y a sus garantías individuales. Claro que en el caso Atenco eso se ha vuelto costumbre. No podemos olvidar que a más de 180 hombres y mujeres se les robó su libertad en mayo de 2006, que muchísimos siguen bajo proceso, que otros están escondidos, perseguidos, lejos de sus familias, que varios fueron expulsados del país, que 27 continúan injustamente en la cárcel y que a compañeros como Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua se les dictó sentencia por más de 67 años. De ahí que no se pueda confiar en que en esta ocasión la PGR no intentará impugnar los amparos.
Los hechos hablan por sí solos. Después de 17 meses, los asesinatos del joven Alexis Benhumea y del niño Javier Cortés no han sido investigados. La violación masiva que sufrieron decenas de compañeras de la otra campaña por parte de los “muchachos” de Wilfrido Robledo Madrid en el estado que gobierna Enrique Peña Nieto no sólo sigue impune, sino que adquiere un matiz kafkiano cuando se piensa que las mujeres que fueron violadas están presas mientras los policías que las atacaron duermen tranquilos en sus casas. Por si fuera poco, a doña Magdalena García se le han negado ya dos amparos. Éste sería el tercero.
En un país donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos altera sus propias investigaciones y modifica el término “homicidio” por el de “gastritis”, cuando el diagnóstico forense es emitido desde Los Pinos, sería peligrosamente ingenuo esperar que las instancias de procuración de justicia hagan pulcramente su trabajo.
Por ello, es necesario seguir los pasos de los familiares de quienes hoy están en la cárcel para exigir al procurador general de la República que deje ya de criminalizar a los movimientos sociales.
El panorama de los derechos humanos en México es turbio: hay acusaciones de violación sexual y asesinato que involucran a integrantes del Ejército Mexicano; no ha habido justicia para Oaxaca; la tortura y la desaparición forzada son prácticas cotidianas; la prensa libre es perseguida; las comunidades indígenas zapatistas de Chiapas están siendo constantemente atacadas por gobiernos y paramilitares, estamos en el paraíso de la pederastia y hasta hay quien planea exonerar a los asesinos de Acteal, Chiapas. Frente a todo ello, hay que resquebrajar el silencio y exigir la libertad que se les debe a Vicente, Martín, David, Cecilio, Jorge Armando, Mariana, Guillermo y doña Magdalena, presas y presos políticos mexicanos.
* Activista por los derechos humanos
