Si hay Voluntad - Helguera

Se inconforma la defensa de Magdalena García

Israel Dávila, corresponsal, La Jornada, Toluca, Méx., 8 de febrero. Exige que juez acate amparo en favor de la indígena. La defensa de Magdalena García Durán, mazahua detenida durante los operativos policiacos en Atenco durante mayo pasado, presentó un escrito de inconformidad al juez primero de distrito en materia de amparos y juicios civiles del estado de México por el incumplimiento del juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado, del amparo otorgado en favor de la indígena.

Bárbara Zamora, abogada de García Durán, expresó que en el escrito se exige al juez de distrito que haga cumplir su determinación, para que la mazahua sea puesta en libertad ante la falta de elementos para procesarla por los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación que se le imputan.

La semana pasada, el juez encargado de procesar a los detenidos durante la incursión policiaca en Atenco, Jaime Maldonado, resolvió dictar un nuevo auto de formal prisión (el tercero en contra de García Durán), a pesar de que no existen pruebas que la acusen directamente de haber participado en los delitos que se le imputan, comento su abogada. “Esperamos que a más tardar el lunes, el juez primero de distrito, Willy Vega, determine que no se cumplió su sentencia y ordene a Maldonado acatar su determinación.

No es posible que se haya dictado un nuevo auto de formal prisión si el juez de distrito había considerado que no existen elementos para procesarla”, apuntó. Bárbara Zamora sostuvo que si Magdalena García Durán permanece en la cárcel es por “capricho o consigna” de Maldonado, quien pretende sustentar su tercer auto en mil 360 fojas, en las que sólo se repiten y transcriben declaraciones de policías, que no acusan directamente a la indígena.

La abogada indicó que ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a investigar el asunto de Atenco, se solicitará que se incluya la actuación que ha tenido el juez Maldonado durante los juicios contra los detenidos el 3 y 4 de mayo pasado. “El proceso ha estado plagado de irregularidades y no se han cumplido los ordenamientos procesales, lo cual también vulnera las garantías constitucionales de los detenidos”, manifestó.

“Nosotros agregó, ya expresamos algunos razonamientos a la Suprema Corte en este sentido, pero abundaremos para que no dejen afuera este aspecto de los procesos irregulares que instruye Maldonado en contra de los pobladores de San Salvador Atenco”, concluyó la defensora.

Ignacio del Valle continuará en penal de máxima seguridad: TSJ

Israel Dávila, corresponsal

Toluca, Méx. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México aclaró que el amparo otorgado a Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, sólo es para que se resuelvan su situación jurídica y le dicten un nuevo auto de formal prisión.

Sin embargo, aclaró que no se le otorgó la protección de la justicia federal para que sea trasladado a otro centro penitenciario por lo que continuará recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes la Palma.

Por otro lado, el gobernador Enrique Peña manifestó su voluntad de colaborar con la Corte que investigará los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, y declaró que si de esta indagatoria se desprenden nuevas responsabilidades para servidores públicos se aplicará la ley contra quien resulte responsable.

Ignacio del Valle obtiene amparo

Israel Dávila

Toluca, Mex., 6 de febrero. Tres pobladores de San Salvador Atenco, entre ellos Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), obtuvieron un amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra por los delitos de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación.

Además del dirigente, preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, obtuvieron amparos su hijo, César del Valle, y Narciso Arellano Hernández, recluidos en la cárcel estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Este es el cuarto amparo concedido a los detenidos en los hechos violentos ocurridos de Atenco en mayo de 2006, cuando fueron aprehendidas más de cien personas. El primero fue otorgado a la indígena mazahua Magdalena García Durán.

Las suspensiones provisionales fueron emitidas por el juez primero de distrito en materia amparos y juicios civiles del estado de México, Willy Vega Ramírez, quien ordenó al juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado Salazar, rectificar sus fallos y emitir nuevos que no se fundamenten en acusaciones genéricas.

Vega Ramírez consideró que el auto de formal prisión dictado por Maldonado el 31 de agosto pasado presenta inconsistencias, ya que sólo transcribió las acusaciones del Ministerio Público contra los detenidos sin hacer una valoración jurídica de las pruebas.

Bárbara Zamora, abogada de Ignacio del Valle, acreditó ante el juzgado de amparo que el líder del FPDT no pudo participar en los secuestros de funcionarios que se le imputan ni en el bloqueo a la carretera a Texcoco el 3 de mayo del año pasado.

Ese día, Del Valle Medina se encontraba "atrincherado" en una casa de la cabecera municipal de Texcoco con floristas del mercado Belisario Domínguez, a la espera de que la policía estatal entrara por la fuerza al inmueble.

Por su parte, César del Valle se encontraba en el Colegio de Ciencias y Humanidades el día de los acontecimientos violentos; mientras, Narciso Arellano acreditó que fue detenido la tarde del 4 de mayo de 2006, después de haber comido, cuando se dirigía a la obra donde trabajaba como albañil.

Fundamental, que la Corte investigue el caso Atenco

• La CNDH saluda la decisión del máximo tribunal

(Con información de Israel Dávila)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó ayer que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de investigar ''presuntas'' violaciones a las garantías fundamentales de pobladores de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México ­como resultado de los operativos policiacos de los días 3 y 4 de mayo de 2006­-, será fundamental para que se aplique la justicia.

demás, subrayó, esa decisión constituye un firme llamado de atención para que las autoridades de seguridad, al actuar en tareas de ''restauración del orden público, cumplan sus funciones en el marco de las leyes vigentes y con respeto a sus propios reglamentos''.

El organismo anunció que pondrá a disposición de la comisión especial del máximo tribunal el expediente del caso ­más de 20 mil fojas­ que contiene los exámenes médicos, videos, fotografías y pruebas de carácter testimonial recabados durante las indagatorias. Subraya que ''esta comisión concluyó que personal de las corporaciones policiacas que actuaron en las dos localidades mencionadas incurrieron en diversas conductas violatorias de los derechos fundamentales''.

Asimismo, acusa a la Secretaría de Seguridad Pública federal ­en ese entonces su titular era Eduardo Medina Mora­ de actuar en forma parcial y contradictoria, e inclusive rechazó las solicitudes de información que la CNDH le hizo, con el argumento de que los datos requeridos ''eran reservados o confidenciales'', circunstancia que, sostiene, ''no constituye eximiente alguna para los efectos''.

