jueves, septiembre 20, 2007

Producen disco para ayudar a los presos políticos de Atenco

Iniciativa de diversos colectivos integrantes de la otra campaña, se presentará el viernes en el Alicia
  • La música de Manu Chao, Fermín Muguruza, Akil Jam y Grupo 17 de Noviembre, parte del cedé
Tania Molina Ramírez
Por primera vez se produjo un disco para presos políticos en México y será presentado este viernes 21 de septiembre, en el Multiforo Alicia.

Se trata del cedé Presos políticos Atenco 2006, en el que participa un arcoiris de artistas y géneros, desde el hiphop, de Akil Jammar y BocaFloja, hasta los corridos del Grupo 17 de Noviembre y del Colectivo Polhó, pasando por el cadencioso reggae de Fermín Muguruza y la skasera pachanga de Manu Chao.

El disco fue una iniciativa coordinada por diversos colectivos integrantes de la otra campaña, convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y todos los fondos recaudados se destinarán a la campaña por la liberación de los presos de San Salvador Atenco. Nadie cobró: los grupos aportaron sus canciones y algunos voluntarios pusieron de su bolsillo para que lo recaudado se destine íntegro a los presos.

En concreto, los fondos se destinarán a gastos en los procesos jurídicos (los abogados no cobran), de los presos y en los plantones afuera de Santiaguito, en Toluca, y Molino de Flores, en Texcoco.
La idea del disco nació tras un baile realizado hace unos meses en el Multiforo Alicia para recaudar fondos para los presos de Atenco. Una parte se destinó a ellos y otra a producir el cedé, y se hizo una primera edición de mil piezas.

“Este disco es una manifestación de rebeldía, resistencia y dignidad”, se lee en el librito que acompaña el disco. Los presos “nos muestran la importancia no sólo de denunciar, sino de organizarnos”.

“El delito es solidarizarse”

“En este país, el delito es solidarizarse con las causas justas de nuestro pueblo. En este país, se encierra a los estudiantes que apoyan a los campesinos en sus demandas. En este país, se encierra a la gente que busca difundir la verdadera información”. El mensaje se escucha antes de Carcelero, de Kojón Prieto y los Guajolotes. Entre canción y canción se incluyó audio hablado, sobre todo de testimonios de los presos de Atenco.

El librito del disco incluye la lista de detenidos del 3 y 4 de mayo de 2006 y los que continúan presos, el contexto político regional y nacional y una cronología de lo ocurrido en San Salvador Atenco: desde 2001, con la lucha en defensa de las tierras en las que el gobierno federal buscaba construir un aeropuerto, pasando por el violento desalojo llevado a cabo en mayo de 2006 por elementos policiacos municipales y estatales, hasta la fecha, con la situación de los presos y de los plantones fuera de los penales.

Explica que “de más de 200 detenidos durante los hechos represivos en Texcoco y San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, continúan bajo proceso 147 compañeros y se mantiene a 27 de ellos como rehenes del Estado en los penales de La Palma, Santiaguito y Molino de Flores”. También denuncian que los procesos judiciales han estado plagados de irregularidades.

Los plantones han servido de vía de comunicación con los presos de Atenco y para informar sobre la situación a familiares de los demás presos. A tal grado que han organizado talleres para los niños de las visitas. Inclusive, contaron integrantes de colectivos, una maestra de la ENAH quiso entrar a la cárcel a dar clases a una alumna suya presa; “como no le dieron chance, está dando clases afuera de Santiaguito”. Y otros maestros siguieron su ejemplo.

Todos los artistas que participan en el disco están comprometidos, de distintas maneras, con luchas sociales en México u otros países.

Está, por ejemplo, la italiana skasera Banda Basotti con su versión de Revolution rock, de The Clash. Este combativo grupo surgió entre compañeros albañiles sindicalistas, metidos en iniciativas de solidaridad con el pueblo palestino, vasco, nicaragüense.

Está Fermín Muguruza, músico fundamental del rock vasco y comprometido activista de izquierda.

Hubo tan buena respuesta de los músicos, que sobraron canciones para ser usadas en otra ocasión, contó Ignacio Pineda, del Mutiforo Alicia, participante en la iniciativa.

La presentación del álbum se llevará a cabo en el multiforo con un concierto de BocaFloja, Twin Tones, Silencios Incómodos, Barricada Frente Latino y la Mala Vita.

Participará gente del pueblo de Atenco y se proyectarán fotografías (incluidas en el libro Atenco rebelde, imagen de un pueblo en lucha) del reportero gráfico Jesús Villaseca, premio nacional de periodismo y trabajador de La Jornada.

El disco se consigue por medio de discopresospoliticos@yahoo.com.mx.
Día 21, a las 20 horas. Av. Cuauhtémoc 91, colonia Roma. www.myspace.com/foroalicia. Entrada: 60 pesos.

Pájaro Huertas retoma lucha de los campesinos de Atenco

Regresó a su pueblo luego de 16 meses de persecución
  • “El exilio a que me obligaron reforzó mis convicciones”
Israel Salinas Cesáreo (Corresponsal)

San Salvador Atenco, Méx., 19 de septiembre. “Con el exilio a que me forzó el gobierno durante 16 meses, lejos de terminar con mis convicciones, éstas se reforzaron, y hoy les digo, más que nunca, que la lucha seguirá, porque es por nuestro pueblo, por nuestra tierra”, afirmó David Pájaro Huertas, uno de los tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa la Tierra (FPDT) que regresó a San Salvador Atenco con un amparo de la justicia, luego de que en mayo de 2006 empezara una persecución gubernamental en su contra.

Junto con Martha Pérez Pineda y Ulises del Valle Ramírez –hijo del dirigente Ignacio del Valle Medina, preso en el penal del Altiplano–, Pájaro Huertas retomó la dirigencia del movimiento atenquense.

Sostuvieron que con el exilio de 16 meses y la persecución no perdieron “lo más valioso, que es nuestra conciencia y nuestra garra de lucha”.

Alertaron sobre las intenciones del gobierno federal de despojarlos de sus tierras con el propósito de retomar el proyecto de construir un nuevo aeropuerto en la región, como se intentó en la administración del guanajuatense Vicente Fox.

“Nadie en este movimiento se va a rendir. La lucha va a continuar, y el siguiente paso es ir por la libertad de nuestros presos y trabajar nuestro ejido”, advirtieron los dirigentes, a quienes el juez noveno de distrito, Mauricio Torres Martínez, les concedió un amparo.

David Pájaro señaló que el movimiento atenquense se ha sostenido, “lo que ha demostrado que nadie es indispensable, porque con o sin Ignacio (del Valle), con o sin Felipe (Álvarez), con o sin América (Del Valle), o Martha (Pérez) o David (Pájaro), quienes se quedaron supieron salir adelante.

“Esta es una lucha que sólo empezó y ninguno de los que estamos aquí vamos a tener ni la fortuna ni la desgracia de ver cómo termina, porque es un camino que tiene inicio, pero quienes la continuarán van a tener el resultado, y ese resultado es el seguir en este pueblo, en esta tierra”, agregó.

“Tenemos que hacer que nuestros jóvenes y nuestros niños se convenzan de que la única manera de salir adelante es continuando el trabajo que un día nos tocó hacer a nosotros”, concluyó.

miércoles, septiembre 19, 2007

La Corte limita su alcance ante abusos en casos Atenco, Oaxaca y Lydia Cacho

Desoye el pleno a los ministros Silva Meza, Cossío Díaz y Góngora Pimentel

Jesús Aranda


El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (de frente), durante la sesión del pleno de la Corte, ayer Notimex

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) redujo atribuciones, aprobadas previamente, a la comisión que investiga la presunta violación de garantías individuales en San Salvador Atenco en mayo de 2006, al establecer que ésta “no deberá referirse a aspectos relacionados con formas de reparación” de quienes hayan sufrido la violación de sus derechos, como tampoco podrá señalar posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas de los funcionarios involucrados en los hechos.

La mayoría ignoró los argumentos de los ministros Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y Genaro Góngora Pimentel; el primero cuestionó que la Corte aplique de manera retroactiva lineamientos que reducen las facultades de los comisionados, mientras que los otros dos señalaron que el pleno debería establecer, “formas de reparación del daño causado, por la violación grave a las garantías individuales”.

Góngora recordó por su parte que, desde que el máximo tribunal analizó el tema del halconazo, relacionado con los hechos del 10 de junio de 1971, cuando la mayoría se negó a ejercer la facultad de investigación, planteó que deberían ampliarse los alcances de ésta, prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, para establecer “formas de reparación al daño causado, por la violación grave de garantías individuales, yo diría escandalosas, que en su caso se hayan producido”.

El 6 de febrero se integró la comisión investigadora, a solicitud de Góngora Pimentel, para conocer los hechos ocurridos en los poblados mexiquenses de San Salvador Atenco y Texcoco. En aquella ocasión el pleno determinó que la comisión integrada por los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González “debía complementar la investigación acerca de la existencia y violaciones graves a las garantías individuales y derechos humanos fundamentales”, y determinar “por qué se dieron esas violaciones, si alguien las ordenó, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación?, o se debió a la deficiente capacitación de los policías”.

Esto permitiría al pleno establecer criterios sobre los límites de la fuerza pública, y para que se hiciera llegar a las autoridades competentes la opinión de la SCJN “sobre las formas de reparación de la violación de garantías, ya sean jurídicas o civiles”, así como hacer llegar a las autoridades competentes “la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o jurídicas”.

Sin embargo, el 10 de septiembre pasado, la Corte aprobó un acuerdo general que limita considerablemente las atribuciones de las comisiones investigadoras (tanto la del caso Atenco, como las de Oaxaca y la que tiene que ver con el gobernador de Puebla por el caso Lydia Cacho), y con ello se redujeron los alcances de la pesquisa.

Así acordó que las comisiones “no podrán adjudicar responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado en los hechos”.

La aprobación de estos lineamientos, llevó al pleno ayer a “precisar” los alcances de la comisión que investiga el caso Atenco, para que ésta ajuste su actuación a las nuevas reglas, siete meses después de que inició sus trabajos. Con esto, quedó fuera también la posibilidad de que en un momento dado, la SCJN se pronunciara sobre las formas en que podrían ser reparadas la posible violación de garantías de las víctimas (de haberlas) y que, en su caso, señalara eventuales responsabilidades civiles penales, administrativas o políticas.

Con la decisión de ayer del pleno del máximo tribunal, la comisión se limitará a “procurar identificar el cargo y nombre de las personas que hubieren participado en tales hechos calificados como violaciones graves a los derechos fundamentales”.

