Las agresiones en Atenco, alentadas por superiores: dictamen de la Corte

■ Faltaron técnica y profesionalismo en las acciones, señala

Gustavo Castillo García

Las agresiones físicas y sexuales cometidas por policías en contra de habitantes de San Salvador Atenco y miembros de diversas organizaciones sociales, los días 3 y 4 de mayo de 2006, fueron “acciones motivadas por la falta de técnicas para preservar las detenciones, indolencia y cargas emotivas incontroladas y, por supuesto, injustificables, y aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, fue permitida y alentada por los superiores”, señala el dictamen elaborado por la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga el caso.

Los integrantes del máximo tribunal deberán analizar el citado dictamen y emitir una sentencia, luego de que el documento estima que autoridades federales y mexiquenses incurrieron en violación a los derechos humanos, y sostiene que entre los funcionarios que tuvieron injerencia en los hechos y cuyos actos u omisiones “habrían configurado las violaciones” están Eduardo Medina Mora, ex titular de la SSP federal, y actual procurador general de la República; Miguel Ángel Yunes Linares, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y actual director del ISSSTE; el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobierno Humberto Benítez Treviño y el ex procurador de esa entidad Abel Villicaña Estrada.

El pasado 21 de enero, La Jornada adelantó que para la Suprema Corte funcionarios de los gobiernos federal y mexiquense cometieron graves violaciones a las garantías individuales de los habitantes de San Salvador Atenco y de miembros de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), algunos de cuyos líderes purgan altas condenas, como Ignacio del Valle, quien ha recibido dos sentencias, una de 45 años por ataques a las vías de comunicación y secuestro, y otra de 67 años por secuestro.

El dictamen precisa que, si bien al inicio el operativo policiaco tenía como finalidad el desbloqueo carretero y el rescate de policías retenidos por los manifestantes, el restablecimiento del orden en el poblado de Atenco y la ejecución de capturas merced a flagrancia delictuosa y/ o órdenes de aprehensión, “las cosas fueron adquiriendo un tono y formas que se salieron de control”.

Asimismo, el documento, que aún no se convierte en resolución definitiva, refiere que “se dotó a los cuerpos de gas lacrimógeno, el cual en principio no es letal, y cuya función estuvo dirigida principalmente a replegar, incapacitar para menguar la resistencia y beligerancia que se presentaba. Es cierto que, estos instrumentos fueron utilizados de manera poco profesional por los policías, que llegaron a poner en riesgo la integridad física de los civiles, pero, en el contexto referido, demuestra sobre todo impericia y falta de profesionalismo” de los policías.

El caso Atenco será tratado en fechas próximas por la Corte, y los 11 ministros que integran este tribunal dictaminarán de manera definitiva sobre el tema y la responsabilidad de los funcionarios señalados.

Yunes Linares, ¡represor de Atenco!

Junto con el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, configuraron violaciones a los derechos humanos de pobladores de esa comunidad mexiquense

El actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares; el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, son señalados como responsables de violentar los derechos humanos de pobladores de San Salvador Atenco.

De acuerdo al proyecto de dictamen que analizan los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Atenco, estos servidores públicos se valieron de la fuerza pública “excesiva, desproporcionad, ineficiente, improfesional e indolente” al perseguir a ambulantes y activistas de esa comunidad el pasado tres de mayo del 2006.

Estos funcionarios tendrían responsabilidad en estos hechos. Miguel Ángel Yunes Linares se desempeñaba en ese entonces como coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; y Medina Mora como secretario de Seguridad Pública.

El caso Atenco será discutido por los ministros de la SCJN en días próximos. De acuerdo al documento preliminar del análisis, esos funcionarios ejercieron decisiones que configuraron violaciones a los derechos humanos.

"Las agresiones perpetradas resultan graves y muy lamentables, considerando el trasfondo histórico que el uso de la fuerza tiene en nuestro país y las negativas consecuencias que esto pudiera acarrear en el futuro próximo".

Exhibe Suprema Corte a Peña Nieto y Medina

Establece proyecto de dictamen que podrían ser responsables de los hechos violentos en Atenco.

El Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y el actual Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son señalados como probables responsables en un proyecto de dictamen relacionado con el llamado Caso Atenco, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia analizan y se aprestan a votar en los próximos días.

El texto preliminar, producto de las conclusiones de una comisión de ministros y al que REFORMA tuvo acceso, señala que las acciones de fuerza pública en Atenco fueron ejecutadas de manera "excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente" al perseguir a ambulantes y activistas de esa comunidad el 3 de mayo del 2006, dice el proyecto de dictamen.

La Corte enlista a los funcionarios de los distintos órdenes de gobierno que tendrían responsabilidad en esos hechos e incluye además de Peña Nieto y Medina Mora (en ese entonces Secretario de Seguridad Pública), como al Coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública y hoy Director del ISSSTE, Miguel Angel Yunes, al secretario de Gobierno mexiquense, Humberto Benítez Treviño y al entonces Procurador Abel Villicaña Estrada.

"Se trata de una relatoría de los diversos funcionarios de los tres órdenes de gobierno que tuvieron injerencia en los hechos…ya sea ejerciendo funciones decisoria, de coordinación, de supervisión u operativas", dice el documento.

"Según las funciones que a cada uno competían en términos de lo explicado en los considerandos precedentes (del documento), habrían configurado las violaciones a derechos humanos apuntadas", precisa en el capítulo Duodécimo del proyecto titulado "Sobre la determinación de quiénes participaron en las violaciones graves encontradas".

Precisa el documento: "las agresiones perpetradas, resultan graves y muy lamentables, considerando el trasfondo histórico que el uso de la fuerza tiene en nuestro País y las negativas consecuencias que esto pudiera acarrear en el futuro próximo".

La Corte indica que es contradictorio que en México se reconozcan leyes y tratados internacionales en materia humanitaria y sean violados los derechos en nuestro territorio.

¿Qué pasó en Atenco?

La madrugada del 4 de mayo de 2006, los pobladores de San Salvador Atenco fueron sorprendidos con un operativo policiaco de grandes dimensiones. Tres mil efectivos de la Policía estatal y de la Federal Preventiva tomaron la cabecera municipal en un violento operativo que pretendía evitar la instalación de un tianguis de floristas.

Los policías fueron enfrentados por pobladores de Atenco, lo que desencadenó cuatro batallas campales en un lapso de 10 horas.Los detenidos en los dos días fueron 207, los cuales sufrieron golpes y agresiones sexuales, según confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cuatro años antes, los pobladores de Atenco se opusieron con éxito a uno de los más grandes proyectos de Vicente Fox: la creación de un nuevo aeropuerto, que iba a tener su sede en Texcoco.

Peña Nieto al ataque

Alberto Híjar

La crisis sirve de pretexto a los gobernantes y empresarios para desarrollar sus proyectos a toda costa. Preocupados por los obstáculos imprevisibles, aceleran pasando por encima de normas y leyes. Con el pretexto de la cercanía de 2010 y los aniversarios históricos, Peña Nieto y Ebrard desarrollan obras públicas para acrecentar su imagen de constructores del mañana. Van tendidos a la candidatura presidencial.

El Estado de México y en especial los alrededores de su capital Toluca, se han llenado de puentes y pasos a desnivel. Las carreteras se han ampliado y proliferan centros comerciales, hoteles y grandes estacionamientos. Lo que no es ostensible es la acción constante contra los campesinos atravesados en proyectos como el corredor turístico irradiado por Teotihuacan hasta Texcoco. La gran extensión de tierras cultivadas por los pueblos vecinos de San Salvador Atenco tendría que ser transformada en polo de desarrollo turístico, ecoturístico para decirlo con el tramposo nombre oficial. Con fondos de PROCEDE y otros planes de falsa ayuda del gobierno, han convencido a campesinos oportunistas a que vendan sus tierras. Ya no les ofrecen 7 pesos por metro como en tiempos de Fox, ahora puede llegar hasta 150 pesos la oferta. Como los terrenos son de varias hectáreas, resulta difícil resistirse a cambiar la tierra por 4 o 5 millones de pesos. Sin obstáculos legales para acabar con la soberanía ejidal comunitaria y las facilidades de los gobiernos, incluyendo el perredista de Texcoco y San Salvador Atenco, las operaciones de compra-venta van viento en popa.