Destaca también que ''la CNDH considera que los actos presuntamente delictivos cometidos individualmente o en grupo por particulares en contra de elementos policiacos, deben ser igualmente sancionados conforme al orden jurídico en vigor y únicamente por las autoridades competentes. En los enfrentamientos entre pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco contra elementos de los cuerpos policiacos hubo excesos inaceptables por ambas partes''.

Asimismo, en Toluca, José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, informó que el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle Medina, continuará recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, ya que el amparo que le concedió el juez primero de distrito en materia de amparos y juicios civiles, Willy Vega, sólo ordena que se le dicte un nuevo auto, pero no concedió la protección de la justicia federal para trasladarlo a un penal de Texcoco, como pretende su defensa.

Los abogados de las personas detenidas en Atenco argumentan que no existen razones jurídicas para mantenerlos en cárceles de Almoloya, a más de 100 kilómetros de donde ocurrieron los hechos.

Respecto de la investigación que la comisión de la Suprema Corte hará de los enfrentamientos en Atenco, el gobernador Enrique Peña Nieto aseguró hoy que su administración colaborará en todo lo que se requiera para que la máxima instancia de justicia tenga los elementos necesarios para determinar si existieron violaciones a las garantías individuales de los pobladores de este municipio mexiquense.

Expresó que si de esta indagatoria se desprenden nuevas responsabilidades para elementos policiacos que actuaron en el operativo, o bien para los mandos de la Policía Estatal, su gobierno procederá conforme a derecho y castigará los abusos cometidos contra la población. Reiteró que la operación que ordenó en Atenco fue con la única intención de restablecer el orden y la paz en el municipio.

A pesar de ello, ningún policía que participó en Atenco se encuentra en la cárcel, ya que los 13 que enfrentan procesos penales por los delitos de abuso de autoridad o actos libidinosos, están enfrentando sus juicios en libertad, debido a amparos concedidos por la justicia federal.

De su lado, el procurador de Justicia del estado, Abel Villicaña, manifestó que los avances para esclarecer los homicidios de los jóvenes Alexis Benhumea Hernández y Javier Cortés Santiago, quienes perecieron en los enfrentamientos con la policía del estado, son nulos. Indicó que en ambos casos los familiares de las víctimas se han negado a colaborar con la procuraduría para dar con los responsables de los crímenes.

Villicaña negó también tener avances en las investigaciones por los abusos sexuales de que fueron víctimas 14 de las detenidas. ''Si ellas no reconocen a sus agresores, no podemos proceder''.

Preocupa a Amnistía Internacional no haya procesados por caso Atenco

• Dos representantes del organismo dijeron que la Secretaría de Gobernación les ofreció una reforma en materia de justicia y seguridad, pero que no se les dieron detalles

Jorge Ramos

El Universal

Ciudad de México

Miércoles 07 de febrero de 2007

La Secretaría de Gobernación (Segob) dejó sembrada la preocupación en los representantes de Amnistía Internacional (AI), luego del encuentro que sostuvieron ambas partes. Miguel Alessio Robles-Landa, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, recibió a Rupert Knox y Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional.

“Preguntamos el compromiso de este gobierno de priorizar el tema de los derechos humanos, por que, lo que notamos con el subsecretario es la ausencia de un compromiso con la protección de los derechos humanos. Ha sido muy visible y para nosotros ha sido muy preocupante”, dijo Knox al salir de la reunión.

“Cómo es posible que no haya procesados por los 16 casos en Atenco; 19 personas fueron torturadas en 2004 en el marco de la reunión de Guadalajara y nadie ha sido procesado. Nos vamos por lo tanto un poco preocupados”, dijo por separado Beltrán.

Los dos representantes de Amnistía dijeron que Gobernación les explicó que habrá una reforma en materia de justicia y seguridad, pero que no se les dieron detalles.

SCJN: la justicia posible

Cabe felicitarse por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aplicar la facultad que le otorga el artículo 97 constitucional para atraer la averiguación de "hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual" y de integrar una comisión para investigar los atropellos a los derechos humanos cometidos por efectivos policiales federales y estatales en mayo del año pasado en Texcoco y San Salvador Atenco. La decisión misma fortalece la posición de organismos oficiales y sociales de derechos humanos, tanto de México como del extranjero, en el sentido de que en la represión contra pobladores de la segunda de esas localidades se cometieron abundantes y graves abusos ­incluidos dos homicidios y varias violaciones sexuales, además de torturas contra decenas de detenidos­, y abre, en consecuencia, la posibilidad de que las tropelías policiales sean sancionadas conforme a derecho.
El fallo, adoptado en votación mayoritaria por los ministros del máximo tribunal del país, es además una reivindicación de la propia Corte, cuyo desempeño ha sido empañado por la deplorable cercanía ­por no decir subordinación­ hacia el Poder Ejecutivo que le imprimió su ex presidente, Mariano Azuela. Con la decisión de investigar los atropellos policiales en Texcoco-Atenco se refrenda el principio de división de poderes y se da una esperanza en la lucha contra la escandalosa impunidad de que han disfrutado, en el sexenio pasado y en lo que va del presente, los servidores públicos que violan los derechos humanos.

Ciertamente, la resolución comentada es sólo un primer paso en esta dirección. Cabe esperar que la investigación rinda frutos y corrija la falta de voluntad del Ejecutivo ­el federal y el estatal­ para esclarecer y sancionar los excesos represivos de sus propios agentes. Tales atropellos, al igual que los perpetrados en Oaxaca por las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, no deben repetirse nunca más.

Giro inesperado de la Corte: atenderá el caso de San Salvador Atenco

• Integran comisión con dos magistrados de circuito
• Queda pendiente definir los alcances de las pesquisa

Los ministros Sergio Armando Valls, Mariano Azuela Güitrón y José de Jesús Gudiño Pelayo, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Carlos Ramos Mamahua

JESÚS ARANDA

Después de que no había claridad acerca de ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, ayer, por mayoría de siete votos contra cuatro, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atender la "exigencia de nuestra sociedad" e investigar la presunta violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco, ocurridas en mayo de 2007.

Sin embargo, por primera vez ningún ministro formará parte de la comisión investigadora, y sólo se designó a dos magistrados de circuito ­Jorge Mario Pardo Rebolledo y Sergio González Bernabé.