Después de que la comisión investigadora entregue su informe, si considera ésta que hubo violaciones, el material se turnará a un ministro para que elabore un proyecto de dictamen en el que confirme si hubo tales violaciones y, eventualmente, a los funcionarios responsables; pero sin que la Suprema Corte emita recomendación alguna a las autoridades a las que los ministros remitan su dictamen.

lunes, septiembre 17, 2007

Acuerda SCJN modificar lineamientos a comisión por caso Atenco

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó por unanimidad modificar los términos del mandato otorgado a la Comisión Investigadora para el caso Atenco, a fin de que se adecúe a las reglas aprobadas para ejercer la facultad establecida en el Artículo 97 constitucional.
El alto tribunal aprobó que el informe preliminar y el dictamen de la comisión se sujete a lo establecido en las reglas aprobadas el pasado 20 de agosto, y que precisan que no se deben proponer formas de reparación del daño por la violación a garantías individuales y que no se adjudiquen responsabilidades penales.
En ese sentido la Comisión Investigadora, integrada por los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro González Bernabé, conserva su facultad para detallar los nombres y cargos de las autoridades involucradas en los hechos.
Cuatro ministros se pronunciaron porque la comisión sí tuviera la facultad de proponer opciones sobre cómo reparar los daños por esas violaciones, y dos más reiteraron que en la votación efectuada el pasado 6 de febrero propusieron que el alto tribunal no ejerciera su facultad de investigación.
El ministro Ramón Cossío Díaz manifestó que coincidía con el proyecto, pero subrayó que no encontró fundamento para eliminar la posibilidad de que los magistrados pudieran proponer las formas de cómo reparar la violación de garantías individuales, sean jurídicas o civiles.
El integrante de la SCJN votó a favor de que se elimine la identificación de responsabilidades, pero expuso: "Me parece que los magistrados podrían decir que las formas de reparación pueden tener tales o cuales características".
Con Cossío Díaz coincidieron el ponente del proyecto de modificación de mandato, Juan Silva Meza, y los ministros Fernando Franco González Salas y Genaro Góngora Pimentel.
La comisión planteó una serie de dudas sobre la conducción de las investigaciones y la elaboración del respectivo informe preliminar y dictamen, a partir de la publicación del acuerdo 16/2007 que contiene las reglas a las que deberán sujetarse, pues de ello tienen que informar a los poderes Ejecutivos federal y del estado de México
Silva Meza advirtió que como la investigación ya se había hecho,aplicar las reglas emitidas podría implicar una implementación retroactiva de normas, lo que no ocurre con el caso Lydia Cacho y Oaxaca.
A su vez, Mariano Azuela consideró que la consulta sólo se refería a "meras aclaraciones secundarias", pues en ninguna ocasión se establece que la comisión determine las responsabilidades, ni cuáles serían las reparaciones por daños a garantías individuales.
En tanto, Sergio Valls Hernández indicó que es congruente que la investigación se haga con los lineamientos del acuerdo, a fin de que no se adjudiquen responsabilidades de algún tipo.
En tal situación, la Comisión Investigadora tendrá como objetivo indagar por qué se dieron esas violaciones, si alguien las ordenó, si obedeció a una estrategia estatal; si la situación fue rebasada por los hechos o por la deficiente capacitación de los policías.

domingo, septiembre 16, 2007

Líderes del FPDT dejan el exilio para encabezar el Grito en Atenco

  • Gozan de amparo; advierten que continuarán en lucha
Javier Salinas Cesáreo (Corresponsal)

San Salvador Atenco, Mex., 15 de septiembre. Tras 16 meses de permanecer en el exilio por la persecución gubernamental y con un amparo de por medio, tres de los principales dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco regresaron a su pueblo y encabezaron el Grito de Independencia.

Con la salida de la clandestinidad de Martha Pérez Pineda, David Pájaro Huertas y Ulises del Valle Ramírez –este último hijo del dirigente preso en el Altiplano, Ignacio del Valle Medina–, el FPDT vive su mejor reagrupación, luego de la represión de la que fue objeto a manos de las fuerzas federales y estatales en mayo de 2006.

Sin embargo, el FPDT aún cuenta con integrantes y dirigentes en el exilio, como América del Valle, Jesús Adán Espinoza Rojas, Bernardino Cruz Cardona y Jorge Flores, entre otros; además 28 están presos.

Los tres dirigentes, quienes gozan de un amparo otorgado por el juez noveno de distrito, Mauricio Torres Martínez, ratificaron que seguirán luchando por la libertad de sus compañeros presos en los penales del Altiplano, Santiaguito y Molino de Flores.

Este sábado, fue un día festivo y en la explanada municipal de Atenco cientos de pobladores se reunieron para dar la bienvenida a sus tres compañeros.

Desde el templete instalado para la ocasión –que estuvo frente a las oficinas del comisariado ejidal de Atenco–, Martha Pérez, David Pájaro y Ulises del Valle encabezaron el Grito de Independencia, al tiempo que cientos de habitantes del poblado chocaban sus machetes, en señal de resistencia.

En sus arengas responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal de su seguridad e integridad física y sicológica.

sábado, septiembre 15, 2007

¡El FPDT Vive, la lucha sigue!

  • apuntes sobre una experiencia de lucha
Por Cayo Vicente, con Amor para quien escuche solidari@ este texto, y bien se sabe por que…

aVentArte por la libertad II


“aVentArte por la libertad” es una iniciativa para subastar arte y artesanías con la finalidad de obtener fondos destinados a la defensa jurídica y otros gastos de los compañer@s pres@s polític@s del caso Atenco. En su primera edición logró reunir 18,160 pesos entregados al Colectivo de Abogados Zapatistas.

Ahora pretendemos repetir y superar la hazaña contando de antemano con el apoyo y el compromiso de todos aquellos convencidos de la injusticia cometida en contra de los luchadores sociales de la Otra campaña, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de colectivos y personas independientes y de habitantes de Texcoco y San Salvador Atenco.

27 compañer@s continúan pres@s en calidad de rehenes del estado.

Para perseverar en la lucha por la libertad de los pres@s polític@s y que ningún torturador, violador o asesino quede impune, que ninguna tortura, represión, asesinato ni violación se olviden, ni se perdonen, los invitamos a la…

Segunda subasta-venta de arte y artesanías hechas por l@s pres@s o donadas por artistas solidarios
“aVentArte por la libertad”
El evento se llevará a cabo el domingo 30 de septiembre de 2007 de las 10 a las 16 horas, en el Espacio Autónomo de Cultura y Arte “Para todos, todo” localizado en el callejón de Chilpa núm. 5, atrás de la Plaza de la Conchita en el centro de Coyocán.

Además, habrá comida, música, danza, etc.
Entrada solidaria: 10 pesos.

Invitan:
Compañer@s pres@s polític@s por el caso Atenco, compañer@s solidari@s y adherentes individuales de La Otra Campaña, Comité de Lucha por el Movimiento de Emancipación Nacional (COLMENA), Colectivo Axolote-UAM-I, 5ta brigada…ay karmela, Frente Único Nacional de Trabajadores, Jubilados y Pensionados del IMSS, Brigada Libertaria.

Para participar, donando o apoyando la difusión de este evento y su preparación se pueden comunicar al teléfono 04455 40 83 71 37, o a los correos electrónicos de aVentaArte Por la Libertad: aventarteporlalibertad(arroba)yahoo.com.mx, aventarteporlalibertad(arroba)gmail.com

Las obras disponibles pueden verse en el blog:
http://aventarteporlalibertad.blogspot.com/

Para qué infierno si tenemos patria


Jornada por la libertad

9 am a 3 pm

Plantón Molino de las Flores

Texcoco, México.

foto.video.música.poesía.resistencia.rebeldía

viernes, septiembre 14, 2007

Bienvenida a liberados de Atenco

Desde el 4 de mayo de 2006, nuestros compañeros Martha Pérez, David Pájaro y Ulises del Valle fueron perseguidos políticos por los gobiernos federal y estatal. Pero gracias a nuestra lucha y resistencia logramos cancelar órdenes de aprehensión en su contra por defender nuestras tierras en 2001.

A más de un año, nuestros compañeros regresan a su pueblo al lado de sus familias; por ello convocamos al pueblo de México y a las organizaciones sociales a recibirlos este 15 de septiembre a partir de las 17 horas frente al auditorio Emiliano Zapata de Atenco, y a que juntos demos el Grito por la libertad de todos nuestros compañeros presos y perseguidos políticos. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier agresión en contra de nuestros compañeros. Está más que demostrado que son y siempre han sido inocentes. ¡No se atrevan a tocarlos!

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

jueves, septiembre 13, 2007

Se amplió el plazo para investigar el caso Atenco: SCJN

Jesús Aranda

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, dio a conocer que la comisión que investiga la presunta violación de garantías individuales en San Salvador Atenco tendrá una ampliación del plazo para concluir su indagatoria, ya que las nuevas reglas establecidas por el pleno para este tipo de comisiones determinan un plazo de seis meses, mismo que ya tendría que haber finalizado, pues dicho órgano empezó sus trabajos el pasado 21 de febrero.
En una reunión que sostuvo con dirigentes del Movimiento de Pueblos Indígenas de la Ciudad, adherentes a La sexta y a la otra campaña, y con pobladores de San Salvador Atenco, a la que también asistieron los magistrados comisionados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, Ortiz Mayagoitia escuchó las quejas de los atenquenses en rechazo a que aún existan presos políticos por los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006, así como una presa “de conciencia”, la mazahua Magdalena García Durán, quien lleva 15 meses en prisión sin que hasta la fecha se dicte sentencia en su contra.
Ortiz Mayagoitia dijo a los demandantes –quienes desde el mediodía se apostaron afuera del máximo tribunal, luego de llegar por medio de una carrera de relevos desde el penal de Miraflores, donde se encuentra recluida García Durán– que la comisión tiene la encomienda de establecer si en el uso de la fuerza pública se violaron gravemente garantías individuales y, en su caso, a quienes se imputan dichas transgresiones.
Ante los reclamos de los atenquenses de que no han sido escuchadas sus denuncias en torno al operativo policiaco con el que se reprimió a la población, el magistrado Pardo Rebolledo señaló que el expediente consta de 185 mil fojas, y que se llevan a cabo entrevistas a pobladores afectados, a detenidos en cárceles de la entidad, representantes de organismos no gubernamentales de defensa de derechos humanos, así como a autoridades federales, estatales y municipales que pudiesen estar involucrados en los acontecimientos.
Señaló también que han revisado fotografías, videos, declaraciones de involucradas y fichas hemerográficas.

