- Para las familias de los 43 desaparecidos esa misión es su ‘‘última esperanza’’
- El documento permitirá evaluar qué tanto se ha avanzado en la búsqueda de la verdad o bien qué tan lejos de este punto siguen estando las autoridades de la PGR y del estado de Guerrero
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Lunes 11 de mayo de 2015, p. 5
Lunes 11 de mayo de 2015, p. 5
El caso Ayotzinapa orilló al sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA) a echar a andar por primera vez un mecanismo de revisión, seguimiento y participación directa en un proceso de búsqueda e investigación judicial.
La intervención sin precedentes de una asesoría técnica para México, como la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluye esta semana su tercera fase de trabajo de campo. Su mandato vence en septiembre próximo, aunque se trata de un plazo prorrogable.
Para las familias de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, de los tres alumnos asesinados –uno de ellos por brutal tortura– y de dos más hospitalizados, en estado grave después de siete meses de los hechos de la noche del 26 de septiembre en Iguala, la misión de cinco especialistas en derecho penal, constitucional y de derechos humanos es, según su dicho, ‘‘nuestra última esperanza’’.
Este lunes, los expertos del GIEI rendirán su tercer informe, después de mes y medio de trabajo in situ. Este documento permitirá evaluar, con una vara de medición acordada por el Estado mexicano y los padres de los 43 normalistas, qué tanto se ha avanzado en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso emblemático. O bien, qué tan lejos siguen estando la Procuraduría General de la República (PGR) y las autoridades locales de Guerrero de este punto.
Así, en el peor de los escenarios, se puede alertar sobre el riesgo –muy real– de que las inconsistencias y omisiones de las autoridades judiciales dejen impune este caso. Es un riesgo latente frente a un expediente judicial que, a pesar de sus miles de fojas y decenas de tomos, descansa fundamentalmente en declaraciones ministeriales de presuntos victimarios que, en su mayoría, han admitido haber sido torturados.
Por la naturaleza de su misión, los cinco integrantes del GIEI, compuesto por juristas, ex fiscales y expertos en derechos humanos de sólido prestigio en América Latina –Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa– han trabajado lejos de los reflectores de la prensa y han evitado expresar valoraciones o juicios anticipados, al tiempo que han presentado a los medios de comunicación dos reportes preliminares informando sobre lo que han avanzado y lo que falta por hacer.
Titulado Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional, el convenio suscrito por el gobierno mexicano después de una negociación que se desarrolló en noviembre del año pasado, prevé que el grupo revise y evalúe los procesos de búsqueda de los jóvenes desaparecidos, que los familiares siguen sosteniendo como una prioridad; de investigación para esclarecer los hechos fuera de toda duda y determinar las responsabilidades penales y la atención al colectivo de víctimas conforme a derecho.
De este trabajo se derivan recomendaciones que se presentan a la PGR, no de manera retrospectiva al final de la misión de los expertos, sino que se van generando conforme a la marcha de esta investigación paralela. Otro componente del mandato es más general: revisión y recomendaciones a las políticas públicas para enfrentar el problema de las desapariciones forzadas en México.
En los dos informes previos (19 de marzo y 20 de abril) están contenidas algunas claves de los pasos que han logrado dar y los pendientes que ha podido precisar el GIEI. Una revisión de los dos reportes apunta hacia una investigación institucional retorcida e insuficiente, en la que es mucho mayor el camino por recorrer que lo que hasta ahora se ha hecho.
En el capítulo de la búsqueda de los 43 jóvenes, que se amplió drásticamente desde los primeros días con el descubrimiento de decenas de fosas clandestinas y numerosos cadáveres de personas secuestradas con anterioridad, en eventos distintos al ataque de la noche de Iguala, las acciones de la PGR, sus versiones oficiales y la ‘‘verdad histórica’’ presentadas por el ahora ex procurador general Jesús Murillo Karam, no resistieron las primeras revisiones.