Esta decisión, trascendió, fue adoptada a propuesta del ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para "bajarle al asunto". Además, falta definir los alcances de la investigación, que serán determinados cuando Juan N. Silva Meza elabore la ampliación del caso y sea revisado por sus compañeros.

En las anteriores comisiones formadas por la Corte, aun cuando participaron magistrados, al frente de la indagatoria siempre había estado un ministro, lo que les daba más fuerza y presencia, se comentó.

Fuentes oficiales señalaron que en el ánimo de los ministros de la mayoría ­como en el caso de Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se había pronunciado inicialmente contra la intervención de la Corte­ pesaron las peticiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de organizaciones no gubernamentales del país e internacionales, del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos e inclusive de líderes políticos quienes, aprovechando el acto conmemorativo del aniversario de la Constitución en Palacio Nacional, comentaron "en corto" que "¿cómo era posible que la Corte hubiera atraído el caso de Lydia Cacho, que afectó a una persona, y no lo hiciera en el caso Atenco?"

Al fijar su postura en favor de la indagatoria, el ministro presidente señaló que, "aunque no se hicieran recomendaciones, (o) habiéndolas hecho sean desatendidas, los criterios jurídicos de interpretación de la Constitución en estos tópicos serán de gran utilidad, más aún, lo siento, lo advierto en lo personal como una exigencia de nuestra sociedad". Agregó que percibe, en la exigencia social, que la Corte ha discutido intensamente sobre derechos humanos fundamentales, pero "hemos tenido muy pocos pronunciamientos" sobre esa materia.

Al justificar su voto, precisó que la comisión no investigará los "hechos" ocurridos en San Salvador Atenco, porque eso ya lo hizo la CNDH, sino que tendrá que determinar el contenido y el alcance de los derechos humanos fundamentales y decidir en qué punto se les faltó al respeto y si hubo violación de garantías.

También quedó claro, dijo, que a pesar de la investigación y las conclusiones a que llegó la CNDH ­de que fueron violados los derechos a la vida, la libertad, la integridad física de las personas, la libertad sexual, la privacidad y la inviolabilidad del domicilio­, hasta la fecha no se han cumplido las recomendaciones de esa comisión. Es más, "aquella que se dirigió a la Policía Federal Preventiva fue rechazada rotundamente por su titular (Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública federal y actual procurador general de la República)".

Y cuestionó: "cuando la fuerza pública interviene, legítimamente, para restaurar el orden público violado, ¿puede desconocer los derechos humanos de los participantes o tendrá que haber restricciones en la medida en que ésta afectación pueda darse?, ¿quién ha dado estos límites al ejercicio del poder público?, parece que no está establecido.

"¿Es permisible que en un acto de restauración del orden público o como consecuencia de él, se llegaran a practicar actos de tortura, o ésta es una prohibición absoluta que, en ningún caso, puede desatender la autoridad?", agregó.

Precisó que la investigación sobre el caso Atenco permitirá a la Corte determinar "en qué medida pueden ceder los derechos humanos en actos de desorden social que deban ser controlados por la policía".

De acuerdo con los ministros consultados, lo que abrió la puerta para revertir la tendencia de no investigar fueron los criterios expuestos por Fernando Franco González-Salas, quien en su primera intervención en un asunto de este tipo apuntó: "no porque otras autoridades hayan intervenido, la Corte tiene que prescindir de (su) alta responsabilidad de investigar"; si no se atienden las recomendaciones de un organismo público de defensa de los derechos humanos ­en este caso de la CNDH­, debe intervenirse; que la violación grave de garantías trascienda en la vida de una comunidad, pero que ello no significa que tenga que darse un desorden público a escala nacional para investigar ­como planteaba el proyecto original­, porque también se puede violar la garantía de una persona.

A su vez, José Ramón Cossío argumentó que "si uno piensa que hubo, después de las detenciones, actos de violencia física, presuntamente de violencia sexual y sicológica; si se impide la entrada de ambulancias o si se lleva a cabo una acción y se piensa para llevarla a cabo en la noche y entrar a los domicilios de las personas, me parece que sí hay elementos de lo que calificaría como violaciones graves".

La mayoría integrada por Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Olga Sánchez Cordero y Luna Ramos avaló estos criterios que fueron la base para aprobar la investigación.

Sin embargo, el inicio de la sesión fue complicado. De entrada, Ortiz Mayagoitia hizo un reproche a "quienes, ostentándose como integrantes del pueblo de San Salvador Atenco, han lazando amenazas en contra de uno de los señores ministros de este alto tribunal" ­trascendió que se trataba del ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano, contra quien hubo gritos, en el mítin del jueves pasado ante la SCJN, de que "se lo iban a chingar".

También censuró a los manifestantes que estaban afuera de la Corte exigiendo una resolución en su favor: "Esa actitud, además de reprochable, resulta inadmisible", los ministros sólo obedecemos el mandato de la Constitución y de la ley, "de acuerdo con nuestra íntima convicción, sin hacer caso de presiones, amenazas ni exigencias indebidas".

Por parte de la minoría, que consideraba innecesario investigar porque ya lo hizo la CNDH, Mariano Azuela Güitrón manifestó que en el mundo se multiplican los eventos masivos, en los que si bien no hay intención de generar violencia, se producen fenómenos de este tipo, y que para evitar males mayores interviene la fuerza pública y al intervenir ésta la violencia se multiplica, justificó.

Al tratar de revertir la votación, Azuela advirtió: "va a llegar un momento en que con motivo de la pasión deportiva se dé un evento en un estadio que obligue a la intervención policiaca (y que), como resultado de ésta, se produzcan situaciones que puedan llegar a ser violatorias de las garantías individuales y se nos pida, con la pasión propia del deporte, que hagamos la investigación. Entonces entraremos a un capítulo muy peculiar de la Corte, tratando de ser presionada por pasiones deportivas para que se lleve adelante una investigación, porque aquéllos que resultaron lesionados eran partidarios de tal o cual equipo...".

La resolución de la SCJN, "primer paso" para lograr justicia en Atenco

• El abogado Juan de Dios Hernández exige castigo para torturadores y violadores

VICTOR BALLINAS

Entre gritos de "¡justicia!", frente al máximo tribunal de justicia del país, el abogado Juan de Dios Hernández informó a casi un centenar de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los habitantes de San Salvador Atenco, el 3 y el 4 de mayo de 2006, "es apenas un primer paso para lograr la justicia y combatir la impunidad".

