mié, 28 ene 2015 13:03
La Jornada. México, DF. La desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “no es un caso superado y no puede hablarse de que se cierre el expediente”, definió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
“El expediente sigue abierto. Falta ver qué dicen los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los resultados periciales solicitados al extranjero. No debe estar cerrado, no puede hablarse de una conclusión y para la CNDH sigue abierto”, dijo.
El ombudsman presentó este medio día su informe a la comisión permanente del Congreso de la Unión y solicitó a los legisladores discutir y aprobar una ley general de desaparición forzada, que indique los tiempos penales en toda la República y que recoja los estándares internacionales y que cumpla la convención suscrita por México para aceptar esa conducta en el ámbito nacional.
En conferencia de prensa posterior invitó al gobierno federal para abrir un espacio de interlocución con los padres de familia y sus representantes y señaló que la CNDH está dispuesta a colaborar en este diálogo.
Cuestionado respecto de la afirmación que la víspera hizo el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, en cuanto a que no hay ningún indicio que apunte a una presunta participación del Ejército en la agresión de los estudiantes, González Pérez dijo que la CNDH no soslayará ninguna arista en su investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos, y que si bien se ha solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional, “debo ser enfático que esto no implica que estemos calificando una actuación y no nos pronunciaremos de nadie hasta agotar el expediente”.
Resaltó que cuando se recabe toda la información de las autoridades, de la lectura de los 85 tomos de la averiguación previa de la PGR y de las entrevistas realizadas y por realizar “podremos definir hacia dónde caminan las violaciones a los derechos humanos. Antes sería irresponsable pronunciarme”.
Asimismo, el presidente de la CNDH propuso al Congreso una reforma para que se suprima la posibilidad de reelección para el ombudsman.
“El ombudsman sustenta su actuación en su autoridad moral, en la confianza y credibilidad que logre en la sociedad. Y los procesos de reelección debilitan esa autoridad moral, al politizarse y al pretender un segundo periodo. Tenemos que fortalecer al ombudsman en su credibilidad y quitarle todo aquello que pueda influir”.
