El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó por unanimidad modificar los términos del mandato otorgado a la Comisión Investigadora para el caso Atenco, a fin de que se adecúe a las reglas aprobadas para ejercer la facultad establecida en el Artículo 97 constitucional.
El alto tribunal aprobó que el informe preliminar y el dictamen de la comisión se sujete a lo establecido en las reglas aprobadas el pasado 20 de agosto, y que precisan que no se deben proponer formas de reparación del daño por la violación a garantías individuales y que no se adjudiquen responsabilidades penales.
En ese sentido la Comisión Investigadora, integrada por los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro González Bernabé, conserva su facultad para detallar los nombres y cargos de las autoridades involucradas en los hechos.
Cuatro ministros se pronunciaron porque la comisión sí tuviera la facultad de proponer opciones sobre cómo reparar los daños por esas violaciones, y dos más reiteraron que en la votación efectuada el pasado 6 de febrero propusieron que el alto tribunal no ejerciera su facultad de investigación.
El ministro Ramón Cossío Díaz manifestó que coincidía con el proyecto, pero subrayó que no encontró fundamento para eliminar la posibilidad de que los magistrados pudieran proponer las formas de cómo reparar la violación de garantías individuales, sean jurídicas o civiles.
El integrante de la SCJN votó a favor de que se elimine la identificación de responsabilidades, pero expuso: "Me parece que los magistrados podrían decir que las formas de reparación pueden tener tales o cuales características".
Con Cossío Díaz coincidieron el ponente del proyecto de modificación de mandato, Juan Silva Meza, y los ministros Fernando Franco González Salas y Genaro Góngora Pimentel.
La comisión planteó una serie de dudas sobre la conducción de las investigaciones y la elaboración del respectivo informe preliminar y dictamen, a partir de la publicación del acuerdo 16/2007 que contiene las reglas a las que deberán sujetarse, pues de ello tienen que informar a los poderes Ejecutivos federal y del estado de México
Silva Meza advirtió que como la investigación ya se había hecho,aplicar las reglas emitidas podría implicar una implementación retroactiva de normas, lo que no ocurre con el caso Lydia Cacho y Oaxaca.
A su vez, Mariano Azuela consideró que la consulta sólo se refería a "meras aclaraciones secundarias", pues en ninguna ocasión se establece que la comisión determine las responsabilidades, ni cuáles serían las reparaciones por daños a garantías individuales.
En tanto, Sergio Valls Hernández indicó que es congruente que la investigación se haga con los lineamientos del acuerdo, a fin de que no se adjudiquen responsabilidades de algún tipo.
En tal situación, la Comisión Investigadora tendrá como objetivo indagar por qué se dieron esas violaciones, si alguien las ordenó, si obedeció a una estrategia estatal; si la situación fue rebasada por los hechos o por la deficiente capacitación de los policías.