Expresó: "La brutal violencia y agresión de las policías municipal, estatal y Federal Preventiva contra los habitantes de San Salvador Atenco no puede ser un acto legítimo de autoridad; no puede haber ninguna disposición en contra de la letra o el espíritu de la Constitución".

El abogado sostuvo: "Lo que hubo en Atenco fue una agresión brutal concertada por los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Ya lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): hubo violaciones sexuales, tortura, detenciones arbitrarias, cateos ilegales; hubo delitos de lesa humanidad".

Los gritos de "¡justicia!" lo hicieron aclarar a los manifestantes que se encontraban frente al tribunal: "La Corte no va a dictar sentencia; sólo va a rendir un informe acerca de si hubo violación generalizada y sistemática de los derechos humanos en los operativos policiacos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco.

"Nosotros decimos que, evidentemente, las violaciones a los derechos humanos fueron muy graves: privación de la vida, violaciones y abusos sexuales, tortura, allanamientos de morada, detenciones indiscriminadas sin orden de presentación. Ya lo corroboró la CNDH, pero la impunidad ha sido en este país moneda de cambio para los torturadores y violadores de garantías", expuso.

Y subrayó: "no vamos a aceptar que se consigne por abuso de autoridad o por actos libidinosos. Tiene que haber sanciones por el delito de tortura. Queremos el deslinde de responsabilidades penales no sólo para los policías violadores y asesinos, no sólo de los torturadores, sino también de los autores intelectuales".

Angel Benhumea, padre Alexis ­el estudiante asesinado con el cartucho de una bomba de gas lacrimógeno disparada por la policía en Atenco­, tomó la palabra y aclaró: "Nosotros no estamos confiados. Esto es un primer paso. Queremos justicia y castigo a los represores del pueblo y asesinos de mi hijo, cuyo único pecado fue asistir a apoyar a los habitantes que defendían su tierra".

Por el FPDT habló Hortensia Ramos: "Le recordamos al gobierno que los días 3 y 4 de mayo de 2006 la policía entró y golpeó a nuestras comunidades. Hablo por nuestras mujeres violadas, por nuestras compañeras y compañeros presos. Esta resolución de la Corte es un primer paso, pero es uno entre una serie de acciones que vamos a emprender para liberar a nuestros compañeros y para traer a los que están en el exilio. Le decimos al gobierno que no estamos vencidos. ¡Ya le ganamos al gobierno y le vamos a volver a ganar! A la Corte le exigimos que no sea cómplice del gobierno, que no cree falsas expectativas".

Atenco: Nueve Meses

Hoy, 3 de febrero de 2007, se cumplen nueve meses de la represión desatada por la policía municipal (perredista) de Texcoco, la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense (priísta) y la Policía Federal Preventiva (panista) en contra de adherentes de la Otra Campaña, especialmente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Al día siguiente, la represión alcanzaría uno de sus grados más altos en contra de compañeras y compañeros de distintas organizaciones, colectivos y movimientos que acudieron a solidarizarse con nuestr@s herman@s de San Salvador Atenco.

La escalada.

Apenas había arrancado la Otra Campaña, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y su vocero, el subcomandante Marcos, delegado Zero de su Comisión Sexta, propusieron a las organizaciones, grupos, colectivos y personas que se habían adherido a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (la Sexta) acordaran como un principio fundamental de dicho esfuerzo organizativo denunciar cualquier acto de represión en contra de cualquier adherente, en cualquier parte del país; algo así como “si tocan a un@, nos tocan a tod@s”.

Texto completo en
http://laotrachilanga.blogspot.com/2006/05/la-otra-los-sauces-sicartsa-atenco.html

Atenco.

La Corte puede quedar como vulneradora de la Constitución

• El artículo 17 garantiza acceso a justicia: Jaime Cárdenas

EMIR OLIVARES ALONSO , VICTOR BALLINAS

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no atrae la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos en que incurrió el Estado durante el operativo en San Salvador Atenco en mayo pasado, "abdicaría de sus atribuciones constitucionales" y demostrará que es un órgano que no respeta la Constitución, consideraron especialistas, en víspera de que el máximo tribunal discuta el caso.

El constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que si los ministros aprueban el proyecto del magistrado Salvador Aguirre Anguiano, contrario a investigar la presunta violación grave de garantías, vulnerarían el principio de acceso a la justicia, asentado en el artículo 17 constitucional.

Juan de Dios Hernández Monge, uno de los abogados de los detenidos a raíz del operativo, subrayó que de desechar la atracción del caso Atenco "pone en riesgo la seguridad nacional" porque "darían un mensaje a las fuerzas represivas (policiacas) de que pueden asesinar, violar, robar, torturar, allanar y privar ilegalmente de la libertad sin que haya alguna consecuencia legal en su contra".

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, envió una carta a los ministros en la que les manifiesta que tienen la posibilidad de ejercer su facultad de investigación y revertir la impunidad que prevalece en el caso de las violaciones a derechos humanos, principalmente, las violaciones sexuales de mujeres, además del uso generalizado y excesivo de la fuerza pública, así como el empleo de armas de fuego contra civiles.

Cárdenas Gracia advirtió que no sería extraño que la Corte optara por no atraer la investigación, debido a que "ya lo ha hecho en otras ocasiones", pues está compuesta mayoritariamente "por ministros muy conservadores que no quieren estar del lado de México, que no están a la altura de la transición a la democracia, ni se quieren poner del lado de los derechos humanos".

Agregó: "Sería una clara violación al artículo 17 de la Constitución que consagra el derecho de acceso a la justicia; sería muy grave que la Corte apruebe el proyecto de Aguirre porque además de que serían cómplices de la vulneración de los derechos humanos, estarían limitando el derecho a la justicia".

Todo lo que implique violaciones a las garantías fundamentales y que las autoridades que las infringieron queden en la impunidad y sin sanción, subrayó el constitucionalista, "es una vulneración al estado de derecho", por ello afirmó que "un verdadero tribunal constitucional" existe para defender la Carta Magna y los derechos humanos; "y en este caso la mayoría de los ministros demuestran que no quieren ser constitucionales porque no desean defender la Constitución, sino salvaguardar los intereses panistas".

En contraposición a los argumentos esgrimidos por Aguirre para que se analice la pertinencia del artículo 97 constitucional, Cárdenas indicó que en lugar de optar por la modificación de ese numeral, "el ministro debería pensar cómo abrir a los ciudadanos la compuerta de la Corte y no restringir el acceso a la justicia".

