Una mujer y dos hombres con órdenes de aprensión
Por Hypatia Velasco Ramírez
México, DF, 3 sep 07 (CIMAC).- El pasado 28 de agosto el Juez noveno de Distrito en el estado de México, Mauricio Torres Martínez, emitió una resolución donde concede el amparo y protección de la justicia federal a favor de Martha Pérez Pineda, Ulises Del Valle Ramírez y David Pájaro Huertas, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Las órdenes de aprensión contra Martha, Ulises y David se giraron el 4 de mayo en San Salvador Atenco, Estado de México, luego de que desde un día antes se llevaron a cabo en el lugar operativos policíacos, con el fin de detener a integrantes y simpatizantes del FPDT.
Ese día elementos de la policía estatal se llevaron a 47 mujeres, de las cuales 26 fueron víctimas de abuso sexual y violación.
En conferencia de Prensa Leonel Rivero, uno de los abogados del FPDT, explicó esta tarde que “los tres casos son averiguaciones previas que datan del 2002 y que en el acuerdo celebrado el 18 de agosto de 2003 entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de México se determinó archivarlos”.
No obstante, durante los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Salvador Atenco, el MP determinó reabrir las averiguaciones previas y el 4 de mayo solicitó la orden de aprehensión al juez competente quien de esta manera las liberó, denunció Rivero.
Desde entonces Martha, Ulises y David tuvieron que esconderse.
Leonel Riveró apuntó que “la trascendencia de este hecho se basa en que por primera vez un juez toma la decisión de entrar al fondo del asunto y analizar la legalidad de las tres órdenes de aprehensión que giraron los jueces en Texcoco”.
Órdenes de aprensión que fueron consideradas ilegales por el juez Mauricio Torres Martínez, responsable de emitir la resolución que permitió la liberación de Marta, Ulises y David.
EL VÍA CRUCIS DE MARTHA
Durante la conferencia Martha aseguró que nunca imaginó que en Salvador Atenco llegara una represión de “esa magnitud”.
“En este tiempo tuve que mantenerme oculta, cambiar mi manera de vestir, los primeros meses fueron muy difíciles. Tenía miedo de involucrar a las personas que me tenían en sus hogares, pero también tomaba fortaleza porque nuestra lucha es digna”.
Finalmente, dijo, “llegue a presentarme en Atenco, pero me cambié de nombre y de forma de vestir y me presentaba pero siempre llena de temor”.
Esta resolución, dijo Martha, representa la primera decisión de fondo emitida por el Poder Judicial de la Federación para liberarnos, luego de que para otros amparos promovidos –por personas detenidas y escondidas por lo ocurrido en San Salvado Atenco el año pasado-- se ha dictado auto de formal prisión.
Asimismo, “la trascendencia de este hecho radica en que Torres Martínez es el mismo juez que tiene conocimiento de los amparos presentados por los detenidos en Texcoco, Estado de México, en el Penal de Molino de Flores --lugar donde se encuentran tres de las cuatro mujeres detenidas luego de los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006--, así como de los procesados con libertad bajo caución al ser acusados de conductas delictuosas, las cuales han quedado plenamente desacreditadas por las pruebas ofrecidas a los largo del juicio”.
Luego de lo ocurrido en San Salvado Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, todavía están en prisión 4 mujeres: Edith Rosales, Mariana Selvas y la indígena mazahua Magdalena García están en el penal de Molino de Flores, y Patricia Romero que se encuentra en el Penal de Santiaguito
AMÉRICA DEL VALLE
En el caso de América del Valle Ramírez, Adán Espinosa Rojas y Bernardino Cruz Cardona, también se les concedió un amparo para retirar los cargos de los que fueron acusados por los hechos del 3 y 4 de mayo: privación de la libertad, robo de vehículo y robo agravado, razón por la que actualmente se encuentran escondidos.
No obstante, y a pesar de este amparo, los jueces que tienen en sus manos las causas penales por las que se les acusa a los tres dictaron una nueva resolución para mantener la petición de orden de aprehensión en contra de ellos, la cual se remitirá a un juez de Texcoco, explicaron Martha y el abogado.
“Con esta decisión, ellos continúan siendo rehenes del gobierno, a pesar de que no hay elementos de prueba para demostrar la culpabilidad en los delitos por los que se les acusa”, denunció Martha.
En su opinión, la resolución de sostener una orden de aprehensión en contra de América del Valle, así como la sentencia de 67 años y medio de cárcel para Ignacio del Valle, su padre, Felipe Álvarez y Héctor Galindo “es una muestra de que los gobierno federal y estatal se empeñan en llevar adelante su venganza, a pesar de la falta de argumentos jurídicos, como se ha demostrado con los últimos amparos concedidos”.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) es una organización que nació en el 2001 para impedir que el gobierno federal expropiara 5 mil hectáreas de sus comunidades para la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México.
El FPDT esta liderado por América del Valle, Ignacio del Valle Medina, Jesús Adán Espinosa, Felipe Álvarez Hernández, David Pájaro Huerta y Bernardino Cruz Cardona.