Los sobrevivientes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra exigen apoyo al perredista presidente municipal de Atenco para proyectos propios. Quedan restos del lago, de la fauna y vegetación en extinción y de evidentes restos de centros ceremoniales y lugares de culto elegidos por Nezahualcóyotl para pasarla bien. Sobre todo, está el evidente cultivo de terrenos donde ha sido vencida la salinidad. El cultivo incluye la cultura, la fiesta, el duelo, las tradiciones reproducidas, en fin, el modo de ser y estar en la vida. Nada de esto cuenta para el gobierno de Peña Nieto que con todo y la oposición nacional e internacional incluyendo la del tibio INAH, la conciliadora de la Cámara de Diputados y la UNESCO, sigue adelante en la disneyzación del centro ceremonial de Teotihuacan, patrimonio de la humanidad.

Para la resistencia no ayuda la separación entre el brutal tratamiento a los presos políticos de Atenco y la impunidad de los culpables de crímenes y violaciones, y el programado despojo de las tierras y aguas inmediatamente cercadas y vigiladas por policías armados. En rigor, se trata de uno y el mismo proceso de aniquilamiento del FPDT. La negativa a la madre de Héctor Galindo para visitarlo en Almoloya, la monstruosa sentencia de por vida a Nacho del Valle y la de Felipe Álvarez, las ordenes de aprehensión contra América del Valle a quien negaron varios amparos, la clandestinidad obligada de Adán Espinosa y Bernardino Cruz a punto de recibir la decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia, son la parte político-militar del proyecto que cumple con aquella estúpida gracejada de Fox cuando dijo: “éstos no entienden que se han sacado la lotería”. Un futuro espantoso de hoteles de 5 estrellas, campos de golf, aeropuerto, luz y sonido en sitios inaccesibles para quien no puede pagar la entrada, amenaza al Estado de México y a Atenco en especial. Si la amenaza se cumple todos resultaremos afectados gravemente.

Enero 26, 2009

A Felipe Álvarez y Juan Carlos, de América del Valle

Hasta esta orilla ha llegado la noticia de la partida de dos de nuestros seres queridos: tu hermana, Felipe, y tu abuelita, Juan Carlos. Sé que a distancia mis palabras se pueden esparcir con el viento y que en medio de esta tormenta que atravesamos, el dolor que causa una pérdida es difícil que encuentre consuelo. Lo sé, lo sabemos. Sin embargo, no serán las celdas infames ni el exilio lo que nos impida abrazarnos y acompañarnos, así como en la lucha también en nuestro dolor. Mas pensemos en su fuerza y esperanza, que seguro no les faltó; abracemos su ejemplo de dignidad y resistencia, de cariño y amor. Con la frente en alto, fuerza, mucha fuerza, por ellas y por la vida que no será en vano.

¡Presos políticos, libertad! ¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha! Estoy con ustedes, compañeros, y también con sus familias.

América del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Atenco y la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Miguel Concha

El pasado miércoles se informó que por fin los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaban ya recibiendo el dictamen del ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo sobre los hechos represivos que el 3 y 4 de mayo de 2006 llevaron a cabo en San Salvador Atenco más de 4 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México (ASEEM), que dejaron un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales y torturas, y cateos ilegales (cfr. La Jornada, 21/1/09).

Como se recordará, el 6 de febrero de 2007 el pleno de la SCJN resolvió, por mayoría de siete votos contra cuatro, con base en el artículo 97 de la Constitución, que su anterior presidente pretendía ya desechar como inútil, investigar “si hubo graves violaciones a las garantías individuales” en tales hechos, atendiendo a las solicitudes de representantes de esa población, y de diversas organizaciones sociales.

Trascendió que en esa decisión pesaron las peticiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cuya recomendación al entonces titular de la SSPF, Eduardo Medina Mora, no había sido cumplida), las de organizaciones no gubernamentales, las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y las de líderes políticos pertenecientes a varios partidos y bancadas del Congreso de la Unión.

Por tratarse de “una exigencia de nuestra sociedad”, y para saldar con ella una deuda de la SCJN en la protección de los derechos humanos fundamentales, como expresó entonces el ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se decidió formar una comisión investigadora integrada por los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, que inició sus trabajos el 21 de febrero de ese año, luego de definir los alcances de la investigación, teniendo en cuenta la investigación ya realizada por el ministro Juan N. Silva Meza.

En su resolución de 19 de febrero de 2007 la SCJN determinó que en este caso ya se estimaba “acreditada la existencia de violaciones graves de garantías individuales y derechos fundamentales por parte de las autoridades policiacas” que intervinieron en esos hechos, y que por lo mismo la investigación no debería centrarse en si existieron o no tales violaciones, sino en investigar por qué ocurrieron, quién las ordenó, y si obedecieron “a una estrategia estatal, o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías”.

Por ello es importante que ahora se informe que en el dictamen del ministro instructor se ratifique que los gobiernos federal y del estado de México violaron gravemente las garantías individuales de los pobladores de San Salvador Atenco en los días señalados, pero llama poderosamente la atención que ahora el dictamen aparentemente no atribuya ninguna responsabilidad directa, con nombre y apellido, a los funcionarios de la SSPF y de la ASEEM que actuaron en los mencionados hechos. Sobre todo teniendo en cuenta que la comisión investigadora, que presentó los resultados de sus trabajos hace ya casi un año, sí procuró, siguiendo las instrucciones del pleno, identificar el cargo y nombre de las personas que hubieron participado en ellos, como lo informó en un comunicado de prensa la propia SCJN el 13 de marzo de 2008. Y sobre todo cuando, como ya se ha repetido, el 23 de abril la SCJN emitió una resolución sobre el caso del vado de Aguas Blancas, en la que concluyó la responsabilidad de altos funcionarios públicos, como el entonces gobernador del estado de Guerrero, que al menos se vio obligado a renunciar posteriormente a su cargo.

Si esto fuera así, los graves hechos ocurridos en Atenco y Texcoco quedarán en la impunidad en la más alta instancia judicial del país, con la consiguiente insatisfacción de la sociedad, el mayor desprestigio de la Corte y, lo que es más grave, el desprestigio internacional de las instituciones judiciales de México.

Se informa además que la ponencia del ministro instructor pone especial énfasis en el uso de la fuerza pública y en los parámetros que deben cumplir las corporaciones policiacas en determinadas situaciones, en las que sea necesaria su participación, lo que de por sí es plausible para fijar criterios que en el futuro sirvan para que las autoridades utilicen los cuerpos policiacos con base en catálogos o recomendaciones de organismos internacionales en la materia, pero que de nueva cuenta dejaría en el limbo la voluntad deliberada de las autoridades de reprimir con violencia y con saña los movimientos sociales que ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse contra sus decisiones inconsultas, ilegales y arbitrarias.

Muy por el contrario, un grupo de organismos civiles solidarios, defensores de los derechos humanos, familiares de los presos y perseguidos, así como el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, han decidido construir una estrategia integral “para generar condiciones que impulsen una solución jurídico-política ante los diversos poderes de la nación –Judicial, Legislativo o Ejecutivo–, para alcanzar la libertad de los 13 presos, perseguidos y procesados políticos, así como la justicia para Atenco”, de la que nos ocuparemos en próximas colaboraciones.

Platicas y Encuentros en el Plantón Molino de Flores

A los colectivos, organizaciones, pueblos, individuos e individuas solidarias que luchan.

Desde hace dos años y medios, en el plantón (primero en el penal de Santiaguito y ahora en el penal de Molino de Flores en Texcoco) sostenemos una lucha por la libertad de los presos políticos de los días 3 y 4 de Mayo del 2006, acompañando a nuestros compañeros, asumiendo el compromiso de no dejarlos solos, de no abandonarlos, haciendo vivo el "si nos tocan a un@ nos tocan a tod@s".

A lo largo de estos dos años y medio de resistencia hemos coincidido en este espacio compañeras y compañeros, la mayoría adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y miembros de la Otra Campaña, con nuestras diferentes ideas, compartiendo no solo el tiempo y la resistencia, sino los pensares, los acuerdos y los desacuerdos, haciendo que este espacio, a parte de de ser una acción de lucha y resistencia, sea un espacio de encuentro entre las ideas, las diferencias, donde hemos aprendido a conocernos, respetarnos, llegar a acuerdos y desacuerdos, intentando hacerlo en base al respeto al otro y a la otra mutuamente.