Hernández Monge señaló que pese a que los delitos en que incurrió el Estado, como la tortura, han sido acreditados por diferentes órganos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la mayoría de los ministros "aún los ponen en tela de juicio diciendo que no son violaciones graves, por lo que si aprueban el dictamen de Aguirre lanzarían el mensaje al poder Ejecutivo estatal y federal de que no sólo puede masacrar a un individuo o pueblo, sino que además tendría absoluta impunidad".

Consideró que "el peor mensaje" que la SCJN puede mandar a la sociedad es el de la impunidad, pues de no atraer el caso "el máximo órgano de impartición de justicia se convertiría en cómplice de los asesinos, violadores y torturadores, a los que en teoría debería estar persiguiendo".

Pide Centro Pro a la Corte revertir impunidad de Atenco

Víctor Ballinas

México, DF. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez envió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que les manifiesta que tienen ante sí la posibilidad de ejercer su facultad de investigación y revertir la impunidad en el caso de la violencia policíaca en San Salvador Atenco, donde a pesar de que exámenes médicos, psicológicos, robustecidos con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que prueba que hubo violaciones sexuales de mujeres, las autoridades responsables se niegan a acatar la resolución.

Previsible rechazo de SCJN a indagar abusos en Atenco

• Española narra cómo policías la violaron y torturaron

JESUS ARANDA

Este martes se prevé que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechace la petición de ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, para investigar la presunta violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco, estado de México.

Después que en la sesión del pasado jueves sólo los ministros Genaro David Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero se pronunciaron por que la Corte investigue y que establezca un precedente que cierre el paso a la impunidad de los cuerpos policiacos, trascendió que el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano logre la mayoría y el pleno deseche la petición por considerar que el asunto no amerita del estudio del máximo tribunal.

Antes de decidir, el pleno adoptará un criterio sobre lo que considera debe entenderse como "violación grave a las garantías individuales", y una vez superado el tema, los ministros discutirán si lo sucedido en San Salvador Atenco el 4 y 5 de mayo del año pasado, debe ser motivo de una indagación del máximo tribunal.

Sin embargo, los ministros Sergio Valls Hernández, José de Jesús Gudiño Pelayo y Margarita Beatriz Luna Ramos ya adelantaron su criterio en el sentido de rechazar la petición formulada por diversas ONG ­que fue retomada por el ministro Góngora Pimentel, quien formalmente solicitó al pleno que determinara si ejercía o no la facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional­, con lo que de entrada, el proyecto de Aguirre entrará con cuatro votos asegurados.

Pero además, este martes, se integra a los trabajos de la Corte el ministro Mariano Azuela Güitrón, quien estaba de vacaciones, y quien ha dicho en diversas ocasiones que el citado artículo "no tiene ni pies ni cabeza" por lo que se prevé que al igual que en otras ocasiones, vote en contra de que la Corte investigue.

Resta tan solo que el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien también se ha mostrado contrario a que la Corte ejerza su facultad de investigación; José Ramón Cossío y Fernando Franco voten. Del primero es espera que, congruente con posturas anteriores, vote en el sentido del dictamen de Aguirre Anguiano con lo que se sumarán los seis votos necesarios para que el pleno deseche la petición formulada.

"Sentar jurisprudencia"

Por otra parte, entre los testimonios que constan en el expediente, está el caso de la española Cristina Valls Fernández, quien fue examinada de regreso en su país por el ex coordinador del Grupo de Salud Mental de Médicos del Mundo Pau Pérez-Sales, quien concluye que hubo violación, tortura sicológica y mental de la víctima a manos de elementos policiacos.

El médico recomendó al gobierno mexicano, "sentar jurisprudencia que, acorde a las leyes internacionales, tipifique la violación sexual, usada a manera de intimidación y amedrantamiento por agentes del Estado como forma de tortura".

Demanda "impulsar de manera inmediata" las reformas legales necesarias en México, para perseguir "con mayor eficacia los delitos cometidos por agentes de policía y otros cuerpos de seguridad".

Pide la dimisión, y en su caso, enjuiciamiento y condena de los responsables políticos del operativo; identificar, procesar y sancionar a las autoridades federales y estatales que, por omisión o por acción, participaron en la planificación del operativo policíaco. Además del "resarcimiento moral mediante una disculpa pública por parte de un representante calificado del Estado mexicano".

En su dictamen, el técnico de Salud Psicosocial de Médicos sin Fronteras-España (2001-2004), que consta de 26 cuartillas, da cuenta del testimonio y los exámenes médicos hechos a Valls Fernández.

"Puta etarra"

Parte del testimonio de Cristina Valls es el siguiente: "Fueron 6 horas de gritos y de golpes. Escuchaba gritos desesperados, gritos de '¡ya no más!' Me parecía que estaban violando a una compañera encima mío, cuando me levantaron para cambiar de posición, vi en el suelo, a mi izquierda, una funda de preservativo. A una chica le pegaban y la obligaban a decir cosas como '¡vaquero, dime vaquero!', le decía un policía mientras éste la golpeaba. Nos decían constantemente que nos iban a matar, que íbamos a pagar la muerte de un policía; todos lo gritaban".

Agrega lo que sucedió durante el traslado hacia el penal de Santiaguito, en el estado de México: "Ahí fue cuando comenzaron a abusar sexualmente de mí. 'Puta etarra', me decía un policía en la oreja, mientras me lamía el cuello..., el policía introdujo sus dedos en mis genitales y más manos comenzaron a pellizcarme los senos y a agarrarlos, haciéndome mucho daño.

"Me violó repetidamente con una brutalidad ilimitada, arañándome, golpeándome, mientras decía: 'Te vas a acordar de esto toda tu puta vida. Te voy a dejar hecha mierda, humillada..., tenemos órdenes de matarlos. Tenemos permiso para hacer antes lo que queramos con ustedes... A ti se te acabó: tu vida va a cambiar desde hoy y te vas a recordar de la policía mexicana hasta que te mueras. Te acordarás de mi voz, hijaeputa. Te vamos a romper la madre para que cuando veas a un policía sepas que haz de agachar la cabeza, ya no vas a saber ni quién eres'. Todo esto me lo decía mordiéndome, jalándome del pelo y abusando sexualmente de mí".

