Magdalena Gómez
A
cuatro meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas, el clamor de las madres y los padres continúa respaldado por amplios sectores sociales del país y fuera del mismo. Mientras, la parte estatal despliega una estrategia ofensiva, en especial para impedir a toda costa que se coloque la mirada en la necesidad de investigar la responsabilidad del Ejército. El detonante fue el intento de los familiares de los estudiantes desaparecidos junto a organizaciones sociales de ingresar al cuartel militar en Iguala, Guerrero, en busca de sus hijos, lo que derivó en una confrontación violenta. A raíz de ello se insistió en la demanda de ingresar en todos los cuarteles de la entidad y los decires oficiales de que la aceptaban, y en seguida que siempre no, que sólo al de Iguala y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo cierto es que el Estado cierra filas con el Ejército, evadiendo la apertura de una línea de investigación al respecto, y continúa en lo que considera refugio seguro, como es apostar al basurero de Cocula y la incineración de los jóvenes desaparecidos.
Desde esa trinchera lo mismo promueve la desautorización a las madres y los padres de los estudiantes que le responde a Amnistía Internacional por los cuestionamientos a irregularidades en la investigación. Sin embargo, no todo está bajo su control, por fortuna, pues invocando el
interés públicoy el
derecho a la verdad, el pasado 11 de diciembre el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer
la cantidad de personas retenidas temporalmente en instalaciones militares. Encomendó a la Sedena hacer una búsqueda exhaustiva en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la Dirección General de Derechos Humanos y en los batallones y zonas militares consideradas en ese resolutivo, sobre “la cantidad de personas retenidas temporalmente en instalaciones militares (…) desglosada por hombres y mujeres”, bajo los criterios que definieron los solicitantes de información, y que la haga pública en su sitio en Internet ( Proceso, 25/1/15). Esta resolución, si bien tiene un contexto más amplio, es muy oportuna en este momento, pues ofrece evidencia de las prácticas militares que sustentan la petición en el caso de Ayotzinapa, sólo con ver su trayectoria en el caso de Guerrero.
Una actividad importante será la evaluación de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en su octava reunión el 2 y 3 de febrero próximos, pues las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa acudirán a Ginebra para ofrecer argumentos sobre el caso que comentamos, caracterizado como crimen de Estado, y exigir la investigación del Ejército Mexicano, del ex gobernador Ángel Aguirre y de su procurador.
En un documento fechado el 8 de enero de 2015 y que aparece en la página web del mencionado comité de la ONU, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón AC, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, como representantes de los familiares de las víctimas, no sólo ofrecen un detallado recuento del caso Ayotzinapa, sino que a la vez puntualmente contradicen el informe del Estado mexicano presentado en marzo del año pasado y ubican con precisión este caso de desaparición forzada como un parteaguas en la lucha por la justicia en esta materia y cuestionan jurídicamente con solvencia la línea del basurero de Cocula que la Procuraduría General de la República (PGR) basa sólo en testimoniales y confesiones sin evidencias científicas irrefutables, pues ni siquiera ha probado que las muestras sometidas a peritaje provengan de ese lugar.
Será relevante el tratamiento que merezca Ayotzinapa. Enrique Peña Nieto se está desmarcando del caso, hacia el primer mes de los hechos recibió en Los Pinos a los familiares y acordaron 10 puntos, de los cuales el relativo a la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en vías de iniciar, en el segundo mes ofreció un plan cuya realización depende del Congreso de la Unión, y ya en el tercero y cuarto mes ha dejado la interlocución en Gobernación y la PGR. Los próximos meses la confrontación se incrementará en Guerrero por la postura del movimiento social de impedir las elecciones; también hay agendas ineludibles, como la definición en la Normal de Ayotzinapa de la convocatoria anual para nuevo ingreso, proceso que pasa por la relación con el gobierno del estado y el curso de los trabajos de la asistencia técnica de la CIDH correrá en paralelo, aportando también puntos críticos en la interlocución con el Estado.
El desafío está en mantener en el centro el acompañamiento nacional e internacional a los familiares en la batalla por la aparición con vida de los jóvenes normalistas.
