La procuraduría del estado de México las convoca a pactar una indemnización
Mario Patrón, Norma Jiménez, Stephanie Brewer, Edith Rosales y Bárbara Italia Méndez, durante la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProFoto Luis Humberto González
Emir Olivares e Israel Dávila
Reportero y corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 5 de mayo de 2015, p. 5
Martes 5 de mayo de 2015, p. 5
Mujeres víctimas de tortura sexual durante el operativo policiaco de hace nueve años en San Salvador Atenco advirtieron que la reparación real del ataque que sufrieron no pasa por lo económico, sino por el acceso a la verdad y la justicia.
Las 11 víctimas, quienes acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado mexicano, demandaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto no persista en el intento por evitar que el organismo internacional emita su informe sobre el caso.
Confiaron en que ese organismo internacional emita su resolución de fondo sobre los actos en su contra. Esto, para que entre las recomendaciones de la CIDH se pueda establecer la necesidad de investigar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo a las cadenas de mando y a quienes ocupaban cargos institucionales, entre ellos el entonces gobernador del estado de México y hoy titular del Ejecutivo federal, Peña Nieto, quien asumió públicamente haber ordenado el operativo.
En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, tres de las agredidas criticaron que en la Gaceta Oficial del estado de México se haya informado sobre la creación de un fideicomiso para dar apoyo económico a las mujeres que durante el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 (con elementos estatales y federales) sufrieron tortura sexual.
Edith Rosales lamentó que, lejos de buscar la justicia, las autoridades continúen obstaculizando el proceso. ‘‘El fideicomiso es una forma de dilación. Tratan de comprar nuestra dignidad, pagar por haber utilizado nuestro cuerpo. Con la reparación económica quieren terminar todo un proceso de lucha’’.
Otra de las víctimas, Norma Jiménez, indicó que continuarán su lucha sin importar cuánto tiempo más tengan que pelear por la justicia. A su vez, Stephanie Brewer, abogada del Centro Prodh, indicó que el fondo económico es un intento del Estado mexicano por postergar el informe de la CIDH, mismo que se podría presentar en la próxima sesión de esa comisión en junio.
Posteriormente, el organismo daría a las autoridades un periodo para cumplir con los exhortos y si el Estado mexicano no los cumple, el caso podría llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, en Toluca, el titular de la Procuraduría General de Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez, llamó a las 11 víctimas de tortura en los operativos de Atenco para que acudan al Instituto Estatal de Atención a Víctimas del Delito para pactar la indemnización que debe cubrir el gobierno mexiquense, como parte de la reparación del daño ocasionado por el Estado.
Aclaró que el Estado mexicano ha reconocido ante la CIDH la responsabilidad de violaciones a garantías individuales en el operativo policiaco de mayo de 2006, y ha manifestado su voluntad de avanzar en el cumplimiento de justicia.