Después de su arribo al penal, donde siguieron los golpes y las humillaciones de hombres y mujeres, Cristina Valls declaró: "Finalmente pasamos de nuevo al comedor. Me dolía todo el cuerpo, tenía la espalda y los brazos llenos de hematomas y golpes, los pechos y el abdomen adoloridos..., pensaba que el policía actuó bajo órdenes de sus superiores, él me lo dejó claro, que el objetivo era que me acordara toda la vida de lo que me estaba haciendo..., y cuando más me lo repetía me iba surgiendo más rabia..."

Atenco: peligro de impunidad

Es inminente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a su propia capacidad para atraer el caso de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías federales y estatales en Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006. En días pasados, los magistrados expresaron posturas opuestas en este tema: Genaro David Góngora Pimentel defendió la pertinencia de atraer el caso porque, dijo, la SCJN "no debe ser cómplice por omisión ni lavandería de violaciones a los derechos humanos", y señaló que los atropellos policiales contra los atenquenses ­dos homicidios, violaciones y otros abusos sexuales, golpizas a decenas de personas, detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, incomunicaciones carcelarias, allanamientos de morada y robo de pertenencias, según lo enumeran los habitantes de la localidad mexiquense­ constituyen un asunto de Estado que debe ser investigado y esclarecido para "cerrar heridas sociales y purificar la conciencia nacional". En contraste con esta visión, José de Jesús Gudiño y Sergio Salvador Aguirre Anguiano afirmaron, el primero, que "no vamos a obtener nada más de lo que ya obtuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)" y, el segundo, que "la Corte no puede ordenar medidas ni directamente reparar el daño, ni ordenar que se repare, ni decir la palabra en ningún sentido final del derecho".

Entre estas dos actitudes se debate la posibilidad de que la SCJN recupere, o no, las atribuciones que le confiere el artículo 97 de la Constitución. Al término del proceso electoral del año pasado, el entonces presidente del máximo tribunal, Mariano Azuela, rechazó la participación del organismo en el esclarecimiento de oficio de "hechos que constituyan la violación del voto público [...] en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión". Azuela argumentó entonces que el artículo mencionado estaba "escrito con los pies", y de esa forma no sólo puso en duda el texto constitucional sino que convalidó una elección dudosa e impugnada por más de un tercio del electorado y condenó al titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, a ejercer un mandato cuestionado y, lo más grave, abdicó de una de sus facultades constitucionales más importantes.

Hoy, algunos de los magistrados vuelven a cuestionar, en los hechos, otro párrafo del artículo mencionado que a la letra dice: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo federal o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual." El jurista Jaime Cárdenas Gracia puso de relieve otra consecuencia de una posible negativa de la SCJN a investigar los atropellos policiales en Texcoco-Atenco: la vulneración del principio de acceso a la justicia, que se tipifica en el artículo 17 de la Carta Magna: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

Más allá del respeto a los preceptos constitucionales, festejados precisamente ayer en el ámbito oficial, la decisión de la Corte sobre el episodio Texcoco-Atenco fortalecerá o debilitará, según sea el caso, la lucha por la vigencia de los derechos humanos en el país. Ha de recordarse que en su momento la CNDH realizó una investigación exhaustiva ­examinó 211 quejas, envió a un equipo de 25 visitadores a realizar trabajo de campo, elaboró 209 certificados médicos sobre el estado de salud física y mental de los detenidos, obtuvo más de 600 fotografías de las lesiones sufridas por muchos de éstos a manos de los efectivos policiales­, y con base en ella emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública federal ­encabezada entonces por Eduardo Medina Mora, hoy procurador general de la República­ y que la respuesta gubernamental no se limitó a una virulenta descalificación del remitente y de sus razones, sino que fue seguida por actitudes de encono casi personal y de acoso por parte de la administración foxista contra la CNDH y contra su titular, José Luis Soberanes.

Ayer, el ombudsman señaló la necesidad de que la SCJN atraiga el caso Texcoco-Atenco, y en igual sentido se manifestó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Es tiempo de que las más altas instancias del poder público ­empezando por la ejecutiva y la judicial­ caigan en la cuenta que la demanda de investigar y sancionar la barbarie policial de mayo del año pasado en esas poblaciones mexiquenses no tiene por objeto encubrir ni exculpar a los lugareños que agredieron a efectivos policiales, ni poner en duda la autoridad de las instituciones, ni crear agitación, sino restablecer el estado de derecho; que hay otros protagonistas de infracciones a la legalidad además del narco y los manifestantes opositores, como parecen creerlo los integrantes del actual equipo de gobierno; que en ocasiones los delitos proceden de las propias instituciones del poder público, y que corregir la impunidad que protege a los malos servidores públicos resulta tan crucial para la supervivencia del Estado como el combate a la delincuencia organizada. La Suprema Corte tiene la palabra.

Exigen comisión investigadora del caso Atenco

El 3 de agosto de 2006, solicitamos la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de la facultad que le otorga el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, creara una comisión especial que investigue las graves violaciones a los derechos humanos que se realizaron por parte de las policías federal, estatal y municipal y sus respectivos mandos, en contra de los ciudadanos durante los actos represivos registrados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.

Al no estar legitimados como ciudadanos para hacer esta petición, pedimos a cada uno de los ministros que por su conducto se hiciera la solicitud, por lo que el ministro Genaro Góngora Pimentel y la ministra Beatriz Luna Ramos atendieron esta petición y posteriormente el ministro presidente nos requirió para aportar pruebas de las "presuntas violaciones" que denunciábamos.

En atención a ello, entregamos a todos y cada uno de los once ministros una caja completa con todos los elementos de prueba mediante los cuales se acredita plenamente las graves violaciones a las garantías constitucionales cometidas en contra de ciudadanos mexicanos y extranjeros, entre las cuales destacan, testimonios, fotografías, videos, documentos, informes, recortes periodísticos, etcétera.

No hay razón jurídica alguna para negar la creación de dicha comisión investigadora; en todo caso existen motivos políticos e intereses de quienes se oponen, como es el caso del ministro Sergio Aguirre Anguiano. De él no nos sorprende, pues reiteradamente ha demostrado que sus decisiones persiguen intereses políticos y su voto está comprometido, como en el caso de los seis ciudadanos de origen vasco que vergonzosamente extraditaron a España, pues este personaje se negó expresamente a recibir un memorándum de 13 cuartillas, diciendo "ni me lo deje porque no lo voy a leer. No tengo tiempo de leer todo eso" y en la sesión del pleno dijo que "no se debía hacer una lectura chata de la Constitución, sino que debía interpretarse de acuerdo a los compromisos asumidos con los gobiernos extranjeros" y que en todo caso "si se han violado en México los derechos humanos de estos ciudadanos, en Europa hay muchas comisiones para que allá se defiendan".