Ahora, a finales del año pasado y los comienzo de este 2009 fuimos participes del Primer Festival Mundial de la Digna Rabia que se realizo en la ciudad de México, en el Caracol de Oventic y en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Este festival busco acercar a las distintas rabias organizadas que luchan, en las diversas partes de México y el mundo, para propiciar un espacio de encuentro entre las y los que luchamos (alejados de los partidos políticos oficiales y de las esferas de poder). En el festival nos encontramos y pudimos conocernos, aún que un poco, saber que esta haciendo el otro, la otra, sus ideas, sus luchas, sus problemas, sus cercanías con nosotros, sus diferencias, sus palabras, intentando conocernos y reconocernos mutuamente.

En esta misma dinámica es que creemos hace falta que este conocer y reconocerse sea constante, pues solo así lograremos aprender a respetar nuestras diferencias y encontrar nuestras cercanías. Es por esto que en el plantón Molino de Flores estamos pensando hacer una especie de continuación, en pequeño y según nuestras posibilidades, de lo que se buscaba con el Festival.

En este sentido es que pensamos organizar una serie de platicas, encuentros, donde invitaremos a diversos colectivos, organizaciones, hombres y mujeres y los etcéteras que existan a que vengan al plantón Molino de Flores a decirnos sus palabras, a platicarnos sobre sus luchas, sus ideas, sus propuestas, su historia en general, para que nos conoscamos y reconoscamos. La idea no es que vengan a hablarnos solamente a los y las que estamos en el plantón Molino de Flores, sino a la vez invitar a toda la Otra Campaña, a los colectivos, organizaciones, hombres y mujeres a que vengan a escucharlos, a conocerlos y que juntos podamos reconocernos.

Los y las invitados serán colectivos, organizaciones, proyectos, pueblos, coordinaciones, hombres y mujeres principalmente adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y miembros de la Otra Campaña y algunos que no lo son.Esta serie de platicas pensamos hacerlas mensualmente, en sábados a partir de la 1 de la tarde, a mediados de cada mes si es posible y pensamos poder iniciar con la primera de estas platicas el Sábado 14 de Febrero. En cuanto tengamos confirmadas las actividades y los invitados comenzaremos a hacer las distintas convocatorias para cada platica, donde informaremos la fecha y los invitados.

La idea es que no solo escuchemos las platicas, sino que después de cada platica podamos organizar una pequeña convivencia, comiendo juntos y acompañados de diversas actividades culturales que podamos planear o que se improvisen en el momento y que tal vez de ahí surgan otras iniciativas de reconocimiento y discusión.Las platicas, estamos intentando organizarlas por temas o por proyectos que sean parecidos, pensamos también en medida de las posibilidades invitar a compañeros y compañeras de distintos estados de México, aún que esto por la distancia se nos dificulta, por lo que aquí mismo invitamos a la gente de los estados del país y de otras partes del mundo a que cuando alguno o alguna de ustedes piense venir a la ciudad de México y pueda asistir al plantón, nos pudiera avisar al correo plantonmolinodeflores@gmail.com, en que fechas vienen, para intentar incluirlos en las mesas y así poder escuchar no solo a la gente del DF y del Estado de México. También pensamos en un futuro, si el tiempo nos lo permite organizar mesas de discusión sobre temas específicos, no con la idea de llegar a acuerdos, sino solamente para conocer los diversos puntos de vista e ideas que existen sobre cada tema.

Compañeras, compañeros, con esto les estamos dando a conocer este proyecto y a la vez estamos invitándolos a asistir a estas actividades y al plantón en general.

Esperamos poder contar con todas y todos ustedes y su asistencia a estas platicas de encuentros.

En unos días estaremos enviando la convocatoria para estas platicas.

Plantón Molino de Flores

Libertad a los presos político!!

Alto al hostigamiento a las Comunidades Autónomas Zapatistas!!

Apoyo al Plantón del Molino de las Flores

A la Otra Campaña en general:

Compañeros y compañeras:

Les escribimos desde el plantón Molino de Flores, para solicitar su apoyo.

Las necesidad más urgentes del plantón son de despensa, en meses pasados recibimos el apoyo con despensa que nos permitio mantener hasta este momento las necesidades del plantón cubiertas.

Sin embargo hoy se necesita los siguiente productos:
Papel de baño

Aceite

Cafe de grano

Latas (verduras, Atún, chiles, frijoles, etc.)

Galletas

Leche

Cereal

Cajeta (no demasiada)

Esperamos puedan apoyarnos con estas necesidades.

Plantón Molino de Flores

Libertad a los presos políticos!!

Alto al hostigamieto contra las Comunidades Autónomas Zapatistas!!

Piden análisis exhaustivo de casos de atenquenses

Los abajo firmantes nos dirigimos a los magistrados adscritos al segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito para expresar nuestra preocupación sobre la situación jurídica de los señores Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona, habitantes de la comunidad de San Salvador Atenco, estado de México, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Sabemos que en los días subsecuentes el órgano de control constitucional que integran se abocará al análisis del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada.

Tomando en cuenta que el recurso de revisión es el último medio con que cuentan para que sean revocadas las órdenes de aprehensión giradas en su contra, les pedimos de la manera más atenta y con pleno respeto a la soberanía del órgano que ustedes presiden que revisen de manera minuciosa la sentencia recurrida y los agravios expresados por la defensa legal; tenemos plena confianza en que un análisis exhaustivo devendrá la revocación de la sentencia impugnada y por tanto en la concesión del amparo y protección de la justicia de la unión en su favor.
Atentamente

Samuel Ruiz García, Ofelia Medina, Ana Esther Ceceña, Alicia Castellanos, Gilberto López y Rivas, Gonzalo Ituarte, Óscar González, José Enrique González Ruiz, John Holloway, Francesca Guillén, Begoña Lecumberri y 419 firmas más de personas, organizaciones y colectivos

Libertad y Justicia para Atenco

Campaña nacional e internacional

Índice:
1.- Antecedentes de la situación en San Salvador Atenco.
2.- Información y situación actual de los presos y perseguidos.
3.- Texto para publicar en medios de comunicación mexicanos. (Se solicitan firmas y adhesiones)

1) Antecedentes.

La llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República abrió en el 2000, entre otros temas, la discusión sobre la necesidad de la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México bajo el argumento de que el existente no contaba con la capacidad suficiente para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y usuarios. El 22 de octubre del 2001 el gobierno federal decidió que la construcción sería en zona del Valle de México y para ello se expropiaron más de 5000 hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco, el más afectado, provocando el inicio de un conflicto entre el Gobierno Federal y los afectados por el proyecto que recibirían la injusta cantidad de 7.50 pesos por metro cuadrado de sus tierras.

Desde ese momento, numerosos habitantes se opusieron rotundamente argumentando la falta de consulta a los pobladores además de la amenaza de la extinción de sus formas de vida, cultura, tradición, historia y, sobre todo, lo más valioso que habían heredado de sus abuelos: la tierra. Ante el anuncio de la expropiación de sus terrenos, los opositores decidieron organizarse formando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

El conflicto se desarrolla en el marco de agresivas políticas de inversión hacia la privatización de la tierra, políticas neoliberales que privilegian al mercado y no el uso colectivo y el fomento al campo, así como en un contexto de fuerte criminalización de los movimientos sociales como estrategia preferente del Estado para responder a demandas, movilizaciones y reivindicaciones de organizaciones, pueblos y comunidades. El conflicto se desarrolla además a través de la estructura estatal, afectada por la corrupción y un sistema jurídico parcial e influido claramente por las fuerzas políticas que debilitan su autonomía del resto de poderes públicos.

Tras varios meses de lucha y movilizaciones que contaron con un masivo apoyo de varios sectores de la sociedad civil mexicana, después del asesinato de uno de sus integrantes - Enrique Espinosa Juárez- y de una fuerte discusión en la opinión pública, en agosto de 2002 el gobierno federal tuvo que retirar el decreto expropiatorio, consignando un triunfo al movimiento campesino y de pobladores de Atenco y otras comunidades y pueblos de la región.

Sin embargo, el 3 y 4 de mayo de 2006, un operativo policiaco ordenado por el gobierno federal, del estado de México, y del gobierno municipal de Texcoco, con más de 4,500 efectivos contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la tierra que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales en Texcoco, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de México.

Los sucesos represivos de Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, han tenido enormes repercusiones en materia de derechos humanos y un importante repudio público a la represión contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de la otra campaña, que arrojó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales, tortura y cateos ilegales. Cabe resaltar que veintiséis de cuarenta y siete mujeres detenidas en los hechos, han denunciado ser víctimas de violencia sexual, física o verbal por parte de los policías que las custodiaban, algunos de ellos ahora exonerados, por lo que 11 de ellas han decidido acudir a la Comisión Interamericana de derechos Humanos, órgano autónomo perteneciente a la Organización de Estados Americanos buscando justicia ante el Estado mexicano. Sin embargo, el caso de las mujeres, así como de resto de violaciones a los derechos humanos siguen hasta hoy, impunes.