Atenco: podrían liberar a Magdalena García, presa de conciencia

La visita de AI fue positiva, dice abogada

Por Lourdes Godínez Leal

México, 12 sep 07 (CIMAC).- Magdalena García Durán, presa en el penal de Molino de las Flores, Estado de México, detenida en los operativos de San Salvador Atenco el 3 de mayo de 2006, está en espera de la resolución del tercer y último amparo que tendrá que resolver el juez Alberto Cervantes, quien tiene en sus manos la decisión de otorgarle la libertad o negársela una vez más.

En entrevista telefónica, la abogada de Durán, Bárbara Zamora, explicó que “la única forma que Magdalena quede libre es la resolución que revocara el auto de formal prisión” y confió, aunque no precisó una fecha, en que pronto el juez determine su fallo.

Para la defensora de la mazahua presa desde hace un año, primero en Santiaguito y luego trasladada a Molino de las Flores, la visita de Amnistía Internacional (AI) fue positiva, pues consideró a Magdalena García Durán como “presa de conciencia” y exigió su inmediata liberación.

Lo anterior así como las manifestaciones de apoyo que ha recibido por parte de organizaciones indígenas servirán para ejercer un poco más de presión y continuar exigiendo su liberación, consideró Zamora, abogada del Bufete Jurídico Tierra y Libertad.

“Yo creo que sirve esa presencia que tuvo AI y la resolución que tomaron con respecto a Magdalena porque los jueces no han tomado en cuenta todos los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos presentado y esperamos que con esto ya lo hagan y el amparo que estamos esperando lo resuelvan y lo concedan”.

Luego de un año seguido de audiencias, continúan a la espera de una resolución favorable a García Durán, al tercer y último amparo presentado en febrero de este año por la abogada, quien sostiene la existencia de una “consigna política” contra las personas de Atenco y de su defendida.

“Hay una consigna política del gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, cada que ganamos un amparo le dictan un nuevo auto de formal prisión y éste lo dicta un juez del Estado de México que depende de Peña Nieto”, aseveró la activista y defensora de derechos humanos.

Sobre las posibilidades de que se dicte un nuevo auto de formal prisión, la abogada dijo que no existen porque este amparo tendría que ser ya el definitivo y que en todo caso, ordenará la libertad de Magdalena García.

“Los anteriores amparos que presentamos han sido para efectos y éste ya tendría que ser un amparo no para efectos sino que sea un amparo que ordene la libertad de Magdalena”.

Bárbara Zamora indicó que la libertad de Magdalena García está ahora en manos del juez noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl.

Confió en que con la intervención internacional que ha habido respecto al caso y a los movimientos de los grupos indígenas, el juez atienda ahora sí los argumentos jurídicos y no “se deje llevar” por las consignas políticas del gobernador priista, Enrique Peña Nieto.
07/LGL/GG

martes, septiembre 11, 2007

Exigen excarcelación de mujeres de Atenco y Oaxaca

  • MMM, Espacio Feminista y UNT

Por Lourdes Godínez Leal

México DF, 11 sep 07 (CIMAC).- Integrantes de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), que agrupa a diversas organizaciones civiles y feministas nacionales e internacionales, el Espacio Feminista y la Vicepresidencia de Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) iniciaron una campaña para juntar un millón de firmas para exigir la seguridad de la vida de las mujeres.

Su petición principal dirigida al gobierno es la liberación de las cuatro mujeres que continúan presas en los penales de Molino de las Flores y Santiaguito, por los operativos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco y siete en Oaxaca.

En conferencia de prensa, Martha Figueroa, integrante de la MMM, dijo que pedirán que cese la persecución de líderes sociales, activistas y defensores y defensoras de derechos humanos porque el sexenio foxista fue el de los asesinatos contra mujeres defensoras de derechos humanos y no “queremos que éste se convierta en el de los defensores hombres”.

En tanto, Axela Romero, del Espacio Feminista y directora de la organización civil Salud Integral para la Mujer (SIPAM) señaló que desde el sexenio foxista existe un “discurso de género” a nivel legislativo que se ha quedado en palabras vacías, toda vez que las mujeres no son una prioridad para las políticas públicas, lo que se ha visto reflejado en la falta de presupuesto y programas etiquetados para el 52 por ciento de la población.

Axela Romero dijo que se están haciendo leyes sin presupuesto, que no son aplicables y son únicamente una “simulación” por parte del gobierno federal para decir que “está haciendo algo al respecto”.

NO A LA MILITARIZACIÓN

Las feministas también se pronunciaron por la desmilitarización del país y porque el presupuesto que se está empleando para cuestiones de seguridad se reoriente a otros rubros como pobreza o salud.

En este sentido, ejemplificaron que con el dinero destinado a la compra de un helicóptero militar, se pueden instalar seis clínicas con personal médico completo para operar durante seis años.

Se pronunciaron también en contra del uso del ejército en las calles, principalmente de las comunidades indígenas donde una constante es la violencia sexual que los militares ejercen sobre las mujeres indígenas.

Baste recordar, dijeron, los casos más recientes en Zongolica, Veracruz, con Ernestina Ascencio Rosario, o las mujeres de Nocupétaro, en Michoacán, o las de Castaños, en Coahuila.

Por todo ello, señalaron, pretenden recabar el millón de firmas como una forma de hacer presente al movimiento de mujeres, de decir “tenemos voz y estamos aquí” y exigimos un alto a la violencia e impunidad contra las mujeres, señaló Martha Figueroa.

La MMM es un movimiento de mujeres de organizaciones feministas a nivel mundial y está integrada por más de 60 países, incluido México, que surgió en el año 2000.

Las integrantes de la red anunciaron que las acciones de la marcha en México se centrarán en la difusión de la violencia contra las mujeres, entrega de carteles y otros materiales al respecto y culminarán el 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres y niñas.

Asimismo, las actividades concluirán el 24 de mayo de 2008 con una marcha-caravana que partirá de Ciudad Juárez, entidad que se ha convertido en una referencia obligada del feminicidio en México y donde se han asesinado a más de 400 mujeres desde 1993 a la fecha, a Chiapas.
07/LGL/GG

Ratifican pena a líderes de Atenco

Emir Olivares Alonso

La primera sala colegiada penal del estado de México confirmó la sentencia contra Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicua y Felipe Álvarez Hernández, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, a 67 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro equiparado por la retención de seis funcionarios públicos en febrero y abril de 2006.
El órgano judicial ratificó el fallo del juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, quien el 5 de mayo de este año consideró que “existen elementos suficientes que comprueban la responsabilidad” de los inculpados en los delito imputados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Los magistrados de esa sala, entre quienes se encuentra Jorge Reyes Santana, procurador de Justicia con Arturo Montiel, declararon culpables a Del Valle, Álvarez y Galindo, por lo que dejaron sin efecto la apelación tramitada por la defensa.
La resolución es casi la misma que emitió Blas hace cuatro meses, aunque se modificó la sanción pecuniaria, pues en la sentencia del juzgador se obligaba a los inculpados a pagar 2 mil 924 días de salario mínimo, mientras el dictamen de la primera sala fija la multa en 2 mil 474 días o, en su defecto, la misma cantidad de días de trabajo a la comunidad sin retribución alguna.

Refrenda FPDT presencia en Atenco tras ganar candidatura a alcaldía

Javier Salinas Cesáreo, corresponsal

La planilla encabezada por Javier del Valle García fue la que logró el triunfo. El sobrino del líder atenquense, Ignacio del Valle, se comprometió a seguir la lucha del movimiento.
San Salvador Atenco, Méx. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) refrendó su presencia en la región y el control del núcleo ejidal de San Salvador Atenco al ganar la candidatura a la presidencia de esta representación y derrotar a la planilla priísta, que buscaba desplazar al movimiento atenquense con el fin de comenzar la venta de las más de tres mil hectáreas con que cuenta el ejido.
La planilla encabezada por Javier Del Valle García, sobrino del líder del movimiento Ignacio del Valle Medina —preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano— fue la que logró el triunfo y reiteró su compromiso por la defensa de sus ejidos.
Del Valle García dijo haber recibido presiones y amenazas por parte de funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) para evitar que participara como candidato a presidente municipal, por ser sobrino de Ignacio del Valle.
En asamblea celebrada en la explanada principal, la planilla roja integrada en su mayoría por miembros del FPDT obtuvo 202 votos contra 177 de la planilla azul, conformada por militantes y simpatizantes del PRI.

Exigirán a la Corte libertad de mazahua

Emir Olivares Alonso

El Movimiento de Pueblos Indígenas de la Ciudad Adherentes a la Sexta y a la Otra Campaña entregará este martes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, un documento en el que expone las razones por las que Magdalena García Durán –indígena mazahua detenida en los hechos en San Salvador Atenco, en mayo de 2006– “está presa injustamente”.

Como parte de las acciones en favor de la libertad de García Durán –única persona recluida en México que es considerada por Amnistía Internacional como presa de conciencia–, la organización indígena realizará hoy una carrera de relevos desde el penal Molino de Flores (en el estado de México) hasta la sede de la Corte (en la ciudad de México) para entregar el documento. El objetivo es emular el sistema de comunicación de mensajeros que utilizaban las culturas precolombinas.
Alfredo Cruz, esposo de la detenida, indicó que a 16 meses de la aprehensión se ha comprobado que el 3 de mayo (día de los hechos) Magdalena se encontraba en una gira con representantes de la delegación Cuauhtémoc, quienes ya presentaron testimonio ante la justicia del estado de México.
Esperan tercer amparo
Los indígenas recordaron que la justicia federal ha otorgado dos amparos a García Durán y se espera que en breve otro juzgado (con sede en el municipio de Nezahualcóyotl) extienda uno más para que la detenida pueda obtener su libertad.
Sin embargo, señalaron que “el Poder Judicial del estado de México ha demostrado que no es un poder, sino un organismo servil de Enrique Peña Nieto (gobernador de la entidad), pues con argucias e incluso aberraciones el juez de primera instancia, maestro en derecho Jaime Maldonado, ha dictado tantos autos de formal prisión como amparos ha obtenido nuestra hermana Magdalena”.

