(Washington, D.C.) – El Presidente de Estados Unidos Barack Obama debería exigirle al Presidente Enrique Peña Nieto que México investigue y juzgue los atroces abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, señaló hoy Human Rights Watch en una carta dirigida al Presidente Obama.
Obama recibirá a Peña Nieto en la Casa Blanca el 6 de enero de 2015. Desde 2007, Estados Unidos ha aportado a México fondos por más de US$ 2.000 millones a través de la Iniciativa Mérida, un proyecto conjunto entre ambos países para combatir la delincuencia organizada.
“México está atravesando la crisis de derechos humanos más grave en años, en la cual miembros de las fuerzas de seguridad participan en abusos terribles que rara vez son sancionados”, observó Daniel Wilkinson, director adjunto de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno de Peña Nieto hasta el momento no ha enfrentado esta crisis con seriedad, y el Presidente Obama no ha estado dispuesto a llamar la atención al gobierno mexicano para que lo haga”.
Dos atrocidades ocurridas recientemente —el asesinato de 22 personas por soldados en junio en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Estado de Guerrero, en septiembre— han captado la atención de los medios internacionales y han generado masivas protestas en México.
Los dos casos reflejan un patrón más amplio de abusos e impunidad, y son en gran parte consecuencia del fracaso del gobierno mexicano para abordar el problema, indicó Human Rights Watch. Desde que el entonces Presidente Felipe Calderón inició una “guerra contra el narcotráfico” en 2007, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado involucrados en serias violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Human Rights Watch ha documentado estos abusos cometidos por fuerzas de seguridad a lo largo del país, incluidos 149 casos de desapariciones forzadas. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han reportado que la tortura es una práctica “generalizada” en el país y que hubo “numerosas” ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad.
El gobierno de Peña Nieto se ha comprometido a adoptar medidas para investigar y juzgar los abusos, pero no ha concretado en la práctica sus propias iniciativas.
Se supone que el 15 por ciento de la asistencia estadounidense brindada en el marco de la Iniciativa Mérida está supeditada a que México cumpla una serie de requisitos básicos de derechos humanos, entre los cuales se incluyen asegurar que se investiguen y juzguen las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad.
El gobierno de Obama ha certificado en reiteradas oportunidades que se están cumpliendo los requisitos de Mérida, a pesar de que existen claras evidencias de lo contrario, señaló Human Rights Watch. Cuando se le consultó sobre los fondos de Mérida que están supeditados a estos requisitos de derechos humanos, Obama manifestó en diciembre de 2014 que “lo mejor que podemos hacer es ser un buen socio y construir sobre la base de los avances que se han conseguido”.
El gobierno de Estados Unidos no debería certificar que México ha cumplido con los requisitos de derechos humanos hasta que México demuestre avances significativos en el juzgamiento de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, indicó Human Rights Watch.
“Si el Presidente Obama aspira realmente a ser un buen socio, debe estar dispuesto a decir lo que el gobierno mexicano necesita escuchar”, observó Wilkinson.
A CONTINUACIÓN LA CARTA QUE ENVIÓ HRW AL PRESIDENTE OBAMA
Presidente Barack Obama
Casa Blanca
1600 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC, 20500
De mi mayor consideración:
En antelación a la reunión que S.E. sostendrá con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 6 de enero de 2015, le escribo para trasmitirle la profunda preocupación de Human Rights Watch con respecto a la crisis de derechos humanos por la que México atraviesa en la actualidad.
Esta crisis recibió una gran atención internacional en los últimos meses, debido a dos atrocidades — las más graves que hemos visto en México en muchos años— que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad pública. Una concierne el asesinato de 22 personas por parte de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio pasado. La otra trata sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes luego de haber sido secuestrados por policías municipales en Iguala, estado de Guerrero, en el mes de septiembre. Si bien la Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado detener a sospechosos en ambos casos, el gobierno en un primer momento demoró las investigaciones, y agentes del Ministerio Público estatal intentaron encubrir la participación delictiva de militares en el caso de Tlatlaya, torturando a testigos para obligarlas a que prestaran testimonios falsos.
Lamentablemente, estos casos no son en absoluto incidentes aislados. Por el contrario, reflejan un patrón más amplio de abusos e impunidad, y son en gran parte consecuencia de que el gobierno de Peña Nieto no ha tomado con seriedad la gravedad de la situación actual.
Desde que el entonces Presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2007, miembros de las fuerzas armadas y de la policía han cometido graves abusos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Human Rights Watch ha documentado estos abusos cometidos por fuerzas de seguridad a lo largo del país, incluidos 149 casos de desapariciones forzadas. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han concluido que la tortura es una práctica “generalizada” en el país y que ha habido “numerosas” ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad.
Cuando Peña Nieto asumió la presidencia hace dos años, reconoció los problemas de derechos humanos que había heredado y se comprometió a adoptar medidas para remediarlos. Sin embargo, en la práctica su gobierno no ha concretado sus propias iniciativas. Por ejemplo, en 2013 creó una unidad especial de la PGR para ocuparse de casos de personas desaparecidas por miembros de las fuerzas de seguridad. Luego de casi dos años, dicha unidad no ha logrado condenas penales en ningún caso de los últimos ocho años. Sin embargo, en vez de fortalecer a esta unidad, el gobierno recientemente decidió reducir drásticamente su presupuesto. El resultado predecible de esta decisión será que existan más abusos y más impunidad.
Estados Unidos podría desempeñar un papel importante de apoyo a México para abordar esta crisis. No obstante, su gobierno ha enviado precisamente el mensaje equivocado, al no exigir el cumplimiento de requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida, proyecto conjunto entre Estados Unidos y México destinado a combatir la delincuencia organizada. Desde 2007, Estados Unidos ha autorizado fondos para México por más de US$ 2.000 millones en el marco de la Iniciativa Mérida, de los cuales una proporción sustancial se ha destinado a capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad mexicanas. Se supone que el 15 por ciento de esta asistencia está supeditado al cumplimiento por parte de México de una serie de requisitos básicos de derechos humanos, que incluyen asegurar que se investiguen y juzguen los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
A pesar de las evidencias inequívocas —incluidos casos documentados en los informes del propio Departamento de Estado— de que México ha incumplido estos requisitos, su gobierno ha permitido reiteradamente que se entreguen los fondos al gobierno mexicano. En su informe más reciente, de septiembre de 2014, el Departamento de Estado justificó la liberación de dichos fondos argumentando que México ha mostrado “avances” en el cumplimiento de los requisitos, lo cual no es el estándar establecido por la legislación ni refleja la realidad en México. Más recientemente, cuando se le consultó sobre los fondos para México que estaban supeditados al cumplimiento de requisitos de derechos humanos, S.E. respondió que “lo mejor que podemos hacer es ser un buen socio y construir sobre la base de los avances que se han conseguido”.
Presidente Obama, considerando que el gobierno mexicano no ha actuado con responsabilidad ante graves violaciones de los derechos humanos cometidas con impunidad, creemos que lo mejor que podría hacer Estados Unidos para ser un “buen socio” es urgir enérgicamente al Presidente Peña Nieto a que enfrente esta crisis con mayor seriedad. Concretamente, en su próximo encuentro con el Presidente Peña Nieto, S.E. debería solicitarle que explique exactamente qué medidas está adoptando para asegurar que México persiga penalmente a los responsables de graves abusos. Además, debería dejarle en claro que si México no logra mostrar resultados significativos en el juzgamiento de delitos que constituyen violaciones de derechos humanos, su gobierno ya no podrá certificar que se han cumplido los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida.
Aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.
José Miguel Vivanco
Human Rights Watch