A pesar de no contar con pruebas y de que el proceso acusatorio ha estado plagado de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos de los detenidos, en la actualidad 10 de las personas acusadas por el delito de secuestro equiparado han sido sentenciadas a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel. Sus nombres son: Oscar Hdz. Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Pedro Reyes Flores, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuellar Rivera y Eduardo Morales Reyes. Muchos de ellos son transeúntes o vecinos, detenidos en medio de la confusión y los operativos de redada de los cuerpos represivos.

Sin embargo, a pesar de la enorme gravedad de esta condena, existen tres casos más que son urgentes de denunciar, apoyar y visibilizar. El caso de Ignacio Del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, condenado a 67 años y medio de prisión y a quien recientemente se le han sumado 45 años más, haciendo una suma de 112 años de prisión, lo que equivale a cadena perpetua. Héctor Galindo y Felipe Álvarez, a su vez, mantienen también una condena de 67 años y medio de injusta prisión. Estos tres casos son emblemáticos por la dureza, irregularidad, ilegalidad de sus procesos y condenas, que son significativamente de corte político, por ser personajes importantes del movimiento que impidió la construcción del aeropuerto en Texcoco, y quienes habían mantenido activamente su participación. Es además claro jurídicamente, que el sistema judicial del Estado de México ha empujado estas condenas como medida represiva al movimiento de Atenco.

Son significativos los malos tratos, abusos y hostigamiento contra estos tres compañeros presos en el Penal de máxima seguridad del Altiplano. Podemos afirmar que estos tres casos más la decena de presos en el Penal de Molino de las Flores, son presos políticos.

Por último, una integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, América Del Valle- hija de Ignacio Del Valle- se encuentra perseguida, bajo cargos de secuestro equiparado. Otros dos casos, Bernardino Cruz y Adán Espinosa, también integrantes del movimiento, se defienden jurídicamente ante las acusaciones de las autoridades mexicanas. Sin embargo, de perder los recursos legales de defensa, se encontrarían indefensos frente a posibles nuevas detenciones. Estos tres integrantes del FPDT son perseguid@s políticos por el Estado.

Ante esta serie de actos de brutalidad, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CIODH) tomaron la palabra para denunciar la actuación de las autoridades mexicanas. Otras más, como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también denunciaron los atropellos a las garantías individuales y a los derechos humanos que se habían cometido en el poblado de San Salvador Atenco.

La vigencia persecutoria, la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y las claramente injustas condenas requieren de la actuación de la sociedad civil y el apoyo y solidaridad nacional e internacional de manera urgente, para lograr la libertad de los aún presos, la justicia para los perseguidos, así como el castigo a quienes diseñaron, ordenaron e implementaron numerosas violaciones a los derechos humanos de detenidos, asesinatos, tortura sexual y brutalidad policiaca.

Por todas estas razones un grupo de organismos civiles, solidarios, defensores de los derechos humanos, abogados defensores, familiares de los presos y perseguidos así como el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, hemos decidido impulsar una estrategia conjunta e integral que permita construir una estrategia integral para generar condiciones que impulsen una solución jurídico-política ante los diversos poderes de la nación –Judicial, Legislativo o Ejecutivo- para alcanzar la libertad de los 13 presos, perseguidos y procesados políticos, así como la justicia para Atenco.

2) Datos de los 13 presos y 3 perseguidos políticos.

IGNACIO DEL VALLE MEDINA, originario de San Salvador Atenco, campesino, 58 años de edad, condenado a 112 años y medio de prisión, recluido en el penal de Máxima Seguridad No. 1 del Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México.
FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, Felipe Álvarez es originario de Nexquipayac, Atenco, campesino; Héctor Galindo, 34 años de edad, abogado, ambos condenados a 67 años y medio de prisión, recluidos en el penal de Máxima Seguridad No. 1 del Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México.
PEDRO REYES FLORES, originario de San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Estado de México, vendedor y productor de flores, 24 años de edad.
ALEJANDRO PILÓN ZACATE, originario de Santa María Chiconcuac, Estado de México, maquilador, 29 años de edad.
JORGE ALBERTO ORDÓÑEZ ROMERO, originario de La Pastoría, Atenco, Estado de México, bordador, 28 años de edad.
ROMÁN ADÁN ORDÓÑEZ ROMERO, originario de La pastoría, Atenco, Estado de México, bordador, 23 años de edad.
JUAN CARLOS ESTRADA CRUCES, originario de San Francisco Acuexcomac, Atenco, Estado de México, bicitaxista, 26 años de edad.
JULIO CESAR ESPINOSA RAMOS, originario de San Pablito, Chiconcuac, Estado de México, comerciante, 20 años de edad.
INÉS RODOLFO CUELLAR RIVERA, originario de San Miguel Tlaixpan, litigante.
EDGAR EDUARDO MORALES, originario de San Miguel Tocuila, Texcoco.
OSCAR HERNÁNDEZ PACHECO, originario de San Salvador Atenco, Obrero.
NARCISO ARELLANO HERNÁNDEZ, originario de La Magdalena Panoaya, Texcoco, Albañil.

Los 10 detenidos el 3 de mayo de 2006, acusados de secuestro equiparado en el expediente penal de primera instancia 58/06 ante el Juzgado Primero Penal de Texcoco, condenados a 31 años, 11 meses, 15 días, recluidos en el Penal del Molino de Flores, Texcoco, Estado de México. Situación jurídica actual: apelación pendiente de resolverse. Toca: 652/2008. Segunda Sala Regional Penal del Distrito Judicial de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

AMÉRICA DEL VALLE RAMÍREZ, originaria de San Salvador Atenco, exiliada de su comunidad, 28 años de edad, pedagoga, por ella pesan órdenes de aprehensión por el delito de secuestro cuya causa fue sentenciada a 67 años y medio para Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Actualmente no cuenta con recurso jurídico para su libertad más que el proceso en reclusión y su única salida es la amnistía.

BERNARDINO CRUZ CARDONA y ADÁN ESPINOSA ROJAS, profesor de Chapingo y campesino respectivamente, originarios de San Salvador Atenco, exiliados de su comunidad, para ellos giran órdenes de aprehensión en diversas causas, las opciones jurídicas para ganar los amparos son mínimas y existe la posibilidad de pasar a la situación jurídica de América Del Valle.
3) Texto para solicitar adhesiones y publicarse como inserción en medios nacionales.

¡Justicia y libertad para Atenco!

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, un operativo policíaco ordenado por el gobierno federal y del estado de México, con más de 4,500 efectivos contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales en Texcoco, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de México.

Desde aquellos días, en que se registraron 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres violadas y abusadas sexualmente, torturas y cateos que han sido ampliamente denunciados por varias instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, se han venido acumulado irregularidades jurídicas escandalosas para justificar condenas tan injustas como la impuesta a Ignacio Del Valle por 112 años de prisión, a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por 67 años y medio de prisión; y a las otras 10 personas (Oscar Hdz. Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales) que han sido sentenciadas a 31 años 11 meses y 15 días de cárcel. Cabe mencionar que América Del Valle, Bernardino Cruz Cardona y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos.

Las irregularidades de los procesos penales evidencian que estamos ante un asunto político cuyo objetivo es reprimir a uno de los pueblos que dignamente ha defendido su tierra, sus recursos naturales y sus tradiciones, frente a las injustificadas pretensiones de construir en su territorio el nuevo Aeropuerto Internacional propuesto por Vicente Fox en 2001. Preocupa, además, que la represión contra el FPDT, esté enmarcada en una represión generalizada contra las organizaciones y movimientos que ejercen su derecho a la crítica, a la manifestación y a la resistencia contra políticas gubernamentales.

Por ello y ante las determinaciones que sobre los motivos y las razones de la represión que en los próximos días emitirá la Suprema Corte de la nación es que personalidades de ámbitos artísticos, intelectuales, académicos, sindicales, de defensa de los Derechos Humanos, activistas, políticos, legislativos, de México y el mundo, apoyamos la “Campaña por la Libertad y Justicia para Atenco”, y exigimos:

La revisión de las sentencias;
El pleno respeto a los Derechos Humanos de los detenido y perseguidos;
El alto a la criminalización contra los movimientos sociales; Y la
LIBERTAD PARA LOS PRESOS DE SAN SALVADOR ATENCO.