El documento está firmado por más de 200 representantes de las culturas mazahua, triqui, otomí, yaqui, purépecha, entre otras, y exige justicia para García Durán y los presos “políticos” detenidos por los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco.
La agrupación exige que sea el propio presidente de la SCJN quien reciba la misiva, en la que también demandan que se cancelen los procesos seguidos en contra de personas que están libres bajo fianza y se presente con vida a los desaparecidos políticos del país.
La carrera de relevos recorrerá un tramo de 42 kilómetros desde la sede del penal Molino de Flores, en Texcoco, hasta la SCJN, en el Centro Histórico de la ciudad de México; dará inicio a las 6 de la mañana. El primer relevo se efectuará en el Tribunal de Justicia del estado de México, a tres kilómetros del punto de arranque; el segundo, en la glorieta de Chapingo. Habrá otros cinco puntos, que incluyen el Periférico, la avenida Oceanía y la sede de la delegación Venustiano Carranza, antes de llegar a la Corte.

El delito de ser india y pobre

Para el Poder Judicial en México, Magdalena García Durán es una mujer “sin bienes de fortuna, sin estudios y sin utilidad semanal”, en otras palabras, pobre. Y como consecuencia, según el Juez Segundo de lo Penal, Jaime Maldonado Salazar, debido a lo anterior, “se desprende que es simpatizante” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, “cuya finalidad es la de trastocar el orden social”.Cosa de enfoques.Para la organización británica defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional, después de la visita a México de su secretaria general, Irene Khan, hay elementos suficientes para asegurar que Magdalena García Durán es “la única presa de conciencia” que existe en México.

Soy una mazahua de aquí mismo, del estado de México. Yo, la verdad, lo que me doy cuenta y me queda claro es que estamos aquí por cuestión política. No es jurídico porque nos están inventando cosas que no hicimos. El gobierno me sorprende. La verdad, me sorprende mucho. Como indígena yo no fui a la escuela. No sé leer ni escribir. Pero el propio el gobierno promueve proyectos para capacitar a los indígenas para que puedan defender sus derechos. Y ahora en este día me sorprendo de que pese a tantas capacitaciones que me brindaron para defender los derechos de los indígenas, ahora estoy encarcelada.

Esta indígena mazahua está desde el 4 de mayo de 2006 en la cárcel acusada de secuestrar a 6 policías estatales en San Salvador Atenco.Los seis policías retenidos durante los hechos violentos del 3 y 4 de mayo -Oscar Prado, Horacio Aguirre, Adrián Alemán, David Guzmán Sosa, Carlos Alberto Hernández y Felipe Cruz- ni siquiera han presentado denuncias en contra de los procesados y en ningún momento han sido presentados a los defensores de los detenidos. Tras ser buscados para que dieran su versión sobre el caso, dos de los policías aseguraron que no tenían nada contra Magdalena García Durán y los otros 4 no quisieron hablar porque dijeron que ni siquiera sabían quién era ella.¿Por qué digo defender los derechos de los indígenas? Porque hay muchas cosas que realmente se da uno cuenta. Uno sale de su comunidad porque no hay trabajo. Existe mucho la extrema pobreza. En caso de mi comunidad –que es San Antonio Pueblo Nuevo– es muy alto el índice de pobreza. Salimos. Nos migramos.O salimos para el Distrito Federal y llega uno a lo mismo: cuántos niños tienen cerradas las puertas de las escuelas porque no saben hablar español, es por eso que los rechazan para recibir un estudio. A ellos no les brindan la educación porque son indígenas, porque no saben hablar bien el español. Cuántos hospitales están cerrados para la gente pobre, la gente indígena, por no contar dinero para pagar para sentar y acostarse de una cama de esos hospitales. Cuántos niños en vez de estar en la escuela están en los jardines, están afuera del Metro acostándose afuera y se duermen tapándose con cartones. Cuánta gente viene de fuera que no cuenta un espacio, una vivienda digna. Su espacio para dormir es la calle, su espacio para dormir arrinconándose como si fueran un animalito.
De acuerdo con el índice AI: AMR 41/028/2006, elaborado por Amnistía Internacional, Magdalena fue arrestada arbitrariamente en San Salvador Atenco.La organización internacional escribió un reporte especial entregado al Presidente Felipe Calderón y al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el cual asegura que la detención de la indígena mazahua es motivada políticamente y totalmente injustificada.“De acuerdo a la información recopilada, las autoridades han fallado en suministrar evidencias que prueben su participación en los crímenes que se le imputan y las pocas pruebas que existen son probablemente fabricadas. Amnistía considera que Magdalena García es por tanto presa de conciencia y hace un llamado para su inmediata e incondicional liberación”.La organización internacional refiere que el 4 de mayo de 2006 varios policías sacaron a Magdalena García del vehículo en el que había viajado a San Salvador Atenco, la golpearon y patearon repetidas veces, luego le ataron las manos, le cubrieron la cabeza y la forzaron a acostarse encima de otros detenidos que ya se encontraban en los vehículos que les estaban esperando. Durante el viaje a la prisión, los oficiales la amenazaron con matarla “como a un perro”.Cuando ya estaba en prisión, miembros de la Procuraduría de Justicia del Estado de México entrevistaron a los detenidos, y personal médico y forense registró las heridas. A pesar de que era evidente que Magdalena García había sufrido severos golpes, le ofrecieron un paracetamol y únicamente registraron una herida en su pierna. Ella le informó a un investigador oficial que ella no sabía ni leer ni escribir español. Su derecho a tener un traductor no fue señalado en ningún momento durante el proceso judicial.
Y entonces la verdad cuando uno exige un derecho de una vivienda digna, exige un espacio digno para ganar la vida digna porque a nosotros como indígenas nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos de ser dignos: el trabajo se gana con el sudor de la frente. No robar, no rebatarle a la gente lo que tiene la gente. Y ahora me queda claro que por levantar mi voz, por estar diciendo, ahora estoy aquí, encarcelada, creándome delito que desconozco.Es una injusticia que ya no puede esconder bajo un tapete, la extrema pobreza. Tampoco puede esconder bajo de un tapete cuando hablan. Cuando hacen sus campañas empiezan a decir que existe una pluricultural y multicultural étnica en nuestro país. Y ya pasando todos esos sexenios se olvidan de toda esta extrema pobreza, este pluricultural y multicultural mundo indígena.
Se dice que la palabra mazahua proviene del nombre del primer jefe de este pueblo que se llamó Mazatlí-Tecutli. Otros aseguran que se deriva del náhuatl mázatl, “venado”, o bien de Mazahuacán “donde hay venado” que es el nombre del lugar de origen de este pueblo.San Antonio Pueblo Nuevo es uno de los centros culturales de esta etnia. Hay poca gente viviendo por aquí. Casi todos, como lo hizo Magdalena, se van al Distrito Federal.Los mazahuas no son algo tan extraño en la vida de la capital del país, aunque allá suele conocérseles como Marías. En la Ciudad de México, las mazahuas venden cosas en las calles o ponen la mesa de las casas para que otros coman; los mazahuas en cambio, trabajan como obreros, haciendo segundos pisos o construyendo casas de la urbe.Luego regresan aquí a San Antonio Pueblo Nuevo.
Ahora me imputan de unos delitos que yo sí los rechazo rotundamente porque yo sé que antemano nunca cometí esos delitos que ellos me dicen, que de secuestro. Primero nos dijeron que delincuencia organizada, luego secuestro, luego no sé, ataques de la vía no sé qué. Yo como desconozco totalmente todo lo que es papeleo legal, pues entonces solicité un traductor. Que nunca se me dio el traductor. Hasta la fecha nunca se ha venido el traductor. A la mejor sé hablar un poquito bien el español pero yo realmente cuestiones jurídicas o legales o algo así desconozco totalmente. Y ahora el segundo juez de aquí de este penal duda de que yo soy indígena, porque él dice que él puede hablar inglés cuando no es de Estados Unidos. Y entonces la verdad pos qué lástima que esté ocupando un espacio, un cargo, un académico que ha estudiado y que desconozca totalmente qué tierra está pisando y qué país está pisando.
El 9 de mayo Magdalena García rindió declaración preparatoria ante el secretario del juzgado, el juez no estaba presente. Ella no fue informada de la razón de su detención hasta que fue llevada ante un juez el 10 de mayo, quien le dictó auto de formal prisión por los delitos de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación y medios de transporte. Durante la audiencia no le dieron oportunidad de registrar queja alguna por su detención o tratamiento y tuvo que firmar la declaración sin tener capacidad para leerla.Desde entonces, su abogada, Bárbara Zamora, ha presentado evidencia de que Magdalena García estaba en Ciudad de México en el momento en el que los procuradores alegan que ayudó a secuestrar seis policías el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. El 11 de agosto de 2006, un juez federal falló a su favor un amparo en razón a que el caso no era de la jurisdicción del juez en Toluca sino del juez en Texcoco, el juzgado más cercano al lugar en el que ocurrieron los hechos. Sin embargo, el mismo juez estatal dictó nuevamente auto de formal prisión desconociendo la decisión federal.El 7 de noviembre de 2006, un segundo amparo fue concedido sobre la base de que el juez estatal no había proporcionado suficiente evidencia para demostrar la probable responsabilidad de Magdalena García en los supuestos delitos cometidos y de que el juez estatal no había evaluado apropiadamente la evidencia, incluido el hecho de que muchas declaraciones de policías eran idénticas. Sin embargo, el juez estatal no ordenó su liberación y la Procuraduría General de la República – PGR, que hasta el momento había manifestado no tener interés en el caso, presentó una apelación de la decisión federal. En enero de 2007 un tribunal federal de mayor jerarquía confirmó la decisión de amparo original. La intervención de la PGR dio suficiente tiempo al juez estatal en Toluca, quien no tenía jurisdicción, para dictar nuevamente otro auto de formal prisión y simultáneamente para declararse a sí mismo sin jurisdicción para proceder, pasando así el caso al juez en Texcoco y demorando aún más el caso de Magdalena García.Nosotros no somos delincuentes, somos gente de trabajo. Somos gente que defendemos, que ya no queremos que seamos pisoteados pero miren cómo estamos. Y somos amenazados de muerte. Yo soy una de las personas que me dicen que me iban a matar y me iban a cortar la cabeza. Pero yo no les voy a dar el gusto porque ellos no me dieron la vida. Dios es el que me dio la vida y Dios es el que me va a quitar la vida.
El documento de 1 mil 350 páginas del juez estatal presenta a Magdalena García como si hubiera tomado parte en el secuestro de policías por haber supuestamente participado en las protestas del 4 de mayo de 2006, que se encontraban bloqueando el acceso al centro de San Salvador Atenco y en efecto impedía a los oficiales llegar al auditorio municipal donde se encontraban retenidos como rehenes los policías. Esta modificación hecha en el caso por el juez tácitamente reconoce que Magdalena García no pudo haber estado físicamente implicada en el secuestro ocurrido el 3 de mayo, pero en lugar de eso la acusa de ser una cómplice en el secuestro. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre la participación de Magdalena García en el delito imputado: las declaraciones de los policías no se refieren específicamente a las acciones de Magdalena García ni hay evidencia de que ella fuera consciente de que había policías retenidos como rehenes. El 1 de mayo de 2007, un año después de su detención, fue transferida a la prisión de Texcoco, Estado de México.Ahí sigue.
La camioneta se tardó un buen rato ahí y después arrancó hacia un camión, al llegar al camión nuevamente me sometieron con la cabeza agachada para subirme al camión, me gritaban, me insultaban, me apresuraban, querían que caminara encima de los que ya estaban encimados pero como no podía hacerlos, dos granaderos me empezaron a jalar mis trenzas, me empezaban a preguntar mi edad y me insultaron diciéndome que ya estaba “pinche vieja para andar en este desmadre”, que iban a matar como perro y me amenazaban con cortarme la cabeza, muchas veces me repitieron eso, me arrastraban de mis trenzas encima de toda la gente hasta llevarme hasta la puerta trasera del camión. Me di cuenta que había muchos heridos y ensangrentados pero terrible pidiendo que se quitaran gente de encima porque sentían que se iban a morir.
Es el 4 de mayo de 2006. Ella está parada. Rendida en la plaza principal de San Salvador Atenco. Levanta las manos como pidiendo paz después de tanto correr. El primer policía llega y le propina un toletazo en la cabeza. Se dobla. Aparece otro. Este para patearle sus piernas. Ella cojea, pero no cae. Vienen cinco más. Todos a golpearla. Todos de la policía del Estado de México.Ella cae por fin, se pega y sangra.Uno de los representantes de la ley la agarra de los pies. Otro de las manos. Así la van arrastrando diez metros por la calle hasta la caja de una camioneta. Ella gime algo extraño. Ellos su euforia.Entonces aparece otro efectivo con voz de mando.“Ándale, súbete pinche india”, ordena. Y su cuerpo es lanzado hasta caer en un montón inerte de personas que también acaban de ser capturadas. Sus dos pies quedan al aire. A patadas, un policía montado en la camioneta, termina de acomodarla.Es la indígena mazahua Magdalena García Durán quien acaba de ser detenida y está a punto de ser trasladada al Penal de Almoloyita.

