30 DE DICIEMBRE DE 2014
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| Celebran misa en Ayotzinapa por normalistas desaparecidos. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “la conexión entre la impunidad por los crímenes de la ‘guerra sucia’ y los trágicos acontecimientos sufridos recientemente” en el país con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.
En el reporte sobre el 153 Periodo de Sesiones de la CIDH, realizado del 23 de octubre al 7 de noviembre, los ocho comisionados presididos por Tracy Robinson, y con Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo, tuvieron presente el caso de los ataques armados a normalistas el 26 y 27 de septiembre, en los que perdieron la vida seis personas, 20 resultaron lesionadas y 43 fueron desaparecidas.
En la revisión de las audiencias llevadas a cabo en Washington, el documento da cuenta de los cinco campos temáticos abordados con el Estado mexicano y organizaciones civiles.
Entre los temas destacan el Programa Nacional de Derechos Humanos de México; denuncias por la “destrucción biocultural” debido a la construcción de megaproyectos; la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp); denuncias de “impunidad por las graves violaciones a derechos humanos”, y “Derechos humanos y protesta social”.
En el informe la CIDH “lamentó los dramáticos hechos acaecidos recientemente” y que pusieron a México en la mirada internacional, en específico los casos de los estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México.
Enseguida, el organismo regional manifestó su interés “por conocer las medidas que tomará (el gobierno de Enrique Peña Nieto) para dar respuesta a estos graves hechos, en particular la relativa a la implementación de protocolos de búsqueda de personas desaparecidas”.
La CIDH, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación por “la conexión entre la impunidad por los crímenes de la ‘guerra sucia’ y los trágicos acontecimientos sufridos recientemente en el país”, más aún porque “a la fecha sólo existiría una condena por los crímenes de esa época y que no había sido ejecutada por la avanzada edad del imputado (el expresidente Luis Echeverría Álvarez)”.
Al abordar el tema de la alarmante impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos en México, la CIDH alertó sobre “la necesidad de generar un cambio en la cultura institucional de las autoridades encargadas de aplicar la ley”.
En el reporte, el organismo interamericano consideró que las graves violaciones a derechos humanos denunciadas por organizaciones civiles “no son una realidad que se limita únicamente a las entidades federativas donde éstas se producen, sino que el gobierno federal tiene el deber de desarrollar mecanismos pertinentes para ejercer una función más concreta de supervisión y control de lo que en estos casos ocurre en esos estados”.
Durante el 153 periodo de sesiones, la CIDH expresó su preocupación por la tendencia por parte de las autoridades mexicanas “a restringir la libertad de expresión y la protesta social en el país desde 2012”, año del regreso del PRI a la Presidencia.
El talante represivo, continuó, se expresa tanto en iniciativas legislativas encaminadas a la “regulación del espacio público para manifestaciones sociales”, el “uso del derecho penal”, así como “el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las manifestaciones no sólo contra los que hacen parte de ella, sino contra las personas que documentan su desarrollo”.
En su informe, el organismo dio cuenta de que los representantes del gobierno de Peña Nieto reconocieron que casos como el de Tlatlaya y de Iguala, ocurridos en junio y septiembre del año que termina, “ponen a prueba los avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos”.
El documento del organismo resalta que en la audiencia “el Estado mexicano manifestó su compromiso de investigar los hechos, sancionar a los responsables, dar atención a las víctimas y dialogar con sus representantes”.
Ante los señalamientos de ONG por la ausencia de verdad y justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos, la CIDH asentó el reconocimiento del Estado mexicano de “fallas estructurales profundas” en el sistema de justicia y de forma destacada admitió que en el proceso de investigación de los delitos cometidos en el pasado “los resultados de la Femospp fueron muy limitados”.
Durante el 153 periodo de sesiones de la CIDH, “las organizaciones de la sociedad civil plantearon que la impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos continúa siendo una constante estructural e histórica, a pesar de diversas reformas en materia de justicia y derechos humanos”, se puntualiza en el reporte.
En el informe se asentó la posición de los activistas sobre el “fenómeno de la impunidad”, que es el resultado de “la falta de capacidad institucional de las agencia de investigación”, así como por “la falta de voluntad de las propias autoridades para investigar y sancionar casos en los que encuentran involucrados integrantes de sus propias instituciones.
El reporte del último periodo de sesiones de la CIDH da cuenta de las 53 audiencias públicas celebradas y de 31 reuniones sobre casos y medidas cautelares, así como de los encuentros con representantes de Estados, peticionarios y organizaciones de la sociedad civil de la región, entre otras actividades.
Durante el 153 periodo de sesiones, los comisionados tuvieron información, además de México, de la situación de derechos humanos en Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Cuba, Jamaica, Venezuela, Guatemala, Argentina, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Perú y Paraguay.
