Molino de Flores, Mex., 1º de septiembre. Las cárceles mexicanas que ahora albergan “presos políticos” cambian de aspecto mientras los tienen dentro. Como su “delito” es la inconformidad no están solos. Pertenecen a grupos organizados. No son delincuentes. En este penal en los bosques vecinos de Texcoco, algunos están tras las rejas por realizar actos de solidaridad unos, de protesta otros, y por pertenecer a la otra campaña y/o al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de Atenco.
Hay movilización, en particular cuando se celebra audiencia. En el estacionamiento del penal, como en Santiaguito, donde permanecen otros 10 presos “de Atenco”, se ha establecido un campamento de compañeros, amigos, familiares que los cuidan, acompañan y visitan cuando es posible. Una pinta de las muchas que tatúan a la modesta cárcel estatal: “No queremos presos políticos, queremos políticos presos”. Todo un plan de lucha si uno se fija bien. ¿Cuándo serán políticos, funcionarios y policías los encerrados y juzgados por corrupción, asesinato, tortura, manipulación de las leyes y la verdad?
Magdalena García Durán, Edith Rosales Gutiérrez, Mariana Selvas Pineda, Martín Garrido Romero, Vicente García Munguía, Óscar Hernández Pacheco, David Medina Neri, Juan Carlos Estrada Cruces, Guillermo Selvas Pineda, Cecilio Ramírez Espinoza, Rufino González Rojas, Edgar Eduardo Morales Reyes, César del Valle Ramírez, Narciso Arellano Hernández, Jorge Armando Ramírez Aguilar y Juan Ramírez Romero llevan encerrados un año y cuatro meses. Apenas está por cerrar la instrucción, y esperarán sentencia. Los abogados calculan que eso podría tomar hasta tres meses. “Se irá el año”, comenta la madre de uno de ellos. Existe posibilidad de que se resuelva un amparo en favor de los detenidos, con lo cual la agonía podría reducirse algunas semanas.
Tan sólo Magdalena, comerciante y dirigente mazahua, presa por consigna directa del ejecutivo estatal para “enfriar” la inconformidad indígena y darle un escarmiento ejemplar a su pueblo por el delito de no dejarse, debió ser liberada el 27 de diciembre de 2006 por falta de elementos de culpa. Gracias a “trámites burocráticos” injustificados sigue en la hielera nueve meses después. Y los que faltan, por más que Amnistía Internacional haya exhibido su caso al mundo entero.
En Molino de Flores se instaló un plantón este 7 de mayo, cuando los mencionados fueron traídos de Almoloya de Juárez. Un comedor, un dormitorio, una “cabina de radio” estrictamente local, un punto de encuentro, un “estorbo” en el estacionamiento. Hace dos semanas, la PGR decidió ponerle una guardia de la Agencia Federal de Investigaciones las 24 horas del día. Sus participantes son vigilados, espiados e intimidados permanentemente por los judiciales en patrulla, armados.
Para sostener la decisión política de hacer “delincuentes” a los activistas, el gobierno de Enrique Peña, con respaldo federal, dispuso el rosario de irregularidades que señala la defensa de los presos: detención sin orden de aprehensión, cateos sin autorización, acusaciones genéricas, falta de firma ministerial en la declaración del policía Juan Jesús Estrada, el principal acusador. Además, denuncias idénticas de otros policías, superposición de pruebas, imposición de jueces “que reciben órdenes superiores”, evidente desvanecimiento de las acusaciones contra todas las presas. Un modelo de “legalidad” y “justicia” como quien dice.