Piden a SCJN liberar a indígena mazahua, Magdalena García

Emir Olivares

Es la única persona considerada preso político en México por Amnistía Internacional.

México, DF. El Movimiento de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México entregará este martes al presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, un documento en el que argumentan las razones por las que Magdalena García Durán –indígena mazahua detenida en Atenco- “está presa injustamente”.

Como parte de las acciones en favor de la libertad de García Durán –única persona recluida en México considerada por Amnistía Internacional como presa de conciencia— esta organización indígena realizará este martes una carrera de relevos desde el penal Molino de Flores hasta la sede de la Corte para entregar dicho documento.

Alfredo Cruz, esposo de la detenida, indicó que a un año 4 meses de su aprehensión se comprobó que el día 3 de mayo (cuando se cometieron los presuntos delitos) Magdalena se encontraba en una gira con representantes de la delegación Cuauhtémoc, quienes ya presentaron un documento para atestiguarlo.

A Magdalena García se le acusó de participar en el presunto secuestro de varios policías el 3 de mayo de 2006. También se le acusa de ataque a las vías generales de comunicación y medios de transporte.

jueves, septiembre 06, 2007

Habitantes de Atenco señalan parcialidad de la comisión investigadora de la Corte

Afirman que los magistrados sólo se han reunido con funcionarios municipales

JESÚS ARANDA

Un grupo de habitantes de San Salvador Atenco e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) realizaron ayer un mítin ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar que la comisión del máximo tribunal que investiga la violación de garantías individuales –ocurrida en esa localidad en mayo de 2006– sólo se ha reunido con funcionarios estatales y municipales, pero no se ha acercado a las víctimas que sufrieron la agresión de las policías Federal Preventiva y mexiquense.

Los manifestantes exigieron a la SCJN justicia para sus compañeros que están presos, y que deslinden responsabilidades en los hechos ocurridos en mayo del año pasado, en los que la población fue atacada brutalmente por las fuerzas federales y locales.

En medio de consignas que exigían la libertad de los “presos políticos” de San Salvador Atenco, se formó una comisión que encabezó Trinidad Ramírez Velásquez –esposa de Ignacio del Valle, líder del FPDT, quien fue sentenciado a más de 67 años de prisión y que está recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano–, la cual fue recibida por personal de la oficina de la presidencia de la SCJN.

En ese encuentro, que duró unos minutos, los funcionarios se comprometieron a que este jueves el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia les informará cuándo serán recibidos por los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Sergio González Bernabé, integrantes de la comisión investigadora que se formó en febrero pasado, pero que estuvo en receso hasta hace unas semanas, cuando el pleno elaboró los lineamientos que deberán seguir los comisionados para investigar la presunta violación de garantías individuales.

Por su parte, Marta Pérez Nieto cuestionó en entrevista la labor desempeñada por la citada comisión, ya que ésta únicamente ha tenido encuentros con autoridades municipales de Texcoco y Atenco, y con otros funcionarios, pero que hasta la fecha los magistrados no han establecido ningún contacto con los integrantes del FPDT, quienes fueron víctimas de la represión policiaca, además de que algunos de ellos se encuentran en prisión.

En las afueras del edificio sede de la SCJN, los manifestantes colocaron un periódico mural en el que denunciaron la impunidad de las autoridades y la falta de justicia, además de que coreaban frases como “¡Atenco está en la lucha!” y “¡Presos políticos, libertad!”

Durante la concentración, también se denunció que las autoridades estatales y federales llevan a cabo diversas acciones de hostigamiento contra la población de San Salvador Atenco, así como acciones de provocación para llevar a cabo nuevos actos de represión en contra de quienes sólo se limitan a defender sus derechos.

miércoles, septiembre 05, 2007

Carta Abierta a América del Valle

Compañera: este será el segundo cumpleaños que tengas que pasar lejos de tu familia y tus amigos, debido a la feroz persecución política desatada en contra de varios integrantes del FPDT, y con especial saña, en contra tuya.

Han querido separarte de los tuyos, cómo si eso fuese posible, no entienden que hay lazos mucho más profundos y sobre todo, ellos, los de arriba, no conocen la valía de un pueblo decidido a no venderse, ni a rendirse ante nada, ni ante nadie, por difícil que se muestre el panorama. Creyeron que la desesperación, el aislamiento del exilio y de la cárcel, el dolor causado por las muertes y las violaciones, serían suficientes para doblegar nuestra dignidad, por supuesto, se equivocaron otra vez.

América: deseamos que estas líneas lleguen hasta donde estés, que sean como esa multitud de brazos deseosos de mostrarte cariño, amor y el respeto que te has ganado a pulso. Sonríe siempre, con esa sonrisa tan tuya que irradia ternura e ilumina a tu alrededor.

estas líneas para decir ¡FELICIDADES! por otro año más, a pesar de los pesares y contra todo.

Sirvan, más que nada, para decirte ¡GRACIAS! por tu ejemplo, por no rendirte, por tu inquebrantable espíritu de pelea, por hacer escuchar tu voz siempre que puedes; por llevar en alto el nombre de tu pueblo y el de tu familia; por ser ese roble que no se dobla, ese roble que siempre sigue en pie.

De parte de tu madre Trini, de toda tu familia, de todos los compañeros del FPDT, de tus hermanos de la UNAM, la UPN, Chapingo, de tus niños queridos y de todo tu pueblo: Ameriquita nuestra, te extrañamos, esta persecución injusta del gobierno en tu contra, te ha impuesto el refugio, pero no te impondrá jamás el bajar la cabeza. Seguiremos luchando por tu libertad y la de todos los presos y perseguidos políticos del país.

Un abrazo enorme a la distancia, hasta donde sea que te encuentres.

¡Feliz y combativo cumpleaños! Te amamos.
¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD!
VENCEREMOS

martes, septiembre 04, 2007

La única “presa de conciencia” en el país

Reportaje: Magdalena García Durán • Mazahua detenida en 2006

  • Sin bienes de fortuna, sin estudios y sin utilidad semanal”, la consideró un juez ; en consecuencia, era culpable del supuesto secuestro de seis policías, ninguno de los cuales la acusa. Amnistía exige su liberación por falta de pruebas.

Foto: Diego Osorno
4-Septiembre-07

Para el Poder Judicial en México, Magdalena García Durán es una mujer “sin bienes de fortuna, sin estudios y sin utilidad semanal”, en otras palabras, pobre. Y como consecuencia, según el juez penal del Estado de México, Jaime Maldonado Salazar, “se desprende que es simpatizante” del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, “cuya finalidad es trastocar el orden social”.

Cosa de enfoques.

Para la organización británica defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional, después de la visita a México de su secretaria general, Irene Khan, hay elementos suficientes para asegurar que Magdalena García Durán es “la única presa de conciencia” que existe en México.—Soy una mazahua de aquí mismo, del Estado de México.

Yo, la verdad, lo que me doy cuenta y me queda claro es que estamos aquí por cuestión política. No es jurídico porque nos están inventando cosas que no hicimos. El gobierno me sorprende. La verdad, me sorprende mucho. Como indígena yo no fui a la escuela. No sé leer ni escribir. Pero el propio gobierno promueve proyectos de capacitación de los indígenas para que éstos puedan defender sus derechos. Y ahora en este día me sorprendo de que pese a tantas capacitaciones que me brindaron para defender los derechos de los indígenas, ahora estoy encarcelada.

La mujer está en la cárcel desde el 4 de mayo de 2006 acusada de secuestrar a seis policías estatales en San Salvador Atenco.
Los seis uniformados retenidos durante los disturbios del 3 y 4 de mayo de 2006 —Óscar Prado, Horacio Aguirre, Adrián Alemán, David Guzmán Sosa, Carlos Alberto Hernández y Felipe Cruz— ni siquiera han presentado denuncias contra los procesados. En ningún momento han sido presentados ante los defensores de los detenidos.

Tras ser buscados por MILENIO para que dieran su versión sobre el caso, dos policías contestaron que no tenían nada contra García Durán y los otros cuatro no quisieron hablar porque dijeron que ni siquiera sabían quién era ella.

—¿Por qué digo defender los derechos de los indígenas? Porque hay muchas cosas que realmente se da uno cuenta. Uno sale de su comunidad porque no hay trabajo. Existe mucho la extrema pobreza. En caso de mi comunidad —San Antonio Pueblo Nuevo— es muy alto el índice de pobreza. Salimos. Nos migramos.