Llamamos a todos y a todas a que apoyen las distintas actividades de la campaña y a que formulen sus propuestas, así mismo convocamos a que se formen Comités Locales en centros de estudio, de trabajo o en sus comunidades, para impedir que se prolongue la injusta reclusión a la que nuestros compañeros de San Salvador Atenco han estado sometidos.

¡Justicia y libertad para Atenco!
¡Presos políticos libertad!

Exhorta el Centro Prodh a la SCJN a analizar el origen de los abusos en Atenco

■ Aplaude director de la organización que la Corte haya subido a Internet el proyecto del caso

■ Urge saber si fue una estrategia de Estado o falta de capacitación de los policías: Luis Arriaga

Emir Olivares Alonso

El análisis que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el proyecto de dictamen del caso de San Salvador Atenco no sólo se debe centrar en si existieron o no violaciones a las garantías fundamentales, sino determinar por qué se originaron los abusos, quién los ordenó y si fue una estrategia planeada por el Estado o sólo se presentó por la falta de capacitación de los policías, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Luis Arriaga, director de esa organización, celebró la decisión de la Corte de subir a Internet el proyecto elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, que en los próximos días será analizado por el pleno del máximo tribunal, pues con ello “los ciudadanos podrán acceder a la información y estar enterados de lo que realiza el Poder Judicial”.

En entrevista, el activista subrayó que con la resolución sobre el caso la Corte “tiene la posibilidad histórica de sentar un precedente que inhiba la repetición de hechos similares, si los ministros acuerdan establecer un protocolo sobre uso de la fuerza”.

Arriaga recordó que el año pasado la comisión creada por la SCJN para investigar los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco acreditó la “posible violación grave” de garantías fundamentales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel” de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva en la planeación del operativo que derivó en la muerte de dos jóvenes, la detención de 207 personas, de las cuales “sólo nueve resultaron ilesas”, y abusos sexuales contra varias mujeres.

“En esa primera resolución ya se establecen las violaciones graves a derechos humanos cometidas por las autoridades policiacas; por tanto, la discusión en este momento no debe centrarse sólo en ello pues ya están demostradas, sino que hay que completar la investigación y dictaminar por qué se originaron las violaciones a garantías individuales, quién las ordenó, si se trató de una estrategia de Estado, si la situación fue rebasada o producto de una deficiente capacitación de los policías”, afirmó el director del Centro Prodh, organización que apoya jurídicamente a muchas de las víctimas de los hechos, sobre todo a las mujeres que sufrieron violaciones y abuso sexual.

Confió en que tras la decisión de los ministros las víctimas accedan a la justicia, pues a casi tres años de los hechos éstos “permanecen en la impunidad”. Recordó que hubo abusos sexuales contra las mujeres; torturas y malos tratos a decenas de detenidos, dos muertos, y varias personas, entre ellas el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, “sentenciadas a penas de prisión injustas y excesivas”, aunque destacó que la resolución no tendrá carácter vinculante.

Mencionó que al inicio de las indagatorias de la comisión de la Corte, varias ONG presentaron a los magistrados la solicitud de comparecer bajo la figura jurídica de amicus curiae, que de acuerdo con el derecho internacional presenta reflexiones sobre algún tema específico que puedan ayudar a dirimir un asunto jurídico.

En el documento las organizaciones plantean que el máximo tribunal establezca un protocolo de uso de la fuerza para las corporaciones policiacas basado en los principios de legalidad, estricta necesidad, proporcionalidad, diferenciación, preservación de la vida e integridad física de los ciudadanos y en la constante capacitación de los policías, a fin de que “la fuerza sólo se use cuando sea estrictamente necesaria, y no como en los casos de Atenco y Oaxaca, que se pudieron resolver de manera diferente y sin abusos”.

Sube la SCJN a Internet texto sobre violaciones en Atenco

Jesús Aranda

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Guillermo I. Ortiz Mayagoitia determinó subir a Internet el proyecto de dictamen sobre las violaciones a las garantías individuales ocurridas en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México.

En víspera de que el documento, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, sea repartido a los integrantes del pleno, a fin de que el próximo 9 de febrero se inicie la discusión pública del asunto, Ortiz Mayagoitia consideró que como medida para favorecer la “transparencia” y siguiendo el lema de que el año 2009 la Corte busca estar cercana “a la sociedad”, lo mejor es dar la mayor difusión posible al texto.

Se espera que el dictamen sea subido a la página web del máximo tribunal una vez que los ministros tengan en sus manos el material.

Será la tercera ocasión en que la Corte sube a Internet un proyecto, antes de su discusión pública. La primera fue con el proyecto de la ley Televisa, y la segunda, cuando los ministros analizaron la constitucionalidad de las reformas legales que despenalizaron el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación.

En los tres casos, comentaron fuentes judiciales, los ministros consideraron que, dado lo controvertido de los asuntos, lo mejor era difundir el contenido de los proyectos para que junto a la transmisión por televisíon de las sesiones públicas se proyectara a la sociedad la idea de que la discusión y dictamen de los asuntos se hizo con estricto apego a derecho.

ACCIÓN URGENTE - Represalias contra Héctor Galindo preso de Atenco

Represalias ilegales por denuncia de violaciones a los DDHH en el Cefereso “Altiplano” a Héctor Galindo Gochicoa del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco

Favor de enviar sus comunicaciones con el asunto AU- MEX/14ene09-GALINDO_001 a las siguientes direcciones electrónicas:

Felipe.calderon@presidencia.gob.mxU;

secretario@segob.gob.mxU;

correo@cndh.org.mx;

mmontesdeoca@segob.gob.mxU;

tb-petitions@ohchr.orgU;

Appeals@fidh-omct.orgU;

omct@omct.org;

cidhoea@oas.org;

gmarengo@amnesty.org;

derechoshumanos@ssp.gob.mxU;

comitecerezo@nodo50.org

Favor de escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:
· Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Héctor Galindo Gochicoa.
· Permitir las visitas de los miembros de su familia (adoptiva de hecho), mediante visita por sala familiar (con contacto físico), de acuerdo a las normas de derechos humanos sobre personas en detención y con la finalidad de mantener los vínculos familiares, derecho inherente de todo Ser humano.
· Llevar a cabo una investigación inmediata, completa, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
· Garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Favor de incluir

Nombre y apellidos:
País o Estado:

La Corte pone trancas a los abusos policiacos

Erica Mora

Piden castigo para mandos medios de seguridad del Edomex, involucrados en la zacapela de 2006

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un protocolo para el uso de la fuerza pública, como parte central de su resolución en torno del caso de San Salvador Atenco, Estado de México.

El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño y que mañana, a más tardar, repartirá entre el resto de los ministros, señala criterios sobre los límites aceptables de la actuación policiaca ante disturbios sociales, que incluyen el respeto a los derechos fundamentales como la integridad.

El proyecto, de más 900 cuartillas, divide en 10 puntos el análisis jurídico de los hechos ocurridos 3 y 4 de mayo de 2006. Al analizar si hubo violaciones a las garantías individuales de los pobladores de Atenco, finca responsabilidades contra mandos medios de los cuerpos policiacos que participaron en los enfrentamientos.

Ante la trascendencia del caso —toda vez que por primera vez en la historia la SCJN emitirá un protocolo sobre el uso de la fuerza policiaca—, se busca que todos los ministros participen en la discusión y, por lo tanto, lo enlistarán para la sesión del 9 de febrero, aunque de manera previa difundirán en internet una versión pública que omite los nombres de los presuntos responsables.

El proyecto que el ministro Gudiño someterá a consideración del pleno de la Corte fue elaborado a partir del informe que entregaron los magistrados Jorge Mario Pardo y Alejandro Sergio González, responsables de investigar los hechos y reconstruir la historia del caso, en 13 tomos con cinco mil 428 hojas.

En el informe, del cual se presentó un resumen en la sesión pública del 13 de marzo de 2008, los magistrados afirmaron que policías “sin control alguno” agredieron a manifestantes.

Mencionaron que el operativo del 4 de mayo de 2006, a cargo de dos mil 500 policías, fue planeado la noche anterior por mandos federales y estatales “del más alto nivel”, y narraron hechos que parecen llevar a la conclusión de que sí hubo violación grave de garantías.

“Varios elementos policiales, sin control alguno, agredieron violentamente a muchos manifestantes, que aparentemente no oponían resistencia alguna”, dijo González.

