Lamentan que aún no haya policías detenidos ni consignados
Las mujeres mexicanas no andan de revoltosas; deberían estar en su casa haciendo tortillas”, le gritó un policía a Claudia Hernández cuando intentó violarla.
Claudia, estudiante universitaria, fue detenida junto con ocho personas la mañana del 4 de mayo de 2006 en una casa en San Salvador Atenco, estado de México. En es entonces ella tenía 22 años.
Los acusaban de participar en los hechos violentos del 3 de mayo luego de que se disolvió una manifestación de floristas que apoyaban al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El saldo, más de 270 detenidos, entre ellos 47 mujeres, de las cuales 26 sufrieron agresiones sexuales.
A Claudia se le quiebra la voz cuando recuerda que fue obligada a puñetazos a subirse a un camión y cubrirse la cara con su propia blusa. Cuando sus pechos quedaron al descubierto, un policía la manoseó.
Oía los gritos de otras mujeres que pedían que ya no les hicieran daño. Hombres y mujeres fueron apilados, uno sobre otro, para poder controlarlos. A ella le tocó estar encima de esa pila humana. Veía brazos, manos y ropa llena de sangre.
Como los gritos no paraban, los policías los golpearon con sus macanas.
Uno de los elementos policiacos intentó violarla. Cuando se dio cuenta que estaba menstruando, le introdujo objetos en la vagina. Nunca dejó de golpearla e insultarla.
Después de seis horas, los detenidos fueron trasladados al penal de Santiaguito. Ahí continuaron las vejaciones. Los pusieron en fila contra la pared. Vio cómo un policía violó a una joven que estaba a su lado.
Le bajaron su pantalón y a golpes la obligaron a inclinarse. En ese momento un policía entró y les dijo que ya le pararan, que los medios de comunicación estaban afuera y podían darse cuenta de todo. “Los policías se enojaron, dijeron que apenas empezaban a divertirse”, relató Claudia.
Pasó casi 25 días detenida, acusada de obstruir las vías de comunicación, y pagó una fianza de 14 mil pesos.
Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lamentó que, a tres años de los hechos violentos en Atenco y de las agresiones sexuales a las mujeres, no haya detenidos ni consignados.
Una de las afectadas, quien fue obligada a realizarle sexo oral a dos elementos, reconoció a uno de sus agresores, pero fue juzgado por actos libidinosos, que es un delito no grave. Vivió su proceso en libertad y pudo salir bajo fianza porque la pena de cárcel era de tres años.
Seis elementos policiacos fueron juzgados por abuso de autoridad, no por tortura, pese a que golpearon sistemáticamente a una familia (abuelo, madre e hijo).
Las mujeres detenidas sufrieron tortura, tratos inhumanos y degradantes, agresiones sexuales y verbales, explicó.
“Aprovechando el escenario de pánico, los policías hicieron un uso brutal e indiscriminado de la fuerza pública”, señaló.
Llamado internacional
Por la dilación en la impartición de la justicia, el Centro Pro Juárez inició una campaña internacional para denunciar la impunidad y encubrimiento que prevalece en el caso Atenco.
En abril de de 2008 presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno mexicano cumpla con su obligación de garantizar la justicia a todos los mexicanos, ya que ha quedado demostrado la ineficacia de las autoridades.
Resaltó que el 12 de febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó las violaciones a los derechos humanos cometidos en Atenco entre ellas, las violaciones sexuales y se acreditó la veracidad de las acusaciones, con lo que quedó al descubierto el dolo con que las autoridades han procedido en este caso.
Luis Arriaga criticó que con todos elementos, la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevimtra), aún no concluya con las investigaciones.
El Centro Pro y otras organizaciones como Amnistía Internacional, pidieron en una carta pública al presidente Felipe Calderón que se comprometa a proteger los derechos humanos como los de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente en Atenco. “Qué está usted esperando, el mundo está observando”, se lee en el desplegado.
“Las mujeres continúan en espera de atención y apoyos garantizados por la Constitución y por los estándares internacionales de derechos humanos. Esto pone en evidencia las deficiencias estructurales del sistema de justicia y cómo este sistema solapa la impunidad”, expresó.
Jaqueline Saenz, abogada del Centro Pro, explicó que se apoya a las 11 mujeres que decidieron continuar con la denuncia.
“Por la misma naturaleza (del ataque) se puede presumir que fueron más pero no todas denuncian”, dijo.
De los principales obstáculos legales, dijo que inició con la deficiente integración de la averiguación, investigaciones, ya que cuando son de naturaleza sexual son determinantes.
“El proyecto de dictamen de la comisión de investigación del caso de la Suprema Corte señala las deficiencias que hubo en las investigaciones y sobre todo en las primeras que son las fundamentales para poder establecer este tipo de delitos y poderlos probar fehacientemente”, dijo.
—¿Persiste la impunidad dentro de los cuerpos policiacos?
—Sí, totalmente. Hay una falta total de transparencia en su actuación. Persiste la impunidad y el encubrimiento.
—¿Hay inequidad de género en la impartición de justicia?
—Sí, y los procedimientos no son los adecuados cuando están involucradas las mujeres.
“El principal obstáculo es la falta de voluntad de las autoridades. Eduardo Medina Mora fue uno de los que planearon el operativo como secretario de Seguridad Pública ahora procurador general de la República. En otro país vendrían la renuncia del gobernador (Enrique Peña) y del propio Medina Mora”, dijo.