O salimos para el Distrito Federal y llega uno a lo mismo: cuántos niños tienen cerradas las puertas de las escuelas porque no saben hablar español, es por eso que los rechazan para recibir un estudio. A ellos no les brindan la educación porque son indígenas, porque no saben hablar bien el español. Cuántos hospitales están cerrados para la gente pobre, la gente indígena, por no contar dinero para pagar para sentar y acostarse de una cama de esos hospitales. Cuántos niños en vez de estar en la escuela están en los jardines, están afuera del Metro acostándose afuera y se duermen tapándose con cartones. Cuánta gente viene de fuera que no cuenta un espacio, una vivienda digna. Su espacio para dormir es la calle, su espacio para dormir arrinconándose como si fueran un animalito.

De acuerdo con el índice AI: AMR 41/028/2006, elaborado por Amnistía Internacional, Magdalena fue arrestada arbitrariamente en San Salvador Atenco.

La organización internacional escribió un reporte especial entregado a Felipe Calderón y al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, en el cual asegura que la detención de la mazahua es motivada políticamente y totalmente injustificada.

“De acuerdo con la información recopilada, las autoridades han fallado en suministrar evidencias que prueben su participación en los crímenes que se le imputan y las pocas pruebas que existen son probablemente fabricadas. Amnistía considera que Magdalena García Durán es, por tanto, presa de conciencia y hace un llamado para su inmediata e incondicional liberación”.

La organización internacional refiere que el 4 de mayo de 2006 varios policías sacaron a Magdalena García Durán del vehículo en el que había viajado a Atenco, la golpearon y patearon repetidas veces, luego le ataron las manos, le cubrieron la cabeza y la forzaron a acostarse encima de otros detenidos que ya se encontraban en los vehículos que les estaban esperando. Durante el viaje en la prisión, los oficiales varias veces la amenazaron con matarla “como a perro”.

Cuando ya estaba en prisión, miembros de la Procuraduría mexiquense entrevistaron a los detenidos, y personal médico y forense registró las heridas. A pesar de que era evidente que García Durán había sufrido severos golpes, le ofrecieron paracetamol y únicamente registraron una herida en su pierna. Ella le informó a un investigador oficial que no sabía ni leer ni escribir español, pero su derecho a tener un traductor no fue señalado nunca en ningún momento durante el proceso judicial.

—Y entonces, la verdad, cuando uno exige un derecho de vivienda digna, exige un espacio digno para ganar la vida digna porque a nosotros como indígenas nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos a ser dignos: el trabajo se gana con el sudor de la frente. No robar, no arrebatarle a la gente lo que tiene. Y ahora me queda claro que por levantar mi voz, por estar diciendo, ahora estoy aquí, encarcelada, creándome delito que desconozco. Es una injusticia que ya no puede esconder bajo un tapete, la extrema pobreza. Tampoco puede esconder bajo de un tapete cuando hablan.

Se dice que la palabra mazahua proviene del nombre del primer jefe de este pueblo que se llamó Mazatlí-Tecutli. Otros aseguran que se deriva del náhuatl mázatl, “venado”, o bien de Mazahuacán, “donde hay venado” que es el nombre del lugar de origen de este pueblo.San Antonio Pueblo Nuevo es uno de los principales centros culturales de esta etnia a la que pertenece Magdalena.

Hay poca gente viviendo por aquí. Casi todos se van al Distrito Federal. Las mazahuas no son algo tan extraño en el día a día de la capital del país, aunque allá suele conocérseles como Marías. Van al Distrito Federal a vender cosas en las calles o a poner la mesa de las casas para que otros coman; los hombres en cambio, trabajan como obreros, haciendo segundos pisos o construyendo edificios departamentales en La Condesa, la Roma y la Napoles. Y a veces, como Magdalena García Durán, también van a dar a la cárcel, acusados de ser pobres.

Disparos

Acerca de su reclusión

“Yo, la verdad, me doy cuenta de que estoy en prisión por cuestión política”

Acerca del papel del gobierno

“Pese a tantas capacitaciones para defender los derechos de los indígenas, estoy presa”

Aplauden en Atenco a juez federal que amparó a integrantes del FPDT

“Todo sigue igual” mientras no se nos notifique, dice la autoridad judicial en Toluca
EMIR OLIVARES E ISRAEL DáVILA (REPORTERO Y CORRESPONSAL)
El amparo que otorga libertad plena a tres integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) representa la primera decisión “de fondo” del Poder Judicial de la Federación en relación con el acceso a la justicia para el caso de San Salvador Atenco, manifestaron líderes de esa agrupación.

En conferencia de prensa, Leonel Rivero, abogado que tramitó los recursos legales en favor de siete atenquenses, aclaró que tras la resolución del juez noveno de distrito en amparo, Mauricio Torres Martínez –a quien reconoció “por su labor apegada a derecho, pues se atrevió a hacer válido el principio de presunción de inocencia”–, tres de los inculpados en diversos delitos quedaron sin cargos, pues se les otorgó el amparo liso y llano; mientras que a tres se les dio para efectos, por lo que el juez de Toluca tendrá que acreditar competencia y circunstancias en las que presuntamente cometieron el delito de secuestro equiparado.

Informó que, aunque a América del Valle –hija de Ignacio del Valle, líder del FPDT– se le concedió un amparo contra la comisión de delitos como robo agravado, privación de la libertad y robo de vehículo, aún tiene orden de aprehensión, pues a ella se le negó la protección de la justicia federal por el delito de secuestro.

Los tres amparados son Martha Pérez Pineda, Ulises del Valle Ramírez –también hijo del dirigente del movimiento– y David Pájaro Huertas, por lo que ya pueden salir de la clandestinidad en la que se encontraban desde mayo de 2006; en el caso de Josefina del Valle Esguerra, Adán Espinosa Rojas y Bernardino Cruz Cardona, el juez de Toluca que dictó el auto de formal prisión debe demostrar su competencia, además de comprobar las circunstancias de modo, tiempo y lugar (cómo, cuándo y dónde) en que presuntamente cometieron el secuestro equiparado.

Subrayó que si el juzgador de la capital mexiquense no puede acreditar ese ilícito, como exige la justicia federal, estas tres personas estarían libres de culpa y se sentaría un precedente para el caso de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, sentenciados a más de 67 años de prisión por el mismo delito.

Los integrantes del FPDT consideraron que el amparo otorgado “es trascendental”, ya que es el mismo juez que conoce de los amparos presentados en favor de las personas presas en el penal de Molino de Flores, Texcoco, y de los procesados en libertad bajo caución.

El abogado señaló que el juez de la causa en Toluca no tiene los elementos para dictar nuevo auto de formal prisión contra los beneficiados por el amparo, aunque “estamos en México y sabemos cómo actúan en ocasiones las autoridades”, por lo que dijo que se mantendrá alerta.

“Los amparos obtenidos no son un regalo o dádiva del gobierno, sino un lento pero seguro surgimiento de la verdad y la justicia. Representan un avance de la lucha jurídica y social del FPDT, son producto de la solidaridad nacional e internacional encaminada hacia la libertad absoluta e incondicional de nuestros compañeros presos y perseguidos, a quienes jamás dejaremos solos”, expresaron los integrantes del FPDT.

Responsabilizaron a los gobiernos federal y estatal de la seguridad e integridad física y sicológica de las tres personas que salieron de su refugio tras esta decisión, hicieron un llamado para que las 28 personas que permanecen recluidas por los hechos en Atenco sean liberadas y por que se eliminen las órdenes de aprehensión contra cinco más.

En Toluca, el presidente del Poder Judicial mexiquense, José Castillo Ambriz, señaló que mientras la justicia local no sea notificada de los amparos, “todo sigue igual”, por lo que las órdenes de aprehensión contra los atenquenses siguen vigentes.

Conceden amparo y protección federal a habitantes de Atenco

Una mujer y dos hombres con órdenes de aprensión

Por Hypatia Velasco Ramírez

México, DF, 3 sep 07 (CIMAC).- El pasado 28 de agosto el Juez noveno de Distrito en el estado de México, Mauricio Torres Martínez, emitió una resolución donde concede el amparo y protección de la justicia federal a favor de Martha Pérez Pineda, Ulises Del Valle Ramírez y David Pájaro Huertas, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Las órdenes de aprensión contra Martha, Ulises y David se giraron el 4 de mayo en San Salvador Atenco, Estado de México, luego de que desde un día antes se llevaron a cabo en el lugar operativos policíacos, con el fin de detener a integrantes y simpatizantes del FPDT.

Ese día elementos de la policía estatal se llevaron a 47 mujeres, de las cuales 26 fueron víctimas de abuso sexual y violación.

En conferencia de Prensa Leonel Rivero, uno de los abogados del FPDT, explicó esta tarde que “los tres casos son averiguaciones previas que datan del 2002 y que en el acuerdo celebrado el 18 de agosto de 2003 entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de México se determinó archivarlos”.

No obstante, durante los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Salvador Atenco, el MP determinó reabrir las averiguaciones previas y el 4 de mayo solicitó la orden de aprehensión al juez competente quien de esta manera las liberó, denunció Rivero.

Desde entonces Martha, Ulises y David tuvieron que esconderse.

Leonel Riveró apuntó que “la trascendencia de este hecho se basa en que por primera vez un juez toma la decisión de entrar al fondo del asunto y analizar la legalidad de las tres órdenes de aprehensión que giraron los jueces en Texcoco”.

Órdenes de aprensión que fueron consideradas ilegales por el juez Mauricio Torres Martínez, responsable de emitir la resolución que permitió la liberación de Marta, Ulises y David.

EL VÍA CRUCIS DE MARTHA

Durante la conferencia Martha aseguró que nunca imaginó que en Salvador Atenco llegara una represión de “esa magnitud”.

“En este tiempo tuve que mantenerme oculta, cambiar mi manera de vestir, los primeros meses fueron muy difíciles. Tenía miedo de involucrar a las personas que me tenían en sus hogares, pero también tomaba fortaleza porque nuestra lucha es digna”.

Finalmente, dijo, “llegue a presentarme en Atenco, pero me cambié de nombre y de forma de vestir y me presentaba pero siempre llena de temor”.

Esta resolución, dijo Martha, representa la primera decisión de fondo emitida por el Poder Judicial de la Federación para liberarnos, luego de que para otros amparos promovidos –por personas detenidas y escondidas por lo ocurrido en San Salvado Atenco el año pasado-- se ha dictado auto de formal prisión.