Revisarán participación de funcionarios en caso Atenco

Hasta el momento se desconoce cuál fue la conclusión a la que llegó el ministro Gudiño

La SCJN, someterá a revisión la participación que tuvieron alrededor de 300 funcionarios

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), someterá a revisión la participación que tuvieron alrededor de 300 funcionarios, entre los que se encuentran el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en los enfrentamientos que se registraron en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, para decidir si incurrieron en violaciones graves a las garantías de la población.

Con base en los resultados de una investigación que encabezaron dos magistrados, en la que se tomó la declaración del gobernador y del procurador, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se dio a la tarea de deslindar las responsabilidades de cada uno de los servidores públicos y de plasmar sus conclusiones en un proyecto de sentencia que se espera les entregue a sus compañeros de la Corte en esta semana.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la conclusión a la que llegó el ministro Gudiño.

Pero su proyecto partió del informe que le entregaron los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, quienes tuvieron a su cargo la comisión que se encargó de investigar los hechos y que reconstruyó la historia del caso en 13 tomos, con un total de cinco mil 428 hojas.

En dicho informe, del cual se presentó una síntesis ante el pleno de la Corte el 13 de marzo de 2008, se reportó, sin emitir algún tipo de calificativo, que se comprobó que durante el operativo varios policías agredieron violentamente a personas que no oponían ninguna resistencia, ingresaron a domicilios particulares sin órdenes de ingreso y trasladaron a los detenidos entre charcos de sangre.

En dicho informe preliminar se recuerda que el conflicto inició el 3 de mayo de 2006 porque a un grupo de vendedores de flores, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, no se les permitió instalarse en el mercado de Texcoco.Y que el problema escaló a lo largo del día hasta llegar a enfrentamientos con la Policía local, al bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de Atenco, y a la retención de 18 elementos de los cuerpos de seguridad.

“Por la noche --se detalla en el informe--, de ese 3 de mayo, se dio una reunión en la que se ordenó un nuevo operativo, que según las autoridades tendría lugar al día siguiente con la finalidad de desbloquear la carretera, rescatar a los policías retenidos y reestablecer el orden y la paz social en San Salvador Atenco”. (El Universal)

ATENCO EN CIFRAS

Hechos trágicos

2 jóvenes perdieron la vida durante los hechos. Uno a consecuencia de disparo de arma de fuego, y otro por una lesión craneoencefálica.

209 personas fueron detenidas en los dos días.

9 resultaron ilesos, el resto presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo.

27 de los detenidos requirieron atención hospitalaria y cinco tuvieron fracturas.

Preguntas que responderá la Corte

Por acuerdo de los 11 ministros de la Corte, la investigación se fijó como meta responder a las siguientes preguntas:

Primero, “¿si derivado de los enfrentamientos entre policías, locales y federales, y habitantes del municipio mexiquense de San Salvador Atenco, acontecidos el 3 y 4 de mayo de 2006, se registraron violaciones graves a las garantías individuales?”

Segundo, “¿por qué se dieron esas violaciones?”.

Y, tercero, “¿si alguien las ordenó, si obedeció a una estrategia estatal, o al rebasamiento de la situación, y a la deficiente capacitación de los policías?

Rayuela de La Jornada

Si no les importan las monstruosas condenas a los dirigentes de Atenco, ¿qué les va a preocupar la conservación de los monumentos históricos?

Firmas por Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona

Estimados amigos solidarios nuevamente los convocamos a que nos den su firma, esta vez para el caso Atenco, sabemos que lo han hecho varias veces, se la pedimos una vez más por la libertad de todos los presos del caso Atenco, pero especialmente por los compañeros JESÚS ADÁN ESPINOZA ROJAS y BERNARDINO CRUZ CARDONA, dichos compañeros llevan ya casi tres años alejados de sus familias, de sus esposas, de sus hijos, de su tierra que tanto y con tan alto costo han defendido.

En enero es posible que los magistrados encargados del caso resuelvan el recurso de revisión, si pierden este recurso jurídico, estos dos compañeros perderán su última oportunidad de regresar a su vida, a su lucha, a su tierra y tengan que vivir por siempre perseguidos por la injusticia mexicana.

No permitamos que esto suceda, muchas acciones se están haciendo, tu firma también es importante, te pedimos que firmes la carta a favor de estos dos compañeros y al mismo tiempo el desplegado por la libertad de todos los presos del caso Atenco.

Enviar sus firmas durante enero de 2009: comitecerezo@nodo50.org

Especificar: Nombre (persona u organización)

Profesión, actividad o perfil de la organización

País

Entregan a magistrados de Toluca carta con más de 400 firmas de apoyo a presos políticos de Atenco

Difusión Cencos

México D.F., 8 de enero de 2009
BOLETÍN DE PRENSA

• Se entrega carta al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con más de 400 firmas de apoyo a presos políticos de Atenco• Se espera que la próxima semana se discuta el último recurso legal para continuar el camino hacia su libertad

La defensa legal y familiares de Jesús Adán Espinosa Rojas y Bernardino Cruz Cardona, acompañados por organizaciones de la sociedad civil, entregamos el miércoles 7 de enero de 2009 ante la oficialía de partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, documento con 424 firmas de ciudadanas y ciudadanos así como de organizaciones nacionales e internacionales en el que se solicita la revisión minuciosa y exhaustiva de la situación de ambos presos políticos pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Estado de México, detenidos durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en aquella comunidad.

La entrega del documento se dio en una acción paralela a la reunión de integrantes del FPDT con un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la cual se hizo la misma petición para que el último recurso legal de su defensa resulte en la revocación de la sentencia recurrida y en la concesión del amparo a estos dos luchadores sociales que actualmente se encuentran recluidos en el penal Molino de Flores en Texcoco, Estado de México.

Tenemos conocimiento de que el día viernes 9 de enero se emitirá la lista de asuntos que se discutirán en la próxima sesión del Tribunal y que muy probablemente se discuta el jueves 15 de enero el caso de Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona.

En la carta dirigida a los tres Magistrados adscritos al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, Adalid Ambríz Landa, Andrés Pérez Lozano y José Nieves Luna Castro, se expresa “la profunda preocupación sobre la situación jurídica de los señores Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona”, ya que el recurso de revisión es el último medio jurídico con el que cuentan los luchadores sociales para que sean revocadas las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

Tanto la defensa de Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona, como sus familiares e integrantes del FPDT agradecen la solidaridad a las 424 personas y organizaciones nacionales e internacionales que firmaron la carta de apoyo entregada, ya que consideramos que este tipo de acción cívica es un recurso altamente efectivo en el apoyo a la defensa legal de los presos políticos.

San Salvador Atenco, Estado de México, 8 de enero de 2009

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco

Familiares de Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona

Representantes legales

La carta de apoyo puede ser firmada durante enero de 2009 Aquí

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

Mujeres y hombres luchamos juntos por la justicia para Atenco

Trinidad Ramírez

Por Sandra Torres Pastrana

México DF, 8 enero 09 (CIMAC).- Aquí estamos las madres, esposas, hijas e hijos de los presos y perseguidos políticos de Atenco, unidos, levantando la voz juntos, luchando por un tema pendiente en nuestro país: justicia, afirmó a Cimacnoticias Trinidad Ramírez, luchadora social, esposa de Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, Estado de México, y madre de América, perseguida por el Gobierno de esa entidad.

El esposo de Trini, como le dicen cariñosamente, está condenado a 112 años y medio de prisión en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, a raíz del operativo policíaco del 3 y 4 de mayo de 2006 que reprimió una movilización de campesinos vendedores de flores. Y su hija América está exiliada en un lugar desconocido.

Trini participó ayer en una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir la libertad de Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Carmona, pues en los próximos días el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Circuito de la SCJN resolverá el último recurso de revisión interpuesto por la defensa legal para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en su contra.
Explica doña Trini que si se resuelve en contra la revisión del amparo, Adán y Bernardino, “quienes son inocentes”, quedarían sin ninguna posibilidad jurídica para ser liberados, por ello es importante la participación de todas y todos en la lucha por su libertad.

Si esto sucede, indica por su parte un comunicado del Frente, Adán y Bernardino pasarán a la condición de indefensión en la que actualmente se encuentra América Del Valle, quien no cuenta con ningún recurso jurídico para alcanzar su libertad.