Por todo lo anterior, emplazamos a los otros diez ministros que van a votar la resolución a que lo hagan a favor de la comisión investigadora para que predomine la letra y el espíritu constitucional y no los intereses, los privilegios y la impunidad de las autoridades y sus grupos represores.

Bárbara Zamora y Santos García Díaz, bufete jurídico Tierra y Libertad

Segundo Carnaval “Tocan a un@, nos tocan a tod@s”

Invitamos a tod@s al Segundo GRAN CARNAVAL “Tocan a un@, nos tocan a tod@s”, que se realizará con el objetivo de recaudar fondos para los gastos de hospital de Ricardo, compañero adherente dela Otra Campaña atacado después del encuentro internacional en Oventic (más información en notas de enero de Subversión Sonora y CML), y continuar la difusión de la Otra Campaña. Será el Domingo 4 de febrero a partir de las 12horas en el kiosco del centro de Coyoacán.

A pesar del éxito obtenido con el primer carnaval (ver notas abajo) necesitamos nuevamente de la solidaridad de tod@s puesto que no se ha terminado de pagar los gastos de hospital y rehabilitación del compañero; va de nuez, a bailar por Ricardo!!!

Habrá música con Paco Barrios “el Mastuerzo”, el Hueso, L@s pacientes del psiquiátrico, Lengualerta, Fernando Medina Ictus, son jarocho, Batucada Subversión Sonora, bossa Nova y más (ver programa abajo).

Habrá además variedad de antojitos mexicanos, café zapatista, bazar, tianguis y subasta de ropa, libros y artículos varios; taller de pintura para niñ@s y muchas actividades más. Se rifarán cuadros y artesanías. Y si te quieres solidarizar, lleva tu guisado o sangüichitos, aguas de sabor, fritangas o cualquier otra cosa rica para vender, o cualquier artículo en buen estado para el bazar.

TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S

La Otra Campaña va…

Atte: Brigada Sembrando Dignidad, Casa de todos los pueblos, Votán Zapata, Zapatistas de Naucalpan, Granito de Café, Xochimilco Zapatista, Colectivo un Puente ala Esperanza, MalaCalle, Radio Chiquero, Batucada Subversión Sonora, Carnaval Baila Zapata, Colectivo Kahuin-México, Redes Enlazando Dignidad, Centro de Medios Libres, Ocelotl,Frente de Pueblos en Defensa dela Tierra-Atenco (FPDT), Tochtli Productions, Comité de Solidaridad para l@s Zapatistas-Grecia y demás adherentes y no adherentes de la Otra Campaña.

Las torturas contra 14 mujeres de Atenco, en ruta de quedar impunes

• La Fevim ofreció consignar el caso a un juez federal, pero será estatal: Centro Pro


• Alega el IFAI motivos de "seguridad nacional" para negar nombres de policías implicados

EMIR OLIVARES ALONSO

En la investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) sobre las presuntas torturas que infligieron policías estatales y federales a 14 de las 44 mujeres detenidas en mayo pasado durante el operativo en San Salvador Atenco, no aparece el nombre de ningún elemento federal debido a que la Secretaría de Seguridad Pública negó proporcionar esa información a la instancia que encabeza Alicia Pérez Duarte, aseveraron fuentes cercanas a la investigación.

Luisa Pérez, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ­quien abanderó la denuncia de las mujeres agredidas­ explicó que, pese a que la fiscal se comprometió ante las denunciantes y sus abogados a consignar el expediente ante un juez federal, al no haber ningún señalamiento contra elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) ni sus nombres completos, el expediente sería remitido a la justicia mexiquense, la cual se ha mostrado parcial ante los hechos relacionados, por lo que los delitos investigados por la Fevim correrían el riesgo de quedar en la impunidad.

Refirió que la justicia del estado de México ha dado largas a otras pesquisas, por lo que al atender el caso de las torturadas probablemente alargaría el proceso, incurriendo en "dilación de justicia, lo que representaría doble victimización a las mujeres, pues no sólo son víctimas de tortura, sino que no podrían acceder a la justicia".

El 17 de mayo de 2006, el Centro Pro abanderó la defensa de las mujeres que decidieron entablar denuncias contra los policías por las agresiones y violaciones sexuales que sufrieron; meses después, Pérez Duarte manifestó que la investigación tendría los elementos para encaminarla por el delito de tortura, por lo que las indaaciones giraron en torno a ese ilícito.

Las fuentes consultadas aseveraron, sin embargo, que, pese a que la defensa legal de las agredidas intentó que la fiscal atrajera a su competencia el delito, la funcionaria sólo se comprometió a consignar el expediente ante un juzgado federal, que conocería del caso, pero al no existir al menos el nombre de alguno de los policías federales "probablemente enviará el caso a un juez mexiquense debido a que no tendrá competencia federal para conocer de la investigación".

En un último intento por acreditar la participación de los elementos de la PFP, y ante la "omisión" de la SSP en dar la información a la Fevim, los abogados del Centro Pro solicitaron, mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información pública, los nombres de los policías federales que participaron en el traslado de los detenidos, dato que fue denegado por la dependencia con el argumento de que se trata de "información reservada".

En el documento de respuesta (del cual tiene copia La Jornada), la SSP federal, encabezada en el sexenio pasado por el actual procurador de la República, Eduardo Medina Mora, explica que con base en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública la lista de nombres y cargos de los PFP "se encuentra clasificada como reservada".

Continúa: "Dicha información pone en riesgo la seguridad nacional, y puede causar grave perjuicio para la prevención de los delitos, poniendo también en grave riesgo la vida y seguridad del personal operativo que participa en tareas encomendadas en materia de seguridad pública".
Pese a que esa información es indispensable para hacer justicia a las mujeres atacadas, la SSP federal argumenta que de proporcionarla, "se vulneraría la seguridad de dicho personal (los policías) dejándolo en estado de indefensión".

Luisa Pérez manifestó que, ante la negativa de la dependencia federal, la defensa legal de las agredidas interpondrá un recurso de revisión con objeto de que esos datos le sean proporcionados. La litigante aseguró que la investigación emprendida por la Fevim está en la etapa terminal.

