Por fin un tribunal federal reconoce que en los brutales hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, se violaron los derechos fundamentales y las garantías individuales de todo un pueblo consagradas en nuestra Constitución.
Tuvieron que pasar más de 17 meses, y estar fuera de la jurisdicción del “gobernador” Enrique Peña Nieto, para que la sentencia del amparo 757/2007 le concediera la protección de la justicia federal a siete de los compañeros que se encuentran privados injustamente de su libertad en el penal de Molino de Flores, del municipio de Texcoco, acusados por los delitos de “ataques a las vías de comunicación y medios de transporte” y “secuestro equiparado”: Cecilio Ramírez Espinosa, David Medina Neri, Guillermo Selvas Pineda, Jorge Armando Ramírez Aguilar, Martín Garrido Romero, Vicente García Munguía y Mariana Selvas Gómez, mismos que podrían obtener su ansiada libertad si el Ministerio Público Federal decide no interponer el recurso de revisión respectivo. Sin embargo, dudamos que éste se atreva a reconocer la justicia implícita en dicha sentencia de amparo, debido a que la tónica de la “representación social”, tratándose de luchadores sociales, ha sido enfocada a criminalizar la lucha, fabricando delitos, conducta encuadrada en la figura “terrorismo de Estado”. Ergo, podrán interponer todos los recursos existentes para tratar de impedir la libertad de nuestros compañeros, pero nunca podrán ocultar la verdad histórica de nuestro país.
Por el Colectivo de Abogados Zapatistas, Pedro Suárez Treviño, Roberto López Miguel, Héctor Arcadio González Andonegui, Donato Amador Silva y Juan de Dios Hernández Monge