Asimismo, “la trascendencia de este hecho radica en que Torres Martínez es el mismo juez que tiene conocimiento de los amparos presentados por los detenidos en Texcoco, Estado de México, en el Penal de Molino de Flores --lugar donde se encuentran tres de las cuatro mujeres detenidas luego de los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006--, así como de los procesados con libertad bajo caución al ser acusados de conductas delictuosas, las cuales han quedado plenamente desacreditadas por las pruebas ofrecidas a los largo del juicio”.

Luego de lo ocurrido en San Salvado Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, todavía están en prisión 4 mujeres: Edith Rosales, Mariana Selvas y la indígena mazahua Magdalena García están en el penal de Molino de Flores, y Patricia Romero que se encuentra en el Penal de Santiaguito

AMÉRICA DEL VALLE

En el caso de América del Valle Ramírez, Adán Espinosa Rojas y Bernardino Cruz Cardona, también se les concedió un amparo para retirar los cargos de los que fueron acusados por los hechos del 3 y 4 de mayo: privación de la libertad, robo de vehículo y robo agravado, razón por la que actualmente se encuentran escondidos.

No obstante, y a pesar de este amparo, los jueces que tienen en sus manos las causas penales por las que se les acusa a los tres dictaron una nueva resolución para mantener la petición de orden de aprehensión en contra de ellos, la cual se remitirá a un juez de Texcoco, explicaron Martha y el abogado.

“Con esta decisión, ellos continúan siendo rehenes del gobierno, a pesar de que no hay elementos de prueba para demostrar la culpabilidad en los delitos por los que se les acusa”, denunció Martha.

En su opinión, la resolución de sostener una orden de aprehensión en contra de América del Valle, así como la sentencia de 67 años y medio de cárcel para Ignacio del Valle, su padre, Felipe Álvarez y Héctor Galindo “es una muestra de que los gobierno federal y estatal se empeñan en llevar adelante su venganza, a pesar de la falta de argumentos jurídicos, como se ha demostrado con los últimos amparos concedidos”.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) es una organización que nació en el 2001 para impedir que el gobierno federal expropiara 5 mil hectáreas de sus comunidades para la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México.

El FPDT esta liderado por América del Valle, Ignacio del Valle Medina, Jesús Adán Espinosa, Felipe Álvarez Hernández, David Pájaro Huerta y Bernardino Cruz Cardona.

07/HVR/CV

domingo, septiembre 02, 2007

Beneplácito por amparo en favor de 10 atenquenses

RENÉ RAMÓN (CORRESPONSAL)

San Salvador Atenco, Méx., 1º de septiembre. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) manifestaron su beneplácito por el amparo que un juez federal concedió contra las órdenes de aprehensión que la justicia del estado de México giró a 10 de sus integrantes.

“Es un hecho que nos levanta”, expresó Hortencia N, integrante del FPDT, quien conoció la noticia en el exterior del penal estatal Molino de Flores de Texcoco, luego de una visita a varios de sus compañeros recluidos por el delito de secuestro equiparado.

Los simpatizantes del FPDT, encabezados por Trinidad Ramírez Velásquez, esposa de Ignacio del Valle, líder del movimiento, dijeron que de manera oficial no han sido notificados del fallo del juzgado federal noveno de distrito con sede en el municipio de Nezahualcóyotl.

Sin embargo, señalaron que estaban en espera del arribo de uno de sus abogados, Leonel Rivero, para conocer los detalles de la resolución.

Aunque mostraron júbilo luego de conocer la noticia por los medios de comunicación, dijeron que el amparo también les deja muchas dudas, porque aún no saben contra qué acciones del gobierno estatal los protege.

“Nos sorprendió, nos llena de alegría”, indicó Hortencia. “No lo sabíamos”, la secundó Ana, otra adherida al FPDT.

“Si es por los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, sería lo más justo para nosotros, porque entonces el gobierno estatal tendría que dejar en libertad a los 28 detenidos, entre éstos a Ignacio del Valle, y cancelar los procesos que aún se siguen en contra de más de 100 que enfrentan su proceso bajo fianza”, dijo Damián.

Hortencia indicó que el abogado es quien tendrá que despejar sus dudas sobre los efectos del documento. “Nos urge saber si es por la reactivación de las denuncias tras el movimiento que logró la cancelación del nuevo aeropuerto capitalino, o por los hechos de febrero, abril o mayo de 2006.”

“No queremos presos políticos, sino políticos presos”


Molino de Flores, Mex., 1º de septiembre. Las cárceles mexicanas que ahora albergan “presos políticos” cambian de aspecto mientras los tienen dentro. Como su “delito” es la inconformidad no están solos. Pertenecen a grupos organizados. No son delincuentes. En este penal en los bosques vecinos de Texcoco, algunos están tras las rejas por realizar actos de solidaridad unos, de protesta otros, y por pertenecer a la otra campaña y/o al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de Atenco.

Hay movilización, en particular cuando se celebra audiencia. En el estacionamiento del penal, como en Santiaguito, donde permanecen otros 10 presos “de Atenco”, se ha establecido un campamento de compañeros, amigos, familiares que los cuidan, acompañan y visitan cuando es posible. Una pinta de las muchas que tatúan a la modesta cárcel estatal: “No queremos presos políticos, queremos políticos presos”. Todo un plan de lucha si uno se fija bien. ¿Cuándo serán políticos, funcionarios y policías los encerrados y juzgados por corrupción, asesinato, tortura, manipulación de las leyes y la verdad?

Magdalena García Durán, Edith Rosales Gutiérrez, Mariana Selvas Pineda, Martín Garrido Romero, Vicente García Munguía, Óscar Hernández Pacheco, David Medina Neri, Juan Carlos Estrada Cruces, Guillermo Selvas Pineda, Cecilio Ramírez Espinoza, Rufino González Rojas, Edgar Eduardo Morales Reyes, César del Valle Ramírez, Narciso Arellano Hernández, Jorge Armando Ramírez Aguilar y Juan Ramírez Romero llevan encerrados un año y cuatro meses. Apenas está por cerrar la instrucción, y esperarán sentencia. Los abogados calculan que eso podría tomar hasta tres meses. “Se irá el año”, comenta la madre de uno de ellos. Existe posibilidad de que se resuelva un amparo en favor de los detenidos, con lo cual la agonía podría reducirse algunas semanas.

Tan sólo Magdalena, comerciante y dirigente mazahua, presa por consigna directa del ejecutivo estatal para “enfriar” la inconformidad indígena y darle un escarmiento ejemplar a su pueblo por el delito de no dejarse, debió ser liberada el 27 de diciembre de 2006 por falta de elementos de culpa. Gracias a “trámites burocráticos” injustificados sigue en la hielera nueve meses después. Y los que faltan, por más que Amnistía Internacional haya exhibido su caso al mundo entero.

En Molino de Flores se instaló un plantón este 7 de mayo, cuando los mencionados fueron traídos de Almoloya de Juárez. Un comedor, un dormitorio, una “cabina de radio” estrictamente local, un punto de encuentro, un “estorbo” en el estacionamiento. Hace dos semanas, la PGR decidió ponerle una guardia de la Agencia Federal de Investigaciones las 24 horas del día. Sus participantes son vigilados, espiados e intimidados permanentemente por los judiciales en patrulla, armados.

Para sostener la decisión política de hacer “delincuentes” a los activistas, el gobierno de Enrique Peña, con respaldo federal, dispuso el rosario de irregularidades que señala la defensa de los presos: detención sin orden de aprehensión, cateos sin autorización, acusaciones genéricas, falta de firma ministerial en la declaración del policía Juan Jesús Estrada, el principal acusador. Además, denuncias idénticas de otros policías, superposición de pruebas, imposición de jueces “que reciben órdenes superiores”, evidente desvanecimiento de las acusaciones contra todas las presas. Un modelo de “legalidad” y “justicia” como quien dice.

Acumula el gobierno de Calderón rezagos en derechos humanos: Cencos

Critica el unilateralismo del gobierno en la materia; ha hecho a un lado a ONG
  • Reprueba el uso del Ejército como policía y la falta de condena por abusos en Oaxaca
EMIR OLIVARES ALONSO
En víspera del primer Informe de gobierno de Felipe Calderón, éste “tiene un compromiso pendiente en materia de derechos humanos”, señala el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) en un documento en el que enumera los rezagos de la actual administración en la materia.

La organización afirma que el gobierno calderonista es “unilateral” en la política de garantías fundamentales pues “ha hecho a un lado a las ONG” para las decisiones en torno a la temática; asimismo, resalta que en la estrategia de seguridad nacional “se lesionan ampliamente las garantías individuales con la participación del Ejército en labores policiacas”.

El informe refiere que a nueve meses de iniciado el actual gobierno, no existe un pronunciamiento por las violaciones a derechos humanos en Oaxaca, San Salvador Atenco (estado de México), los feminicidios de Ciudad Juárez (Chihuahua) y La Parota (Guerrero), además de que los indígenas siguen siendo atropellados; mientras que tampoco se han producido avances en las investigaciones de asesinatos, desapariciones y hostigamientos contra periodistas.
Labor de la sociedad civil, no prioritaria

El Cencos subraya que para el gobierno calderonista no es prioridad la labor de la sociedad civil en las políticas públicas de derechos humanos ni la continuidad de programas generados durante la administración pasada en favor de estas garantías, pues ha desaparecido órganos para tal efecto, como el Comité de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobernación, en el que autoridades y ONG analizaban las propuestas para políticas públicas en derechos humanos.

Asimismo, la ONG denuncia que el Ejecutivo federal aprobó el pasado 27 de junio de forma “unilateral” la creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, pese a que en esa propuesta participaron por dos años representantes de la sociedad civil.

“En la práctica y toma de decisiones de la actual administración se han vinculado los conceptos de seguridad pública con seguridad de Estado, con lo que el gobierno federal lesiona ampliamente las garantías individuales, con la participación del Ejército en labores de seguridad”, refiere el documento.

En ese sentido, Cencos denuncia que no existe voluntad política de Calderón para que los crímenes y violaciones a derechos humanos cometidos por militares contra civiles sean juzgados por la justicia civil y no por la militar, con lo que incumple una normativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el Estado mexicano está obligado a acatar.

“La lista es larga, pero lo más claro es la ausencia de una visión por los derechos humanos, y peor aún, poner la visión de estado de derecho por encima de las garantías individuales y colectivas”, finaliza el informe.