Sólo por citar uno de los aspectos cuestionados, desde marzo pasado el GIEI solicitó a la procuraduría la entrega de más fotos satelitales para analizar el cerro de Cocula donde se ubica el basurero en el que presuntamente se encendió una pira que incineró a los 43 muchachos. El material suministrado hasta ahora ha sido insuficiente.
En abril se amplió esta recomendación con la petición de realizar búsquedas en dos sitios nuevos, el aseguramiento de los lugares donde se han encontrado fosas y el mapeo de la zona, detallando el lugar de los hallazgos. Se pidió la aplicación de recursos técnicos y la incorporación de las familias en los ejercicios de búsqueda para dar confiabilidad al proceso.
En este renglón, vital, queda pendiente la aplicación de protocolos de búsqueda que sean compatibles con estándares internacionales y que además constituyan una herramienta útil para situaciones similares en todo el territorio nacional. Estos protocolos aun no están siendo operados.
En cuanto a la investigación, desde el 19 de marzo el GIEI pidió que todos los expedientes, dispersos contra toda lógica en seis entidades (Guerrero, Tamaulipas, estado de México, Guerrero, Distrito Federal y Tamaulipas), se concentren en la sede de la PGR. Son 13 causas penales fragmentadas en seis juzgados por un mismo hecho delictivo.
Esta dispersión obstaculiza el seguimiento de las investigaciones y permite que, contra toda evidencia, el caso del joven normalista Julio César Mondragón, brutalmente torturado y asesinado en los hechos de Iguala, se persiga como delito del fuero común por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, sin conexión alguna con el expediente de Ayotzinapa, siendo que la víctima era normalista y viajaba con el resto del grupo atacado. El único detenido como presunto responsable se halla recluido en Veracruz, en una causa penal distinta.
Otra petición presentada verbalmente a principios de marzo, y por escrito a principios de abril, fue el acceso del GIEI al 27 batallón del Ejército en Iguala, para realizar entrevistas con todos los soldados que estuvieron en la zona la noche de los hechos. La autoridad respondió que sí permitiría el acceso, pero no se ha concretado la fecha. La PGR pretende que las preguntas del grupo de expertos sean ‘‘transmitidas’’ a los militares por intermediación de los agentes federales mexicanos. Esta negociación continúa.
En el informe de avances del 20 de abril, el grupo de expertos indicó que ya había tenido acceso a los detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit. Se trata en su mayoría de policías municipales de base, algunos mandos y autoridades de Iguala y varios presuntos integrantes del crimen organizado. Todos ellos dependen de defensores de oficio radicados en Guerrero; nadie cuenta con abogados particulares. Se comunican con sus defensores por videoconferencia una vez cada tres meses. En algunos casos han presentado denuncias de tortura ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En cuanto a la tercera línea de acción del grupo, la atención a víctimas, en los reportes de marzo y abril destaca la falta de respuesta de las autoridades mexicanas a la petición expresa de mejorar la atención médica del estudiante Aldo Gutiérrez Solano, quien la noche del 26 de septiembre recibió un tiro en la cabeza. Desde entonces se encuentra en coma. Actualmente es atendido en un hospital del DF.
Integrantes del equipo
Ángela Buitrago, penalista colombiana, ex fiscal ante la Corte Suprema de Justicia para los casos de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia y varios casos de corrupción y espionaje político telefónico.
Claudia Paz y Paz, primera fiscal general de Guatemala, formada en el campo de los derechos humanos, promotora de reformas en el sistema de justicia con los que se logró el juicio por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt y el desmantelamiento de grupos de zetas en el país centroamericano.
Carlos Martín Beristain, de nacionalidad española, sicólogo especializado en atención integral a víctimas, coordinador del informe postconflicto Guatemala: nunca más, con experiencia en Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y el Sahara.
Francisco Cox Vial, constitucionalista chileno, integrante del equipo que trabajó por la extradición del dictador Augusto Pinochet de España y asesor de la CIDH.
Alejandro Valencia Villa, colombiano, ex consultor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
