lun, 11 may 2015 12:11
México, DF. Al concluir la tercera etapa de la misión del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que asesora técnicamente al gobierno mexicano y a los padres de las víctimas del caso Ayotzinapa, estos investigadores recomendaron a la PGR reactivar cuanto antes la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala con la participación de sus familias; enfatizó que se les permita el acceso para entrevistar directamente a los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala –una petición pendiente de respuesta desde hace mes y medio-- y sugirió que las más de 13 causas penales dispersas en seis juzgados diferentes sean acumuladas y concentradas en un solo sitio.
En la rueda de prensa donde presentaron los primeros hallazgos y recomendaciones específicas luego de su tercera visita, puntualizaron que la fragmentación de la investigación les genera “preocupación” y recomiendan unificarla, a fin de “mantener la conexidad de los delitos, lograr una visión integral del caso…y evitar la pérdida de evidencia”.
El grupo indicó que ya en esta tercera etapa de la misión se logró analizar el desarrollo de los hechos de la noche del 26 de septiembre en Iguala en más de 10 escenarios y momentos del 26 de septiembre, con lo que a la fecha tienen ya “mayor conocimiento de los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques contra los normalistas, los miembros de los Avispones (el equipo de fútbol local que fue víctima colateral del ataque policiaco) y otras personas, los seis autobuses y otros vehículos”.
Como en la presentación del segundo reporte, el GIEI insistió en que los delitos del Caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición forzada, no por secuestro, como figura actualmente en las averiguaciones previas. Pero además deben incluirse otros delitos graves como el de la tortura, en particular en el caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de homicidio en el caso de los dos estudiantes que aún permanecen hospitalizados, gravemente heridos después de siete meses. Y añadieron encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. “Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados”.
Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas, que también entra dentro del mandato de la CIDH, mencionaron que, en el caso del joven que yace en coma desde aquella noche, Aldo Gutiérrez Solano, la Secretaría de Gobernación se comprometió con sus padres obtener “una rápida segunda opinión” médica sobre sus posibilidades de recuperación.
En el caso de Edgar Andrés Vargas, se mantendrá la atención médica hasta su completa recuperación. Y en el caso de Julio César Mondragón, hay un compromiso de atender las necesidades de su familia (una pequeña hija de un año, su esposa, un hermano menor y su madre).
Reactivar la búsqueda
El 5 de mayo se realizó, por la mediación del GIEI, una reunión entre el comisionado general de la Policía Federal de México Enrique Galindo y un numeroso grupo de familiares de los 43 desaparecidos en la que se acordó reactivar la búsqueda e incorporar a los padres en la misma. Este contacto ocurrió meses después de la ruptura de comunicación entre las familias y el gobierno federal. La búsqueda continuará “hasta que se tenga certeza del destino delos normalistas desaparecidos”.
El grupo expresó su esperanza de que este trabajo de búsqueda, interrumpido en los hechos, “se reinicie cuando antes” con la intervención de un grupo de trabajo conjunto que se formará con ese fin.
Acceso a los militares
En su tercer reporte de actividades –los primeros se presentaron el 19 de marzo y el 20 de abril) – y en voz de dos de sus integrantes, Carlos Beristain y Claudia Paz y Paz, el grupo “enfatizó” sobre la necesidad de que el gobierno federal les permita acceso para entrevistar a los militares del Batallón 27 del ejército con sede en Iguala.
En la rueda de prensa, Beristain agregó que esta diligencia ante los soldados del batallón es clave en el proceso de esclarecimiento “porque ellos estuvieron en varios escenarios” de los hechos la noche del 26 de septiembre. Indicó que en el expediente de la PGR “ya hay algo de información” relacionada con la línea militar “pero la queremos ampliar”.
La negociación para el acceso al batallón no se realiza directamente con la Secretaría de la Defensa Nacional ya que, por mandato, los interlocutores del GIEI son la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República.
La solicitud fue presentada ya hace mes y medio. Inicialmente la PGR respondió que autorizaría dichas entrevistas si se realizaban “a través” de la procuraduría; posteriormente la misma PGR informó que esto “no era posible”. Alegaron –según se informó por pregunta expresa—que “ese no es el marco adecuado”.
El grupo insiste “que no pidió entrevistar a los miembros del 27 Batallón través de la PGR sino de manera directa, a fin de completar información fuera del ámbito judicial”. En su comunicado, el GIEI expresó que “espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita, de conformidad con su mandato”.
Hay además otras solicitudes para poder entrevistar a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial que “según diferentes testimonios, estuvo presente en algunos de los escenarios de la primera parte de los hechos del 26 de septiermbre”.
Tortura a detenidos
Sobre las diligencias ya realizadas, destacó la de su visita al CEFERESO 4 de Tepic, donde el grupo pudo entrevistarse con 16 internos señalados como presuntos responsables de los delitos de “secuestro” –no desaparición, todavía—de los 43 normalistas.
“Un número desgraciadamente alto” de entre ellos reportó malos tratos y tortura, indicó Beristain. Ya hay 10 denuncias en este sentido ante la CNDH. El GIEI “tomó nota de los detalles”, procederá a sistematizarlos y contrastarlos con los reportes policiacos y médicos y una vez estos datos “tengan consistencia haremos nuestra valoración”.
Pero sí advirtieron que “si se constata” la presencia de tortura en esos procesos penales “tendría consecuencias legales que en México se conocen bien”.
Unificación del expediente
Una de las recomendaciones centrales de los expertos al gobierno mexicano fue la integración de las más de 13 causas penales dispersas en seis juzgados de distintas ciudades (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Jalisco) y el internamiento de los presuntos responsables detenidos hasta ahora en tres penales de alta seguridad (Tepic, Jalisco y el Altiplano). Apuntan que de no unificarse la investigación podría perderse “la visión integral de los hechos” y se corre el riesgo de “pérdida de evidencia para los hechos conexos”.
Insistieron: “Se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El GIEI considera esta medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la “conexidad” de los delitos cometidos, lo que considera clave para determinar la responsabilidad y modus operandi.