Omite Calderón violaciones a los derechos humanos

rodrigo vera

México, D.F., 1 de septiembre (apro).- En materia de derechos humanos, el primer Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón omite las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y San Mateo Atenco, Estado de México, así como los atropellos perpetrados por el Ejército mexicano en su actual campaña de combate al narcotráfico.
No hace ninguna referencia, por ejemplo, a la represión gubernamental contra los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), algunos de cuyos miembros permanecen presos, por lo que organizaciones sociales han señalado que la actual administración está criminalizando la protesta social.
Tampoco menciona el Informe las múltiples violaciones del Ejército mexicano, como la masacre que cometió, en junio pasado, contra una familia de campesinos de la sierra de Sinaloa, o la violación sexual tumultuaria que cometieron miembros de la milicia contra un grupo de mujeres en el municipio de Cataños, Coahuila.
También omite mencionar el controvertido caso de la indígena nahua Ernestina Ascención Rosario, quien murió luego de ser presuntamente violada por un grupo de militares, en la sierra de Zongolica, Veracruz. Calderón llegó, incluso, a decir que la indígena murió de una “gastritis crónica”.
Algunos de estos atropellos del Ejército ni siquiera son investigados por las autoridades civiles, como corresponde, sino por la propia justicia militar, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional se convirtió en juez y parte. En su Informe, Calderón se limita a señalar que elaborará un Programa Nacional de Derechos Humanos, con el fin de atender sobre todo a los llamados “grupos vulnerables”,entre los que menciona a los pueblos indígenas, a los migrantes, a los niños y a las mujeres, grupos que, por cierto, han sido de los más violentados en su administración.
Así mismo, indica el informe que se fomentará “la educación en materia de derechos humanos”, al igual que las “políticas gubernamentales de respeto a los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de los mexicanos”.
Agrega que, para ehar a andar dicho programa, la Secretaría de Gobernación y las entidades federativas elaborarán “programas estatales de derechos humanos”, por lo que ya se están capacitando a “integrantes de las organizaciones de la sociedad civil”, quienes darán prioridad a “la atención de grupos vulnerables”.Por lo pronto --dice el Informe--, la Secretaría de Gobernación ya puso en marcha la campaña “Vamos Derecho por los Derechos Humanos”, cuya primera etapa comprende inserciones en medios impresos, con mensajes dirigidos a estos grupos vulnerables.
En el ámbito internacional, menciona que, el pasado 18 de junio, México logró obtener la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que demuestra la “responsabilidad” del actual gobierno en la materia.
México ratificó también el Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Y en febrero pasado, en Francia, firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

sábado, septiembre 01, 2007

Otorgan amparo a familiares de líderes de San Salvador Atenco


Los hechos analizados, sin nexos con la represión de 2006

GUSTAVO CASTILLO Y GABRIEL LEÓN

El juzgado noveno de distrito en materia de amparo, con sede en Ciudad Netzahualcóyotl, otorgó la protección de la justicia federal a familiares de líderes y dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que no se encuentran detenidos, y ordenó que se cancelen las órdenes de captura que jueces locales del estado de México habían librado en su contra.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juzgado noveno amparó a Bernardino Cruz Cardona, Cipriano Saúl Ríos Romero, Jesús Adán Espinosa Rojas, Martha Pérez Pineda, Alejandro Ulises del Valle Ramírez, David Pájaro Huertas, María Trinidad Ramírez Velásquez, Josefina del Valle Esguerra, Rosa María Medina Moreno y Diana América del Valle Ramírez.

Así, señaló el organismo, “con esta resolución se combatieron las órdenes de aprehensión del juez tercero penal de primera instancia del distrito judicial de Texcoco, estado de México que fueron libradas el 2 de junio de 2006 por robo agravado; la del juez primero penal de Toluca del 3 de mayo de 2006, por secuestro equiparado, y la del juez primero penal de Texcoco por privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y robo”.

Sin embargo, la justicia federal informó que únicamente en un caso, una orden de captura librada por el delito de privación ilegal de la libertad, el juzgado primero penal de primera Instancia de Texcoco, tendrá que emitir una nueva resolución para confirmar o desechar ese mandamiento, toda vez que la autoridad federal detectó que hubo “deficiencias” jurídicas para emitir esa orden.

De tal manera, el juez primero penal de primera instancia deberá dictar una nueva resolución en la que “realice un pronunciamiento debidamente fundado y motivado”, y que se “señalen con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en las que se sustente su competencia en el conocimiento de los hechos delictivos con la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables”. Esto es que, probablemente, no tenía competencia para conocer del asunto, o sus argumentos para justificar la emisión de la orden de captura no concuerdan con la jurisprudencia aplicable.

Finalmente, el CJF señaló que “los hechos que fueron materia del análisis” que dieron origen al amparo antes citado, “si bien se relacionan con el caso Atenco, no corresponden a los sucesos acontecidos el 3 de mayo de 2006, cuando intervino la Policía Federal Preventiva en el poblado de San Salvador Atenco”.

Juez ampara a América del Valle

por: Mario López
Fuente: Noticieros Televisa

Amparan a la hija del líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contra las órdenes de aprehensión que se le dictaron por los hechos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco

CIUDAD DE MÉXICO, México, ago. 31, 2007.- Conceden un amparo de la justicia federal a Diana América del Valle Ramírez, hija de Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quien actualmente se encuentra preso en el Penal Federal de “El Altiplano”, sentenciado a 67 años de prisión por los hechos registrados el 3 y 4 de mayo de 2006, en Salvador Atenco.

El beneficio legal fue otorgado por Mauricio Torres, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo con sede en Ciudad Nezahualcoyotl, y es en contra de las órdenes de aprehensión que le fueron giradas por los jueces Primero y Tercero penales de Texcoco por robo agravado, secuestro equiparado, robo de vehículo y robo. Delitos derivados presuntamente durante los sucesos ocurridos el tres de mayo de 2006 en el mercado de flores de Texcoco.

En el resolutivo judicial del Juez Torres se ordenó cancelar ambas órdenes de aprehensión y se pide dicten una nueva resolución en donde se funde y motive la presunta participación de Diana América del Valle en estos hechos delictivos.

El juez explicó, que si bien se relacionan con el caso Atenco, no corresponden a los hechos acontecidos en San Salvador Atenco cuando intervino la Policía Federal Preventiva y la policía estatal.

El amparo otorgado protege también a nueve personas más a quienes se les involucra en estos hechos registrados en el Mercado de Flores de Texcoco. Entre ellos destaca David Pájaro también líder del frente de Pueblos en defensa de la Tierra.

América del Valle actualmente se encuentra prófuga.

Pese a la tardanza judicial, se acerca la sentencia para 19 de los presos de Atenco

¿Por qué seguimos tras las rejas si no hay parte acusadora?, preguntan al juez

HERMANN BELLINGHAUSEN (ENVIADO)

Detenciones en San Salvador Atenco en mayo de 2006 Foto: Archivo/Alfredo Domínguez

Molino de Flores, Méx. 31 de agosto. Detrás de su vitrina, como en una pecera, el juez primero Alberto Contreras va y viene, revisa gordos legajos, come melón de un tupperware, recibe o entrega documentos a su secretaria, que entra y sale. De esta persona depende la pronta liberación o no de los presos políticos de San Salvador Atenco, hoy tan cerca de él y sin embargo tan lejos.

Desde la aglomerada sala de audiencias, la oficina del juez Contreras luce iluminada. Toda una puesta en escena de la “transparencia”. En contraste, al otro extremo de la sala está la vitrina de los presos. Opaca, apenas permite distinguir sus siluetas en piyama azul de preso. Además están las rejas tras el vidrio. Por un pequeño orificio sacan dos dedos para tocar a sus familiares y amigos, y tratan de comunicar algunas frases por encima del barullo de escribanos, agentes ministeriales, visitantes, testigos, fiscales, abogados, ujieres, vigilantes.

Desde su vitrina, el juez Contreras no mira al otro lado de la sala. Tarde o temprano deberá hacerlo; por más que las instancias judiciales se esmeran en hacer lento el proceso, se acerca el día en que deberá dictar sentencia. Además de los volúmenes de leyes y tratados que pueblan sus libreros, hay una presencia inquietante, y contradictoria en términos de la división de poderes.

Los versículos enmicados del Deuteronomio pegados con diúrex en los dos ventanales del juez Contreras, que ensalzan la justicia recta e incorruptible en términos bíblicos, no mitigan la elocuencia del retrato oficial del gobernador Enrique Peña Nieto sobre la cabeza del juzgador. Como en cualquier otra oficina gerencial del gobierno mexiquense. Yo que pensaba que el Poder Judicial era independiente del Ejecutivo. No sé qué diga el Antiguo Testamento, pero de seguro está en la Constitución.

El juez Contreras se muestra activo, consciente de su presencia escénica, aunque en realidad nadie lo observa. En la sala todo mundo tiene algo más importante qué hacer. Desde su opaca vitrina, dentro de un cuarto de muros desnudos, de pie, en doble fila, tratando de aproximarse al vidrio, hablar, hacer alguna señal, están los 19 presos de Atenco recluidos en este penal texcocano. Diez permanecen en Santiaguito y hay tres sentenciados a perpetuidad en la cárcel de alta de seguridad de La Palma.

Los reos tienen algunas preguntas para el juez Contreras, pero desde allí donde están no alcanzan al vecino despacho del magistrado. Hay mucho barullo. Y además, de cuándo acá son los presos los que preguntan. Faltaba más. Quizá por por eso un agente de Ministerio Público interrumpe casi candorosos los cuestionamientos de los reos.

“Señor juez”, preguntan, “¿por qué seguimos tras las rejas si no hay parte acusadora? ¿Por qué nos sigue negando la libertad sin argumentos ni testigos? Los incidentes procesales ni siquiera se leen pero se dictan nuevas actas de prisión. No hay flagrancia ni investigacción previa. ¿Bajo qué elementos nos retienen, sin autos de formal prisión?”

En la sala también se encuentran un buen número de los procesados después de la ocupación de Atenco. Vienen a rendir declaración, pues siguen siendo “culpables”. Están Pedro Alvarado Delgado y Barbara Italia Méndez, víctimas de la represión en mayo de 2006, ex presos, cuyo caso ha sido retomado por Amnistía Internacional. Está el trabajador telefonista Jorge Salinas, visto en el mundo entero con la cabeza y el rostro ensangrentados, arrastrado por policías y con la mano destrozada.

¿Será este el mundo del revés? Son los acusados, siendo que ellos podrían ser los acusadores de la barbarie que padecieron; del proceso bajo consigna, sesgado y difamatorio. El 5 de junio de 2006 fue la primera audiencia en Santiaguito, para que declararan 70 policías y testigos. Tras un año y 30 audiencias, este 14 de mayo comparecieron los últimos cuatro agentes. En condiciones normales debió tomar tres días. ¿Qué explicación tendrá para esto el juez Contreras?