La única forma jurídico-procesal que tiene América para demostrar su inocencia sería mediante un juicio penal recluida en una cárcel de máxima seguridad, pero sus posibilidades de que sea declarada inocente no son muchas porque su proceso implica los mismos hechos con que se emitió una condena de 67 años y medio de prisión contra Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El comunicado del Frente destaca también que el Ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, informó que en las próximas semanas será presentado el proyecto sobre el caso Atenco, donde se determinará si existieron graves violaciones a los derechos humanos en esos operativos, además de las responsabilidades políticas y administrativas que se derivan de tales acciones.

Para el Frente, nuevamente el Poder Judicial de la Federación pone a prueba el papel de un órgano sobre su facultad de ajustar sus resoluciones con base en la justicia y la legalidad o en función de los intereses políticos de los responsables de la represión de Atenco: Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Wilfrido Robledo.

Señala el comunicado del Frente que esa resolución representa una esperanza de libertad para sus compañeros presos en el penal Molino de las Flores, condenados con penas de 31 años, 11 meses de prisión y 15 días.

También para Felipe Álvarez y Héctor Galindo, condenados a 67 años y medio de prisión, para Ignacio Del Valle, condenado a 112 años y medio de prisión, recluidos en el penal de máxima Seguridad del Antiplano, en Almoloya de Juárez, así como también para América Del Valle, Adán Espinoza y Bernardino Cruz, perseguidos por el Gobierno del Estado de México.

Destaca Trini que la presencia de las mujeres en las movilizaciones ha sido muy importante, tanto como la de los hombres, “juntos unidos luchamos, marchamos y levantamos la voz y cada día nos damos cuenta hay mucho más presencia de la mujer, pero siempre buscamos la equidad en nuestras luchas”.

09/STP/GG

Piden a la Corte intervenir en el caso de 2 atenquenses presos

■ FPDT: hay elementos para dejar sin efecto órdenes de captura

Emir Olivares Alonso

Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco demandaron al Poder Judicial de la Federación una actuación “ética” el caso de las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado durante los operativos de mayo de 2006 en ese municipio.

Miembros del frente se manifestaron ayer en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde señalaron que hay elementos apegados a derecho para que un tribunal colegiado deje sin efecto las órdenes de aprehensión que contra Jesús Adán Espinosa Rojas y Bernardino Cruz Cardona, dos de sus compañeros acusados de diversos delitos por los hechos referidos y que están recluidos en el penal Molino de Flores.

Recordaron que la defensa jurídica de ambos atenquenses presentó un recurso de revisión, a fin de que se revoquen las órdenes de aprehensión que existen en su contra, lo que representa el último resquicio del que disponen Espinosa Rojas y Cruz Cardona para obtener la liberación.

“La defensa legal de los compañeros y el FPDT consideramos que si los magistrados (del segundo tribunal colegiado en materia penal) llevan a cabo una revisión exhaustiva de los agravios esgrimidos en el recurso, tendrá como resultado que ese órgano judicial revoque la resolución emitida en su contra por una jueza, y en consecuencia que se les conceda a los compañeros el amparo y protección de la justicia federal”.

La protesta del frente ante la Corte, en compañía de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, miembros de la otra campaña, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, y otras organizaciones, coincidió con la presentación y firma del Acuerdo Nacional de la Economía Familiar y el Empleo presentado por el gobierno federal en Palacio Nacional, por lo que en todo momento, la manifestación estuvo vigilada por policías federales.

Los manifestantes exigieron entrevistarse con el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia; sin embargo, debido a que éste se encontraba en el acto del gobierno federal, Rafael Soto Ruiz, uno de sus asesores, recibió a una comisión encabezada por Trinidad Ramírez, esposa del líder del FPDT, Ignacio del Valle, preso en El Altiplano y sentenciado a más de 112 años de prisión.

Los atenquenses entregaron al funcionario varios documentos y le expusieron que el Poder Judicial “tiene la oportunidad de limpiar su imagen ante la sociedad si en las próximas semanas, cuando el ministro ponente, José de Jesús Gudiño Pelayo presente ante el pleno de la Corte el proyecto sobre el caso Atenco, al determinar que en los operativos del 3 y 4 de mayo existieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades, y se proceda contra los responsables”.

Sin embargo, Soto sólo se limitó a dar por recibida la información y afirmó que la haría llegar a Ortiz Mayagoitia.

Asimismo, dijo a la comisión, que sólo se podría concertar una reunión con el ministro presidente después de que el caso de San Salvador Atenco sea expuesto ante el pleno del tribunal.

Tortura contra mujeres rompe el Derecho y la convivencia social

Casos en Chiapas 1994, Guerrero 2001 y Edomex 2006

Por Guadalupe Gómez Quintana

México DF, 5 enero 09 (CIMAC).- Meses después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, un grupo de militares del Ejército Mexicano apostados en Tenejapa detuvo el 4 de junio de 1994 a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González y a su madre Delia (nombres ficticios) para interrogarlas. Durante dos horas, las hermanas fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.

El hecho no se convirtió en noticia nacional ni fue reconocido por el Gobierno de Chiapas en sus comunicados sobre la irrupción de los militares en Tenejapa, a pesar de que Ana y Beatriz denunciaron la agresión ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar.

Lo mismo ocurrió con la violación cometida en marzo de 2002 por soldados del Ejército Mexicano contra Valentina, en la región me’phaa (tlapaneca) de Guerrero, y días más tarde contra Inés en la cocina de su casa, ubicada también en Ayutla de los Libres, hechos que no ocuparon gran espacio en los medios de comunicación.

De igual forma se desdibujó el caso de las mujeres que fueron atacadas sexualmente por policías de los tres órdenes de gobierno en las localidades de Atenco y Texcoco, Estado de México, durante un operativo el 3 y 4 de mayo de 2006, hechos de los que fueron prácticamente exonerados.

Todas ellas sufrieron además revictimización ante las autoridades mexicanas que recogieron su denuncia, que les practicaron exámenes ginecológicos e interrogatorios incómodos. Para muchas también significó que tuvieran que cambiar de domicilio.

Todo esto hubiera quedado en el olvido si no es porque estas mujeres denunciaron las agresiones, agotaron todas las instancias nacionales y acudieron ante la justicia internacional, concretamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que lo ocurrido no quedara impune.

DESTRUCCIÓN Y RUPTURA

La violación sexual --de que fueron víctimas todas estas mujeres-- se ha incluido, por su gravedad, como una modalidad de tortura. Y el derecho penal internacional la ha elevado a delito de lesa humanidad cuando es masiva, por lo tanto es imprescriptible y perseguible universalmente, señala el libro Atención Integral a víctimas de tortura en procesos de litigio. Aportes psicosociales, editado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 2007.

La tortura, señala Gilda Pacheco, coordinadora del Proyecto Asistencia Psicológica a Víctimas de Tortura del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, conlleva además de dolor, de la desaparición o la muerte física de personas, la aniquilación de la subjetividad de las víctimas y sus familiares, la destrucción del imaginario simbólico, la intimidación de las personas y las comunidades y la ruptura del Estado de Derechos como pacto para la convivencia social.

EL CONTEXTO POLÍTICO

La tortura en forma de agresión sexual que militares y policías cometieron contra las mujeres de Chiapas, Guerrero y Atenco presenta una similitud: ellas pertenecían o estaban presentes en comunidades donde existe o existió oposición a un determinado régimen de gobierno, donde hay activistas sociales, individuos involucrados en conflictos civiles, étnicos o religiosos.

Sin embargo, no en todos los casos ellas eran activistas, sino solo integrantes de una comunidad señalada como blanco por los uniformados, como en el caso de Ana, Beatriz y Celia González y a su madre Delia, en Chiapas, o de Inés y Valentina, en Guerrero, o incluso de varias mujeres que fueron agredida en Atenco y Texcoco.

No importa si son o no opositoras, dice Sandra Luna, de la organización no gubernamental colombiana Ruta Pacífica de las Mujeres, durante los conflictos, sobre todo armados, el cuerpo de las mujeres es violentado sexualmente, tomado como un botín de guerra para aterrorizar al enemigo. Invadir el cuerpo es símbolo de controlar la voluntad, es una forma de humillar al enemigo y acabar con el tejido social de las comunidades, asegura la activista.

En ello coincide Susan Lee, directora del Programa Regional para América de América Latina, de Amnistía Internacional: La violación y otros delitos sexuales son utilizados con frecuencia, por los actores del conflicto como parte de sus tácticas de terror.

Ana Deutsch, psicóloga cofundadora del Programa para Víctimas de Tortura en Los Ángeles, define así los objetivos de estas tácticas: suprimir la disidencia para reafirmar el poder y eliminar los obstáculos para llevar a cabo planes políticos, sociales y/o económicos impopulares.