Concentra la Corte el interés de atenquenses

• El FPDT insta al máximo tribunal a investigar la batida policial de mayo pasado

EMIR OLIVARES ALONSO ENVIADO

San Salvador Atenco, Mex., 4 de febrero. Lo que se encuentra en juego en la decisión tomará el próximo martes la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) ­en la que decretará si atrae o no el caso Atenco para su investigación­, será la actuación de ese órgano como máxima instancia de control constitucional encargada de vigilar que las autoridades preserven el estado de derecho; y de no atraerla, "se estaría atentando contra el estado de derecho, manifestó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Por lo que, agregaron integrantes de esa agrupación, de aprobarse el proyecto elaborado por el ministro Salvador Aguirre Anguiano, para que se dé carpetazo al asunto, "representaría un grave retroceso en el avance democrático, ya que el órgano encargado de la preservación del orden constitucional se estaría autolimitando en sus funciones de garante del estado de derecho al establecer requisitos sumamente rígidos para poder ejercer la facultad de investigación".

En larga asamblea celebrada a las afueras del auditorio Emiliano Zapata de este municipio, los integrantes del FPDT acordaron que el próximo martes, cuando la Corte discuta si ejerce su facultad de atracción para conformar una comisión que investigue las violaciones a derechos humanos en San Salvador Atenco a principios de mayo pasado, acudirán a la sede del máximo tribunal con objeto de ingresar a la sesión de los ministros.

Exhortaron a los integrantes del máximo tribunal a reflexionar no sólo para atraer el caso Atenco y conformar la comisión investigadora, sino "en favor de preservar la facultad de investigación tal como fue concebida por el constituyente de 1917".

Informaron que también acudirán a la Cámara de Diputados, para exigir a los legisladores se pronuncien en torno a la discusión que efectuarán este 6 de febrero los integrantes de la SCJN.

El FPDT manifestó que una de sus comisiones participó en el Cuarto Diálogo Nacional, en el que más de 600 organizaciones se pronunciaron por "la restitución de la legalidad", con objeto de que en la declaración del "pacto nacional" ­que se leerá hoy, en un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Hemiciclo a Juárez­, haya un pronunciamiento de los organismos de la necesidad de que la Corte atraiga el caso Atenco "porque no es algo aislado, sino que tiene que ver con la obligación de ese órgano de investigar las violaciones a los derechos humanos, y así demostrar su compromiso con la defensa de la Constitución".

Trinidad Ramírez del Valle, esposa del líder del FPDT, Ignacio Del Valle, afirmó que debido a que se están agotando las instancias internas para que los delitos en que incurrieron autoridades estatales y federales hace nueve meses durante el operativo policiaco a este municipio no queden impunes, acudirían a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional; sin embargo, "en principio se agotarían los recursos nacionales".

El FPDT convocó a las organizaciones no gubernamentales a participar en el mitin de este martes ante la Corte, porque "a nueve meses de la brutal represión de los gobiernos estatal y federal aún tenemos encarcelados a 31 compañeros en los penales de alta seguridad El Altiplano (antes La Palma), en el de Satiaguito y en el de Texcoco; esto fue en venganza por no haber permitido que se construyera un aeropuerto internacional, por defender nuestras tierras, nuestros derechos, nuestra historia".

La SCJN podría ser cómplice por omisión

A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La familia del joven Alexis Benhumea, estudiante privado de la vida por el gobierno del Estado de México y la PFP en Atenco, les preguntan:

1. ¿Actuaron de motu propio los policías?

2. ¿La Corte va a ser cómplice por omisión, y lavandería de violaciones a los derechos humanos?
3. ¿Se están dejando presionar por algunos gobernantes implicados?

a) Amnistía Internacional, la Comisión Civil Internacional, la CNDH, Miguel Pro y la FIDH, que son de las organizaciones más importantes en derechos humanos en México y el mundo, han comentado a través de sus informes que sí hubo violaciones graves a los derechos humanos en Atenco.

b) Que si ustedes no ejercen su facultad consagrada en el artículo 97 de la Constitución estarían dando licencia a las policías para que maten, por el simple hecho de ser policías, tal y como lo menciona en su ponencia el ministro Góngora Pimentel.

c) La CNDH ya investigó, pero el artículo 97 de la Constitución faculta a la Corte para intervenir en casos especialmente graves, y éste lo es.

d) El ministro Góngora comenta: "hice mía la petición del grupo de ciudadanos porque mi conciencia no me dio otra alternativa". Y los otros ministros... ¿qué hay de su conciencia?

e) La preservación del orden se garantiza con el respeto a los derechos humanos.

f) El desprestigio de México en el mundo en materia de derechos humanos ya es grave.

g) En particular, Miguel Benhumea cita a un debate en materia jurídica al ministro Aguirre Anguiano, para decirle porqué sí son graves las violaciones a las garantías individuales cometidas en Atenco.

h) Cuando vayan de vacaciones a Europa no van a poder decir que son ministros de la Corte en México, porque les puede pasar, como a Felipe Calderón, que les reclamen.

Les exigimos no ser rehenes ni cómplices, por omisión, de los homicidas.

Atentamente.
Familia Benhumea Hernández

En juego, el papel de la Suprema Corte

El concepto esencial que subyace en la discusión pospuesta para el martes 6 de febrero, sobre la procedencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de crear una comisión que investigue si en los hechos suscitados en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, los aparatos de seguridad del estado violaron gravemente las garantías individuales, no sólo son los hechos de Atenco. Lo que se encuentra en juego es la actuación de la Corte como máximo órgano de control constitucional encargado de vigilar que las autoridades preserven el estado de derecho.

La pretensión del ministro Aguirre Anguiano, plasmada en el proyecto de resolución que presentó ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 1° de febrero de 2007, mediante el cual no sólo desecha la petición de crear una comisión investigadora, sino que pretende limitar los alcances del artículo 97 constitucional, de aprobarse representaría un grave retroceso en el avance democrático, ya que el órgano encargado de la preservación del orden constitucional se estaría autolimitando en sus funciones de garante del Estado de derecho al establecer requisitos sumamente rígidos para poder ejercer la facultad de investigación.

Hacemos a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación un llamado a la reflexión, para que el día 6 de febrero emitan un voto en favor de la creación de la comisión investigadora y también en favor de preservar la facultad de investigación, tal y como fue concebida por el Constituyente de 1917.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra