Ningún policía castigado por la violación de mujeres
De la redacción
México DF, 26 oct 07 (CIMAC).- A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos naciones e internacionales de defensa de los derechos humanos acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas de torturas por parte de la policía estatal y federal contra pobladores de San Salvador Atenco en 2006, en los hechos los culpables siguen impunes, dice un comunicado del Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS).
El 22 de octubre del 2001 el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), anunció el decreto de expropiación de 5 mil 400 hectáreas de tierra que afectaban a 13 pueblos de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el Estado de México, para la construcción del aeropuerto internacional alterno al de la ciudad de México que tendría un inversión de 2 mil 800 millones de dólares.
San Salvador Atenco sería el más afectado en porcentaje de terreno expropiado con un 70 por ciento, donde algunas de las poblaciones perderían la mayor parte de sus tierras de cultivo así como parte de sus casas.
El gobierno de derecha del PAN, dice Cencos, evidenció una gran inexperiencia política, al no contemplar la resistencia del pueblo que echó abajo el proyecto que afectaría a 4 mil 375 familias.
El proyecto desató una de las luchas y triunfos civiles más destacados en México de los últimos tiempos. La resistencia civil, la dignidad del pueblo unido detuvo el abuso que las autoridades federales y estatales intentaron imponer; la consigna: no cederemos nuestras tierras, aunque nos vaya la vida en ello.
Tras su victoria, las ciudadanas y ciudadanos de San Salvador Atenco se organizaron y formaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), instancia de diálogo reconocida por el gobierno federal para resolver diferencias.
En mayo de 2006, con el argumento de desalojar la carretera Texcoco-Lechería bloqueada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en protesta porque no se permitió a varios floristas vender sus productos en el mercado Belisario Domínguez, los "excesos" en los que incurrieron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) -documentados incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos entre otras organizaciones no gubernamentales- no han sido castigados como se demandó por la sociedad.
A la fecha ningún policía ha pisado la cárcel al acusárseles de delitos no graves; uno fue sancionado por "actos libidinosos" y a 21 se les sigue proceso por abuso de autoridad, en el asalto durante el asalto.
En tanto que de los 207 detenidos que dejó la incursión policiaca los días 3 y 4 de mayo de 2006, 28 siguen presos y 146 más con procesos judiciales en su contra. Además de que el proceso penal continúa estancado con la ratificación de la denuncia por parte de los policías que dicen haber sido agredidos.
A pesar de que la CNDH, y organismos naciones e internacionales de defensa de los derechos humanos acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas de torturas por parte de la policía estatal y federal contra pobladores, en los hechos los culpables siguen impunes, recuerda Cencos.
De esta forma, el saldo final de la represión del Estado de ese par de días fue de 207 personas detenidas; dos jóvenes muertos por las acciones de las “fuerzas del orden”: Javier Cortés Santiago, de 14 años -el día 3 de mayo por bala de pistola calibre 38-, y Alexis Benhumea, estudiante -quien murió un mes después del operativo debido a que un cartucho de gas lacrimógeno se le incrustó en la cabeza-, así como 26 mujeres violadas sexualmente, y decenas de torturados.
Cubriéndolos con un manto de impunidad oficial, el Instituto Federal de Acceso a la Información ratificó el argumento de la Procuraduría Federal Preventiva de que difundir esa información "vulneraría la seguridad personal" de esos elementos, y falló que los nombres e identidad de los elementos federales que participaron en la represión en Atenco no se conocerán en al menos 10 años, acusa el organismo.
El proyecto de la administración de Vicente Fox para el aeropuerto internacional alterno al de la Ciudad de México fue un rotundo fracaso que sólo trajo un alto costo social a San Salvador Atenco, donde varios de los luchadores sociales detenidos por las autoridades fueron tratados peor que a delincuentes, como a Ignacio del Valle con una sentencia de 67 años de prisión, condena mayor comparativamente a la de violadores o narcotraficantes.
Además de que varios de los pobladores de San Salvador Atenco viven en el exilio por el constante hostigamiento y amenazas de las autoridades, finaliza el comunicado de Cencos.
07/GG
De la redacción
México DF, 26 oct 07 (CIMAC).- A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos naciones e internacionales de defensa de los derechos humanos acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas de torturas por parte de la policía estatal y federal contra pobladores de San Salvador Atenco en 2006, en los hechos los culpables siguen impunes, dice un comunicado del Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS).
El 22 de octubre del 2001 el gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), anunció el decreto de expropiación de 5 mil 400 hectáreas de tierra que afectaban a 13 pueblos de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán en el Estado de México, para la construcción del aeropuerto internacional alterno al de la ciudad de México que tendría un inversión de 2 mil 800 millones de dólares.
San Salvador Atenco sería el más afectado en porcentaje de terreno expropiado con un 70 por ciento, donde algunas de las poblaciones perderían la mayor parte de sus tierras de cultivo así como parte de sus casas.
El gobierno de derecha del PAN, dice Cencos, evidenció una gran inexperiencia política, al no contemplar la resistencia del pueblo que echó abajo el proyecto que afectaría a 4 mil 375 familias.
El proyecto desató una de las luchas y triunfos civiles más destacados en México de los últimos tiempos. La resistencia civil, la dignidad del pueblo unido detuvo el abuso que las autoridades federales y estatales intentaron imponer; la consigna: no cederemos nuestras tierras, aunque nos vaya la vida en ello.
Tras su victoria, las ciudadanas y ciudadanos de San Salvador Atenco se organizaron y formaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), instancia de diálogo reconocida por el gobierno federal para resolver diferencias.
En mayo de 2006, con el argumento de desalojar la carretera Texcoco-Lechería bloqueada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en protesta porque no se permitió a varios floristas vender sus productos en el mercado Belisario Domínguez, los "excesos" en los que incurrieron elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) -documentados incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos entre otras organizaciones no gubernamentales- no han sido castigados como se demandó por la sociedad.
A la fecha ningún policía ha pisado la cárcel al acusárseles de delitos no graves; uno fue sancionado por "actos libidinosos" y a 21 se les sigue proceso por abuso de autoridad, en el asalto durante el asalto.
En tanto que de los 207 detenidos que dejó la incursión policiaca los días 3 y 4 de mayo de 2006, 28 siguen presos y 146 más con procesos judiciales en su contra. Además de que el proceso penal continúa estancado con la ratificación de la denuncia por parte de los policías que dicen haber sido agredidos.
A pesar de que la CNDH, y organismos naciones e internacionales de defensa de los derechos humanos acreditaron dos muertes, 26 violaciones sexuales y decenas de torturas por parte de la policía estatal y federal contra pobladores, en los hechos los culpables siguen impunes, recuerda Cencos.
De esta forma, el saldo final de la represión del Estado de ese par de días fue de 207 personas detenidas; dos jóvenes muertos por las acciones de las “fuerzas del orden”: Javier Cortés Santiago, de 14 años -el día 3 de mayo por bala de pistola calibre 38-, y Alexis Benhumea, estudiante -quien murió un mes después del operativo debido a que un cartucho de gas lacrimógeno se le incrustó en la cabeza-, así como 26 mujeres violadas sexualmente, y decenas de torturados.
Cubriéndolos con un manto de impunidad oficial, el Instituto Federal de Acceso a la Información ratificó el argumento de la Procuraduría Federal Preventiva de que difundir esa información "vulneraría la seguridad personal" de esos elementos, y falló que los nombres e identidad de los elementos federales que participaron en la represión en Atenco no se conocerán en al menos 10 años, acusa el organismo.
El proyecto de la administración de Vicente Fox para el aeropuerto internacional alterno al de la Ciudad de México fue un rotundo fracaso que sólo trajo un alto costo social a San Salvador Atenco, donde varios de los luchadores sociales detenidos por las autoridades fueron tratados peor que a delincuentes, como a Ignacio del Valle con una sentencia de 67 años de prisión, condena mayor comparativamente a la de violadores o narcotraficantes.
Además de que varios de los pobladores de San Salvador Atenco viven en el exilio por el constante hostigamiento y amenazas de las autoridades, finaliza el comunicado de Cencos.
07/GG