Torturar, dice, sirve para quebrar la personalidad de la víctima, para poder manipularla y obtener colaboración en identificar a otras víctimas posibles; obtener más información acerca de actividades de grupos opositores o cualquier fin similar que sirva para derrotar y desmantelar a la disidencia.

A nivel individual, instilar terror, amedrentar, intimidar y disuadir el activismo; a nivel social, enviar un mensaje de advertencia a la población para mantenerla sojuzgada; propiciar una atmósfera de temor y amenaza permanente en la población, para afianzar el poder, dice Deutsch.

Sin embargo, dice, la historia demuestra que la tortura falla como táctica antiterrorista para crear seguridad pública; en cambio, produce efectos sociales negativos a largo plazo y genera corrupción en la institución, como la militar que la aplica, desprestigiándola.

En México, aunque Felipe Calderón asegura que lo que existe es una guerra contra “el narco” y no contra la oposición política, las mujeres continúan siendo afectadas, como denunciaron organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos ante la CIDH, durante su 133 periodo de audiencias realizado en octubre pasado.

Queda esperar, entonces, que la lista de víctimas de la guerra de Calderón no se incremente y que, en cambio, las resoluciones de la CIDH en los casos de Inés y Valentina demuestren que la justicia no es otra víctima de la impunidad.

09/GG

Contra los asesinos de Alexis Benhumea

Alexis, el joven griego caído en Atenas en días pasados, ha revivido la lucha de Atenco en México.

Alexis Ollim Benhumea Hernández, de 20 años de edad, fue abatido por un disparo de proyectil de bazuka el 4 de mayo de 2006, durante la defensa de Atenco. Debido al cerco policiaco de represión, recibió atención médica tardía, seis horas después, y falleció un mes más tarde. No hubo mayores movilizaciones juveniles como en Atenas y otras ciudades griegas, donde el pueblo y los jóvenes demostraron su sangre griega y su capacidad de indignación. En México todo está bajo control político del Estado, no importa si es un joven abatido por disparo de la policía, o una discoteque gaseada y cerrada por las fuerzas públicas; la culpa siempre la tendrán los caídos, nunca el Estado.

Me uno a la causa de llevar a juicio político y penal a los asesinos de Alexis Benhumea.

Miguel Alvarado

Mitin en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

EL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA
CONVOCA A LA ACCION URGENTE
El Próximo Miércoles 7 de enero del 2009
Mitin en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 10 am.
Rueda de prensa 11 am.

En los primeros días de enero de 2009 se resolverá la situación jurídica de Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona, el caso se encuentra en manos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Poder Judicial Federal, los delitos por los que se les acusa son secuestro equiparado.

En el FPDT estamos llamando a las organizaciones solidarias y a la población a sumarse el día 7 de enero de 2009 para acudir en punto de las 10 de la mañana frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la libertad de nuestros compañeros, ya que son inocentes. En caso de resolver en contra de la revisión del amparo, nuestros compañeros estarían quedando sin ninguna posibilidad jurídica para ser liberados, por ello es importante la participación de todos nosotros en la lucha por su libertad.

Pedimos su solidaridad acompañándonos para que este último recurso jurídico sea favorable.

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!
¡ZAPATA VIVE LA LUCHA SIGUE!
FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

Fallos sobre casos de Atenco y Oaxaca, entre los retos para la Corte en 2009

■ Algunos considerarán héroe al tribunal, y otros villano

Jesús Aranda

En 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó resoluciones controvertidas que colocaron al máximo tribunal en situación de “héroe” o “villano”, según el grupo social, político o económico favorecido.

En este año, los retos para los 11 ministros no serán menores; de entrada, tendrán que resolver las investigaciones sobre la “violación grave” de garantías individuales en San Salvador Atenco, estado de México, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, y en Oaxaca, durante el movimiento magisterial y popular ocurrido en ese mismo año, y posteriormente decidirán si se ratifica la facultad constitucional del Instituto Federal Electoral (IFE) para distribuir entre los partidos políticos los tiempos oficiales de campaña en medios electrónicos.

De acuerdo con ministros consultados, la Corte tiene el reto de mantener la credibilidad y confianza de la sociedad, para lo cual las decisiones sobre los casos de Atenco y Oaxaca serán fundamentales.

Además de determinar si funcionarios como Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República, y los gobernadores Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz, del estado de México y Oaxaca, respectivamente, tienen responsabilidad en la violación de derechos humanos, la Corte establecerá tesis jurídicas de trascendencia que tienen que ver con el uso desmedido de la fuerza por las corporaciones policiacas y con la obligación de los tres niveles de gobierno de actuar a tiempo para evitar que los conflictos sociales se “desborden” porque los cuerpos de seguridad no cumplieron sus obligaciones para garantizar la paz social.

El otro asunto que tiene un ingrediente especial para la Corte es el relativo a los amparos presentados por intelectuales y organizaciones empresariales contra la reforma constitucional en materia electoral, que impide que los particulares contraten espacios en radio y televisión para la transmisión de mensajes en tiempos de campaña.

Según los funcionarios consultados, los ministros recibirán presiones no sólo del poder político, representado por los intereses de los principales partidos y del gobierno de Felipe Calderón, sino también del poder económico, ya que los grupos empresariales son los más interesados en echar abajo la reforma, por considerar que viola la libertad de expresión.

En 2008, el pleno de 11 ministros recibió duras críticas cuando resolvió los amparos contra la reforma a la Ley del ISSSTE, ya que la mayoría convalidó la coexistencia del sistema de cuentas individuales y el método “tradicional” de jubilación para los trabajadores en activo, previo incremento del número de años laborados y de edad de los empleados.

Otro asunto importante fue la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores de la República en contra de diversos artículos de la ley Televisa.

Aun cuando los ministros tomaron decisiones que muchos calificaron de “salomónicas”, para no afectar a las principales cadenas televisivas, lo cierto es que invalidaron artículos que permitían a los consorcios televisivos acceder sin licitación a servicios adicionales de telecomunicaciones, no pagar al Estado por el uso del espectro radioeléctrico y el disfrute de concesiones de radio por 20 años con refrendo automático.

Un caso que polarizó las posiciones fue cuando la Corte determinó –por mayoría de ocho votos– convalidar la despenalización del aborto en el Distrito Federal hasta la 12 semana de gestación, entre otros asuntos.

Atenco, Oaxaca y reforma fiscal, temas de la Corte en 2009

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

México, DF; 2 de enero de 2009 (Apro).- En el último año de su actual composición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá culminar sus investigaciones sobre la violación a los derechos humanos en San Salvador Atenco y Oaxaca y resolver los amparos en contra de la reforma fiscal de 2007.

En el inicio del primer periodo de sesiones de la SCJN de 2009, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, informó que durante la primera mitad del año el máximo tribunal emitirá resoluciones sobre derechos humanos y temas fiscales.

Será el último año para los ministros Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón, ambos expresidentes de la Corte que deberán jubilarse en diciembre próximo. Sus sucesores serán propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado.

Ortiz Mayagoitia, quien en la sesión de este viernes inició el tercero de sus cuatro años como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, precisó que uno de los primeros asuntos a resolver es el de San Salvador Atenco.

Dijo que "muy pronto", el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo entregará el proyecto de resolución sobre la facultad de investigación ejercida por la Corte en relación con las violaciones a los derechos humanos registradas en ese municipio del estado de México en mayo de 2006.

Gran parte de la actividad de la Corte en el primer semestre del año se centrará en las controversias derivadas de la reforma fiscal de 2007.

Ortiz Mayagoitia informó que hasta el mes pasado, se habían presentado más de 30 mil demandas de amparo en contra del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), en las que figuran más de 38 mil quejosos. De ellos, 31 mil son personas morales y siete mil, físicas.

Otro caso fiscal es el del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), ante el que se opusieron más de dos mil personas por vía del amparo.Además, está pendiente de resolución el Impuesto al Activo de las Empresas (Impac) y el llamado "anatocismo inverso", como se conoce a los amparos tramitados por las instituciones bancarias en contra de la capitalización de intereses en cuentas de ahorro o de inversión.

Fuera de lo económico, dijo, "resolveremos asuntos que definirán importantes condiciones sobre la autonomía universitaria", mientras que en materia internacional la Corte conocerá el juicio de amparo en relación con el Tratado Internacional que regula la distribución de agua entre México y Estados Unidos.