HERMANN BELLINGHAUSEN (ENVIADO)
Detenciones en San Salvador Atenco en mayo de 2006 Foto: Archivo/Alfredo Domínguez
Molino de Flores, Méx. 31 de agosto. Detrás de su vitrina, como en una pecera, el juez primero Alberto Contreras va y viene, revisa gordos legajos, come melón de un tupperware, recibe o entrega documentos a su secretaria, que entra y sale. De esta persona depende la pronta liberación o no de los presos políticos de San Salvador Atenco, hoy tan cerca de él y sin embargo tan lejos.
Desde la aglomerada sala de audiencias, la oficina del juez Contreras luce iluminada. Toda una puesta en escena de la “transparencia”. En contraste, al otro extremo de la sala está la vitrina de los presos. Opaca, apenas permite distinguir sus siluetas en piyama azul de preso. Además están las rejas tras el vidrio. Por un pequeño orificio sacan dos dedos para tocar a sus familiares y amigos, y tratan de comunicar algunas frases por encima del barullo de escribanos, agentes ministeriales, visitantes, testigos, fiscales, abogados, ujieres, vigilantes.
Desde su vitrina, el juez Contreras no mira al otro lado de la sala. Tarde o temprano deberá hacerlo; por más que las instancias judiciales se esmeran en hacer lento el proceso, se acerca el día en que deberá dictar sentencia. Además de los volúmenes de leyes y tratados que pueblan sus libreros, hay una presencia inquietante, y contradictoria en términos de la división de poderes.
Los versículos enmicados del Deuteronomio pegados con diúrex en los dos ventanales del juez Contreras, que ensalzan la justicia recta e incorruptible en términos bíblicos, no mitigan la elocuencia del retrato oficial del gobernador Enrique Peña Nieto sobre la cabeza del juzgador. Como en cualquier otra oficina gerencial del gobierno mexiquense. Yo que pensaba que el Poder Judicial era independiente del Ejecutivo. No sé qué diga el Antiguo Testamento, pero de seguro está en la Constitución.
El juez Contreras se muestra activo, consciente de su presencia escénica, aunque en realidad nadie lo observa. En la sala todo mundo tiene algo más importante qué hacer. Desde su opaca vitrina, dentro de un cuarto de muros desnudos, de pie, en doble fila, tratando de aproximarse al vidrio, hablar, hacer alguna señal, están los 19 presos de Atenco recluidos en este penal texcocano. Diez permanecen en Santiaguito y hay tres sentenciados a perpetuidad en la cárcel de alta de seguridad de La Palma.
Los reos tienen algunas preguntas para el juez Contreras, pero desde allí donde están no alcanzan al vecino despacho del magistrado. Hay mucho barullo. Y además, de cuándo acá son los presos los que preguntan. Faltaba más. Quizá por por eso un agente de Ministerio Público interrumpe casi candorosos los cuestionamientos de los reos.
“Señor juez”, preguntan, “¿por qué seguimos tras las rejas si no hay parte acusadora? ¿Por qué nos sigue negando la libertad sin argumentos ni testigos? Los incidentes procesales ni siquiera se leen pero se dictan nuevas actas de prisión. No hay flagrancia ni investigacción previa. ¿Bajo qué elementos nos retienen, sin autos de formal prisión?”
En la sala también se encuentran un buen número de los procesados después de la ocupación de Atenco. Vienen a rendir declaración, pues siguen siendo “culpables”. Están Pedro Alvarado Delgado y Barbara Italia Méndez, víctimas de la represión en mayo de 2006, ex presos, cuyo caso ha sido retomado por Amnistía Internacional. Está el trabajador telefonista Jorge Salinas, visto en el mundo entero con la cabeza y el rostro ensangrentados, arrastrado por policías y con la mano destrozada.
¿Será este el mundo del revés? Son los acusados, siendo que ellos podrían ser los acusadores de la barbarie que padecieron; del proceso bajo consigna, sesgado y difamatorio. El 5 de junio de 2006 fue la primera audiencia en Santiaguito, para que declararan 70 policías y testigos. Tras un año y 30 audiencias, este 14 de mayo comparecieron los últimos cuatro agentes. En condiciones normales debió tomar tres días. ¿Qué explicación tendrá para esto el juez Contreras?