07/HVR/CV
Por Hypatia Velasco Ramírez
México, DF, 3 sep 07 (CIMAC).- El pasado 28 de agosto el Juez noveno de Distrito en el estado de México, Mauricio Torres Martínez, emitió una resolución donde concede el amparo y protección de la justicia federal a favor de Martha Pérez Pineda, Ulises Del Valle Ramírez y David Pájaro Huertas, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Las órdenes de aprensión contra Martha, Ulises y David se giraron el 4 de mayo en San Salvador Atenco, Estado de México, luego de que desde un día antes se llevaron a cabo en el lugar operativos policíacos, con el fin de detener a integrantes y simpatizantes del FPDT.
Ese día elementos de la policía estatal se llevaron a 47 mujeres, de las cuales 26 fueron víctimas de abuso sexual y violación.
En conferencia de Prensa Leonel Rivero, uno de los abogados del FPDT, explicó esta tarde que “los tres casos son averiguaciones previas que datan del 2002 y que en el acuerdo celebrado el 18 de agosto de 2003 entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de México se determinó archivarlos”.
No obstante, durante los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Salvador Atenco, el MP determinó reabrir las averiguaciones previas y el 4 de mayo solicitó la orden de aprehensión al juez competente quien de esta manera las liberó, denunció Rivero.
Desde entonces Martha, Ulises y David tuvieron que esconderse.
Leonel Riveró apuntó que “la trascendencia de este hecho se basa en que por primera vez un juez toma la decisión de entrar al fondo del asunto y analizar la legalidad de las tres órdenes de aprehensión que giraron los jueces en Texcoco”.
Órdenes de aprensión que fueron consideradas ilegales por el juez Mauricio Torres Martínez, responsable de emitir la resolución que permitió la liberación de Marta, Ulises y David.
EL VÍA CRUCIS DE MARTHA
Durante la conferencia Martha aseguró que nunca imaginó que en Salvador Atenco llegara una represión de “esa magnitud”.
“En este tiempo tuve que mantenerme oculta, cambiar mi manera de vestir, los primeros meses fueron muy difíciles. Tenía miedo de involucrar a las personas que me tenían en sus hogares, pero también tomaba fortaleza porque nuestra lucha es digna”.
Finalmente, dijo, “llegue a presentarme en Atenco, pero me cambié de nombre y de forma de vestir y me presentaba pero siempre llena de temor”.
Esta resolución, dijo Martha, representa la primera decisión de fondo emitida por el Poder Judicial de la Federación para liberarnos, luego de que para otros amparos promovidos –por personas detenidas y escondidas por lo ocurrido en San Salvado Atenco el año pasado-- se ha dictado auto de formal prisión.
Asimismo, “la trascendencia de este hecho radica en que Torres Martínez es el mismo juez que tiene conocimiento de los amparos presentados por los detenidos en Texcoco, Estado de México, en el Penal de Molino de Flores --lugar donde se encuentran tres de las cuatro mujeres detenidas luego de los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006--, así como de los procesados con libertad bajo caución al ser acusados de conductas delictuosas, las cuales han quedado plenamente desacreditadas por las pruebas ofrecidas a los largo del juicio”.
Luego de lo ocurrido en San Salvado Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, todavía están en prisión 4 mujeres: Edith Rosales, Mariana Selvas y la indígena mazahua Magdalena García están en el penal de Molino de Flores, y Patricia Romero que se encuentra en el Penal de Santiaguito
AMÉRICA DEL VALLE
En el caso de América del Valle Ramírez, Adán Espinosa Rojas y Bernardino Cruz Cardona, también se les concedió un amparo para retirar los cargos de los que fueron acusados por los hechos del 3 y 4 de mayo: privación de la libertad, robo de vehículo y robo agravado, razón por la que actualmente se encuentran escondidos.
No obstante, y a pesar de este amparo, los jueces que tienen en sus manos las causas penales por las que se les acusa a los tres dictaron una nueva resolución para mantener la petición de orden de aprehensión en contra de ellos, la cual se remitirá a un juez de Texcoco, explicaron Martha y el abogado.
“Con esta decisión, ellos continúan siendo rehenes del gobierno, a pesar de que no hay elementos de prueba para demostrar la culpabilidad en los delitos por los que se les acusa”, denunció Martha.
En su opinión, la resolución de sostener una orden de aprehensión en contra de América del Valle, así como la sentencia de 67 años y medio de cárcel para Ignacio del Valle, su padre, Felipe Álvarez y Héctor Galindo “es una muestra de que los gobierno federal y estatal se empeñan en llevar adelante su venganza, a pesar de la falta de argumentos jurídicos, como se ha demostrado con los últimos amparos concedidos”.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) es una organización que nació en el 2001 para impedir que el gobierno federal expropiara 5 mil hectáreas de sus comunidades para la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México.
El FPDT esta liderado por América del Valle, Ignacio del Valle Medina, Jesús Adán Espinosa, Felipe Álvarez Hernández, David Pájaro Huerta y Bernardino Cruz Cardona.
07/HVR/CV
