lun, 04 may 2015 13:14
México, DF. Las 11 mujeres que acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando al Estado mexicano como responsable de tortura sexual por los hechos suscitados hace nueve años en San Salvador Atenco, confiaron en que ese organismo internacional emita pronto su informe final sobre este caso.
En conferencia realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organismo que acompaña en este proceso a las víctimas-- tres de las 11 denunciantes subrayaron que la reparación de los hechos en su contra no pasa por lo económico, sino por la verdad y la justicia.
Ello después de que recientemente en la gaceta oficial del estado de México se publicara que se había creado un “fondo para la reparación” económica a las mujeres que denunciaron violencia sexual durante el operativo policíaco, realizado por elementos federales y estatales el 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco.
Bárbara Italia Méndez, una joven que fue agredida hace nueves años, subrayó: “No hay salida amistosa, nuestro interés no es el dinero, se trata de dignidad y de justicia. No nos detendremos hasta conseguirla”.
La abogada del caso, Stephanie Brewer, indicó que el fondo económico es un intento del Estado mexicano por dilatar el informe de fondo de la CIDH, donde entre otras cosas se podrían hacer recomendaciones en el sentido de que no sólo sean castigados los policías que participaron en los operativos, sino también la cadena de mando y autoridades institucionales.
En ese sentido, resaltó que el entonces gobernador del estado de México y hoy titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, asumió públicamente haber mandatado el operativo, del cual diversas organizaciones internacionales y nacionales han acreditado violación a los derechos humanos.
Edith Rosales, otra de las víctimas, lamentó que lejos de buscar la justicia y la verdad, las autoridades mexicanas continúen obstaculizando el proceso. “El fideicomiso que intentan dar es una forma de dilación. Tratan de comprar nuestra dignidad, pagar por haber utilizad nuestro cuerpo como una forma de castigo. Con la reparación económica quieren terminar todo un proceso de lucha”.
La abogada del Centro Prodh explicó que el informe de fondo –que se podría presentar en la próxima sesión de la CIDH, en junio de este año-- incluirá recomendaciones para el Estado mexicano por las violaciones a las garantías fundamentales de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual. Posteriormente se daría a las autoridades un periodo para cumplir con los exhortos del organismo internacional, y en caso de que estos no sean cumplidos el caso podría llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, enfatizó que este informe será fundamental para establecer e investigar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo a las cadenas de mando y a quienes ocupaban cargos institucionales cuando se dieron los hechos.
